En variadas ocasiones escucho decir que el gobierno fracasó en su política económica, o incluso que cometió y comete muchos errores. Confieso que la formulación me hace ruido, más allá de reales problemas en las idas y vueltas relativas a la implementación de medidas (retenciones, precios y tarifas, etc.) y/o cambios de funcionarios y reestructuraciones […]
En variadas ocasiones escucho decir que el gobierno fracasó en su política económica, o incluso que cometió y comete muchos errores.
Confieso que la formulación me hace ruido, más allá de reales problemas en las idas y vueltas relativas a la implementación de medidas (retenciones, precios y tarifas, etc.) y/o cambios de funcionarios y reestructuraciones del Gabinete para llevar adelante los objetivos explícitos e implícitos.
Pobreza cero se sostuvo, pero no era creíble y los datos afianzan el empobrecimiento, con lo cual, allí no hay fracaso ni error, sino resultado lógico de una política de concentración del ingreso y la riqueza.
Se sostuvo la reducción y/o eliminación del impuesto a las ganancias para las trabajadoras y los trabajadores y la base social sujeto del tributo viene creciendo y no por mejora de ingresos salariales sino por el impacto de la inflación.
No es un error o un fracaso de la política fiscal, sino lógica de una orientación regresiva de la política de ingresos.
Con las retenciones el tema es claro, incluso su reinstalación es transitoria y solo ante la necesidad de cumplir el ajuste acordado con el FMI.
¿Hay fracaso?
La mención al fracaso remite a la situación de creciente inflación acompañada del inicio de un ciclo recesivo, que combinados ambos, concluyen en un complejo cuadro de agravamiento de los indicadores económicos y sociales que afectan a la mayoría empobrecida de la población.
El tema se agiganta con la reproducción de mensajes preelectorales relativos a lo sencillo que sería bajar la inflación, ya que Argentina es uno de los poquísimos casos donde el alza tan elevada de los precios aparece como una cuestión de ineficacia de las políticas de Estado. Es el diagnóstico errado de la crítica por derecha al gobierno.
Más que errores de la política oficial, o fracaso de la misma, el fenómeno inflacionario remite a problemas inconclusos y arrastrados durante años en la disputa por la hegemonía económica en el capitalismo local.
Con Macri se recrea otro capítulo para avanzar en el intento de reestructurar regresivamente la dominación capitalista en la Argentina, en un recorrido que incluye a la dictadura genocida y a la década del 90.
Parte de ello que incluye por derivación en la actual exposición judicial por corrupción de sectores muy concentrados de la burguesía local. Todo puede terminar en mayor extranjerización y transnacionalización de la economía.
Más que fracaso, lo que existe es un nuevo intento por consolidar una fracción hegemónica de la burguesía que actúa en la Argentina y mientras eso no ocurra no hay posibilidad de frenar la disputa, vía aumento de precios, por la apropiación de la renta nacional en la cúpula del empresariado.
El camino actualmente en curso recrea y acrecienta el proceso de dependencia y extranjerización de la economía local, aun a costa de sectores asociados ideológica y políticamente a los propósitos esenciales del PRO y Cambiemos.
La apuesta es con Trump y su política exterior, las petroleras, el sistema financiero, la especulación, el gran «campo», la actividad extractiva y las privatizadas, mucho más que con tradicionales sectores concentrados de la burguesía local.
Dolarización, devaluación e intereses en pugna de la cúpula empresarial
Todo ello supone confrontaciones por arriba para redefinir el sector hegemónico de la economía local, tal como ocurría en el 2001 entre quienes demandaban la dolarización y aquellos que pregonaban la salida devaluatoria.
Estos últimos fueron los ganadores, con la devaluación operada por Duhalde en enero del 2002, con el respiro adicional que supuso la cesación parcial de pagos (a los organismos internacionales se les siguió pagando) a fines del 2001.
Con la cesación de pagos y la devaluación se habilitó la condición de posibilidad para recuperar el nivel de actividad económica luego de una larga recesión entre 1998 y 2002, al tiempo que se restringió la apropiación de riqueza de algunos grupos beneficiados en tiempos de convertibilidad, especialmente privatizadas de servicios públicos.
No solo se retomó la senda del crecimiento y la posibilidad de la puja distributiva, sino que se optó por el privilegio a una fracción de la burguesía actuante en la Argentina.
La puja por el poder no quedó resuelta y por eso la disputa por la renta que se manifiesta como inflación, es decir, guerra de precios para dirimir quienes monopolizan la mayor parte del excedente y se constituyen en la hegemonía de la cúpula empresarial en el país.
Más allá de quien resulte ganador, la batalla por el poder incluye sustancialmente una disputa de todos ellos contra el conjunto de los sectores social y económicamente subordinados, especialmente los trabajadores y trabajadoras, en actividad o jubilados.
Se trata de una pelea cuyos antecedentes remiten al abandono del modelo productivo de industrialización por sustitución de importaciones a mediados de los 70.
Desde entonces, la especulación, la banca, los acreedores externos, junto a empresas privatizadas de servicios públicos en manos de capital externo y sectores gran-exportadores pujan por la dolarización.
Lo hacen contra otros asentados en la producción industrial, especialmente orientados al mercado interno, quienes demandan devaluación para lograr mayor competitividad y proteccionismo para hacer funcionar al capitalismo local, reduciendo el déficit comercial.
En contadas ocasiones se satisfacen ambas necesidades, por lo que la normalización supone un nivel de acuerdo que estabiliza la macroeconomía y favorece momentos virtuosos de crecimiento económico, incluso relativa distribución del ingreso, lo que abona consensos políticos.
Mientras la disputa se procesa en el interior del poder y se manifiesta con alzas de precios que escala a niveles de hiper-inflación en el último medio siglo, lo que se confirma es una tendencia al deterioro de los indicadores sociales y económicos de la mayoría de la población, con relativos momentos históricos de recomposición producto de la manifestación social y política crítica al rumbo estructural tendencial.
Ganadores y perdedores
Queda claro en la coyuntura el beneficio para especuladores, acreedores externos, la banca, empresas privatizadas extranjerizadas de servicios públicos, las petroleras, el gran «campo» y los grandes exportadores.
Es algo que se expresa en el 74% de interés que aprovechan los bancos por la política de restricción monetaria del BCRA, afectando cualquier propósito de financiamiento productivo.
Del mismo modo operan petroleras y privatizadas que dolarizaron sus precios a costa del conjunto social, o aquellos tributarios del alza del tipo de cambio, para especulación o exportación.
Todos son tributarios de la corrida cambiaria desde abril y mayo y un tipo de cambio en torno a los 40$ por dólar. Son, al mismo tiempo, receptores y beneficiarios de las principales medidas económicas asumidas desde comienzo de la Gestión Macri.
No se trata solo de la construcción de un bloque social de dominación capitalista, sino de generar mutaciones en las relaciones capitalistas, especialmente en lo atinente a la reducción del costo laboral, base material de nuevas relaciones entre el capital y el trabajo.
De ahí la importancia en el debate por el «futuro del trabajo» que incluye el gobierno Macri en los debates del G20.
Por eso, aun cuando no pudieron modificar por vía parlamentaria la legislación laboral, acusada de rígida y obstáculo para las inversiones, lo hicieron de hecho por vía de la política económica (devaluación).
La corrida cambiaria convalida la reducción del salario en dólares para favorecer el ingreso de inversores externos con costo salarial y laboral disminuido en pesos.
Encima, la situación mundial con alza de la tasa de interés en EEUU y la disputa de hegemonía capitalista global, guerra comercial mediante, agrega incertidumbre a países como la Argentina, que no constituyen objetivo privilegiado de los inversores internacionales, mucho menos si se incorpora la tradición local de organización y lucha de los movimientos sindicales y populares.
Lo que se disputa es el poder y la capacidad de disciplinar a la sociedad, por eso no hay error ni fracaso, solo iniciativa política para reestructurar regresivamente el capitalismo local.
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