Mientras el gobierno nacional y la patronal de la multinacional Shell agudizan su conflicto de intereses, los trabajadores petroleros se enfrentan a un escenario que requiere una rápida respuesta. Medidas inmediatas ante el probable cierre de la Planta en Dock Sud (la toma de fábrica) son apenas el primer paso para defender los puestos de […]
Mientras el gobierno nacional y la patronal de la multinacional Shell agudizan su conflicto de intereses, los trabajadores petroleros se enfrentan a un escenario que requiere una rápida respuesta. Medidas inmediatas ante el probable cierre de la Planta en Dock Sud (la toma de fábrica) son apenas el primer paso para defender los puestos de trabajo. Mejorar las condiciones de empleo, profundizar la relación con los vecinos para poner un freno a la contaminación ambiental y, finalmente, poner los recursos hidrocarburíferos en manos de los propios obreros son las únicas decisiones posibles ante este presente de disputa patronal que pone en riesgo la seguridad laboral de miles de trabajadores.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable acaba de clausurar preventivamente la Refinería de Shell, en una nueva escalada de la disputa que vienen sosteniendo la multinacional petrolera y el gobierno nacional. Los trabajadores no debemos caer en una trampa y dar el combate frontal contra todas las formas de colaboración con la patronal o el gobierno. Ante cualquier amenaza de cierre de la Planta de Dock Sud, responderemos con la inmediata ocupación de la refinería, en defensa de los puestos laborales, el salario y las condiciones de trabajo.
El enfrentamiento fue fogoneado por las apariciones públicas de Juan José Aranguren, presidente de Shell CAPSA y hombre de IDEA, reproducidas hasta el hartazgo por los principales medios de prensa, que lo proyectaron como el nuevo paladín del «libre mercado» y rival acérrimo de la política económica oficial. En oposición al «autoritarismo» gubernamental expresado por la figura del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, desde donde primero se amenazó a la petrolera con aplicar la enmohecida herramienta de la Ley de Abastecimiento, para luego imponer 32 multas por la falta de gasoil, y finalmente demandar penas de prisión para sus directivos.
El conflicto de fondo que hoy irrumpe en la prensa viene de arrastre desde mediados de 2004, cuando Royal Dutch Shell falsificó el volumen de sus reservas hidrocarburíferas internacionales, y se vio obligada a desprenderse de activos en todo el hemisferio. La multinacional entonces evaluó también retirarse de Argentina, negociando con la petrolera estatal venezolana -PDVSA- la venta de sus instalaciones. Sin dudas, la presión política ejercida por Estados Unidos abortó la operación, evitando que el presidente Hugo Chávez tuviera base cierta en el país para el proyecto de integración energética continental con Petroamérica. Reclamos cruzados, acusaciones, tensiones varias, continuaron dañando de forma irreversible la relación Shell-Gobierno, que tuvo uno de sus picos en marzo de 2005 cuando el presidente Kirchner vociferó contra la petrolera, ante el aumento de sus combustibles: «No le compremos nada, ni una lata de aceite. No hay mejor acción que ese boicot nacional que le puede hacer el pueblo a quienes se están abusando».
Desde allí hasta la presente clausura se llega casi mecánicamente.
Monopolios petroleros y gobiernos
La disputa entre productores y refinadores por la apropiación de la renta petrolera, en el marco de una crisis energética mundial, parece definir el momento político actual. La dictadura militar abrió el camino a la destrucción total de la industria hidrocarburífera nacional. El endeudamiento de YPF fue la palanca utilizada en el camino por llevar a niveles inconcebibles la ilegal deuda externa. A los militares siguió la política de apertura a los capitales internacionales del gobierno de Alfonsín. El menemismo puso el broche de oro con los decretos desreguladores de 1991 y la privatización de YPF de 1992. Sin control estatal, la usurpación del negocio pasó a manos de un puñado de productoras y refinadoras que se repartieron arbitrariamente la renta, con precios cartelizados de combustibles en los surtidores.
Disponiendo libremente del petróleo y gas, sea para su refinación o para la exportación, según su conveniencia, esta estrategia tuvo continuidad durante las presidencias de De la Rúa y Duhalde. Ahora, con el gobierno de Kirchner, viene a cerrarse esta parábola de entrega y enajenación de los hidrocarburos. Mientras la economía nacional se reprimariza aceleradamente: cuando no llueve baja el caudal de agua en los embalses y queda al borde del colapso la generación de electricidad; cuando hace frío no tenemos suficiente gas; cuando comienzan las cosechas no alcanza el gasoil; cuando aprieta el calor hay cortes de energía… Ante este crítico escenario, el gobierno fuga hacia adelante profundizando las concesiones a las petroleras. Aprueba leyes con beneficios fiscales inéditos para los monopolios hidrocarburíferos. Reprivatiza YPF, permitiendo que Repsol capitalice activos que no le pertenecen para invertir en destinos más rentables. Firma contratos espurios de la mano de Enarsa dando un paso más en la liquidación de las explotaciones ubicadas en la plataforma marítima, o en Chubut y Santa Cruz con Pan American Energy para la renovación de la concesión del mayor yacimiento petrolero del país -Cerro Dragón-… ¡¡¡ hasta 2047!!!
Ahora la situación ha tenido una vuelta de tuerca, de la mano del vertiginoso aumento de los precios del crudo -hoy a más de 72 dólares el barril-, las multinacionales productoras como Repsol, Pan American, Total o Petrobras, son las beneficiarias de la renta petrolera que escaló a más de 15.000 millones de dólares anuales. Las refinadoras sin pozos propios, como Shell o Esso (que acaba de anunciar la venta de sus instalaciones en el país), deben comprar crudo a terceros, y limitarse a embolsar la diferencia con el valor al que puedan vender localmente o exportar combustibles y lubricantes. No es extraño, entonces, la ausencia de inversiones para modernizar sus refinerías, la desidia expuesta con la contaminación ambiental y el riesgo cierto de siniestros con los que intiman a la población circundante, o la intensificación de la explotación de sus trabajadores. Están obligadas por la lógica de su propio funcionamiento irracional: aumentar la tasa de ganancia para sobrevivir.
Nuestra respuesta
Con la totalidad de la energía en sus manos, los monopolios petroleros están en capacidad de detener el país cuando se les antoje, o de chantajearnos con el cierre de pozos y refinerías, a menos que los trabajadores tomemos cartas en el asunto: encabezando la demanda de más salario, jornadas máximas de 8 horas y mejoras en las condiciones de trabajo. Otro paso adelante deberá integrar la conformación de comisiones obrero-vecinales para debatir y decidir sobre la salud, seguridad y medio ambiente, exigiendo que las obras de saneamiento y prevención que se requieran sean solventadas por los propios monopolios. Los trabajadores y empleados de todas las multinacionales petroleras debemos plantearnos la recuperación de esas empresas, su restitución al patrimonio nacional, y asumir el control de la producción, refinación, transporte y comercialización del gas y el petróleo para garantizar el abastecimiento a todo el país y la recuperación de la renta para nuestro pueblo.
Jorge G. Montero es Secretario General de la Comisión Interna de la Refinería Shell Dpck Sud-Avellaneda