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La semana que pasó estuvo cargada de conflictos gremiales protagonizados por una nueva generación de activistas sindicales que están confluyendo, de manera cada vez más firme, con las luchas piqueteras que siguen en pie

Luchas sindicales por fuera de la burocracia sindical

Fuentes: Prensa del Frente

El gobierno -ya sea desde el ministerio de Trabajo, el de Salud, el del Interior, como desde la jefatura de Gabinete- expresó respecto de estas luchas que se trata de «conflictos politizados», donde «existen otros intereses», y se reiteró que «habrá firmeza» y que se «actuará conforme a la ley». En ese sentido se manifestó […]

El gobierno -ya sea desde el ministerio de Trabajo, el de Salud, el del Interior, como desde la jefatura de Gabinete- expresó respecto de estas luchas que se trata de «conflictos politizados», donde «existen otros intereses», y se reiteró que «habrá firmeza» y que se «actuará conforme a la ley». En ese sentido se manifestó también la co-secretaria de la CGT, Susana Rueda, quien en referencia a las comisiones internas en lucha sostuvo que «acá hay algo raro». Héctor Recalde, el abogado laboralista vinculado a Hugo Moyano, minimizó los conflictos al asegurar que «están focalizados». Gobierno y burocracia sindical se posicionan como un bloque frente al surgimiento de peleas salariales y por las condiciones de trabajo desde las bases.

Los «gordos» mantienen aparatos y recursos, así como poder de convocatoria y negociación. Pero parece ser que viene llegando el tiempo de los «flacos», activistas sindicales de base que van encaminando la lucha a través de asambleas, y logran los objetivos propuestos sin claudicaciones.

Por supuesto que este es un fenómeno aún incipiente. Lejos de optimismos desmesurados, se puede afirmar que desde las coordinadoras interfabriles de los años 74-75 no se daban tantas luchas obreras por fuera de las estructuras y el control de las burocracias sindicales.

Conflictos en todo el país Las principales luchas de los últimos tiempos giran alrededor de los servicios privatizados -como los trabajadores aeronáuticos de Lafsa o los del Subte-, o en torno del Estado y los derechos elementales que se supone debe garantizar y no garantiza, como la salud y la educación. El caso más difundido últimamente es el del Hospital Garraham. Los enfermeros y demás trabajadores vienen luchando por un aumento que no se concreta desde hace catorce años. A nadie le escapa que sin el compromiso cotidiano de estos trabajadores es imposible que se sostengan los hospitales públicos. Por eso, pese a la maniobra gubernamental de acusar a los trabajadores de no garantizar las guardias mínimas, los padres de los chicos internados, salvo excepciones, se expresaron en solidaridad con quienes vienen cuidando la salud de sus hijos. Este establecimiento no es el único en conflicto. En el hospital Posadas los trabajadores realizaron un piquete en la Autopista del Oeste. Además hay luchas en el Gandulfo, el Oñativia, el Solano, el Ramos Mejía, el Durand, el Gutiérrez, el Teodoro Alvarez, donde vienen realizándose distintas medidas como asambleas, marchas y paros. En La Pampa, los trabajadores del Hospital Santa Rosa también pelean por su salario. En Neuquén, las asambleas de base de los hospitales y centros de salud de la provincia llevaron adelante una asamblea interhospitalaria en el Hospital Rendón, en la que ratificaron la continuidad de la lucha que sostienen desde hace ya 10 meses. El gobernador Jorge Sobisch declaró que «los gremialistas buscan un muerto».

También se desarrollaron con fuerza luchas en el sector docente. El caso de Salta fue el más radicalizado. Sólo se alcanzó un acuerdo luego de la represión ordenada por el gobernador Juan Carlos Romero -avalada cuando menos con el silencio por el presidente Néstor Kirchner-, que incluyó gases, palos y balas de goma de la policía provincial. Pero siguen vigentes otros conflictos, como en la provincia de Jujuy o en el Chaco. Además, los docentes universitarios a nivel nacional también están planteando demandas salariales.

En el caso de Lafsa se encuentra una consecuencia directa de la corrupción en el rubro de los transportes. El martes último las policías Federal y Aeronáutica reprimieron a los trabajadores que realizaban una medida de protesta. El reclamo es claro: piden que a todo el personal se le garantice la continuidad laboral, sin discriminaciones, ante el paso de Lafsa a manos de la compañía Lan Argentina, y que no se prohíba el derecho a peticionar o presentar acciones judiciales. Esta represión, que terminó con numerosos heridos y dos detenidos, generó la solidaridad piquetero, expresada en cortes y marchas, y la de los trabajadores del subte, quienes realizaron un paro por sus compañeros aeronáuticos. Es que los empleados de Metrovías han sido el sector que más avanzó en plantear demandas salariales y por las condiciones de trabajo, en confrontación con una patronal proveniente de lo más oscuro de las privatizaciones.

Resta por mencionar algunos conflictos, como el de los trabajadores de la pesca en Puerto Madryn, Chubut. Movilizados desde las bases, desde la semana pasada intensificaron las medidas de lucha en reclamo por el aumento de la hora de trabajo de 3 a 6 pesos que vienen exigiendo desde hace más de 6 meses. Son 3000 trabajadores que reclaman la recomposición salarial del 100 por ciento y que mantienen 14 piquetes en diferentes accesos de la ciudad. En Parmalat, los trabajadores de la Planta Carapachay vienen resistiendo el vaciamiento que pretende ejecutar el empresario Tasselli, dueño de un frondoso prontuario al respecto. Varios trabajadores han sido amenazados con llamados telefónicos, y una patota de desconocidos apedreó la casa de un activista sindical. En Neuquén siguen reiterándose las agresiones impunes contra trabajadores ceramistas y sus familias. Además, enfrentan estos días una nueva ofensiva judicial que pretende que grupos privados presenten ofertas para quedarse con Zanón, ahora llamada Fábrica Sin Patrones (FaSinPat). Los ceramistas ya advirtieron que la única manera de sacarlos de la fábrica es «con los pies para adelante».

Otros trabajadores de una empresa recuperada que enfrentan una situación complicada son los de la fábrica recuperada Impa. El abogado Luis Caro, vinculado a la derecha justicialista y al gobierno, famoso por sus métodos sucios, está pretendiendo quedarse con la fábrica mediante maniobras y la generación de divisiones entre los trabajadores. Este último ejemplo sirve para visualizar cómo la burocracia puede llegar a actuar cuando sospecha que pierde el control.