No hay duda que el gobierno Macri tiene iniciativa política. En el «peor momento» según reconocen, asume una ofensiva en la disputa del consenso social y la vanguardia de la agenda de discusión política en la Argentina. En primer lugar, ante los límites para ingresar inversiones genuinas y ante el aún elevado costo de los […]
No hay duda que el gobierno Macri tiene iniciativa política. En el «peor momento» según reconocen, asume una ofensiva en la disputa del consenso social y la vanguardia de la agenda de discusión política en la Argentina.
En primer lugar, ante los límites para ingresar inversiones genuinas y ante el aún elevado costo de los préstamos internacionales, se la juega por capturar una parte de los capitales fugados desde el país.
El total de la fuga de capitales se estima en 400.000 millones de dólares y el propio Macri acaba de declarar en su patrimonio duplicado en un año, que tiene 18 millones de dólares depositados en el exterior.
La excusa recurrente de los «fugadores» es la falta de seguridad jurídica para los inversores, y no se trata de hacer una crítica moral a la salida de capitales, pero si reconocer que la acumulación capitalista nunca tuvo ni tendrá límites fronterizos. La economía capitalista es mundial y la busca de rentabilidad no reconoce límites nacionales.
Los blanqueos siempre son mal vistos y por eso, en esta oportunidad se lo asocia a la cancelación de deuda con jubilados con sentencia en firme, en proceso de juicio o con potencialidad de litigar contra el Estado. Es algo que suena bien en la lógica de «peor momento del macrismo», ya que mostraría sensibilidad social, algo así como pagar a empobrecidos jubilados con fondos de la acumulación de los ricos y concentrados capitales.
El costo estimado del pago a jubilados es de 75.000 millones de pesos, algo menos de 5.000 millones de dólares. Ese costo se devengará, como mínimo en un par de años, a medida que se vayan presentando los acuerdos de los acreedores (jubilados), según dice a la prensa el titular de Anses. Se considerarán unos 100.000 casos por mes para un universo de 2,5 a 3 millones de jubilados (Entrevista en Clarín, 29/5/16).
Con el blanqueo, el fisco ingresará con una tasa del 10% para el 2016 y 15% para el 2017 unos 3.500 millones de dólares. De ahí se deduce una expectativa de exteriorizar unos 20.000 millones de dólares, algunos de los cuales podrían ser repatriados y engrosar las reservas internacionales. Por ello, hay una expectativa de ingreso de divisas y mejorar la ecuación fiscal con el costo del blanqueo.
Como los recursos no alcanzarán, se acudirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la ANSES.
El blanqueo se difunde difundiendo el acuerdo fiscal con 48 países en el 2017 para informar sobre patrimonios de nacionales en esos países. En el 2018 la cifra superará el centenar de países, incluyendo paraísos fiscales.
Habrá que ver la materialidad de esa amenaza para un capitalismo criminal, donde la evasión y elusión es un instrumento privilegiado de los capitales más concentrados, los hegemónicos, especialmente radicados en EEUU, país que no suscribe ningún acuerdo relativo a denunciar evasiones, fugas y paraísos. No en vano, los empresarios de ese país no aparecen en los «Panamá papers».
La propuesta remitida al Parlamento incluye la universalización de ingresos previsionales para los mayores de 65 años, en el 80% de la mínima, hoy de $3.967, muy lejos de una canasta reclamada por el movimiento de jubilados y que los trabajadores de ATE INDEC estiman cercana a los $17.000 mensuales.
Más allá de cualquier consideración técnica, el anuncio expresa voluntad política de recuperar protagonismo en la arena política. La gran movilización del 29/4 por el movimiento obrero y la difusión del documento sobre la pobreza y la conflictividad de la Iglesia, sumado a la convocatoria en Mar del Plata a todas las centrales por parte de la pastoral social el sábado 21/5/16, había corrido la iniciativa al movimiento obrero y a la Iglesia, con lo que eso significa en la lucha política argentina.
Macri quiere sumar consenso político y ese es su objetivo en este primer semestre de gobierno. Sabe que no le alcanza con el consenso electoral y ya rechazó alianzas con incomodos socios, sea el PJ o los renovadores, salvo para circunstancias precisas en el Congreso. Cree que cuenta con el aval silencioso de una mayoría que le otorgó el voto, críticos a la gestión kirchnerista del último turno.
Lo que relatamos no es más que episodios de manifestación de la lucha de clases, que requiere lecturas adecuadas para profundizar una línea de acumulación entre las/os trabajadoras/es e intentar resolver la crisis de alternativa política. Esta es la base, a mi entender, de algunos debates en el movimiento popular, y la necesidad de la unidad de acción contra el ajuste que implementan las clases dominantes y el gobierno Macri.
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