Vicentin SAIC anunció que, desde hoy el 20 al 26 de marzo, completará el pago del sueldo adeudado de febrero. «Lo hizo después de que lleváramos adelante una lucha en unidad junto a los cuerpos de delegados, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), quienes acompañaron nuestro reclamo con el lanzamiento de una huelga nacional, que luego fue suspendida por una conciliación obligatoria».
La gráfica Morvillo sigue en pie de lucha en defensa de los puestos de trabajo. Sin solución para el conflicto yerbatero
Por eso, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier (SOEAD Reconquista) destacamos la importancia de la unidad para luchar por nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores, que fue, es y será, la única forma de enfrentar a las patronales, que se unen para atacar una y otra vez nuestros derechos y reducir nuestros salarios.
El anuncio de Vicentin llegó finalmente el 20, después de la audiencia en la Secretaría de Trabajo, que realizaron el 19 a pedido de los sindicatos y en dónde citaron conjuntamente a Vicentin y las empresas que vienen trabajando en sus establecimientos, Bunge, Viterra, ACA y Unión Agrícola Avellaneda. Allí dejamos en claro que estas empresas del sector, que vienen beneficiándose del fruto del trabajo de los obreros aceiteros durante el concurso de Vicentin, no podían hacerse las desentendidas pues son solidariamente responsables por el pago de los salarios.
El responsable de la situación de Vicentin no es otro más que la propia empresa. Ni Vicentin, ni las “interesadas estratégicas”, ni cualquier otra empresa o acreedor que busque quedarse con los activos de la concursada pueden moler un grano sin el trabajo de los obreros aceiteros. “Vamos a continuar defendiendo la dignidad de las familias aceiteras, nuestros trabajos y nuestro salario”, afirmaron.
A partir de las 20:00 del miércoles 19 volvieron a trabajar, agradeciendo a todos los trabajadores y trabajadoras, a sus familias, a los gremios hermanos que se acercaron a brindar su solidaridad, y a todos los que se preocuparon por los trabajadores de Vicentin y sus familias.
Lamentablemente los directores de Vicentin, en lo que parece una defensa desesperada de su accionar que ha llevado a la empresa a esta crítica situación, insisten en responsabilizar a los obreros aceiteros, pretendiendo que trabajemos sin cobrar mientras ellos se llenan los bolsillos. Somos conscientes que sólo la lucha en unidad de los trabajadores garantizará nuestros trabajos, nuestros salarios, y una vida digna para nuestras familias.
Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier (SOEAD Reconquista)
Obreros de Vicentin cortaron la autopista
Un grupo de empleados “autoconvocados” de la agroexportadora Vicentin interrumpió el tránsito en la autopista Rosario-Santa Fe, en reclamo por el pago de sus salarios. La empresa abonó un 30% de los sueldos de febrero y anunció que cancelaría un 20% más, lo que de todos modos resultó insuficiente para sus operarios que mantuvieron la protesta ante una delicada situación financiera de la compañía, que lleva cinco años en un extenso y polémico concurso preventivo de acreedores.
La falta de pago en la agroexportadora motivó un paro de la Federación Aceitera y del sindicato del sector en el departamento San Lorenzo, que finalmente fue levantado por el dictado de la conciliación obligatoria por parte de la secretaría de Trabajo nacional. Sin embargo, el conflicto de Vicentin no quedó alcanzado por la medida oficial y en sus plantas continúan las protestas de los trabajadores. La empresa anunció el pago de un 20% más del salario de febrero, de manera tal que completó la mitad de los haberes de sus empleados.
A través de un comunicado, planteó: “Sabemos perfectamente que no es suficiente, pero cumplimos con lo que es posible, y así continuaremos”. Además, dio cuenta del momento complicado que atraviesa, al señalar: “Estamos explorando todas las alternativas a nuestro alcance para superar esta grave situación, tanto con nuestros clientes tradicionales como con toda empresa potencialmente interesada en hacer fazones en Vicentín”.
Vicentín: la fiscalía pidió prisión y “perimetral” para exdirectivos
La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario pidió prisión preventiva por 120 días, con prórroga automática, para los ex directivos de Vicentin Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, acusados de ser los jefes de una asociación ilícita integrada también por otros 15 miembros. Para doce de ellos solicitaron la prohibición de ejercer cargos e intervenir de manera directa o indirecta en asuntos que tengan que ver con Vicentín y las empresas vinculadas. A los tres restantes, que forman parte de la actual conducción de la cerealera defaulteada, se les impedirá el contacto con el resto, en caso de la solicitud del Ministerio Público sea aceptada por los jueces. También solicitaron fianzas de entre U$S 10 millones y U$S 15 millones.
Los fiscales denunciaron que antes de que se consumara la cesación de pagos se conformó una asociación ilícita destinada a ocultar a los productores y bancos la verdadera situación financiera y seguir así sacándoles plata y mercadería. Entienden que esa organización siguió funcionando después del default y luego de que formalmente cambiara el directorio, con la intención de consolidar el delito, garantizar su impunidad y como señaló el fiscal Miguel Moreno en el último tramo de la exposición, “masticarse hasta el último grano de Vicentín”.
De hecho, señalaron que, a través de distintas maniobras que imputaron como administración fraudulenta, estimaron que entre fines de 2019 y fines de 2024, fueron responsables de una erosión en el patrimonio de la concursada de $ 880 millones, equivalentes “a 20.400 salarios mínimos computados en el momento de las maniobras denunciadas”. Estas maniobras se realizaron, según la fiscalía, por la vinculación de los ex directivos detenidos con la estructura del directorio surgida luego de la crisis de pagos de diciembre de 2019.
A través de distintas maniobras, esta estructura fue tomando decisiones que afectaron el patrimonio tanto de Vicentin Saic como de empresas vinculadas como Sir Cotton, Oleaginosas San Lorenzo, Sottano y Algodonera Avellaneda.
Correos electrónicos presentados apuntaron a certificar la participación activa de los antiguos jerarcas de Vicentin en las decisiones de la “nueva Vicentin”. Con dos gran des líneas: seguir sacando plata de la empresa y obstaculizar la investigación penal. En el primer caso, sumaron como último hecho los acuerdos de retiro firmados por miembros del clan familiar por hasta $ 1.000 millones. Esto, mientras “dicen que no hay plata en la caja para pagarles a los trabajadores”, señaló la Fiscalía.
Uno de los abogados representante de las querellas, Gustavo Feldman, concluyó: “ si en 2021 había duda, pasaron cosas y hoy no la hay, está claro, que los jefes de la asociación ilícita están dispuestos a hacer lo que haya que hacer para continuar con la exacción ilegal de los restos de Vicentin y garantizar la impunidad”.
Morvillo en pie por sus puestos de trabajo
El lunes 17 de marzo, a las 16:00, se realizó una audiencia pública en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, ubicada en Avenida Rivadavia 1841 de la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de los trabajadores gráficos de Morvillo, que enfrentan el cierre de la planta con una ocupación pacífica. La actividad fue organizada por el bloque del Frente de Izquierda en el Congreso.
El sábado hicieron una jornada cultural
El sábado 29 a partir de las 16:00 los trabajadores de la Gráfica ubicada en Avellaneda realizaron una jornada cultural y solidaria frente a la empresa, Pienovi 317. Permanecen en la planta desde el 26 de febrero cuando la empresa una noche antes, finalizado el turno noche, les avisó por mensaje de WhatsApp que cerraría al día siguiente sus puertas. Fue la última comunicación de la patronal con sus empleados y no apareció más. No asistió a la audiencia en el ministerio de Trabajo y finalmente presentó la quiebra que pese a no cumplir con los requisitos un juez en segunda instancia se la concedió. Los trabajadores gráficos exigen la continuidad de sus puestos laborales:» tenemos máquinas, podemos hacer manuales, boletas electorales, folletería, revistas», expresó Sebastián Rodríguez, Secretario General de la Comisión Interna. Son más de 200 los empleados que quedarían sin trabajo. El festival se llamó «Alejandro Mereles» en homenaje a uno de sus trabajadores que falleció el pasado jueves 20. Tocaron Julieta Laso, el Cabra y Pecho de las Manos de Filippi, cantantes del Colón, entre otros
El 26 de febrero el ministerio de Trabajo llamó a audiencia para dictar conciliación obligatoria pero la patronal nunca apareció. Finalmente presentó quiebra que fue rechazada por el Juzgado Comercial N°12 pero aprobada por la Cámara de Apelaciones el 28 de febrero.
Sebastián Rodríguez, Secretario General de la Comisión Interna repasó todas las acciones que realizaron desde aquel 25.
“El 25 de febrero trabajamos hasta las 22:00. A las 23:00 recibimos mensaje por WhatsApp que no nos teníamos que presentar al día siguiente por cese de actividades en el marco de la Ley de quiebras. La empresa a partir de ese día desapareció de la faz de la Tierra porque llamamos y no atendió. Fue convocada por el ministerio de Trabajo al día siguiente y no atendió. No apareció por la planta. Ese mismo martes 25 cuando nos llegaron los mensajitos de WhatsApp nos comunicamos con los compañeros y decidimos concentrarnos en la puerta de la planta. Antes de la medianoche ya estábamos adentro. Decidimos permanecer adentro para preservar lo que es nuestra fuente laboral. El inmueble, la maquinaria y todo eso que hasta hacía un par de horas atrás estaba funcionando. Finalmente, la empresa presentó quiebra que fue aceptada por un juez de segunda instancia. Ahora estamos en ese período.»
Y agregó: “Hace un mes que estamos en permanencia en la gráfica. Hicimos un montón de acciones. Plenario abierto en la puerta de la fábrica, movilización a la UIA, audiencia pública en el Congreso de la Nación. Sacamos un pronunciamiento del Consejo Deliberante de Avellaneda a favor de nuestra lucha. Metimos una resolución de repudio en el Congreso Nacional, en la Legislatura bonaerense. Toda una serie de acciones y gestiones frente a la sindicatura, frente al gobierno municipal y frente a provincia también. Estamos tratando de abarcar todos los frentes.»
Finalmente expresó qué alternativas vienen exigiendo los trabajadores para continuar con la producción y preservar los puestos de trabajo: «Nuestro planteo de fondo es que la provincia compre la empresa. Escuchamos a Kicillof hace un par de semanas atrás decir que quería comprar o estaba dispuesto a comprar Aerolíneas Argentinas. Acá Morvillo es mucho menos costosa para comprar y mucho menos costosa para poner a producir. Tenemos capacidad para hacer manuales, por ejemplo, para los 135 municipios de Buenos Aires. Podemos hacer boletas electorales, revistas, folletería. Las máquinas están, la capacidad técnica de los compañeros para hacerlas funcionar está. Ese es nuestro planteo de fondo porque estamos luchando por la continuidad productiva. La defensa de todos los puestos de trabajo y de todos nuestros derechos adquiridos.
La jornada del sábado llevó el nombre de Alejandro Mereles, trabajador de la gráfica que falleció el pasado jueves 20. «Nos dejó un compañero firme de la ocupación, que estaba en primera línea de batalla. Ya su problema de salud sumado a la situación dura que significa el cierre del lugar de trabajo hizo que parta prematuramente y nos dejó acá a todos muy dolidos.», expresó Sebastián.
Alejandro era activista de la Lista Naranja Gráfica Morvillo. Compartimos las palabras que Sebastián Rodríguez le dedicó en el portal de Prensa Obrera:
«Su partida es un golpe durísimo directo al corazón del activismo. Ale partió en el medio de la ocupación de fábrica contra el cierre. Ocupación que sostenía, fiel a su tradición, fervientemente. Fue hasta el último día el responsable del turno noche de la toma.
A su conciencia de clase inquebrantable, Ale, agregaba su entrañable personalidad. «Si algún día echan a alguien acá, puede ser cualquiera menos al Queso (así le decíamos)» rezaba una frase muy repetida en planta. Ale era el centro en toda reunión social. Su carisma lo convirtió en imprescindible política y personalmente. Por lejos, era el compañero más querido del activismo clasista en la planta.
Ale se comprometió con la lucha antiburocrática desde el comienzo, incluso antes de ganar la Comisión Interna, cuando sólo los más decididos se definen y lo arriesgan todo. Participó en las reuniones donde discutíamos cómo organizarnos para desplazar a la burocracia sindical y poner en pie una Interna que defienda a trabajadores.
Ale estuvo en todas. Fueron más de 21 años. No faltó a ninguna. Desde aquella movilización en 2010 en reclamo de justicia por el asesinato de Mariano Ferreyra hasta la última, el miércoles 12 a la UIA contra el cierre de Morvillo y a Congreso en defensa de los jubilados.
Ale fue candidato y fiscal en cada una de las elecciones de gremio, siempre con la Lista Naranja, y participó en muchas actividades de agitación en puerta de fábricas. Como así también en cada campaña financiera del Partido Obrero.
La vanguardia morvillense y sus compañeros más allegados quedamos devastados con la noticia. La suma de sus fragilidades de salud sumadas a la situación traumática que implicó el cierre de la fábrica determinó el destino triste y prematuro de Ale. Sus compañeros tenemos un compromiso de honor, ahora más que nunca: llevar esta lucha hasta el final. Se lo debemos a Ale. No aflojaremos.
Ale, se te extraña mucho. Te llevaste un pedazo de nosotros. Pero nos dejaste muchísimo. Gracias por regalarnos tantos momentos inolvidables.
Hasta la victoria siempre.
Alejandro Mereles, presente.»
Misiones convocó a una Mesa Yerbatera para resolver el conflicto
Debido al conflicto por la desregulación del mercado de la yerba mate, la Provincia convocó a una reunión con referentes del sector. Fueron citados las asociaciones de productores, representantes de cooperativas, secaderos, tareferos y empresarios molineros a conformar una Mesa Yerbatera Permanente (MYP). Discutirán la situación del sector, que se encuentra atravesado por un reclamo a raíz de la caída del precio de la materia prima.
Durante el cónclave se analizarán mecanismos con la intención de que se logre reducir la brecha entre los $270 que ofrecen los empresarios y los $450 que piden los productores. Se pretende un acuerdo de buena voluntad ya que el DNU 70 de Milei desreguló el mercado.
“Confiamos en llegar a un acuerdo justo, confiamos en la buena voluntad de las partes”, indicó el ministro del Agro Facundo López Sartori. “Si hay algo que la Provincia hizo es escuchar siempre. Y luego de la medida del Gobierno nacional, el decreto 70/2023, con la quita de facultades al INYM de fijación de precio, el Gobierno de la provincia, desde su lugar, hizo todo para aminorar costos, porque en esa cadena productora es el yerbatero el que más lo padece. Somos conscientes de eso. Y habiendo tomado esas decisiones políticas que corren por cuenta de la provincia, hoy queremos, con todos los actores reunidos en la mesa, llegar a un acuerdo justo”, expresó.
En parte, el conflicto se debe a que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tenía la atribución de establecer, mediante resoluciones semestrales, los valores mínimos de la materia prima de la yerba, que comprendía tanto la tonelada de hoja verde como la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero.
Tras la implementación del DNU, se eliminó la facultad del INYM para establecerlos y esta medida permitió que las empresas fijaran libremente el precio de venta del producto, en un mercado imperfecto en el que hay 13.000 productores y ocho molinos.
Así, los precios cayeron estrepitosamente por decisión de la industria y los productores los acusan de abusar de su posición dominante, beneficiados por la desregulación y el libre mercado.
Los números reflejan la situación: en diciembre de 2023 los yerbateros recibían $370 por kilo de hoja verde y durante 2024, con toda la inflación que hubo, la industria solo les pagó entre $180 y $220 en promedio por kilo, maximizando su rentabilidad y achatando las ganancias de los productores.
Con este encuentro, la intención es acercar a las partes, abrir un escenario de diálogo entre los extremos, productores por un lado e industriales por otro, y buscar alternativas para achicar las diferencias actuales donde unos piden 450 pesos y otros ofrecen 270 pesos.
El paquete de yerba estuvo a $1.000 durante el fin de semana de carnaval
Se vendieron 10.000 kilos durante el yerbatazo, en un esfuerzo por demostrar la resistencia de las cooperativas y pequeños productores.
El nuevo espacio llamado “Liberación” junto a la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS) inició un yerbatazo el 28 de febrero, como forma de acción directa en respuesta a la crisis que enfrentan productores y tareferos misioneros. Se trata de la venta del paquete de kilo a $1.000, y que se iba a dar en el Congreso pero que por cuestiones climáticas se suspendió y se hizo el viernes 7 de marzo.
De esta manera, fuentes de ECAS confirmaron que la iniciativa siguió hasta el domingo 2 de marzo en todos los nodos de Almagro, Villa Crespo, Monte Grande y San Justo (La Matanza).
La iniciativa busca destacar la importancia del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) en el sector, que antes de ser desregulado por el Gobierno de Javier Milei, fijaba el precio sostén para trabajadores y productores. Además, los productores piden por la regulación de importaciones y la necesidad de un programa de producción y comercialización de la yerba mate.
El decreto 70/23 dejó desprotegidos a más de 13.500 productores y a 15.000 familias que dependen directamente de esta actividad. Los yerbateros exigen desde hace meses la regulación de un precio justo que garantice el sustento de los trabajadores y permita recuperar las inversiones. Los valores actuales ni siquiera cubren los costos básicos.
Durante el yerbatazo, se vendieron 10.000 kilos de yerba mate a $1.000 por kilo, en un esfuerzo por demostrar la resistencia de los productores frente a la indiferencia que existe sobre este tema en los medios nacionales.
Carlos Enrique Biechteler, titular de la cooperativa El Colono, que elabora la yerba Grapia Milenaria, dijo que el gran problema es que “no se fijan los precios, y las empresas salen con otros valores, más baratos, mientras nosotros tenemos otros costos y otro tipo de producción, más artesanal, sumado a que siempre intentamos pagar el precio justo al productor”.
Para Biechteler, “la situación está bastante difícil, y la única manera de solucionarlo es reunirnos todos con gente de la Provincia y Nación para llegar a un consenso en el precio, con valores especiales para los pequeños productores”. Mientras tanto, “le agradecemos a la gente que nos elige, que compra productos de pequeñas cooperativas y nos permite sostener nuestro trabajo”.
Jonas Peterson, ex presidente del INYM y asociado a la Cooperativa yerbatera Andresito, aclaró que “la movilización sigue firme, con un acampe en Andresito, y hasta que no haya una mejor oferta va a ser imposible que arranque la cosecha, por lo que los productores estamos decididos a no arrancar y vamos a hacer una movilización a la zona de Cataratas del Iguazú”. Por último, vaticinó que tarde o temprano “la industria nos va a tener que hacer una mejor oferta”.
Las cooperativas misioneras al borde de la desaparición por la desregulación y la importación
Por Agustín Suárez*
Las familias productoras pagan las consecuencias de las medidas del Gobierno. ¿Cómo se construye el precio? Mientras la industria paga 200 pesos por el kilo de hoja verde, los yerbateros reclaman que sea de 375. Los cuatro grandes y el doble juego del gobierno provincial: reconoce el reclamo, pero avala el desfinanciamiento del Instituto de la Yerba Mate (INYM)
Los niveles de tensión siguen en aumento en Misiones. Durante el último mes hubo desalojos y persecución con fuerzas provinciales a pequeños productores yerbateros. El gobierno misionero juega a dos puntas: reconoce el reclamo por un precio justo de la hoja de yerba, pero no exige un cambio en las políticas de desregulación que impulsa el gobierno nacional. Esas políticas mantienen consenso entre representantes de la industria yerbatera, mientras que las empresas más grandes incrementan su facturación. Los pequeños productores saben que tienen los días contados y que el paso siguiente será mayor concentración de la tierra.
Se trata de un conflicto alejado de los grandes conglomerados urbanos. Sin embargo, este conflicto define el precio de la yerba en la góndola de los supermercados. La yerba es uno de los alimentos que se encuentra en la mayoría de los hogares, la infusión de mayor consumo en el país.
Cómo se construye el precio
Un kilo de yerba de primera marca ronda entre los 3.000 y 4.000 pesos en los supermercados, un precio similar al de diciembre del 2023. Si repasamos el largo proceso de producción y elaboración, este precio no cierra por ningún lado: alguien lo está subsidiando y todo indica que es “con la de los productores”. ¿Por qué? A los productores se les está pagando entre 200 y 280 pesos, en el mejor de los casos, el kilogramo de hoja verde. Para tener 1 kilo de yerba empaquetada en la góndola, se requieren 3 kilos de hoja verde. De esa manera, solo en la materia prima, el costo es de 600 pesos. A ese número hay que sumar los fletes internos, el secado, el estacionado, la molienda, el envasado, los costos administrativos, la ganancia de los mercados.
En Argentina, solo tres marcas poseen cerca del 40% de las ventas del mercado interno y menos de diez controlan más del 80% de la venta, entre ellas, los establecimientos Las Marías (Taragüi), Liebig (Playadito), Santa Ana (Cbsé) y La Cachuera (Amanda). Las empresas más grandes de la industria yerbatera llegan al precio actual en góndola actual por varios factores:
· En 2023 remarcaron los precios para cubrirse de la inflación. El precio tan alto de la yerba fue un tema de discusión pública desde mediados de 2023, esto les dio un gran margen de ganancia y capacidad para retrotraerse con los precios.
· En 2024, el consumo disminuyó más de 9%, es decir, cayó abruptamente la venta de yerba mate, la infusión más popular de la Argentina.
· Pero por, sobre todo, la decisión de desregular el Instituto Nacional de la Yerba Mate, a partir del DNU 70/2023, que quitó la capacidad de ese organismo de regular el precio de la hoja verde y le volvió a dar a la industria un lugar por donde ajustar: los pequeños productores.
El riesgo ahora es que desaparezcan pequeños productores y que se pierdan cooperativas, dos de las características principales del sector yerbatero en Misiones, lo que se traduciría en una mayor concentración de la industria en toda la cadena y las tierras en pocas manos.
Mientras la industria paga 200 pesos por el kilo de hoja verde, los productores reclaman que sea de 375 pesos, el precio que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) había acordado por última vez en 2024. En tanto, el precio que los productores dicen que sería justo, estaría por arriba de los 500 pesos. Queda claro entonces que, si el precio se construye sobre la base de precio INYM, el kilo de yerba en góndola no podría ser nunca de 3.000 pesos. «Es un valor que surge de distribuir pobreza y miseria a los productores y tareferos de la provincia de Misiones. Se está pagando miseria al productor y eso no es justo, porque se corre el riesgo de tener que abandonar las chacras», explica, con preocupación, Ivan Sand, productor de yerba mate de Oberá.
Siempre alguien controla el precio. Lo puede hacer una institución del Estado, con la complejidad que eso conlleva o un puñado de empresas. Con las medidas desregulatorias de gobierno nacional, los miles de productores y millones de consumidores, dependemos del humor de un puñado de empresas.
Efectos de la desregulación
La desregulación del mercado de la yerba mate impulsada por el gobierno nacional no es solo el haberle quitado al INYM la potestad de fijar el precio de la materia prima. Otro de los puntos fuertes de la desregulación es la apertura de las importaciones: bajar los impuestos y permitir el ingreso formal de la hoja verde y yerba canchada —secada y con un proceso de molienda gruesa— de los países limítrofes, en particular, de Paraguay y Brasil.
Para que la industria pague 200 pesos el kilo de la hoja verde a los productores locales, es clave el efecto disciplinamiento: o los productores venden a 200 pesos el kilo o las empresas traen la materia prima desde afuera. El ingreso de hoja verde y yerba canchada de los países vecinos fue un 140% más que en 2023, según el INYM.
El desfinanciamiento y vaciamiento del INYM deja sin ninguna protección al sector de los pequeños productores. Los productores de menos de 30 hectáreas son poco más del 90% del total de los cultivadores de yerba mate en Misiones, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). «Con la potestad del INYM vigente teníamos una grilla de costos, un precio de base, medianamente se respetaba el precio para el productor. A la desregulación del instituto se sumó otro combo: sobreproducción de hoja verde y eliminación del Impuesto País a las importaciones de yerba mate. Todo ese combo hizo que el precio de la hoja verde y la yerba mate canchada vaya a la baja», explica Héctor Dingler, productor y presidente de la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo.
Otra tarea que realizaba el INYM, que impactó en la oferta de hoja verde y en el precio de la cosecha, era la regulación sobre la superficie a plantar por cada productor o empresa. «Estas desregulaciones desbalancean la oferta de materia prima e inclinan la balanza a favor las grandes empresas. El productor no va tener opción: va a dejar sus chacras, y esas chacras serán parte de las grandes industrias, llevando a la concentración de tierras», anticipa Sand.
El sector cooperativo en alerta
Las cooperativas yerbateras, conformadas principalmente por socios productores y colonos, también van a tender a desaparecer bajo este modelo de desregulación o dependerán, cada vez más, de las políticas comerciales de las empresas más grandes. Misiones tiene una extensa historia de cooperativismo, en particular, en el sector yerbatero, donde se encuentran las cooperativas más activas. Las cooperativas prestan diversos servicios, funcionan como secadero y comercializan yerba canchada, otras tienen registradas marcas propias con las que llegan hasta la góndola; y otras pocas cubren todo el proceso.
Estas cooperativas crecieron y mejoraron su funcionamiento para poder defender el precio de la hoja verde, para defender su materia prima, porque esta nueva coyuntura no es algo nuevo en la historia argentina: sucede cada vez que un gobierno liberal está en el poder. «Competir con el precio de hoja verde de los países vecinos, con los niveles impositivos y costos de producción que tiene Argentina es imposible, si esto continúa nos vamos a fundir», sostienen desde varios secaderos, mientras que varias de las cooperativas que poseen marca propia afirman que competir con las grandes empresas en la góndola, con las ventajas que tienen por la desregulación de precios y posibilidad de importar, las lleva a tener los días contados.
Otro capítulo es el rol que juega el gobierno de Misiones, a cargo de Hugo Passalacqua, en todo este conflicto. «La carga impositiva es altísima, los costos energéticos están por encima de cualquier otra provincia, y la aduana paralela de la provincia es imposible de seguir tolerando. No alcanza solo con regular el precio de la hoja verde, si los costos de producción te dejan afuera del mercado”, reclama Samuel Doichele, productor de Colonia Wanda.
La provincia hace un doble juego: a los productores les dice que los reclamos son justos, pero sus diputados y senadores terminan bancando las políticas oficiales o poco hacen para impedir el desarme y desfinanciamiento del INYM.
El conflicto yerbatero, una historia de lucha por la tierra
En lo que va de 2025, los cortes de ruta se mantuvieron e intensificaron. El descontento crece, el gobierno provincial no tiene voluntad de solucionar el conflicto. «Las asociaciones y productores autoconvocados se están organizando cada uno en sus colonias; hubo movilizaciones fuertes en el cruce San José y frente a la Agencia Tributaria de Misiones. También postas al costado de las rutas en varios puntos. Los reclamos siguen en torno al precio de la hoja verde y para que se normalice el INYM», resume Sand.
Dingler cuenta que en la zona centro y norte, los productores están movilizados en las orillas de la ruta, controlando que no circule hoja verde ni yerba canchada. Es un paro yerbatero con tiempo indeterminado hasta que se solucione el conflicto. De igual forma, Javier Otto, productor yerbatero de Andresito, norte de Misiones, comenta que el objetivo de los productores es que se respete un precio justo para el productor. «El margen para sostener el costo es 360 pesos el kilo, necesitamos un mínimo margen de ganancia. Acá seguimos con la protesta «, sostiene.
Además, existe desconcierto por parte de los productores sobre el nivel de virulencia de las fuerzas de seguridad. «Ha habido desalojos y detenidos en los cortes de ruta. Directamente nos están marcando para amedrentarnos», expresan varios productores que estuvieron presentes en distintos cortes.
Para Sand, este es un capítulo más de una larga historia que tiene la actividad yerbatera. El productor recuerda el 15 de marzo de 1936, cuando muchos productores salieron desde las colonias de la localidad de Campo Viera y marcharon a Oberá, en un hecho recordado como la Masacre de Oberá. Menciona lo ocurrido en la década de 1970, cuando el Movimiento Agrario Misionero (MAM) y Las Ligas Agrarias sufrieron la persecución de la última dictadura cívico-militar por reclamar un precio justo para la yerba y para el té. Finalmente llega a la década de 1990, cuando el gobierno de Carlos Menem aplicó una desregulación nociva para la actividad de la yerba y otras actividades regionales. «En la actualidad vuelve a ocurrir. En los años 30 vinieron por las chacras de mis abuelos, en los 70 por la chacra de mis padres y ahora vienen por la mía», concluye.
Agustín Suárez es integrante del Centro de Estudios de la Tierra (CET-UTT).
Fuentes: Página/12, Red Eco Alternativo, La Capital, Anred, Agencia de Noticias ANSOL
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