Mientras ardía París por la rebelión de los «Chalecos amarillos», Estados Unidos acordó suspender por 90 días la aplicación de nuevos aranceles a las importaciones de China, al cabo de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en Buenos Aires, al finalizar la Cumbre del G20. La amenaza de elevar los aranceles […]
Mientras ardía París por la rebelión de los «Chalecos amarillos», Estados Unidos acordó suspender por 90 días la aplicación de nuevos aranceles a las importaciones de China, al cabo de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, en Buenos Aires, al finalizar la Cumbre del G20.
La amenaza de elevar los aranceles de 10% a 25% a importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares, y que entraba en vigor el 1º de enero, quedó en suspenso por un período de 90 días. «Si al cabo de ese lapso, las partes no logran un acuerdo, los aranceles que se ubican en 10% pasarán a 25%», indicó la Casa Blanca. China se comprometió a colaborar para corregir el desequilibrio comercial entre los dos países y comenzará de inmediato a adquirir productos agrícolas estadounidenses, según el texto. Estados Unidos y China se enfrascaron este año en una «guerra comercial», con el establecimiento recíproco de aranceles a sus productos, que pone en tela de juicio la globalización capitalista. Por su parte, Sarah Huckabee Sanders, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, informó que en el encuentro de Mauricio Macri con Donald Trump, ambos presidentes hablaron de enfrentar desafíos regionales como los que presentan la situación en Venezuela y «la actividad económica depredadora china». Trump le advirtió así a su «amigo» Macri acerca del vínculo que mantiene con China. Tan incómodo quedó el gobierno que el canciller argentino, Jorge Faurie, en un acto de audacia diplomática, desmintió a la vocera de Trump, diciendo que no cree que se haya hablado en «esos términos». Lo mismo hizo Macri en la conferencia de cierre de la Cumbre.
No obstante, Argentina firmó con China 30 acuerdos bilaterales que incluyen temas comerciales, entre otros. En conferencia de prensa Mauricio Macri señaló que se «repasaron todos los proyectos que hay en común» y agradeció «el apoyo que le da el gobierno chino a sus empresas que quieren venir a invertir».
Uno de los puntos centrales fue la ampliación del swap con China por U$S 8.700 millones, el acuerdo complementa al firmado por el Banco Central de China y Argentina en julio del 2017. Desde el BCRA señalaron que «el monto total de los swaps, incluyendo ambos acuerdos, asciende a 130.000 millones de yuanes.».
Mientras tanto, para Ernesto Araújo, elegido canciller por Bolsonaro, la globalización sería el instrumento chino de superficie para dominar el mundo. «[…] una economía globalizada maoísta-capitalista centrada en China». Según Araújo, Lula habría sido un aliado de los globalizadores para la penetración del marxismo maoísta que hoy lidera China.
Detrás de la escena
El presidente Mauricio Macri se mostró emocionado en compañía de la mandataria alemana, Ángela Merkel y su par japonés, Shinzo Abe, este viernes 30 en el Teatro Colón. Luego de terminada Argentum, la función que brindó el cuerpo de artistas nacionales, Macri lagrimeaba, y se golpeaba el pecho al grito de «¡Argentina, Argentina!»
Además de los muchos memes que circularon en redes por el llanto presidencial, Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, se descargó en su cuenta de Instagram contra Argentum. «Un Teatro que tiene todos sus cuerpos artísticos, producción propia, orquestas, técnicos, músicos y bailarines, no se necesita pagar un solo peso», sentenció con respecto a la tercerización de luminaria, videos, sonido, vestuarios, etc. El gobierno destinó millones de pesos para ese espectáculo, cuando en el Teatro Colón existen sectores que todos los días se dedican precisamente a esos aspectos necesarios para montar un espectáculo.
En relación a la participación de los artistas contratados para la función, Fernández aseguró que fue una demostración de la «flexibilización laboral, la quita de derechos y de salarios, cómo los obligaron a firmar contrato un mes después de ensayar, sin viáticos, sin almuerzos sin absolutamente nada».
El primer bailarín hizo hincapié en que durante la gala, se produjo una vulneración de los derechos laborales.
«Las autoridades del Colón desean eso de sus trabajadores estables, flexibilización laboral , resignar derechos ganados con juicios como el piso flotante que hoy estos 80 bailarines no usaron, calidad de ensayos, salario, dignidad», dijo en el final del mensaje.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) repudió la presencia del príncipe heredero Mohammed bin Salman, ministro de Defensa de Arabia Saudita, presente en el país para la cumbre del G20 y exigió que la justicia actúe para que responda por sus crímenes.
Marcha contra el G20
Sin responder al clima de miedo emanado desde los más altos funcionarios del Gobierno y de las amenazas y provocaciones de la ministra de Seguridad de los últimos días, cientos de organizaciones participaron de la marcha contra el G-20 en Argentina, en una gigantesca columna que se extendió a lo largo de más de 1.200 metros por Avenida 9 de Julio, desde el cruce con San Juan -en la subida a la autopista- hasta Avenida de Mayo, en donde la multitudinaria manifestación giró para llegar finalmente a la Plaza Congreso.
Con un contexto de militarización en todo el centro de la ciudad, y con un desmedido despliegue de fuerzas de seguridad, organizaciones sociales, sindicatos y centrales obreras, agrupaciones estudiantiles, organismos de Derechos Humanos, partidos políticos y distintos sectores del campo popular, nacional e internacional, hicieron sentir un potente acto de rechazo a las políticas de pobreza y extranjerización que promueve el Foro internacional de mandatarios de las potencias mundiales, que se desarrolló durante estos días en nuestro país.
Grupos con móviles de Prefectura Naval, de Policía Federal y Policía de la Ciudad de Buenos Aires blindaron todas las esquinas por las que se desarrolló la protesta. La jornada comenzó con detenciones de militantes y dirigentes. Patricia Bullrich volvió a intentar amedrentar a la ciudadanía el viernes a la mañana asegurando que habría «un cerco y a partir de Avenida de Mayo y 9 de Julio no van a poder pasar».
Sin embargo, las actividades se desenvolvieron de manera pacífica y las provocaciones de los efectivos de las fuerzas de seguridad no encontraron respuesta en los participantes de la marcha.
Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue la encargada de leer el documento unificado con el que las organizaciones expresaron su repudio al G-20 y al acuerdo con el FMI:
«El club privado de las potencias imperialistas, que mantienen a los organismos multilaterales de crédito y comercio como socios, e invitan a los países llamado emergentes a poner la mesa, disputan por las materias primas y los mercados descargando planes de súper explotación sobre los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos, los recursos naturales y el medio ambiente».
«Denunciamos la sumisión del gobierno de Macri a las políticas que impulsa el G20, como el acuerdo con el FMI, que nos condena a una deuda ilegítima e impagable, y a un ajuste que implica salarios y jubilaciones a la baja, inestabilidad laboral, liquidación del sistema previsional, mayor desocupación, la falta de paritarias, la entrega de nuestro territorio y recursos y bienes comunes».
«Por eso rechazamos el acuerdo y repudiamos el pago de la deuda externa, el Presupuesto 2019 aprobado por el Gobierno de Macri y gran parte de la oposición para cumplir el acuerdo con el FMI y los planes del G20, que consagra un costo social tremendo al recortar las partidas sociales mientras aumenta la deuda y el pago de intereses. Los tarifazos, la suba escandalosa de las tasas de interés y la brutal devaluación han provocado una baja sin precedentes en la actividad económica y el poder adquisitivo del pueblo argentino».
«La aplicación de estas recetas está originando una multitud de luchas, enormes paros contra la rebaja salarial, resistencias a los despidos y el extractivismo, las luchas feministas y las disidencias, entre otras».
«La Cumbre de líderes del G20 reúne a los grandes responsables de las estrategias de dominación de los pueblos y la naturaleza que tan nefastos efectos descargan sobre la política y la economía argentina y del mundo entero».
«Repudiamos la presencia en nuestro país de Trump y demás líderes imperialistas, representantes de la banca internacional y las grandes trasnacionales, el FMI, el BM, la OCDE, enemigos de la humanidad. Proclamamos Fuera G20, Fuera FMI!
«¡No pagamos, no debemos!», concluyó Nora Cortiñas, en el cierre de la histórica marcha contra el paso del G20 por Buenos Aires.
«Firmaron el bono para no hacer un paro antes del G20»
El dirigente camionero Pablo Moyano sostuvo que el Bono anunciado por el Gobierno Nacional es «un bono fantasma» dado que los dirigentes de la CGT firmaron ese Bono que el 79% de las empresas de la UIA dicen que no lo pueden pagar. «Fueron disciplinados, firmaron el bono para no hacer un paro antes del G20», dijo.
También rechazó el pedido que realizó el presidente Mauricio Macri por la reforma laboral, y advirtió que si se registra un «intento de discutir el deterioro del trabajo», su sector sindical se opondrá «con movilizaciones, paros por tiempo indeterminado y toda medida que sirva».
El presidente Mauricio Macri aprovechó el encuentro con su par francés para volver a fogonear la reforma laboral. El mandatario afirmó que debe reformarse la legislación laboral para «fomentar el desarrollo y el empleo».
En declaraciones pronunciadas en la Casa Rosada al brindar una conferencia de prensa junto a Emmanuel Macron, Macri señaló: «Es obvio que necesitamos tener legislaciones laborales que se adapten a esta revolución tecnológica».
«Necesitamos legislación que nos acompañe, que proteja la capacidad de mejorar y que no quiera proteger lo poco que tenemos que no alcanza», remarcó el Presidente.
El Presidente se expresó de este modo ante la pregunta acerca de si la Argentina tomará como ejemplo la reforma laboral que se realizó en Francia.
Mientras tanto, supermercados y cadenas de electrodomésticos argumentaron que la caída de las ventas les impide afrontar el 20% adicional que firmaron las cámaras empresarias y el gremio de Comercio.
A pesar de la negativa de las Cámaras empresarias de pagar el bono de fin de año de 5.000 pesos que acordara la CGT, Carlos Acuña, del gremio de estaciones de servicios y secretario general de la CGT, envió notas a través de sus delegados con las indicaciones para acceder al beneficio.
Por otra parte, Acuña destacó que la mejora en los ingresos negociada en paritarias asciende a un 40 %.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó un paro nacional para el miércoles 6 de diciembre en reclamo de paritarias y por el pago del bono de fin de año.
«Pedimos un 15% acumulativo a lo que venimos cobrando, aparte del bono que tienen que entregarnos por decreto. La Cámara se niega a todo: a darnos el bono y a reconocer lo que firmó en las paritarias respecto a la inflación. Por eso se llevará a cabo el paro con movilización», aseveró Rubén Urbano, titular de la delegación de Córdoba.
La UOM logró hasta ahora un 25% de aumento frente a una inflación que ronda 40% en los primeros 10 meses del año, por lo que exige la reapertura para llegar a un 40,5%, del mismo modo que lo lograron otros sindicatos de peso, como Camioneros y Sanidad.
También reclaman el compromiso del sector empresarial del pago del bono anual de 5.000 pesos que decretó el gobierno de Mauricio Macri en dos cuotas con el abono de los salarios de noviembre y de enero.
Los docentes universitarios y los trabajadores no docentes cobrarán a fin de año el bono anunciado por el Gobierno. Así lo acordaron esta semana los gremios del sector con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en sus respectivas reuniones de mesa técnica salarial. En cambio, la SPU rechazó el pedido de los docentes de adelantar la cláusula de revisión paritaria prevista para enero.
El monto del bono docente varía según el cargo. Será de 5.000 pesos para los profesores con dedicaciones exclusivas, de 2.500 para los de dedicación semi exclusiva y de 1.250 para los que tienen dedicaciones simples. Se cobrará por cada cargo y en dos tramos: la mitad el 13 de diciembre, junto con el medio aguinaldo, y la otra entre el 15 y 20 enero. Para los docentes de escuelas preuniversitarias, el monto del bono será de 166 pesos por cada hora reloj y se abonará de la misma manera. No es a cuenta de futuros aumentos.
La federación Conadu Histórica no fue convocada a la reunión debido a que es el único gremio que no firmó el acuerdo paritario 2018, por considerarlo insuficiente. Su secretario general, Luis Tiscornia, aseguró que la reunión «fue una puesta en escena para tratar de tapar la grave situación salarial» de los docentes universitarios. «El bono no puede pretender ocultar el deterioro salarial que tenemos. A enero vamos a estar 20 puntos por debajo de la inflación. Si el Gobierno y los gremios que han firmado el acuerdo pretenden ocultarlo, están subestimando mucho a la docencia universitaria», sostuvo el dirigente y ratificó la vigencia del plan de lucha de la Federación para exigir la reapertura de la paritaria y un aumento de emergencia que «al menos» empate la inflación.
El director de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, recibió a los dirigentes de los seis sindicatos de la línea de bandera, a los que aseguró que AA no va a ser privatizada y, por el contrario, «va a agrandarse». En el encuentro también prometió que la empresa hará una oferta a los trabajadores por la aplicación de la cláusula gatillo de la paritaria 2017-2018, lo que implica un reconocimiento de la deuda por la que se inició el conflicto. Los sindicatos se mostraron críticos del plan de negocios que Malvido aseguró tener para Aerolíneas, que consideraron una exposición «sin detalles, «sin sustento» y «contradictoria», pero ratificaron su disposición al diálogo.
El presidente de AA insistió en que la paritaria 2018-2019 tienen que discutirse modificaciones «del marco laboral que hacen a la productividad», eufemismo que señala la intención de flexibilizar condiciones de trabajo, que los gremios volvieron a rechazar. Por otra parte, anunció que la empresa dejará sin efecto las suspensiones a los que participaron de la última medida de fuerza, pero supeditado «a que no haya nuevas medidas».
Horas antes de que se realizara el encuentro, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una resolución habilitando a la Policía Aeroportuaria a prestar servicios de rampa y operaciones en las plataformas de los aeropuertos. Aunque la autorización fue firmada inicialmente con carácter excepcional con la excusa del G20, su publicación prorrogó de hecho su uso hasta fines de mes. Para hacerlo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) apeló al argumento de que aeronavegación «es un servicio público esencial». La amenaza del uso de policías aeroportuarios en reemplazo de trabajadores se perfila así como una nueva forma de presión en un conflicto que, lejos de quedar cerrado, está todavía en sus primeros pasos.
Según informan desde Aerolíneas, la medida de fuerza del martes 27 por la mañana, convocado por la Confederación de Transporte afectó a 5.600 pasajeros por la cancelación de 47 vuelos.
El secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, destacó que «las asambleas han sido contundentes. Estuvimos debatiendo y contándole a los compañeros cuales son los reclamos que venimos llevando adelante: Impuesto a las ganancias, un aumento para los jubilados y el reclamo que las empresas que ingresan a nuestro país cumplan con la ley laboral y con el Convenio colectivo de trabajo. Desde la CATT nos hemos declarado en estado de sesión permanente y esta es la primera medida de un plan de lucha que si no tenemos respuestas va a continuar».
Los gremios del transporte paralizaron el martes pasado por el lapso de tres horas todos los servicios públicos. Lo hicieron con motivo de unas asambleas con las que protestaron por el impacto de Ganancias en los salarios de los empleados de la actividad.
La medida fue lanzada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que lidera el ex triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid, pero consiguió la adhesión de la Unión Ferroviaria de Sergio Sasia y los peones de taxi de Omar Viviani. Dos organizaciones que hasta ahora militan en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) y que había mantenido distancia de la CATT en los últimos años.
El secretario general del sindicato de maquinistas La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que tras el paro llevado a cabo el martes a la madrugada, el gremio considera la posibilidad de «no trabajar más los feriados».
«Se planteó en la mesa de transporte no trabajar más los feriados nacionales, esa sería una medida de protesta. En el caso de ferroviarios no habrá trenes esos días», señaló Maturano.
Durante el G20 continuaron los despidos
La automotriz General Motors cerró una oficina dedicada a tareas informáticas y financieras que funcionaba en el centro de Rosario y echó a 150 trabajadores y trabajadoras. Los despidos fueron informados el martes pasado después del anuncio de la compañía norteamericana del cierre de siete fábricas en distintos lugares del mundo y de una reducción del 15 % de las fuentes laborales.
La compañía les impuso retiros voluntarios como forma de indemnización. La mayoría eran ingenieros, analistas en sistema y programadores con entre 7 y 20 años de antigüedad. Hacían el soporte del sistema informático y financiero de General Motors en todo el mundo y enviaban información a la casa central en Detroit.
El 31 de enero vence el acuerdo entre el gremio Smata y General Motors a través del cual la compañía se comprometió a no despedir a cambio de que accedieran a que les paguen el 70 % de los salarios y les redujeran horas. «Hoy estamos funcionando con dos turnos y se hacen 15 autos por hora. Desde la empresa ya anunciaron que en febrero planean dejar sólo un turno con 22 autos por hora. Dicen que sobra un 30 % de empleados y que van a echar a 300 personas del sector de producción», explicó el delegado gremial, Germán Tonero. En total, los operarios bajo el convenio de Smata son 1.500.
Según el diputado Carlos del Frade, General Motors fue la empresa número 24 entre las mil que más vendieron en Argentina durante el 2017. Facturó 43.315 millones de pesos, que significan 118 millones diarios o 82.410 por minuto. «No despiden por razones económicas. Lo hacen para mantener tasas de ganancias y disciplinar», dijo el diputado provincial.
Palagi Hermanos, dedicada a la fabricación de autopartes, cerró sus puertas tras 70 años de actividad en la ciudad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, y dejó a 30 personas desempleadas, que ahora reclaman salarios atrasados e indemnizaciones.
Un cartel de cierre pegado en una de las cortinas metálicas les anunció a los 30 empleados que se quedaban sin trabajo. La empresa no pagó las dos últimas quincenas, el aguinaldo de junio y tampoco las indemnizaciones correspondientes al despido por fin de la actividad.
El 5 de diciembre habrá una audiencia en la sede de Banfield del Ministerio de Trabajo provincial, en la que las partes volverán a encontrarse. Mientras tanto, los trabajadores mantienen protestas en la puerta de la fábrica.
Juan José Simonetti, titular del Centro Empleados de Comercios de Concordia (Entre Ríos), señaló que «este es un momento muy difícil para nosotros, en nuestra actividad en el sector de comercio, como ya sabemos todos la cantidad de despidos que se vienen sucediendo y esto continúa, si bien no son despidos continuos, es como un goteo porque por ahí nos enteramos que hay dos despedidos, por una semana está todo tranquilo y después hay otro despedido».
Simonetti explicó: «A todo esto tenemos que mencionar que hay cierres de empresas como el caso de Bazar El Entrerriano que dejó a 8 personas en la calle».
El dirigente mercantil recordó: «En Musimundo tuvimos despidos de 4 personas hace algún tiempo, como despidieron en la tarjeta Consumax, en Centro Eléctrico también hubo 4 despidos más. Tenemos en total unos 30 despidos sumando el total en todo este tiempo, así que es una situación que no es fácil y si no salimos pronto de esto van a venir los despidos en cadena y va a ser catastrófico para la actividad nuestra», aseguró.
Tampoco cesan los problemas laborales en Mar del Plata. Tras el cierre de la emblemática confitería La Boston, ahora llegó el turno a otro clásico de la principal plaza balnearia del país: confitería Piazza. La medida afecta a 20 trabajadores.
En Buenos Aires, cierra La Giralda, la histórica confitería porteña de la Av. Corrientes 1453, y deja a 10 trabajadores en la calle.
La empresa textil SportTech cerrará su planta del Parque Industrial Villa Flandria, dejando a sus 62 trabajadores en la calle.
La noticia fue confirmada por el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Ignacio Lopolito, tras una reunión con los dueños de la empresa para lograr que los despedidos perciban una indemnización.
Se trata de una empresa tercerizada que fabrica indumentaria para las marcas Adidas, Nike y Puma, especialmente camisetas de fútbol.
Treinta familias quedaron en la calle tras el cierre de la fábrica de medias El Apogeo, en la localidad bonaerense de Sarandí. Los trabajadores denuncian que les deben sueldos y que tampoco percibieron la indemnización correspondiente. De acuerdo a la versión de los operarios ni siquiera recibieron los telegramas de despido, se enteraron que quedaban cesanteados al encontrarse con las persianas bajas.
El cierre de la planta de El Apogeo se suma al de otras fábricas de la zona, como Gaelle y Extreme Gear. Además, está atravesada por la crisis de la industria textil que, en los últimos días, asistió a despidos en Australtex, Tipoití y Galileo. Pese a las rebajas tributarias anunciadas por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y a la mesa de trabajo sectorial para abordar temas estructurales, las fábricas textiles continúan cerrando y despidiendo.
ATE Río Negro intensificará las protestas en toda la provincia, para que la Administración de Parques Nacionales (APN) reincorpore a los 19 brigadistas de incendio despedidos en Nahuel Huapi semanas atrás y a otros 75 cesanteados en diversos parques del país. El gremio reclama también el pase a planta permanente de los 940 empleados del organismo.
Hoy, justamente, se inicia la temporada de incendios en Parques Nacionales y el turismo interno e internacional desconoce que el gobierno argentino lleva cesanteados a 75 trabajadores distribuidos en todo el país.
Por estos reclamos ATE ya realizó un cese de tareas y presentó una nota al intendente de Nahuel Huapi, Damián Mujica, para que el directorio del organismo abriera un canal de diálogo. Desde entonces el sindicato advirtió que las protestas sorpresa irán in crescendo.
La fábrica Navegante de Naschel de San Luis despidió a 40 trabajadores y sus autoridades no descartaron el cierre definitivo de la planta. Ya había dado de baja al personal contratado.
La planta tiene más de 200 empleados y se dedica a la fabricación de bolsas, telas media sombra e hilo.
La ONG Corazones Solidarios protagonizó una caravana solidaria el domingo en apoyo a los trabajadores de Cereales 3 Arroyos. Los empleados continúan sin trabajar y en alerta ante la posibilidad latente de perder sus fuentes de trabajo.
Los trabajadores se declararon en estado de Asamblea y debaten en una planta paralizada. Tras el preventivo de crisis la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar dejó expectantes a casi 200 trabajadores.
Además, los operarios denunciaron un «intento de vaciamiento», remarcaron que ya no tienen transporte y que la firma se desvinculó de la empresa de seguridad.
Los obreros de la planta Cresta Roja que el macrismo quiso vender como emblema de «recuperación del empleo» denuncian que los empresarios están vaciando la planta para dejar a los trabajadores en la calle.
«En estos momentos los actuales operadores de Cresta Roja (Wade/Tres Arroyos) están desarmando líneas de producción y maquinarias para intentar consumar un vaciamiento y desguace de la planta 2 ubicada en Esteban Echeverría», señalaron en las últimas horas los operarios de la planta del sur bonaerense.
Por ello los empleados comenzaron un acampe pacífico para custodiar los portones y de esa manera «evitar el traslado de maquinarias a Capitán Sarmiento».
Hacen un llamado a las organizaciones sociales, gremiales y políticas para que los acompañen en este momento delicado. Es que si avanza el vaciamiento se termina cualquier tipo de posibilidad de sostener los puestos de trabajo.
El secretario general de Uatre La Rioja, Roque Cedrón, confirmó el despido de 17 empleados de las fábricas Piedra Blanca y Nort Agro que se produjeron en las últimas jornadas.
Trabajadores de la empresa de maquinaria agrícola Grassani, ubicada en Villa María, Córdoba, confirmaron que comenzaron a recibir telegramas de despidos. Los trabajadores se encuentran en la puerta de la fábrica desde el sábado luego de decidir hacer una retención de sus tareas.
El programa de despidos en la agencia Télam sufrió un nuevo traspié en la Justicia. Ahora 17 trabajadores ilegalmente despedidos el 26 de junio de 2018 fueron reincorporados por un fallo del juez Ricardo Tatarsky , responsable del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 22 a raíz de una acción cautelar autónoma presentada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
De este modo, ya son más de 280 las trabajadoras y trabajadores reincorporados por la Justicia de entre los 357 despidos ordenados por el ex ministro Hernán Lombardi.
No obstante, por tercer mes consecutivo, aplicaron descuentos en los salarios del personal que no había sido despedido pero que, en cumplimiento de los mandatos de asamblea, sostuvieron el paro y la ocupación de las dos sedes.
Por lo tanto, el gremio invita a realizar un aporte solidario vía transferencia bancaria a la cuenta Banco Hipotecario CA N°452.000 1320 2285-1; CBU: 0440052-34000013202285-1 y CUIT: 30-71036418-0.
Panorama empresario
La compañía aérea LASA, que hace poco más de un mes comenzó a volar desde Neuquén a diferentes ciudades de la Patagonia, anunció la suspensión de las operaciones a partir del 8 de diciembre.
El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles, Gabriel Bornoroni, advirtió sobre una caída de ventas del 8% interanual en el arranque de noviembre y señaló que «de las 4.900 estaciones que hay en el territorio nacional, unas 800 están complicadas».
«Se registraron 92 ceses de actividades (cifra récord para un mes desde 2001), de comercios minoristas versus 24 inicios de actividades», se explicó en el reporte de octubre que difundió el Centro de Almaceneros de Córdoba.
Las principales causas de cierres de comercios fueron, en primer lugar, la caída de las ventas, luego la presión tributaria, encarecimiento de tarifas y servicios, problemas de reposición por inflación, la suba de alquileres y problemas en la cadena de pagos.
La construcción dejó de ser el motor del empleo en la era Cambiemos. Eso se da debido al recorte presupuestario de $ 30.000 millones en la obra pública para este semestre.
Empresarios de la construcción aseguraron que se perdieron -como mínimo- otros 5.000 puestos de trabajo en octubre, lo que arroja un acumulado de 30.000 empleos aproximados desde junio.
La caída del consumo pega cada vez más fuerte. Según datos oficiales y privados, crecen los cierres de empresas, aumentan los concursos y quiebras y cada vez son más las firmas que reducen su producción. Se trata de empresas vinculadas a la demanda interna, a lo que consume la población en forma masiva: productos alimenticios, ropa y textiles, artículos de limpieza e higiene personal, medicamentos, libros, repuestos de autos y motos, electrónicos y línea blanca, y un larguísimo etcétera.
La reacción de las empresas a la caída del consumo -uno de los síntomas de la recesión- suele ser la misma: recorte de horas extra de trabajo, suspensiones de trabajadores, despidos y el cierre de plantas o establecimientos. En ese camino, muchas optan por caminos abiertamente ilegales, como el pago en negro de salarios, el desconocimiento de los convenios laborales y el apriete.
De allí que cuando se produce una caída acentuada del consumo y la recesión se prolonga en el tiempo, se produzca un incremento de la conflictividad laboral. Por caso, según la consultora Tendencias Económicas, la cantidad de trabajadores que realizaron paros o entraron en huelgas durante octubre sumó 1,99 millón, con un aumento del 7% respecto al décimo mes de 2017.
Además de una agudización del enfrentamiento con la parte laboral, crecen los pedidos de concursos preventivos de acreedores y de quiebras ante la Justicia. La información al respecto es parcial o está retrasada, pero todos los datos marcan que existe un incremento en la cantidad de procedimientos que se tramitan en los juzgados civiles y comerciales.
Uno de ellos, citado por el diario La voz, de Córdoba, indicó que los pedidos de quiebras en los juzgados de esa ciudad crecieron más de un 50% en lo que va del año comparado con el mismo período de 2017. En el caso de los concursos, ese salto es del 32 %.
En Santa Fe, datos relevados por la Secretaría de Producción provincial y dados a conocer en medios locales indican que unas 250 pymes se encuentran al borde de la quiebra. En tanto, de acuerdo con información proveniente de Rosario, se sortearon 32 expedientes de concursos y quiebras en agosto, de los que 23 corresponden a personas físicas, lo que para los especialistas rosarinos es un número llamativo ya que «no hay referencia así en bastante tiempo, tenemos que ir casi tres o cuatro años para atrás para encontrar un número equivalente», según dijo un abogado al diario La Capital, de esa ciudad.
«La caída del consumo opera hoy como uno de los factores más importantes a la hora de explicar las crisis de las empresas», señalo el especialista José Luis Blanco, director de Tendencias Económicas.
Según Blanco, la competencia de la importación, aunque sigue siendo un factor importante en la generación de las crisis, ha perdido peso ante la recesión.
«Se observa que las empresas industriales que se dedican al consumo masivo son las más golpeadas», agregó. Blanco incluyó en ese lugar a las firmas productoras de textiles, de artículos para el hogar, especialmente línea blanca, alimentos y limpieza. También a las autopartistas que se dedican al mercado de repuestos y reposición, a las empresas que producen bienes de capital y a las que producen insumos como químicas y plásticos. También a las firmas de la construcción.
«La recesión es muy profunda y golpea prácticamente a todos los sectores. Ahora vemos que las cadenas comerciales comienzan a sentir el impacto y producen cierres y despidos», indicó Blanco. En ese lugar ubicó a la firma Ribeiro, que despidió a 60 empleados en octubre.
De acuerdo con un relevamiento de Tendencias Económicas, octubre cerró con 15.366 suspensiones, un 845 % más que las que se produjeron en octubre de 2017. En tanto, los despidos sumaron 2.801 en octubre último, un 447% más que un año atrás, cuando la economía aún se movía al ritmo del empuje de la obra pública que el gobierno impulsaba como herramienta para ganar las elecciones de medio término.
La consultora Ecolatina señaló en un informe que en el último cuatrimestre de 2018 se sentirá «una fuerte contracción en el volumen de ventas y un mayor consumo a plazo».
De acuerdo a este reporte, la aceleración de la inflación a partir de septiembre, producto del salto del dólar a fines de agosto (esperan un aumento del nivel de precios cercana al 20% en los últimos cuatro meses del año), «continuará deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que las recomposiciones salariales que se vienen logrando en las últimas semanas -de manera aislada y solo afectando al sector privado formal- apenas atenuarán la caída del salario real, que en promedio caerá más de 11% interanual en el último cuatrimestre del año».
El estudio determina que entre los meses de septiembre y diciembre el ingreso disponible de las familias tras el pago de servicios públicos se contraerá en mayor magnitud ya que en los últimos cuatro meses del año tendrá lugar un aumento superior al 20% de los bienes y servicios regulados, incrementando de este modo los gastos fijos (gas, electricidad, transporte y combustibles) de los hogares, y reduciendo así aún más la cantidad de dinero disponible para volcar en el consumo de otros bienes.
«Por este motivo, para los próximos meses es de esperar que los comportamientos identificados en agosto (caída del consumo, avance del canal mayorista, aumento de compras bajo promoción e incremento del uso de tarjetas de crédito) se intensifiquen en el último tramo del año», puntualizan desde Ecolatina.
«Asimismo, pasado el Mundial y con un dólar más caro, esperamos un desplome de las compras de electrodomésticos (y demás bienes durables)», destacan.
Vidal cerró la paritaria de los estatales provinciales
Esta semana, el Gobierno provincial anunció el cierre de la paritaria con los trabajadores estatales: acordó un 2 % en diciembre que lleva el incremento anual a 32 % y un bono de 7.000 pesos para trabajadores activos y de 3.500 para los jubilados. También acordó para 2019 un aumento de 20 %, en seis cuotas. Un aumento del 4 % en enero, 4 % en marzo, 4 % en mayo, 4 % en julio y cláusula de actualización semestral en julio y diciembre que dependen de nuevas negociaciones y no de una cláusula gatillo en función de la inflación. Un 2 % en setiembre y 2 % en noviembre y cláusula de monitoreo. Además de un aumento de $ 750 al presentismo.
Ese es el detalle de la paritaria vergonzosa que aceptaron UPCN y la Fegeppba (que agrupa a los gremios de Salud Pública) y fue rechazada por Cicop y AMRA (trabajadores de la salud), Aemopba (Obras Públicas) y ATE.
Además, en el acta paritaria no se contempla que este aumento alcance a los temporarios mensualizados ni a los contratados de la Ley 10.430. Tampoco se ratifica el pase a planta permanente de la tercer y última tanda de temporarios, que el Gobierno se había comprometido a pasar para el año próximo.
Vidal le llevó esa misma oferta salarial al Frente de Unidad Docente, que la calificó de «vergonzosa» y convocó a un nuevo paro para el lunes 3 de diciembre.
«El lunes se convoca a una medida de fuerza por parte de los sindicatos docentes. Vidal nos ofreció $ 108 de aumento, es una vergüenza», describió Baradel respecto de la última «oferta» salarial.
En esta misma línea, Baradel sostuvo que «Vidal quiere que los docentes cerremos la paritaria 15 puntos abajo» de la inflación.
Además el referente de CTERA puso el eje sobre lo que puede ocurrir en marzo del año próximo cuando sea momento de regresar tras las vacaciones: «Si así cerramos el año, el comienzo del ciclo lectivo 2019 va a estar en conflicto, no empieza».
Desde otra perspectiva, cuestionó la inacción de la CGT «fue un error de la CGT cambiar el paro por un bono que no cobra casi nadie». Y concluyó «hay que convocar a un paro con movilización».
A más de seis meses del último llamado, Vidal también convocó a la Asociación Judicial Bonaerense a una nueva reunión para el próximo martes 4 de diciembre con el objetivo de cerrar la pauta salarial de este año.
La paritaria estaba paralizada desde fines de mayo, cuando la Provincia recibió a los representantes del gremio conducido por Pablo Abramovich y les ofreció un 15 % de aumento en tres tramos, sin cláusula gatillo.
Mientras tanto, y en medio de la crisis económica, los bonaerenses deberán hacer frente a un aumento del 38 % del impuesto inmobiliario. En la Gobernación confían en la aprobación de la iniciativa. A los votos propios suman los del Frente Renovador y también los de algunos peronistas.
Por otra parte, la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia denunció penalmente a la gobernadora por el desvío de fondos de la caja previsional del Banco hacia la administración provincial. Vidal generó más deuda a la provincia y se desconoce el destino exacto de los $ 5.500.000 que la Anses le giró.
En conferencia de prensa declararon que Vidal y el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, firmaron un acuerdo en el que el Estado nacional se comprometía a financiar el déficit previsional de la caja jubilatoria registrado en 2015 y 2016. Esto se concretó, sin embargo, el dinero se depositó en la cuenta del Estado provincial y no siguió el curso obligatorio.
El ajuste mata
El coordinador de Ceremonial de la Secretaría de Agroindustria de la Nación tuvo un paro cardíaco, pero no pudo salvarse porque no había desfibrilador: uno de los médicos echados en la gestión de Cambiemos se lo llevó porque era de su propiedad. El secretario Etchevehere nunca ordenó comprar otro, aunque es obligatorio en los edificios públicos; ahora expresó su pesar.
Desde que en 2015 se sancionó la ley 27.159 de prevención integral de muerte súbita, todos los edificios públicos tienen que tener un desfibrilador externo automático (DEA), que en el mercado cuestan a partir de los 35.000 pesos. Es por eso que la falta del equipo en la Secretaría de Agroindustria significa el incumplimiento de la ley por parte del propio Estado, que en el caso de Roberto Billard podría haberle evitado su muerte.
Sebastián Rivera, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Agroindustria, lamenta que no se haya podido salvar la vida de Billard, pero también dice que la falta del desfibrilador es tan solo un capítulo de la «desidia estatal». Rivera cuenta que Federico Sarubbi es el único médico que cuenta Agroindustria y que en el momento de la tragedia «se encontraba de casualidad», porque su horario es hasta las 13:30. «Al inicio de la gestión de Cambiemos, teníamos seis médicos que cubrían todos los turnos, además de una pediatra en el jardín maternal y nueve psicólogos. En la actualidad, tenemos solo una psicóloga y nuestro médico es Sarubbi, que por ser el coordinador del área también cumple tareas administrativas y hace horas extras porque está sobrepasado de trabajo, por eso estaba presente la tarde que Billard se descompensó», dice Rivera sobre el desmantelamiento que comenzó en 2015 cuando se despidió al jefe médico Ricardo Ojeda, que tenía 15 años en el puesto y «lo echaron bajo el argumento de que era amigo de los trabajadores y repartía licencias», amplía el delegado gremial. «Ojeda conocía la historia clínica de todos y con su despido comenzó la destrucción del área, que acentuó su golpe en la ola de 330 despidos de abril, donde cesantearon a tres de los cuatro doctores de la Secretaría», detalla Rivera.
Fuentes: Clarín, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, argentina indymedia, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Infogremiales, El Ciudadano (Rosario), IProfesional, BAE Negocios, Canal Abierto, Página 12.
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