El conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de Intercargo escaló a nuevas alturas luego de que 15 empleados fueran despedidos por participar en una medida de fuerza para exigir la reincorporación de un compañero, según denuncia la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
La protesta, que causó demoras y cancelaciones en Aeroparque y Ezeiza, afectó a vuelos de Flybondi, Jetsmart, Latam y Gol.
El despido masivo de trabajadores fue acompañado por fuertes declaraciones oficiales, con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, calificando la asamblea como un acto de “tortura” hacia los pasajeros. “El derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente”, afirmó Mogetta, justificando los despidos de 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros, acusados de “privación ilegítima de la libertad de los pasajeros” al impedir el descenso de más de 10 vuelos.
La intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria añadió una dimensión militar al operativo, con el despliegue de un cuerpo de Infantería y un escuadrón “antipiquetes” en Aeroparque. El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó esta medida al señalar que se autorizará a las fuerzas de seguridad a tomar control de los servicios de rampa “de manera temporal y excepcional” si se considera necesario, para garantizar el funcionamiento aeroportuario.
Además, el Gobierno anunció un proyecto de “desregulación” del servicio de rampas, con el objetivo de poner fin al “monopolio” de Intercargo. “En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, expresó el interventor de la empresa, Eduardo Caputo, en sus redes sociales. Esta propuesta plantea la posibilidad de que otras empresas operen los servicios de carga y descarga de equipajes, actualmente exclusivos de Intercargo.
Desde el sindicato, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), denunciaron la situación como un intento de criminalizar la protesta sindical. “No podemos permitir que se catalogue de ‘terrorista sindical’ a quien reclama sus derechos laborales”, subrayó un representante del gremio, calificando los despidos y el despliegue de fuerzas de seguridad como una “provocación directa” contra los trabajadores.
El Gobierno desreguló el servicio de rampas y Bullrich pone a policías a descargar bolsos
Luego de echar a 16 trabajadores de Intercargo y en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos por la falta de aumento salarial y por las intenciones de privatizar Aerolíneas Argentinas, la gestión de Javier Milei oficializó el viernes la desregulación del servicio de rampas en todos los aeropuertos del país. Además, se habilitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a que puedan brindar el servicio ante medidas de fuerza de los trabajadores.
A través de la Resolución 49/2024, publicada en el Boletín oficial, el Poder Ejecutivo aprobó el “proceso de otorgamiento de las autorizaciones aerocomerciales de servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”. Con la firma del secretario de Transporte, Franco Mogetta, en la resolución también se dispone “que toda autorización para explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general tendrá una duración de 15 (quince) años, desde su emisión y deberá ser renovada automáticamente si se cumpliesen los estándares de seguridad operacional”.
Además, se establece que “todo explotador de un aeródromo, siempre que se garantice la factibilidad operativa conforme su Manual de Aeródromo y cumplidos los estándares de seguridad operacional, deberá autorizar toda base de operaciones y escalas solicitada por los explotadores de los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”.
En el artículo 8, se instruye a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a “derogar toda resolución o acto administrativo que establezca cuadros tarifarios relativos a cualquier tipo de servicios aeroportuarios operacionales o de rampa en general, en pos de efectivizar la desregulación tarifaria y la libertad en la determinación de precios”.
En tanto, en el artículo 10 de la normativa, se especifica quelas Fuerzas de Seguridad podrán brindar el servicio de rampa en casos de “falta” de esta prestación por parte de los aeropuertos. “En los supuestos de falta de prestación de los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general, las Fuerzas de Seguridad, previa instrucción del Ministerio de Seguridad, podrán explotar de manera temporal y excepcional dichos servicios”, se explica.
Sobre este punto, la Resolución 1199/2024 es la que habilita a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a “efectuar las tareas de carga y descarga del equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitana Jorge Newbery, por parte del personal debidamente habilitado y mientras dure la situación excepcional motivada por la huelga de operadores de plataforma o de Servicios de rampa de la empresa Intercargo”.
Con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el texto aclara que “será aplicable a todo otro aeropuerto del territorio argentino donde se produzcan situaciones similares” y se invitará a las autoridades de Intercargo “a presenciar y supervisar la operación” que realizará la PSA.
“De esta manera, las fuerzas públicas podrán actuar de forma inmediata en situaciones de paros encubiertos o medidas de fuerza extorsivas que perjudiquen a los pasajeros y afecten el normal funcionamiento aeroportuario, llevando adelante de manera temporal y excepcional los servicios de rampa y aeroportuarios operacionales en beneficio de las líneas aéreas y de los pasajeros”, detalló la Secretaría de Transporte a través de un comunicado.
Entre sus considerandos, la Resolución 49/2024 argumenta esta desregulación en que la Ley 17.285 (Código Aeronáutico) establece “que los servicios aeroportuarios serán regulados y fiscalizados por la autoridad aeronáutica bajo los principios de garantía de la seguridad, libre competencia y acceso a los mercados”. “El rol del operador aeroportuario y del transportista aéreo resultan esenciales para el éxito y la agilidad del sistema”, se agrega en otro pasaje.
En ese sentido, la normativa explica que “además de los transportistas que opten libremente por certificarse bajo el formato de la autoprestación o prestación a terceros, cualquier persona física o jurídica podrá prestar los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”.
El gobierno militariza Aeroparque
Por Miguel Carrasco
Metió a las fuerzas de seguridad federales a mover valijas y rampas para quebrar los paros provocados por los despidos y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Tras anunció del gobierno, habilitarán a las fuerzas de seguridad para “explotar” en casos de emergencia y “de manera temporal y excepcional”, los “servicios aeroportuarios, operacionales y de rampa en general” en los aeropuertos. Gran control en Aeroparque.
En su afán de quebrar la resistencia de los trabajadores aeronáuticos, el gobierno anunció este jueves dos medidas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la decisión de la administración ultraderechista en Casa Rosada es, por un lado, desregular las tareas de rampa y acarreo de equipaje y, por el otro, permitir que las fuerzas de seguridad intervengan en los aeropuertos para llevar a cabo esas actividades en caso de un paro o un conflicto gremial.
El anuncio se hizo mientras en el Aeroparque los trabajadores de Intercargo, la empresa encargada de esas tareas, hacían sus obligaciones «a reglamento», una modalidad de protesta que significa que se siguen puntillosamente las reglamentaciones de la actividad. Esta decisión se tomó tras el despido de 15 trabajadores que se desempeñaban en esa empresa este jueves.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad desplegó un enorme operativo con alrededor de 300 efectivos de la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria a fin de provocar un efecto de intimidación sobre los trabajadores aeronáuticos y comenzar allí mismo la intervención de las fuerzas federales para retirar las valijas de los aviones que estaban arribando a Aeroparque.
Hubo momentos de tensión cuando los integrantes de las fuerzas federales ingresaron a las zonas de Aeroparque donde se desempeñan los trabajadores de Intercargo.
En su exposición, el vocero Adorni describió esta intervención así: las fuerzas de seguridad podrán «explotar en casos de emergencia y de manera temporal y excepcional los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general».
¿Cuál es el objetivo?
Dentro de La Libertad Avanza y el PRO existe una clara intención de abrir el negocio aéreo. Ese fue uno de los principales objetivos del gobierno de Mauricio Macri y lo es ahora. Ya el DNU 70/2023 tenía un capítulo entero, que sigue vigente, dedicado a la desregulación de esta actividad. La versión original de la Ley Bases incluía la autorización para la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Para abrir el negocio aéreo, el gobierno considera que primero debe disciplinar a los sindicatos que se desempeñan en Aerolíneas Argentinas y en los aeropuertos, en particular los gremios de pilotos (APLA), de aeronavegantes (AAA) y de personal de tierra (APA). Eso explica las provocaciones constantes y su profundización. Comenzó con las propuestas salariales que avalaban la pérdida de hasta el 40% del poder adquisitivo y siguió con despidos arbitrarios, los cambios unilaterales en las rutinas de trabajo y las persecuciones y castigos a empleados aeronáuticos, entre otros ataques. Todo ello acompañado de una campaña masiva de insultos y estigmatizaciones a través de los medios masivos de comunicación y las redes sociales.
Los paros que llevaron a cabo los sindicatos aeronáuticos fueron defensivos, en respuesta a las ofensas del gobierno y de la conducción de Aerolíneas Argentinas identificada con el gobierno ultraderechista. La medida de fuerza del miércoles, por ejemplo, fue en respuesta al despido arbitrario de un trabajador.
El proceso que lleva adelante el gobierno incluye la creación de un ambiente de confusión constante. Por ejemplo, el vocero Adorni aseguró que Intercargo es un «monopolio», sin embargo, una cantidad de aerolíneas tienen su propio personal de tierra, en particular para sus operaciones en el aeropuerto de Ezeiza. Aerolíneas Argentinas también contrata a Intercargo, aunque también tiene personal propio que hace esas tareas.
La pulseada en la que está embarcado el gobierno implica un ataque a fondo sobre las condiciones de trabajo y la propia existencia de los sindicatos aeronáuticos. No es gratuito ser acusado de «terrorista sindical», como hicieron Adorni y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la tarde de este jueves.
Se trata de un ataque al derecho de huelga que afecta a todos los asalariados.
Bullrich contra los gremios aeronáuticos
“Así como liberamos la calle vamos a liberar los aeropuertos”. Con esa frase, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó en claro hasta donde llegó el conflicto con los gremios aeronáuticos y adelantó que en breve el Gobierno nacional anunciará medidas para frenar las protestas.
“Ayer se habló informalmente en el Gabinete y las palabras del presidente Milei fueron: ‘Esta es la última’. Se van a tomar medidas mucho más drásticas en cuanto a la compañía y a Intercargo”, dijo la ministra.
Bullrich cuestionó la medida gremial de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que ayer afectó el trabajo de la empresa Intercargo –que depende de la secretaría de Trabajo– en el Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza y afectó a miles de pasajeros con demoras y cancelaciones de vuelos. La respuesta del Gobierno llegó por la noche, cuando se anunció que se convocará a un Plan Preventivo de Crisis “como ultimátum al cierre de la compañía”.
“Vivimos una situación inédita, nunca vista, tanto es así que 18 personas debieron ir a la unidad médica. Personas con temblores, con sofocamiento, convulsiones, una persona con hipertensión”, dijo Bullrich quien definió la medida gremial del miércoles pasado como “un piquete aéreo”
“Nos pusimos al frente, logramos demostrar que no nos van a pasar por arriba, que vamos a liberar a la gente de esta tortura permanente a la que es sometida en aeropuertos, haciendo asambleas repentinas, arruinándoles la vida a miles de personas con distintos destinos”.
Sobre la empresa estatal Intercargo, dijo que “es un problema enorme desde hace años”. “Hay que tomar medidas rápidas que tienen que ver con Aerolíneas, con los pilotos y con Intercargo que los hemos denunciado ante la justicia federal por abandono de persona y privación ilegítima de la libertad”, agregó.
“Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Nosotros defendemos a los 46 millones de argentinos y sus impuestos que les pagan a estos señores los sueldos para torturarlos”, concluyó la ministra.
El Ministerio de Seguridad acusa a los gremialistas por privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tuvo que ayudar a bajar a los pasajeros que habían quedado varados dentro de los aviones en Ezeiza y Aeroparque ya que el servicio de rampa y manejo de equipaje es controlado por Intercargo.
El titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, defendió la medida de fuerza: “Los pasajeros nunca estuvieron de rehenes como dicen algunos funcionarios. Eso no pasa nunca, ni siquiera cuando hay un paro general de actividades. Nos están comparando prácticamente con Hamas los funcionarios del Gobierno, es una mentira burda terrible”, dijo.
No hay votos para la privatización
Por María Cafferata
«Acá hay una decisión tomada de liquidar la compañía. Le pido sinceridad al oficialismo. Es lo que nos han dicho funcionarios del gobierno que me encantaría que tuvieran el coraje de decirlo acá». La frase del diputado Nicolás Massot, realizada durante el plenario de comisiones que dictaminó el proyecto que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización hace dos semanas, fue la confirmación de un rumor que, hasta entonces, el oficialismo solo admitía en privado: no había estrategia detrás de la venta de la línea de bandera, sino solo el deseo intenso de sacársela de encima. Y, para sacársela de encima, el gobierno necesitaba que el Congreso legitimara la liquidación de la compañía. Dos semanas después, y con el debate empantanado en Diputados por falta de votos, el gobierno percibe que no cuenta con la legitimidad necesaria para quebrar y liquidar la empresa, por lo que, ahora, ensaya una nueva estrategia: profundizar el conflicto con los gremios hasta que el hartazgo de la sociedad le proporcione la legitimidad que anda buscando.
Pasaron dos semanas, y el debate en la Cámara de Diputados se encuentra en un impasse. Sin EF, el oficialismo no puede llegar al quórum, ya que Unión por la Patria y la izquierda están en contra y las fuerzas provinciales no terminan de estar del todo cómodas con una privatización que podría dejar a muchas de sus ciudades sin conexión. El bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto le propuso avanzar con una privatización parcial, de modo que el Estado se quede con el control de la compañía, pero el gobierno no tiene ningún interés. El objetivo es sacársela de encima.
«El Estado no tiene por qué tener una aerolínea. El concepto de soberanía es viejo. No hay plata, no tiene sentido destinarlo en el 0,3 por ciento de la población que viaja asiduamente», razonan en las oficinas de Casa Rosada, en donde admiten, sin embargo, que Aerolíneas Argentinas viene cerrando con balances positivos: «Nadie lo dice, pero septiembre tiró un buen número y octubre es posible que nos permita ganar unos pesos», reconoce un funcionario libertario.
El discurso oficial, sin embargo, gira en torno el costo que representa Aerolíneas y, desde el debate de la Ley Bases, que el gobierno machaca con los 8 millones de dólares que le costó la empresa al Estado desde su estatización. Pero, por más adeptos del equilibrio fiscal que el oficialismo tenga en la oposición aliada, el argumento no termina de convencer a los 129 que necesitan para privatizar la línea de bandera. Menem lo sabe y por eso no convocó aún a una sesión para aprobar la privatización. Sturzenegger, sin embargo, continúa presionando: el ministro de Desregulación no logró que su Ley Hojarasca -anunciada hasta el cansancio- avanzara medio centímetro en la Cámara de Diputados, por lo que, últimamente, aboca su voracidad desreguladora a la privatización de Aerolíneas e Intercargo. «Tiene que justificar el cargo», ironizan en las filas opositoras.
De manual
El gobierno observa que la oposición necesita un incentivo para acompañar la privatización de Aerolíneas, por lo que, en los últimos días, comenzó a profundizar el conflicto con los gremios aeronáuticos. Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Sturzenegger hablan, ahora, de «terrorismo sindical» y, pese que se abrió una mesa de negociación, amenazan con iniciar un proceso preventivo de crisis. El objetivo es asustar a los sindicatos pero, a su vez, llevar la crisis hasta tal extremo que la oposición no tenga otra que plegarse a la estrategia oficialista.
«Hoy el presidente está haciendo más política que todos los gremios juntos. Si los gremios no se avivan, el gobierno va a conseguir los votos en el Congreso. Va a salir la gente a pedírselo a los diputados», advierte un funcionario de Casa Rosada.
Esa es la gran apuesta del oficialismo y sus socios en el PRO. En el macrismo insisten en que, de replicarse el escenario de la Ley Bases, cuando 138 diputados votaron a favor de privatizar Aerolíneas Argentinas -esto fue previo a que el Senado después lo modificara-, la Cámara de Diputados tendría que poder avanzar con la venta de la empresa. «Tienen que votarla de nuevo. Y si a eso le agregamos el mal humor social que genera el chantaje de los Biró estaríamos con más votos todavía», declaró Hernán Lombardi, uno de los diputados del PRO que más viene impulsando la privatización.
El número, sin embargo, no está, y Menem está demasiado ocupado intentando desactivar la sesión del próximo martes, en la que la oposición buscará reformar la Ley de DNU y rechazarle el DNU 846. La privatización de Aerolíneas Argentinas, mientras tanto, se encuentra en stand by.
El Gobierno cree que no hay margen para privatizar Aerolíneas Argentinas y avanza en un plan para su cierre definitivo
Por Stella Gárnica
El Gobierno le dio a los gremios aeronáuticos un plazo hasta este viernes para presentar una propuesta para que Aerolíneas Argentinas e Intercargo operen normalmente y sin conflictos; caso contrario, advirtió, cerrará las empresas. En ese marco, los gremios de APLA, AAA y APA levantaron las protestas por las que fueron denunciados como «terroristas» por el ministerio de Seguridad, y se sentarán ante la presión del Gobierno en reuniones separadas.
«Si los gremios no hacen un planteo concreto, se inicia el proceso de crisis, los activos se transfieren a las provincias o se venden», advirtió una alta fuente cercana al presidente Javier Milei, en medio del conflicto.
A pesar de que junto a aliados en el Congreso Milei ordenó avanzar en un proyecto de ley para privatizar la aerolínea de bandera, desde el entorno más cercano al presidente señalan que «por Aerolíneas Argentinas hoy no hay interesados en particular» para venderla.
Y advierten que «no va a haber ninguna oferta real en el corto plazo hasta que no se modifique el Convenio colectivo de trabajo».
Con estos argumentos, en la mesa chica de la Casa Rosada aspiran a que la empresa llegue a su crisis terminal y en ese proceso, el plan es ordenar cerrarla.
En la Casa Rosada no creen que los gremios acepten la tercera opción de que el Estado se las seda para administrarla, porque dicen que en las actuales condiciones Aerolíneas no se financia sola sin fondos del Estado, algo que Milei ya decidió dar de baja definitivamente.
Por otra parte, respecto a Intercargo, cerca de Milei sostienen que «el plan es venderla porque es una compañía que tiene muchos interesados (principalmente árabes)».
Milei encabezó nueva reunión de Gabinete con eje en el conflicto de Aerolíneas e Intercargo
En medio del conflicto por despidos de empleados de las empresas Aerolíneas Argentinas y de Intercargo, el gobierno también avanza con la desregulación de todos los servicios de rampas y pone como única solución ordenarlas para privatizarlas como única manera de evitar su cierre.
El planteo que lleva el Gobierno a los gremios es que acepten los cambios en el régimen laboral que impulsa el Gobierno: «La única manera de salvar a Aerolíneas Argentinas es privatizarla con un fuerte achique de personal y cambios en sus contrataciones. Si no aceptan el plan, se cierra», dicen.
Milei habló del tema en la reunión de Gabinete que encabezó este viernes en la Casa Rosada, y les dijo a sus ministros que «Intercargo se termina» y en un mensaje a los gremios previo a las reuniones convocadas por la empresa para este viernes, dijo que la crisis de Aerolíneas «se sale trabajando, no extorsionando».
Tras un intercambio con los ministros, el presidente salió a la reja que rodea la Casa Rosada a saludar a los alumnos de un colegio de la provincia de Buenos Aires que recorrían la Plaza de Mayo y cuestionó las protestas salariales de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto); Luis Caputo (Economía); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); Sandra Pettovello (Capital Humano); y Mario Lugones (Salud).
También estuvieron los vicejefes de Gabinete José Rolandi; y del Interior, Lisandro Catalán y los secretarios General de la Presidencia, Karina Milei; de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; de Prensa, Eduardo Serenellini; y de Transporte, Franco Mogetta, mientras que también estuvo el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
A las reuniones para definir el futuro de Aerolíneas están convocados la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), esta última protagonista de las últimas horas a partir de las medidas de fuerza de los trabajadores de Intercargo.
Las reuniones serán por separado: a las 14:00 será APLA, que conduce Pablo Biró; a las 15:00, el de AAA, dirigida por Juan Pablo Brey, y a las 16:00, APA.
Las negociaciones se reanudarán en el marco del conflicto con Intercargo que si bien no afecta directamente a Aerolíneas Argentinas, porque tiene su propio servicio de Handling, sin dudas tendrá influencia en las conversaciones.
Tras las protestas de APA, liderada por Edgardo Llano, que afectaron a miles de pasajeros y provocaron la cancelación de vuelos y demoras, el Gobierno no solo desreguló el servicio de rampas, sino que además habilitó a las Fuerzas de Seguridad para que realicen las tareas de Intercargo si estos hacen paro.
En la reunión, además de las cuestiones salariales, se planteará la necesidad de la modificación de los Convenios colectivos de trabajo, por lo que se presume que el encuentro será tenso y de final imprevisible, más aun teniendo en cuenta las últimas noticias que llegan desde Casa de Gobierno, en cuanto a que Milei está decidido a privatizar Aerolíneas o cerrarla.
No habrá medidas de fuerzas durante las próximas semanas
Autoridades de Aerolíneas Argentinas y representantes de los gremios aeronáuticos que aún no acordaron con la empresa una recomposición salarial en el marco de las paritarias se reunieron en la sede de Aeroparque y acordaron “continuar conversando” el próximo lunes, según confió una fuente que participó del encuentro.
Los gremialistas se comprometieron a la no realización de nuevas medidas de fuerza mientras continúen las negociaciones, por lo que aseveraron que no habrá problemas con los vuelos en las próximas semanas.
Según la fuente, el encuentro se dio dentro de un marco cordial y se analizaron las posturas de ambas partes, pero no se habló específicamente de la cuestión salarial, aunque sí se transmitió a los gremios que, de no llegar a un acuerdo, el Gobierno está decidido a iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis, que podría derivar en el cierre o el achicamiento de Aerolíneas Argentinas.
Al término de la reunión, Mateo Ferrería, en representación de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), explicó que durante la reunión “se habló básicamente del Convenio Colectivo de Trabajo y las modificaciones que sugiere Aerolíneas, como parte de lo que ellos llamas Plan Integral”.
Aclaró que “no se llegó a ninguna posición al respecto, sino que quedamos en seguir conversando la semana próxima. Nosotros expusimos nuestra propuesta, la empresa hizo lo mismo con la suya. Debatimos sobre las mismas, y quedamos en seguir con el tema”.
Detalló Ferrería que “no se trató hoy la cuestión salarial, sino que hablamos de las condiciones laborales” y destacó que “recién estamos iniciando la conversación y esperamos llegar a un acuerdo”.
Ratificó que “en las próximas semanas, no va a haber medidas de fuerza y admitió que desde la empresa les transmitieron que, si no se llega a un acuerdo, el Gobierno está decidido a poner en funcionamiento el Procedimiento de Crisis, con todo lo que eso implica”.
Las reuniones fueron por separado, se iniciaron a las 14:00 culminaron pasadas las 16:00 y participaron representantes de los gremios de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
Fuentes: Enfoque Sindical, Resumen Latinoamericano, El Destape, Diario AR, Tiempo Argentino
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