El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consiguió su reelección el domingo pasado y aportarle a Cambiemos el primer triunfo en la larga secuencia de elecciones provinciales perdidas, aunque perdió el 10% de los votos obtenidos en 2015. Las elecciones en el interior agregan hasta el momento 730.000 votos al peronismo y Cambiemos pierde 608.000. En […]
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consiguió su reelección el domingo pasado y aportarle a Cambiemos el primer triunfo en la larga secuencia de elecciones provinciales perdidas, aunque perdió el 10% de los votos obtenidos en 2015.
Las elecciones en el interior agregan hasta el momento 730.000 votos al peronismo y Cambiemos pierde 608.000. En Córdoba 271.688 menos, en Santa Fe 213.000 y en Tucumán 196.114.
No obstante, el ministro Dujovne se entusiasmó frente al Presidente y los demás ministros, enumerando algunos de los «brotes verdes» que alimentan las expectativas de Cambiemos: el crecimiento de las importaciones, por ejemplo, que considera «un signo de que la industria empieza a moverse», aunque también sea algo estacional porque hay dólares por la liquidación del agro. Pero la más importante es la estabilidad de la moneda estadounidense que lleva siete semanas. El nombramiento de Pichetto como compañero de fórmula de Macri reforzó esta tendencia, que también impactó en la Bolsa (6,74% +) y el riesgo país que pasó a 851 puntos cuando el lunes pasado llegaba a 1014.
También apuestan a las paritarias y a una recuperación parcial del salario real antes de las elecciones. Al respecto, hay incrementos de salarios por tramos que para agosto acumularán 18/19%, aunque los precios se habrán comido parte de la mejora. Y en varios acuerdos la cláusula de revisión recién será en marzo 2019.
De acuerdo con la consultora Scentia el consumo quedaría en el mismo nivel de la crisis de 2002-3, lejos de las expectativas oficiales. De todos modos, los trabajadores no sindicalizados y los empleados en negro no verían esta película. El aumento salarial promedio al personal fuera de convenio será del 34,5% por debajo de la inflación anual proyectada entre 40/45%. Y si simultáneamente desaparecen empleos en blanco en cantidad, cuesta entender cómo se levantará el consumo y la actividad económica. Así Cambiemos coronará el tercer año de recesión de los cuatro de su administración.
Los indicadores son terminales. El PBI caerá por segundo año consecutivo por primera vez desde 2001-2. En marzo se contabiliza la pérdida de 40.600 empleos, según los números del ministerio de Producción. En doce meses se registra una baja de 268.300 empleos.
Aunque se está exportando más, los precios son inferiores a los de un año atrás. Se estima que este año el intercambio comercial le dejará al país un saldo de U$S 4.000 millones menos (U$S 685 millones en los primeros cuatro primeros meses de 2019, de acuerdo al Indec).
El último estimador económico de ese organismo contó crecimiento en marzo en solo 3 de los 16 sectores relevados. Y sobre las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings tocaron verdaderos derrumbes del 14,5%, 16% y 16,6%, respectivamente.
El consumo de carne vacuna cayó el 14%, la venta de leche el 13%, la de productos de panadería el 24%, las frutas y verduras el 26% y los productos de almacén el 16%.
A fines del mes pasado, fuentes vinculadas a supermercados y centros mayoristas, recibieron listas de sus proveedores con aumentos cercanos al 10% en artículos tales como aceite, harina, galletitas, té, café, azúcar y yerbas, entre otros.
Para junio, según las mismas fuentes, ya se recibieron notificaciones de aumentos de Aceitera General Deheza (5% en aceites y mayonesas), Rosamonte (té y yerba, 12% promedio), bodegas Chandon (10% promedio), Peñaflor (7%). Pepsico también se sumará con un 10% en snacks, 16% en galletitas, 11% en la avena y 20% en el cacao.
Mientras los precios mayoristas aumentaron un 72,6% en los últimos 12 meses, los minoristas lo hicieron un 55,8%. Esa diferencia de casi 17 puntos es la que los productores de alimentos estarían intentando recuperar.
También se replegó fuerte la demanda de combustibles Premium -un 24% la de nafta y cerca del 7% la de gasoil- y aumenta la de nafta súper y el gasoil común. El conglomerado lleva siete meses consecutivos de retracción. La energía eléctrica marcó durante el primer trimestre caídas del 10% para casas de familia; del 9,4% en la categoría comercial y del 6,7% en la industrial.
De acuerdo con un estudio publicado el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), desde el año 1991, que el país vivió una inflación del 84 %, durante el mandato del entonces presidente Carlos Menem, Argentina no había sufrido tal crisis económica.
Y el mundo no ayuda. El principal commodity que vende Argentina, la soja, está en niveles económicos bajos, al margen de la peste porcina en China, que afectará las exportaciones a ese país. El principal socio, Brasil, se contrajo en el primer trimestre un 0,2%. Según una estimación del Banco Itaú el producto crecería cerca del 1% este año, cuando a fines del pasado se esperaba 2,5%. Y la economía global marcha hacia una desaceleración. EE UU tras haber crecido 3,1% en el primer trimestre, se espera que lo haga por debajo del 2% en el segundo. Muchos analistas prevén un escenario de mayor desaceleración en los próximos meses; y también en China.
Cierran negocios
Casi 400 panaderías cerraron en lo que va del año, según reveló una encuesta realizada entre las más de 3.200 establecimientos del rubro presentes en el ámbito de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense.
«El rubro panadero, con un kilo de pan a $ 100 y una docena de facturas a $ 220 se encuentra en una profunda crisis, azuzada por la recesión y una consecuente caída del consumo», destacó el informe de la ONG Defendamos Buenos Aires.
La mitad de los locales comerciales instalados en Palermo Hollywood debieron cerrar sus puertas durante el último año y unos 2.000 empleados se quedaron sin trabajo.
Tarifazos
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) publicó el lunes último una solicitada en la cual reveló que la cooperativa neuquina CALF debe al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) $ 493 millones. De no pagar, Cammesa restringirá en un 10 % la demanda de CALF y avanzará «con el cobro judicial de los adeudado cuyos costos adicionales deberán ser solventados por CALF y en última instancias sus usuarios».
Cooperativa Agua, Luz y Fuerza (CALF) es una de las más importantes del sector eléctrico cooperativo. Maneja un presupuesto que ronda los 3.000 millones de pesos y brinda servicio a casi 100.000 personas en la capital de Neuquén. Carlos Ciapponi es su presidente y en enero de este año había propuesto «una rebelión generalizada» en contra del tarifazo eléctrico, que «aumentó la materia prima de las distribuidoras en 1.700 % en dos años y medio», según dijo.
Los chispazos entre las cooperativas eléctricas y Cammesa no son nuevos. «Hemos advertido muchas veces que la gente no puede pagar los aumentos y crece la morosidad. Las cooperativas no nos manejamos con la misma lógica que las privadas como Edenor o Edesur. No le cortamos el servicio a la gente porque entendemos que es una necesidad básica. Entonces, pasamos a subsidiar a los morosos al tiempo que en el mercado mayorista nos aplican todos los aumentos», explicó José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE).
Cientos de chicos podrían quedar sin acceso al agua en comedores y hogares comunitarios. A la Casa de los Niños en Avellaneda, que recibe a más de 200 todos los días, garantizándoles el desayuno, el almuerzo y la merienda, atención médica y contención, le exigen una deuda de más de 150.000 pesos.
La Casa recibe del Estado un subsidio de $315.630 para 190 chicos. Cada uno tiene una beca de $ 1.670 mensuales con los que la organización debe garantizar la comida, la educación y su salud.
En la intimación, Aysa les puso un plazo de diez días para que cancelen la deuda, con la advertencia de que sumará adicionalmente «recargos e intereses hasta el día de su cancelación, más los gastos de corte y reconexión».
12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Más de 152 millones de niños y niñas en el mundo son explotados laboralmente, con aval de los Estados y la «vista gorda» de organismos internacionales. En Argentina, 763.544 niños y niñas de entre 5 y 15 años realizan tareas en diversas áreas de la producción.
Según la OIT, el término trabajo infantil «se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño, afecta su escolaridad y le impide jugar. Se les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores condiciones laborales, como trabajar en ambientes peligrosos. Muchos otros directamente están reducidos a la esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, o actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución».
Según las últimas cifras oficiales, en Argentina, son 763.544 los niños y las niñas de entre 5 y 15 años que realizan actividades productivas, con mayor incidencia en las áreas rurales (19,8 %) y en las regiones del noroeste y el noreste (13,6 % y 13,1 %, respectivamente). En el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, el número asciende a 428.581 (31,9 %).
Según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA), en 2018 hubo 246.320 chicos más que realizaron actividades productivas y trabajo doméstico intensivo que en 2017. Son un total de 1.417.567 niños y niñas trabajadores. Los números son similares a los de 2013, lo que muestra que la explotación infantil, pese a los discursos y los maquillajes institucionales, fue mantenida por todos los gobiernos desde hace décadas.
Según un informe de la UCA, en el último año la pobreza infantil pasó del 48,1 % al 51,7 %. En tanto, se calcula que 10,2 % son indigentes. El documento señaló que el riesgo alimentario en la infancia subió en el último período interanual, 2017-2018, en un 35 %.
En Argentina la Ley 26.390 (sancionada en 2008) establece que la edad mínima para trabajar es de 16 años, con autorización de los padres hasta los 18 años. Las personas mayores de 14 pueden ser ocupados en empresas cuyo titular sea su padre, madre o tutor, en jornadas que no podrán superar las tres horas diarias, y las quince horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar. No puede ocuparse a personas de 16 a 18 años en ningún tipo de tareas durante más de seis horas diarias o treinta y seis semanales.
Sin embargo, en Jujuy, el gobernador aliado al gobierno nacional, Gerardo Morales, avaló en noviembre del año pasado que 45 niños y jóvenes de entre 10 y 17 años trabajen en zonas de campo en tareas de encañe y desencañe de tabaco, desflore de tabaco, plantaciones, tareas de peón general, carga y descarga de estufas y hasta modelos de ropa infantil, entre otros.
Luego de que el gobernador de Jujuy avalara semejante práctica ilegal, el diputado provincial Marcelo Nasif justificó el empleo de niños y niñas para «tareas livianas» como «encañar y desencañar tabaco». El integrante del interbloque Cambia Jujuy, que responde a Morales, advirtió: «Hay algunos que si de chicos ni ven una pala, cuando la ven de grande se infartan».
La Nación Digital no se quedó atrás y tituló: «Trabajo infantil. ¿Es mejor que un chico trabaje, a que robe o se drogue?». Ese fue el título de una nota publicada el 9 de junio que finalmente tuvo que cambiar, ante el rechazo que generó, por: «Trabajo infantil. ¿Cuáles son los mitos que hay que desterrar?».
Convenios
Hugo Moyano abrió las negociaciones paritarias con las empresas de transporte pidiendo un aumento salarial del 46% y un bono de fin de año de 20.000 pesos. El pedido ya fue desestimado de manera informal por la cúpula de la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).
Según trascendió, la semana próxima habrá una reunión entre el gremio y la Cámara empresarial en la Secretaría de Trabajo para seguir las negociaciones y recordaron que la pauta de referencia que trazó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, fue de acuerdos en torno al 28% anual con revisión semestral.
Además, la Cámara empresaria elevó una nota pidiendo la modificación del Convenio Colectivo de Camioneros y Pablo Moyano contestó con una terminante negativa: «realizaremos todo tipo de medidas de fuerzas para defender a cada familia trabajadora».
Los empresarios quieren reformular las tareas de los choferes, cambiar los pagos de horas extras, modificar la distancia desde la cual es considerado de larga distancia el transporte, quitar algunos adicionales por zona desfavorable, bajar el porcentaje que se paga por antigüedad y establecer un sistema de suspensiones , entre otros varios ítems.
Según reveló el dirigente nacional y secretario general de la UOM de La Plata, Enrique Salinas, » estamos a un paso de un paro nacional ya que los delegados siderúrgicos están totalmente insatisfechos con la propuesta empresaria de un 26 % de incremento salarial».
El gremialista precisó que «en las audiencias que hemos mantenido con los representantes patronales siderúrgicos, frente a nuestro reclamo de un aumento del 36 %, ofrecieron diez puntos menos».
Otro vocero de la UOM puntualizó que las siderúrgicas, como Ternium, Acindar San Nicolás y sus empresas contratistas, » sostienen que no están en condiciones de abonar el incremento salarial que sí pagarán las restantes cámaras, que fue del 36 %». Y precisó que « la UOM aprobará un plan de lucha que consistirá en una huelga nacional durante el Congreso de hoy (14/6) en Campana».
Fracasó una nueva audiencia por las negociaciones paritarias de Alimentación. Según explicaron desde el gremio, el encuentro no tuvo resultados positivos por la «intransigencia de los representantes del sector empresario». Mientras tanto sigue vigente la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
Desde la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) alertaron que responderán con contundencia si no se consigue un acuerdo serio que compense la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Los paritarios de la Federación Trabajadores de la Alimentación (FTIA) ratificaron su rechazo a la propuesta de aumento salarial del 28% de la Cámara empresaria, en sintonía con la política salarial promovida por el ministro Dante Sica para esta ronda de negociaciones.
La propuesta patronal es rechazada «ya que ni siquiera alcanza a la inflación de este año», explicaron. El gremio insiste en paritarias trimestrales y una recomposición por lo perdido en 2018.
La Federación había iniciado semanas atrás un plan de lucha con paros en fábricas que quedó suspendido tras el dictado de la conciliación obligatoria.
La Asociación Bancaria (AB) reclamó a la Secretaría de Trabajo de la Nación «la reanudación de las negociaciones paritarias» para definir «el porcentaje final del aumento salarial» de este año, y denunció que de forma «maliciosa» las entidades financieras procuran violentar «la legislación laboral a través de las disposiciones del Banco Central».
La Bancaria advirtió además que si las patronales se inmiscuyen en la paritaria -lo que no es de su competencia- habrá » un conflicto de gran magnitud como consecuencia de una actitud antisindical» , por lo que reclamó «una urgente reunión» con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para aclarar «la situación», según informó el secretario de Prensa del gremio, Eduardo Berrozpe.
El pasado miércoles, en el inicio de las conversaciones paritarias formales entre el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes (SPIQYP) y la Cámara de industrias Químicas y Petroquímicas (CIQYP) en las instalaciones de la Secretaria de Trabajo y Empleo de la Nación, los representantes gremiales pusieron sobre la mesa un pedido de una recomposición salarial del 49% de aumento.
Además, le reclamaron a los empresarios un bono de fin de año de 18.000 pesos para engrosar los ingresos de 2019 y la diferencia por lo perdido en 2018, (eso en base a cotejar lo acordado con los datos finales de inflacionarios provistos por el Indec).
Las partes se volverán a ver las caras el 25 de junio, cuando termine el cuarto intermedio estipulado por la Secretaría de Trabajo, y allí los empresarios acercarán su respuesta al reclamo.
La Federación de Petroleros que conduce Pedro Milla cerró la paritaria de la rama refinerías y depósitos de combustibles con aumentos del 43% y una suma fija de 28.000 pesos, más dos cláusulas de revisión.
El acuerdo, que alcanza a trabajadores de Axion, Shell, Dapsa, Trafigura, Refinor y Refipampa, entre otras, fija el pago de un 15% de incremento salarial, retroactivo a abril, en concepto de recomposición salarial por la paritaria 2018.
Además, se incrementarán los haberes en un 28% en tres tramos por la pauta salarial 2019 del Convenio Colectivo de Trabajo 449/06: 10% en julio, 9% en noviembre y 9% en marzo.
Por pedido de la Federación, «se incluyeron dos cláusulas de revisión para garantizar el resguardo del poder adquisitivo del salario», señaló el titular de Petroleros. Las mismas se aplicarán en septiembre de este año y marzo de 2020, para evaluar el avance de la inflación.
Los trabajadores de la rama también cobrarán una suma fija de 28.000 pesos, que se hará efectiva en dos cuotas: 14.000 pesos iniciales en julio y los restantes 14.000 en octubre.
La actual intervención del SOEME y los representantes de las Cámaras Empresarias de la Educación Privada, firmaron un acuerdo que incluye un incremento del 38% -retroactivo a los sueldos de febrero de 2018- en los salarios del trabajador no docente y además un 28% hasta julio de este año.
Desde el 2017 los salarios de los trabajadores estaban postergados y sin la actualización correspondiente, debido a la falta de acuerdos con las Cámaras del sector. El sindicato era conducido por Marcelo Balcedo y fue intervenido tras su detención en Uruguay. En agosto habrá elecciones para lograr su normalización.
Los choferes de colectivos de corta, mediana y larga distancia de la provincia de Corrientes levantaron el paro tras más de 36 horas de huelga en las que negociaron con las empresas sobre el reclamo salarial que tenía más de un año de demora.
La sede provincial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente llegó a un acuerdo con las empresas para que los trabajadores cobren los salarios de acuerdo a lo que establece la paritaria nacional y así cerrar el conflicto que paralizó buena parte de la actividad provincial.
Asimismo, continuarán las negociaciones por los viáticos y otras reivindicaciones laborales que desde hace más de un año vienen reclamando los colectiveros.
En la jornada del martes efectivos de la Policía de la Provincia de Corrientes militarizaron la Terminal, reprimieron con balas de goma a los choferes que impedían las salida de colectivos conducidos por inspectores de los galpones de la empresa ERSA, que controla el 80% del transporte urbano de pasajeros en la capital provincial.
Tras los incidentes, la Subsecretaría de Trabajo provincial convocó a las empresas del sector y a la representación gremial a una mesa de negociaciones que derivó en el entendimiento.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) inició el miércoles un paro de 48 horas en reclamo de la apertura de paritarias, que permitan discutir mejoras salariales para los médicos de los 80 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires .
La medida de fuerza incluyó una concentración en la puerta de la sede del ministerio de Economía bonaerense, en la avenida 7 y 45 de La Plata, junto a los trabajadores de ATE y de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
Conflictos sindicales
Los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en el gremio del Subte (AGTSyP), estatales (ATE), trabajadores informales, (CTEP), docentes privados (SADOP), judiciales (SITRAJU) y judiciales UTE se movilizan el miércoles a la Legislatura porteña para visibilizar los conflictos en el distrito más rico del país.
«Nos movilizamos para defender nuestro poder adquisitivo, exigir el urgente aumento de las asignaciones familiares y la declaración de la emergencia educativa, sanitaria y alimentaria en el distrito más rico del país» , explicaron en un comunicado de prensa.
Gremios y organizaciones sociales se manifestaron en rechazo a la visita de Mauricio Macri a Neuquén para participar del coloquio IDEA, junto con su candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto.
Este viernes se llevó a cabo en el «Anexo A» del Congreso de la Nación en la Sala 3 del segundo piso una audiencia pública por la reincorporación de los treinta trabajadores despedidos de la empresa Alba-Akzonobel. Esta audiencia fue conseguida por la Comisión Interna de esta fábrica junto a las bancas del Frente de Izquierda en Diputados. Estos últimos presentarán un proyecto de ley para que los despedidos vuelvan a sus puestos de trabajo.
Los delegados denunciaron que las desvinculaciones a 30 trabajadores forman parte de un plan de ajuste que quiere implementar Alba el cual incluye el desconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, tercerizaciones, flexibilidad laboral y aumento de los ritmos de trabajo.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó el jueves a representantes de la firma Loma Negra y a delegados sindicales a una nueva audiencia, luego de que las partes endurecieron sus posturas «sin poder llegar a un acuerdo pacífico», por el cierre de la planta en la localidad de Barker, partido de Benito Juárez.
Por un lado, la empresa anunció el proceso de cierre de la planta y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), a nivel nacional, decidió provincializar el conflicto y lanzó medidas de fuerza en las plantas que la firma tiene en todo el territorio bonaerense.
La decisión de los mineros provocó la mediación de la gobernadora María Eugenia Vidal para tratar de menguar el impacto político que pueda tener la determinación .
Según el censo 2010, en Barker viven 1.241 personas. Es decir, que hasta el inicio del conflicto en la planta de Loma Negra trabajaba el 26,6% de la población. «Eran 330 sueldos que quedaban acá. Ya muchos se fueron. Te pega por todos lados. Hay una baja importante en las matrículas de escuela y de deportes. Hay muchachos con carpeta psicológica porque están muy afectados. No es solamente dinero. Es desarraigo, es irte a Zapala (Neuquén) o a Catamarca sin siquiera saber si te van a respetar el acuerdo del traslado. Es muy duro».
«El viernes hay una nueva asamblea del pueblo (la anterior, asistida por el intendente, autoridades locales y de la empresa había derivado en la conciliación obligatoria), para pensar qué proyecto se puede traer para que se genere trabajo. Acá, queremos trabajar. Nunca se respondió a las provocaciones y eso que acá todo el mundo sabe dónde vive cada uno y nunca se cayó en la violencia», concluyó uno de los trabajadores.
«Pueblo chico, historia grande», es una página de Facebook que los empleados utilizan para comunicar las novedades del conflicto. Por el momento, la empresa amenaza con el cierre, el sindicato anuncia un paro para la próxima semana y todo el pueblo está en vilo desde hace tres meses, para saber si la empresa que funciona como motor de Barker seguirá en pie o no. «Nosotros, no abandonamos la lucha», sentenciaron.
La conocida marca deportiva Puma, continúa con su fuerte proceso de achique en la Argentina. Cerró su segunda planta en la provincia de La Rioja en menos de dos años. En marzo de 2017, bajó la persiana de la fábrica de Sanagasta y dejó sin trabajo a 100 empleados y ahora le tocó el turno a la planta de Chilecito, en donde despidió a 40 trabajadores. Le quedan dos plantas en La Rioja Capital y otra muy reducida en Chamical.
Los más de 400 trabajadores del Expreso Lomas, que involucra a las líneas 165, 112 y 243, cumplieron 100 días de abstención de tareas por no tener los colectivos para garantizar el servicio. Los choferes quedaron en medio de una disputa legal que involucra a dos compradores de la línea.
Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito anunciaron que tomaron pacíficamente el edificio de la administración y que cortaron la Ruta 22 desde las 7 de la mañana del lunes pasado, a la altura del puente El Carancho, Neuquén.
Los operadores explicaron que el centro del reclamo es que se les garantice la continuidad laboral y que se le paguen los haberes atrasados.
Pero la novedad de la situación fue que a parte del personal jerárquico se les actualizaron los salarios, según denunciaron, mientras que el resto de los trabajadores percibe el mismo monto desde hace dos años.
Ante la falta de compradores de agua pesada, la situación de la PIAP depende de que Nación consiga un inversor interesado en anexar una planta de fertilizantes porque, afirmaron, el gobierno no está en condiciones de destinar los fondos necesarios. Sin embargo, a los trabajadores también les preocupa esta opción porque la obra demandaría unos cuatro años.
Desde el 2017 la planta dejó de producir y se sostiene vendiendo el agua pesada en stock, lo que para los operarios sólo significa estirar la agonía.
La distribuidora de gaseosas y snacks Pepsico en Neuquén Capital cerró sus puertas de forma definitiva, según informó el Sindicato de Camioneros que tiene a seis de sus afiliados afectados.
Se supo que el número de despedidos es mayor, pero tanto desde el Centro de Empleados de Comercio como desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Agua, Gaseosas y Afines informaron que no integraban sus organizaciones.
Los empleados fueron notificados del cierre de la distribuidora por un escribano, cuando llegaron el viernes por la mañana a trabajar a la planta.
Además, trascendió que hay preocupación porque otra firma de la región, Latin Marketing, que se dedica a la reposición de alimentos y bebidas, estaría evaluando despedir personal. Lo mismo ocurre con quienes trabajan en la casa de electrodomésticos Ribeiro, que presentó un plan preventivo de crisis, como ya sucedió con Lucaioli y Saturno. En total, son unos 600 los empleados afectados.
La planta de la empresa JS Textil de San P edro permanece paralizada desde que el lunes los trabajadores decidieran comenzar con una medida de fuerza en el marco de un conflicto que comenzó con la reducción a tres horas de la jornada laboral por caída de la producción ante la baja en las ventas.
La firma que producía para la marca de ropa de niños de Juliana Awada, Cheeky, desde el martes tiene una acampe en sus portones en el que sus trabajadores reclaman que se les pague el salario y, además, alguna solución al conflicto.
La firma ofrece indemnizaciones al 50% a quienes no acepten trabajar 3 horas, pero los trabajadores en base a los cálculos que realizaron sus abogados denuncian que sólo percibirían un 30% de lo que legalmente está estipulado.
Hasta ahora cobraron sólo el 40% del último sueldo. «Nosotros queremos seguir trabajando pero las 9 horas, como corresponde», afirmaron.
Por último, señalaron que apenas unos 10 trabajadores aceptaron esas propuestas a la baja, pero hay más de 80 que todavía están en conflicto.
El gremio de visitadores médicos anunció que dio inicio a un plan de lucha «en contra de las brutales agresiones de los laboratorios contra los trabajadores y sus representantes gremiales».
Desde la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la RA denuncian que varias compañías farmacéuticas, tanto de capitales nacionales como extranjeros, están recortando fuentes de trabajo «pese a tener ganancias extraordinarias, incluso en el complejo contexto socioeconómico nacional» y que, además, «hostigan a los representantes gremiales que defienden las leyes laborales».
El caso paradigmático es el de Elea Phoenix, que presentó un Proceso Preventivo de Crisis para despedir 120 trabajadores con apenas un 33.5% de la indemnización. A través de las audiencias y con la participación del conjunto de los visitadores que trabajan en la empresa, se llegó a un acuerdo con 63 trabajadores a los que Elea Phoenix debió pagarles el 110% de indemnización.
Sin embargo, al no poder imponer sus condiciones, la compañía ahora intenta amedrentar a 26 dirigentes gremiales enviándoles telegramas de despido por el inicial 33.5% de indemnización.
En ese sentido, el Secretario General, Ricardo Peidro, aseguró que «el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización hasta que la industria farmacéutica en su conjunto cese en sus ataques a sus visitadores médicos y a su representación gremial».
Trabajadores del ingenio azucarero Santa Bárbara de Tucumán cortaron el miércoles la ruta nacional 38 en protesta por salarios adeudados y para que comiencen los trabajos de la zafra, debido a que los actuales dueños no se están ocupando de la administración y realizan negociaciones para su venta.
Medios
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que el pasado 11 de junio «la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), un sindicato con nula representatividad en el gremio, y las cámaras empresarias, firmaron en la Secretaría de Trabajo un vergonzoso acuerdo que destroza una vez más los salarios». El acuerdo contempla un 8 % acumulativo a cuenta de la paritaria pasada, más tres sumas fijas por única vez de $ 2.000. «Los trabajadores perdemos más de 25 puntos porcentuales entre mayo de 2018 y abril 2019 -remarcó el SiPreBA. Un 30,68% de aumento contra una inflación interanual del Indec que marcó 55,8%. «Ante esta nueva rebaja de salarios, comenzaremos un plan de lucha con asambleas y ruidazos en todas las redacciones y una campaña de afiliación masiva al SiPreBA en cada lugar de trabajo», anunció en sindicato.
El SiPreBA además detalló: «las malas noticias para los trabajadores no terminan ahí: también cerraron un aumento por la paritaria 2019/20 de 15 % hasta octubre de este año, mes en que las partes negociarían para los seis meses restantes. Mal comienzo y probablemente peor final nos espera si tenemos en cuenta que las proyecciones más benevolentes no bajan de 40% de inflación para este año» .
«Estar en el lugar donde se deciden las cosas es la mejor forma de lucha que hemos encontrado para lograr algunas reincorporaciones, así que continuamos por ese lado y estamos nuevamente frente a la Cámara de Apelaciones, siguiendo nuestros expedientes para intentar que vuelvan a la sala Nº 5 que es la que fue sorteada naturalmente», confirmó Esteban Giachero, Delegado de Télam.
«Estaremos ocupando de manera pacífica la puerta de la Agencia y permaneceremos este jueves y este viernes, además de la semana que viene frente a la Cámara de Apelaciones para evitar fallos que signifiquen que más de 150 compañeros vuelvan a la calle», afirmó el delegado gremial.
En cuanto al funcionamiento y a la reincorporación de una parte de los compañeros, reconoció que fue muy dificultosa «se han restaurado todos los servicios -salvo la radio que la gestión ha decidido discontinuarlo- pero hay una situación permanente de destrato, negación de coberturas o dificultades en el trabajo diario».
Lo más insólito que describió el delegado fue «nos manejan por un sistema interno de chats, donde se nos dice las notas que podemos cubrir o no y se nos dan las indicaciones vía mensaje. Pero desde junio 2018 estamos sin jefe, no hay nadie personalmente que te de una orden. Lo hacen desde Tecnópolis o desde sus casas».
Contra la organización sindical
Mauricio Melián, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores, Talleres y Astilleros Navales (SI.T.T.A.N.) y cinco trabajadores más de la Comisión Directiva de Tandanor, Alejandro López, Ricardo Apinto, Pablo Montiel, Juan Javier Díaz y Martín Izaguirre, están desde 2018 con procesos penales y laborales. Sobre 3 de ellos recayó un desafuero por exclusión de tutela sindical.
Denuncian un proceso de vaciamiento desencadenado por los mismos directores , el Presidente Jorge Daniel Arosa, la Vicepresidente Alicia Crispina Pelorosso y el director Alfredo Jorge Macera, puestos por el Ministro de Defensa, Oscar Aguad. El secretario del SITTAN cuenta que al empezar esta dirección macrista había 610 trabajadores y actualmente se redujo a 450, que no están construyendo buques nuevos ni reparando los buques existentes.
Melián afirma que la empresa «nos hizo en agosto, septiembre del año pasado una denuncia penal que está tramitando en Comodoro Py, que en primera instancia fuimos procesados de 3 a 10 años por delitos que realmente no hicimos. Apelamos. Fuimos sobreseídos. Actualmente se encuentra en la Cámara de Casación a través de un sobreseimiento apelado por parte de la empresa». También pidieron una exclusión de tutela de 6 integrantes de 10 de la Comisión directiva. De esos, 3 cayeron en el juzgado 69 a cargo del juez Ramonet que falló por su desafuero «no respetando la prueba testimonial, no respetando el proceso».
Recordemos que el juez laboral José Ignacio Ramonet se adjudicó en 2018 un récord en la legislación laboral al aprobar en 24 horas el embargo por casi 810 millones de pesos contra el gremio de Camioneros que lidera Hugo Moyano y que luego fuera desestimado.
La CTA-A repudió la represión en las puertas del Indec y exigió la inmediata liberación de Nicolás Oliva. En ese marco, fueron golpeadas compañeras y detenidas junto con compañeros que cerraban la enorme movilización que se dirigía el jueves a repudiar la política de hambre y desocupación del gobierno nacional.
Se condenó a Olga Reinoso, Secretaria General de la CTA-A en Santa Cruz, como coautora del delito 194 del Código Penal, basado en entorpecer el normal funcionamiento del Transporte Público, a 3 meses de prisión de suspenso y a 9 meses a Alejandro Garzón, Secretario General de ATE Santa Cruz, por el mismo delito, con dos años de trabajo comunitario de dos horas por semana a ambos.
La condena revela el nuevo modelo represivo instaurado por Mauricio Macri, en donde se «castiga a los sectores vulnerables de la sociedad y a aquellos dirigentes que hemos puesto el cuerpo por los trabajadores, dando total impunidad a quienes llevan adelante el macabro plan económico de la mano del FMI y las corporaciones para empobrecer y dejar sin posibilidad de reacción al campo popular», dijo Alejandro Garzón a la salida del juicio. En este marco «nuestro único delito ha sido defender a los trabajadores como dirigentes sindicales en momentos críticos que vivía nuestra provincia».
Recordamos que el juez actuante, Guido Otranto, fue el primer magistrado en intervenir en el Caso Maldonado y fue removido por mal desempeño, cuando se develó su imparcialidad.
Las docentes Victoria Naffa y Virginia Naffa fueron exoneradas por el Rectorado de la Universidad de Río Negro por su participación en la toma de esta Universidad en 2018, que protestaba contra el recorte presupuestario del gobierno de Mauricio Macri y que culminó con una feroz represión de la Gendarmería.
Desde la Corriente Político-sindical «Rompiendo cadenas», reclaman al sindicato de base ADURN y a la CONADU-Histórica que tomen cartas en el asunto, poniéndose a la cabeza de las negociaciones, de las medidas judiciales y de la lucha por la reincorporación de las compañeras a la Universidad, terminando con el silencio que hasta ahora han mantenido sobre este asunto.
El Espacio de Trabajadoras y Trabajadores de la Zona Norte del Conurbano bonaerense se reunieron el viernes pasado convocados por el Cuerpo de Delegados de la Línea 60. Debatieron y resolvieron los pasos a seguir ante la situación de 5 choferes que irán a juicio el 20 de septiembre próximo, por imputaciones sobre hechos ocurridos a partir de la gran lucha del año 2015.
Luego de un rico y democrático intercambio entre lxs presentes, se lanzó una campaña a partir de los siguientes pasos:
1- Enviar mails a la dirección del Tribunal a cargo del juicio (con copia al mail indicado por el Cuerpo de Delegados), desde cada organización y representación sindical, política, antirrepresiva, etc. 2- Impulsar un PETITORIO para firmar ampliamente en los lugares de trabajo, estudio, asambleas y reuniones de trabajadorxs. Redactar una declaración para difundir por las redes e imprimir, así como un flyer y afiche con la consigna «ABSOLUCIÓN PARA LOS 5 COMPAÑEROS DE LA 60». 3- Organizar para el 6 de julio una primera actividad de difusión y recaudación para financiar los costos de la defensa de los compañeros. 4- Realizar un Plan de aportes, asumiendo compromisos desde cada organización. 5- Promover una Reunión Nacional en Ciudad de Buenos Aires, en lugar a designar por el Cuerpo de Delegados de la 60. 6- Convocar a movilizarse el día 26 de junio próximo, en el inicio del juicio por desafuero al compañero Ariel Godoy, Secretario de Seguridad e Higiene del SUTNA Nacional. 7- Participar el día 27/6 de la presentación de un Amicus Curiae Internacional por Daniel Ruiz. 8- Participar de una audiencia pública que se realizará el día 28 por los obreros ceramistas de Neuquén.
Volvieron a realizarse detenciones en Laboratorios Craveri. Uno de los aprehendidos fue Carlos Sinzer, delegado gremial que participaba de una asamblea en las puertas del laboratorio por la reincorporación de sus compañeros.
Las fuerzas de seguridad avalan la decisión del titular de la firma. De hecho, nuevamente este martes la policía «intentó desplazarnos de la puerta de la empresa mientras realizábamos una asamblea pacífica y ante la negativa de terminar anticipadamente, avanzaron sobre nosotros y procedieron a las detención mía y de Giselle Ledesma, de Gador, quien fue llevada esposada y a los empujones hasta la sede policial», describió Sinzer.
Un par de arena
La Justicia ratificó la reincorporación de Alejandra Vercellino, trabajadora despedida de la fábrica de heladeras Siam de Avellaneda en el mes de noviembre, negándole a la empresa la posibilidad de apelar.
Ya en enero de este año un fallo de primera instancia había ordenado a Siam reincorporar a tres despedidos durante el conflicto del mes anterior, que la empresa desconoció. La semana pasada el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la orden de reincorporación dada por el Juzgado nacional de primera instancia laboral 41. La empresa cuenta con algunos días para hacer efectiva la orden judicial, a riesgo de ser sancionada.
En los próximos días, un oficial de justicia acompañará a la delegada en su intento de retomar sus labores en la fábrica, para confirmar sanciones a la empresa si sigue obstaculizando la reincorporación.
La Cámara de Apelaciones en lo laboral de Corrientes dictó un fallo histórico al resolver a favor del fuero sindical de Jorge Walter Romero, delegado de ATE en el Instituto Obra Social de Corrientes (IOSCOR).
De esta manera, ATE ha logrado un importante fallo que constituye una jurisprudencia novedosa y trascendental para el ejercicio de la representación gremial en la provincia, que reconoce ampliamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional, tratados internacionales, la ley de Asociaciones Sindicales nº 23551/87 que en el art. 44 prevé crédito de horas pagas para el ejercicio gremial sin necesidad de autorización previa de la patronal y en particular la Ley Nº 4067 Estatuto del empleado público de la Provincia de Corrientes, que en su arts. 177 y 178 consagra el permiso gremial y otras franquicias para el ejercicio propio de la función sindical.
Se sienta un importante precedente y jurisprudencia relativa al ejercicio gremial que constituye una advertencia para quienes pretendan desconocer derechos consagrados de los y las trabajadores y trabajadoras.
Fuentes: El Cronista, RedacciónEDA, Diario Popular, Clarín, La Nación, Página 12, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, Red Eco Alternativo, Infogremiales, ACTA, Norte Argentino, Télam.
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