Ningún argentino hoy viviente conoció dificultades tan extraordinarias como las que impuso la peor pandemia que la humanidad vivió en un siglo, sumadas a la recesión debida al mayor endeudamiento externo, contraído y disipado en el menor lapso, y a las medidas contractivas consecuentes, acordadas a partir de 2018 con el Fondo Monetario Internacional.
No obstante, el gobierno nacional ha logrado luz verde para avanzar en el cumplimiento del programa que presentó al electorado, pese al sabotaje abierto de una oposición económica, política, judicial y mediática enconada, fenómeno cíclico que se desata en la Argentina cada vez que un gobierno adopta políticas de expansión de derechos para los sectores populares y de regulación o control de los grandes capitales. Pese a las promesas de calamidades bíblicas, los poderes Ejecutivo y Legislativo han seguido adelante sin perder la calma. Recién el viernes de la semana que comienza se cumplirá un mes de la carta en la que la Vicepresidenta CFK clarificó un panorama confuso y dejó al Presidente Alberto Fernández en mucho mejor posición para adoptar las decisiones necesarias. La administración adquirió otra dinámica, que desconcierta a la oposición y la reduce a tomar por hechos sus expresiones de deseos, que la realidad refuta. El desplazamiento del verde dólar por el verde pañuelo feminista es otra clara señal en el mismo sentido.
La voz de la calle y los votos en el recinto
Además el oficialismo ha recibido el apoyo en las calles de diversas militancias políticas, sociales y sindicales, que redimensionan la importancia de los banderazos, en los que grupos tan pequeños como rabiosos expresan en forma muy agresiva su frustración. Esto a su vez, dificulta la expresión institucional de Juntos por el Cambio con vistas a los comicios de medio término del año próximo y permite el crecimiento de otras expresiones neoliberales y/o libertarias, al estilo de un trotskismo de derecha, donde siempre surge una expresión más extrema. Es posible que lo que pierda JxC vaya a esos grupos representados por personajes pintorescos como Javier Milei o José L. Espert, o a ex radicales de derecha, como el ex ministro de Defensa y de Economía, Ricardo López Murphy, para quienes desde Maurizio Macrì hasta Horacio Rodríguez Larreta son inaceptables opciones populistas. El gobierno no podrá contar con esos representantes en el Congreso, más inclinados a la diatriba contra todo el sistema político, pero la desorganización y el caos interno de la oposición le ayudará a incrementar la cosecha propia y a desgajar por los bordes a los sectores menos convencidos o más pragmáticos de la actual oposición.
Esto ya tuvo una primera muestra en la sesión especial de la semana que hoy termina, cuando se aprobó, con una holgada votación por encima de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de contribución extraordinaria a las 9.000 mayores fortunas de residentes en el país. El texto, inspirado en propuestas de los diputados Máximo Kirchner y Hugo Yasky, al que puso letra su colega Carlos Heller, fue votado por
- todos los presentes del Frente de Todos,
- diputados de Juntos por el Cambio que desobedecieron la directiva de oponerse, lo cual ha dado lugar a recriminaciones de la coalición contra el gobernador de Jujuy;
- la izquierda que formó parte del anterior gobierno santafesino;
- el cordobesismo que responde al gobernador neoliberal-peronista Juan Schiaretti;
- el agrupamiento consensual federalista que ignoró las decisiones del candidato presidencial multiresistente Roberto Lavagna;
- el interbloque Unidad Federal, del mendocino José Luis Ramón.
- A ellos hay que sumar la abstención del trotskismo, cuyos dos diputados no se opusieron porque tenían un proyecto propio, que apuntaba a una recaudación cinco veces mayor. Lamentablemente el Frente izquierdista Unidad obtuvo menos del 3% de los votos en las últimas elecciones, por lo que careció de fuerza para imponer su texto, aunque no para apostrofar a los demás bloques en los cinco minutos de fama (legislativa) de su pareja de representantes.
- Y para una proyección futura, deberían agregarse a esos 133 votos otros seis, de los diputados del FdT que por distintos motivos estuvieron ausentes a la hora de votar.
Este resultado es coherente con todos los sondeos realizados, que registraron un apoyo a la ley que no baja del 70% de la población, desde que se conoció el proyecto, durante la entrevista que el Presidente Alberto Fernández concedió al Cohete hace seis meses.
Son grupos
Que la oposición al proyecto haya sido voceada por el banquero Jorge Brito, un par de días antes de la caída de su helicóptero, que le costó la vida; por Lavagna, quien hizo toda su carrera política a la sombra de Techint; por la Unión Industrial, de Aceitera General Deheza; por la AEA de Héctor Magnetto, Paolo Rocca y Luis Pagani; por el Foro de Convergencia Empresarial, la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, sugiere que el conflicto no lo plantean esta vez el FMI ni las finanzas internacionales que gobernaron junto con Maurizio Macrì, sino los grupos económicos locales, que tienen un pie dentro del FdT y otro en sus inmediaciones. Es lo que vienen advirtiendo desde hace meses CIFRA y FLACSO. La emotiva despedida de Sergio Massa a su amigo Brito avala la idea de que hay aquí una tensión interna en el FdT. Brito financió en 2013 la aventura electoral de Massa contra CFK. Nadie podrá acusar a Massa de ingrato.
Todos ellos cuentan con el apoyo de la mesa chica que entorna a Héctor Daer en la conducción de la CGT y argumentan sin exponer en qué se basan, que el texto aprobado “descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”. Heller y Kirchner abundaron en datos que refutan tal argumento: cuando se redujeron impuestos directos al patrimonio de las personas, no creció la inversión sino la fuga. Lo que subyace en forma apenas velada es el temor de unos y la ilusión de otros de que este aporte sea “el puente” (es la palabra que usó Kirchner) hacia la reforma tributaria progresiva que anunció Guzmán y que llegaría al Congreso el muy próximo 2021.
En cambio, el espacio Producción y Trabajo, en el que militan la CTA de Yasky, la Corriente Federal de Trabajadores de Sergio Palazzo y las principales centrales representativas de Pequeñas y Medianas Empresas industriales, agropecuarias y cooperativas, expresaron su apoyo a la ley en una nota enviada a CFK. Es inadmisible que “prevalezcan los intereses de un pequeño pero poderoso número de personas, a las que ni siquiera los afecta en sus grandes fortunas personales. Muchos de ellos son los que en estos días de sacrificio para nuestro pueblo promueven golpes de mercado y chantajean al gobierno nacional, para obtener ventajas impositivas, blanqueos de capitales, generados por evasión y/o elusión fiscal y que pretenden forzar una devaluación que solo traería más pobreza y penurias para los sectores populares”, dicen.
El sesgo ideológico
Se produjo desde aquella entrevista un fenómeno notable: la prensa comercial sostuvo que Alberto no estaba de acuerdo con los proyectos de Kirchner y Yasky. El diálogo puede verse aquí: el Presidente los avala y, en cambio, rechaza la propuesta de la oposición de que los funcionarios políticos se rebajen el sueldo durante la pandemia.
En las declaraciones políticas y los titulares de prensa en los meses transcurridos se encontrarán pullas a Kirchner por anunciar un proyecto que no se presentaba en el Congreso. Cuando estuvo terminado y tomó estado parlamentario, adujeron que las comisiones no le daban dictamen y una vez que lo hicieron, que el cuerpo no lo trataba. La noche en que el presupuesto 2021, confeccionado por el Ministro de Economía Martín Guzmán, recibió su media sanción en Diputados, Kirchner pidió una sesión especial para tratar el ya denominado Aporte Solidario. La interpretación fue entonces que era un golpe bajo a Guzmán, que no lo aprobaba. Cuando el propio Guzmán concurrió a la Cámara, junto con sus colegas del gabinete Daniel Arroyo y Matías Kulfas, que era una imposición del kirchnerismo sobre el Presidente.
Pero Fernández no se cansó en todo ese lapso de pronunciarse en favor de esa ley. Volvió a hacerlo mientras los diputados sesionaban, en un mensaje dirigido desde una pantalla gigante a las militancias que hacían el aguante frente al Congreso.
Vale la pena escuchar estos minutos, en los que Fernández destaca la importancia de la unidad del FdT.
Ni siquiera se han privado de sostener que “el Presidente llega al extremo de respaldar y celebrar los ataques de Cristina en su contra”. O que lo hace para disimular el ajuste ofrendado al FMI, que nadie explica en qué consistiría.
Esta sarta de equivocaciones responde a una capacidad de observación disminuida por el sesgo ideológico. Nunca entendieron la estrategia de Kirchner de esperar el momento oportuno para el tratamiento del proyecto y entretanto ir sumando adhesiones que excedieran la representación del FdT. Tampoco las características y la elasticidad de la relación entre Cristina y Alberto.
Carta va
Parecidas distorsiones suscitaron la declaración pública de Cristina del 27 de octubre, la carta que el bloque de Senadores del Frente de Todos envió a la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, y el dictamen del Senado poniendo plazo al mandato del Procurador General y modificando las mayorías necesarias para su designación.
Los senadores oficialistas le solicitaron al FMI que asumiera su parte de responsabilidad por el préstamo realizado al gobierno anterior sobre supuestos falsos y contrarios a su propio estatuto y supusieron que si el Fondo continuó los desembolsos en forma irresponsable pese a que era claro que la Argentina no podría devolverlos, “se debió, principalmente, a consideraciones de tipo político y no a aspectos técnicos o institucionales”. Mencionaron en ese sentido la confesión del asesor de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, de que el Presidente “solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico”. Los senadores pidieron que el FMI confirmara o desmintiera esa gravísima injerencia política con sus negativas consecuencias para todos los argentinos. Según la carta, “la Argentina tomó el préstamo más grande de su historia y asumió compromisos financieros, a todas luces incumplibles, sin tener un expediente abierto y sin los dictámenes e informes correspondientes, lo cual infringiría, al menos, la Constitución Nacional, el Estatuto del Fondo y las Leyes de Procedimientos Administrativos y de Administración Financiera”. Como conclusión, solicitaron que el Fondo se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años y que en la refinanciación de su deuda reduzca los intereses, establezca un período de espera para comenzar los pagos anuales a partir del año 2025, y reprograme la amortización en varias décadas, de modo que las erogaciones anuales “no impacten negativamente en la economía argentina y en la vida de su sociedad”.
¿A quién le importa lo que diga el Presidente?
La oposición política, empresarial y mediática interpretó que la carta perturbaba la negociación de Fernández y Guzmán con la misión del Fondo que pasó la última semana en Buenos Aires. El Presidente replicó que eso mismo les dijo él a los enviados del FMI en la reunión que mantuvieron en sus oficinas de la calle México, durante la campaña electoral. Y Guzmán cuestionó ante los ministros de Finanzas del G20 el carácter político del préstamo stand-by otorgado a Macrì y solicitó apoyo para llegar a un acuerdo que contemple la situación del país, tenga en cuenta “los desequilibrios sociales” existentes y sea sustentable. Al mismo tiempo, el jefe de gabinete Santiago Cafiero sostuvo en un encuentro con militantes universitarios peronistas que el “gobierno nacional y popular” no debía “depender de los mercados, de las grandes firmas de medios, de los organismos multilaterales, de esos lobbies internacionales, porque eso justamente va en el sentido contrario a lo que venimos haciendo». Si lo que se acuerde con el FMI debe ser aprobado por el Congreso, como plantearon Fernández y Guzmán, es pertinente que sus delegados conozcan el pensamiento de los senadores que deberán tratarlo. Puntualizar la corresponsabilidad del FMI amplía espacios de negociación, no los restringe. Pero en ese microcosmos hirviente, ¿a quién le importa lo que digan el Presidente, el jefe de gabinete, el ministro de Economía y/o los duros hechos? Lo único que cuenta es la interpretación que ellos mismos hagan de los actos y los dichos de Cristina, a quien a fuerza de obsesión han convertido en el indiscutible sol del sistema planetario en torno al que todos giran. Ella, agradecida.
Por eso será imposible encontrar en la trifecta comunicacional el reconocimiento que hicieron los miembros de la misión del FMI antes de dejar Buenos Aires, de que los senadores dicen la verdad: que el organismo autorizó a pedido de Trump que Macrì destinara 250 millones de dólares diarios del megapréstamo, a finalidades que el artículo VI del estatuto prohíbe, como “hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. En la Argentina eso se llama fuga de capitales y los técnicos del FMI prefieren referirlo como “retirada legal”. No sólo lo saben y lo reconocen. También temen que el inminente gobierno de Joe Biden aplique sanciones a quienes desde el Fondo lo permitieron.
Ni rebelión ni amparo judicial
En su último pronunciamiento público antes de subirse al helicóptero, Brito instó a una rebelión fiscal contra el aporte solidario, y las cámaras patronales y sus voceros mediáticos amenazan con la judicialización para no pagar. Que pueda llevarse a la práctica con éxito es otra cosa. Por un lado, quien se anime a poner un pie en tribunales será objeto de una fiscalización integral de la AFIP, mucho más gravosa que cumplir con la ley. Podría, por ejemplo, perder los beneficios del blanqueo de Macrì. Una acción declarativa de inconstitucionalidad es inadmisible para discutir una cuestión que requiera de prueba pericial. No sería fácil para las mayores fortunas del país eludir el principio tributario de solve et repete (primero hay que pagar y después presentar el reclamo). Una medida cautelar requeriría que el derecho invocado fuera indiscutible a primera vista, cosa que no ocurre en este caso, y que la demora encerrara un gran peligro, irreparable. Esto pudo invocarlo la jubilada María Isabel García, que a los 79 años consiguió que la Corte Suprema le prohibiera a la AFIP detraerle de su haber el impuesto a las ganancias, con una referencia a los grupos que la Constitución protege de manera especial. Pero es difícil concebir que se extienda a megamillonarios como Cristiano Ratazzi, por dar un nombre, sobre todo cuando la Corte ya ha validado “las soluciones drásticas” de distintos gobiernos “para hacer expedita la recaudación de impuestos» ya que «la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (Fallos: 235:787; 312:1010, entre otros), o, en palabras de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se trata de la sangre vital del gobierno, cuya rápida y cierta disponibilidad constituye una necesidad imperiosa («Bull v United States», 295 US 247 (1935))».
Verde, que te quiero verde
Una vez remitida la media sanción de Diputados a la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de derogación de la clandestinidad del aborto. Fernández adoptó esa fórmula, al exponer que las interrupciones del embarazo se producen a pesar de la penalización y que la única disyuntiva es entre su realización secreta y peligrosa o en forma legal y segura en el sistema de salud. En este caso, la exégesis adversa fue que se trataba de una réplica presidencial a la contribución sobre las mayores fortunas, en contra de los deseos de Cristina. Esto tampoco se sostiene en los hechos. Cuando el proyecto se trató en el Senado, en 2018, CFK votó a favor y explicó su cambio de postura en los diálogos que sostiene con su hija Florencia Kirchner. La Interrupción Legal del Embarazo (ILE) formó parte de la propuesta electoral presentada en 2019 a los votantes por ambos Fernández, no sólo por Alberto.
Claro que hay lecturas diferentes: para Cristina, la reforma del capítulo sobre el matrimonio en el Código Civil forma parte del legado de su compañero. Sin el activismo de Néstor Kirchner (y de la propia Cristina, que se llevó de viaje a un par de senadoras que hubieran votado en contra) la Argentina no hubiera estado entre los primeros países del mundo que admitieron el casamiento entre dos personas con independencia del género de cada contrayente. No mencionará, en cambio, que la autora de aquel proyecto fue Vilma Ibarra, exposa y actual secretaria legal y técnica del Presidente.
Es obvio que no se simpatizan, pero tampoco permiten que ese sentimiento recíproco interfiera en las decisiones políticas. Cristina sólo vetó a una persona de su extrema confianza que la traicionó, pero no es el caso de Vilma, que nunca formó parte de su círculo íntimo, ni se deben nada una a la otra.
Además, quien expuso ante la Vicepresidenta la conveniencia de la ley fue la ministra de las diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, quien lo ha hecho también en otros ámbitos. Un punto básico a favor ha sido la aclaración de que lejos de congestionar el sistema de salud, tensionado por la pandemia, lo descomprimirá. Casi la totalidad de las interrupciones legales se realizará por medios químicos (básicamente la ingesta de misoprostol), lo cual eliminará los procedimientos quirúrgicos, cuyas consecuencias en caso de prácticas incompletas o mal realizadas son las que recargan al sistema de salud.
El desplazamiento del verde dólar por el verde pañuelo feminista tiene también ventajas políticas, que en vísperas de un año electoral no son desdeñables. Frente a este proyecto, la trifecta se divide: Clarín tiene una actitud entre neutral y favorable a su sanción, La Nación, que desde que los Saguier desplazaron a los Mitre adquirió toques confesionales, lo resiste; Infoemba procura persuadir al bloque mayoritario que Perón y Evita se oponían al aborto. Una investigación realizada por la socióloga Dora Barrancos, quien asesora al Presidente en esta materia, lo refuta. Sí tuvieron una política de apoyo a la maternidad, como la que también expresa el proyecto de los mil días, que el actual gobierno envió junto con el de la ILE, destinado a apoyar con los recursos del Estado a las mujeres que quieran continuar un embarazo pero enfrenten graves dificultades económicas. Pero no hay registro de políticas pronatalistas de su gobierno. Por el contrario, en diciembre de 1946, en el primer año de su presidencia, Perón indultó a tres médicos, que habían sido condenados a 3 años de prisión y 6 de inhabilitación, por denuncia del cura del hospital Emilio Abal, de Colonia Oliva, Córdoba, a raíz de un aborto practicado a una mujer demente, embarazada por una violación. El perito de parte en aquel caso fue el psiquiatra y médico legista radical Nerio Rojas, hermano del autor de El santo de la Espada.
El Ministerio Público
El viernes la Comisión de Justicia del Senado emitió dictamen, modificando las condiciones para la designación de los titulares de la Procuración y de la Defensoría General de la Nación y la extensión de sus mandatos. Ambos cargos dejarán de ser vitalicios y tendrán una extensión de cinco años, con una posible reelección, sin coincidir con años de elección presidencial. Para designarlos bastará con mayoría absoluta del Senado. En cambio, se mantendrán los dos tercios para su remoción. El Senado lo trataría el viernes 27 y pasaría a la Cámara de Diputados, si Fernández lo incluye en el periodo de sesiones extraordinarias. En cuanto esta reforma se convierta en ley, la Comisión de Acuerdos citará a audiencia pública al candidato del Poder Ejecutivo, el juez Daniel Rafecas, quien obtuvo 800 adhesiones y sólo tres rechazos. De este modo concluiría el disparatado interinato del procurador fiscal Eduardo Casal, quien lleva tres años a cargo de la Procuración General.
Si se atiende a la versión de la prensa comercial, la reforma de la ley fue una maniobra de Cristina, para separar sin los dos tercios al suplente Casal, y al mismo tiempo congelar la designación de Rafecas, quien no sería de su agrado. Pero el dictamen mayoritario del Senado coincide con la recomendación del Consejo Consultivo convocado por el Presidente. La remoción seguirá siendo por 2/3, como si se tratara de un juez de la Corte Suprema. El único obstáculo surgió de una declaración de Rafecas, de que no aceptaría ser designado si se modificara la mayoría requerida para la designación. En esto nada tuvo que ver la Vicepresidenta, quien dio una lección sobre el ejercicio del poder: la mayoría absoluta para la designación realza el rol de los órganos de elección popular, sin permitir el bloqueo corporativo de un cargo crítico para la organización judicial, mientras los dos tercios para la remoción postulan que ese poder no se ejerza en forma discrecional o autoritaria. El martes, Fernández se volverá a ver con Rafecas para analizar el punto.
Antes, y en cuanto los médicos lo liberaron del aislamiento por su contacto con el infectado ministro Gustavo Béliz, voló a Uruguay donde almorzó con el Presidente Luis Lacalle Pou. Fuentes orientales afirman que acordaron el retiro de cualquier discusión sobre Venezuela de la mesa conjunta, y el apoyo recíproco en las relaciones continentales. Lacalle facilitaría la relación argentina con Brasil; Fernández la de Uruguay con Bolivia, fruto del nuevo equilibrio de poderes en la región, consolidado con la derrota de Trump.