«La inflación está bajando», contestaba a una radio de San Luis, a mitad de la semana pasada. Veinticuatro horas después se conocía el índice de 2,9% de inflación correspondiente a enero. «Bajar la inflación es muy fácil», había pronosticado en la campaña electoral de 2015. Sin embargo, su administración igualó a la híper de Menem […]
«La inflación está bajando», contestaba a una radio de San Luis, a mitad de la semana pasada. Veinticuatro horas después se conocía el índice de 2,9% de inflación correspondiente a enero.
«Bajar la inflación es muy fácil», había pronosticado en la campaña electoral de 2015. Sin embargo, su administración igualó a la híper de Menem en 1991: 49,3%, entre este enero y el de 2018.
Febrero tampoco trae buenas noticias. La inflación seguirá cercana al 3% alentada por la suba de tarifas y alimentos y bebidas, especialmente carne vacuna y lácteos.
En diciembre las fábricas utilizaron el 56,6% de su capacidad instalada, el nivel más bajo desde el crítico julio del 2002. Los sectores más afectados fueron la industria automotriz, textiles, metalmecánica, caucho, plástico, ediciones e impresión y tabaco. Acumula tres años con mal desempeño y una caída de más del 7% y pérdida de 172.000 empleos. En diciembre la industria automotriz registró un nivel de utilización del 25,6%.
Los industriales se reunieron el martes 12 en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA). Cristiano Ratazzi de Fiat contó que en la Inglaterra de los años 70, el Impuesto a las ganancias llegó al 90% y «nadie se quejó. Hay dolor pero es necesario. Recuerden que íbamos camino a ser Venezuela». Guillermo Moretti (plástico) lo cruzó: «Cristiano, si seguimos así vamos camino a ser Venezuela». El país con la mayor caída del PBI y más alta inflación de América Latina, pero acosado económica y militarmente por EE UU desde hace varios años con la complicidad del gobierno argentino, entre otros gobiernos latinoamericanos.
Uno de los empresarios más importantes de Mar del Plata, aseguró que la situación económica «no da para más» y dio un angustiante pronóstico al afirmar que de seguir así, «no sé si llegaremos a mayo o junio».
Se trata de Antonio Toledo, el dueño de Supermercados Toledo, que en la actualidad está pasando por una grave situación financiera. Sus quejas pasan por la imposibilidad de pagar la «presión tributaria», así como el aumento de los impuestos y las exigencias de los gremios.
El empresario tiene a cargo a 1.900 trabajadores en total y un conflicto por la reinserción de un gran número de despedidos, en una ciudad donde el desempleo registra uno de los índices más altos en la provincia y el país. Según el Indec, Mar del Plata sufre un 11,8 % de desempleo y se ubica primera en el índice de la provincia de Buenos Aires.
En los últimos cuatro meses cerraron 46 pymes metalmecánicas y se perdieron 850 puestos de trabajo, informó Antonio Donello, secretario general de la UOM-Rosario. Además, hay 5.400 empleos en riesgo que pertenecen a empresas que se encuentran en procesos preventivos de crisis. «Si esto no cambia, estos puestos de trabajo corren peligro», dijo el dirigente gremial. Además adelantó que en marzo se realizará una marcha desde Rosario a Buenos Aires exigiendo el cambio del rumbo económico.
No obstante, el viernes, Mauricio Macri anunció una nueva rebaja de aportes patronales que beneficiará a unas 19.500 empresas de economías regionales. El mínimo no imponible subirá a $ 17.500 por trabajador, afectando los ingresos de la seguridad social.
Sin embargo, para el FMI los indicadores fiscales y financieros están teniendo un buen comportamiento: se ha reducido el déficit primario y el riesgo país, y el tipo de cambio se ha estabilizado.
No obstante, la inflación se mantiene por encima del 2% y hay una híper recesión. En 2019, según el FMI, la economía volvería a caer otro 1,6%. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de desempleados aumentaría en 120.000 trabajadores, debido a «la política monetaria restrictiva, más una política fiscal restrictiva», dijo Christoph Ernst, especialista en empleo y desarrollo productivo de OIT Argentina.
Además, si bien es cierto que el déficit primario se redujo, paralelamente creció el déficit total debido al pago de los intereses de la deuda externa. El «ahorro» en salarios, jubilaciones y prestaciones sociales fue al pago de la factura de esos intereses.
La situación de la provincia de Buenos Aires es particularmente alarmante. El stock de deuda informado por el ministerio de Economía bonaerense al 31 de diciembre es de 474.431 millones de pesos lo que significa un incremento de 91.721 millones de pesos en tres meses.
En marzo, ascendía a 271.471 millones de pesos, con casi idéntica cantidad de dólares: 13.472.5 millones, a una cotización de 20,15. La crisis cambiaria y la gran devaluación del año pasado pusieron contra las cuerdas las cuentas provinciales.
Otro factor que influye en la situación extrema es la composición de la deuda, ya que el 66,9 % corresponde a compromisos en dólares.
Por otro lado, la deuda actual equivale la mitad de todo el gasto provincial previsto para 2019.
El tarifazo sin fin
El viernes arrancó una nueva seguidilla de aumentos en los servicios públicos, transporte (colectivos y trenes) y cuotas de educación privada (8%). También en febrero subieron las cuotas de la medicina privada un 5%, la luz 26% a la que habrá que agregarle otro 14% en marzo. En ese mes el aumento del gas rondaría el 35/40%. También la tarifa del subte aumentará $ 2 hasta los $ 19.
Por tal motivo, en varios puntos del país, se volvió a repetir la protesta contra el aumento descontrolado de las tarifas. Para el 1° de marzo está previsto un cacerolazo en Plaza de Mayo.
Las organizaciones CTEP, Barrios de Pie, CCC, Frente Popular Darío Santillán y FOL realizaron el miércoles cortes en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires se concentraron en la Avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social donde realizaron un acto. Acompañaron la movilización los sectores sindicales de la CTA Autónoma, La Corriente Federal de los Trabajadores y el ex triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid.
También hubo grandes movilizaciones en Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Villarino, Punta Alta, Junín, Chivilcoy, Pehuajó, Alberti, Tandil y Chacabuco en el interior de la provincia de Buenos Aires. Además de Jujuy, Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, San Luis, Corrientes, Tucumán, Chubut y La Pampa.
Los movimiento populares y sociales se movilizaron para reclamar una paritaria social que contemple la situación de emergencia que sufren los sectores más humildes producto de la crisis económica que disparó los niveles inflacionarios y profundizó la pobreza.
El sindicalismo combativo, partidos de izquierda y organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo contra los despidos y los tarifazos el jueves. La convocatoria también se dispuso en defensa de los salarios y jubilaciones, contra la reforma laboral y la política económica del Gobierno y en reclamo a la CGT de un paro activo de 36 horas.
Además de la movilización en la Ciudad de Buenos Aires, se replicó la convocatoria en Neuquén, Rosario y Mendoza, entre otras ciudades importantes del país.
Para el consultor Ricardo Rouvier las próximas elecciones no son un tema prioritario para la población. «La sociedad está saliendo a la calle a protestar por la suba de la luz, el gas. No sale a pedir unidad de los políticos opositores». Aunque paralelamente sostiene que aún no hay un ambiente anti oficialista tan marcado. Sin embargo, advirtió que se está gestando una reacción social cada vez más fuerte contra los tarifazos y la situación económica en general. «Todavía no estamos con un clima en el que la gente quiera cambiar el gobierno como sea. Lo que veo es que estamos cerca de una reacción popular más fuerte, marcada y masiva, como reclamo por la situación económica».
Preventivos de crisis a la orden del día
Los directivos del grupo Madanes, propietarios de la fábrica de neumáticos Fate, de Aluar y de la hidroeléctrica Futaleufú, han presentado un proceso preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo. El mismo prevé el despido de más de 430 operarios y la flexibilización de las condiciones laborales del resto de las y los trabajadores de la planta Fate. Sin embargo, los trabajadores de Fate y el SUTNA desconocen la supuesta crisis que manifiesta Madanes, y argumentan que las últimas facturaciones del grupo arrojan una ganancia por 1.800 millones de dólares.
El borrador presentado por el directorio de Fate ante la Secretaría de Trabajo se titula «Plan de Reconversión Industrial» y argumenta cuatro puntos básicos para «enfrentar la crisis»: reducir la producción de la planta, bajar los costos operativos, eliminar el «ausentismo crónico» y el replanteo de los premios por producción.
Dentro del plan se incluye el ajuste de los salarios y el trabajo continuo, que implica la no paralización de la producción entre turnos de trabajo, la reducción de los tiempos de descanso y una mayor polifuncionalidad, esto conlleva una carga extra para los trabajadores, ya que deberán adecuar sus funciones según lo determine el empresario. Además, propone no reconocer los certificados médicos para reducir el ausentismo y así aumentar la producción.
Por medio de un comunicado, titulado «Los trabajadores de Fate debemos prepararnos para luchar», los integrantes de la Lista Roja del neumático manifiestan que, del total de las facturaciones de la firma, «la patronal gasta en salarios menos del 3% de esas enormes ganancias» y que «en la presentación ante la secretaría de Trabajo plantearon pasar de cuatro turnos de trabajo a tres, y para esto necesitan despedir a más de 400 compañeros».
A su vez, los integrantes de la Lista Roja declaran que «la patronal habla del problema del ausentismo, pero lo que no dice es que sólo tomando los datos de los últimos 5 años, hay un promedio de un accidente por día en FATE. Más del 40% de los compañeros accidentados sufren más de 10 días de baja laboral por este motivo. Y el 6,2% de estos accidentes provocan incapacidad laboral permanente parcial definitiva».
Sobre el final, aclaran que «si no damos la pelea hasta el final, no solo muchísimos compañeros quedarían sin trabajo, sino que se acrecentarían aún más los índices de accidentes y enfermedades que todos los compañeros sufrimos». Y que: «Acá hay dos bandos, uno es la patronal, el otro los trabajadores. Y estamos ante un plan de guerra de la patronal contra los trabajadores. Es por ello que debemos realizar todas las acciones y tareas que se necesiten con la mayor unidad posible de todos los compañeros de FATE».
Según informó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) a sus afiliados, la línea aérea low cost, Avian Líneas Aéreas S. A., (la razón social de Avianca Argentina), dio inicio de manera formal a «los mecanismos para que la empresa entre en el Procedimiento Preventivo de Crisis».
«Mientras festejan cínicamente una guerra de precios con tarifas a $ 1 (o sea, menos de 3 centavos de dólar), terminamos siendo los trabajadores quienes pagamos los costos de la destrucción de la aviación argentina», añadió el gremio.
La línea aérea era propiedad de la familia Macri y su antiguo nombre era MacAir Jet. En 2017 fue vendida a Avianca Holding por $ 10 millones de dólares.
Vale aclarar que el procedimiento preventivo de crisis al que recurren distintas patronales es la antesala para ataques duros contra los trabajadores como los despidos, rebajas salariales, etc.
Contra los 37 despidos y el eventual cierre de varias revistas, los trabajadores de la Editorial Atlántida, se movilizarán el martes 19 a la Secretaría de Trabajo donde la Comisión Interna se reunirá con representantes del Gobierno y del fondo de inversiones dueño de la Editorial.
La respuesta que obtuvieron en la primera audiencia fue el anuncio de que la patronal presentó un preventivo de crisis (parece la nueva modalidad de algunas patronales para avanzar con despidos y dejar en la calle familias trabajadoras), pero la Comisión Interna y los representantes de SIPREBA denuncian que esa presentación fue hecha en forma irregular.
Reprimidos por vender verduras y frutas
Con la ridícula excusa de que «se ensucia la plaza», la Policía de la Ciudad reprimió a los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que intentaron concretar en Plaza Constitución un nuevo «feriazo», la protesta en la que los pequeños productores rurales venden a los vecinos frutas y verduras a precio justo. Luego de dispararles balas de goma y arrojarles gases lacrimógenos, las fuerzas de seguridad secuestraron decenas de cajones con mercadería en camionetas del gobierno porteño.
Los «feriazos» y «verdurazos» son una modalidad que los productores de las zonas rurales que rodean el Conurbano bonaerense pusieron en marcha para visibilizar la crisis del sector y demostrar que la cadena de intermediarios vende la producción a un precio varias veces superior al que les pagan.
Durante el año pasado, esta modalidad convocó multitudes en Plaza de Mayo, Once, Constitución y diversas plazas céntricas. Sin embargo, desde enero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le niega a la UTT los permisos para concretar la actividad. La explicación que les dieron es que «ensucian la plaza».
Así y todo, los productores llegaron el viernes a la mañana a Plaza Constitución con el objetivo de instalar el «feriazo», pero se encontraron con un desproporcionado operativo policial que rodeó con la Infantería el perímetro de ese espacio público. El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, justificó la represión: «Ayer les dijimos que no se podían instalar», dijo durante una entrevista televisiva.
La reacción de los trabajadores fue tirarles berenjenas, plantas de lechuga y tomates. La respuesta inmediata fueron balas de goma contra los manifestantes y los vecinos que se habían dado cita allí para comprar mercadería.
«No puedo creerlo. Creo que nunca se vivió, nos reprimieron por estar vendiendo verdura. Tenemos compañeros totalmente golpeados, con la cara estallada de gases lacrimógenos. Tiraron balas de goma, hay compañeros que se desvanecieron. Nos sacaron la verdura, nos sacaron los equipos de sonido», dijo Rosalía Pellegrini, una de las dirigentes de la UTT.
«Tenemos la cara totalmente ardida por mostrar un morrón, una berenjena. Esto es la policía, esto es el gobierno de Macri», agregó.
Los trabajadores producen casi el 60% de los alimentos que comen todos los argentinos y desde hace tiempo reclaman políticas públicas. «En septiembre del año pasado, como una manera para salir de la crisis empezamos a hacer ferias y vender todo por $10. Para los vecinos de Buenos Aires es algo accesible. La gente empezó a pedir feriazos en distintos barrios, así fue hasta enero».
«¿Cómo es que la vida es tan injusta?», dijo entre llantos una productora de La Plata a la que la policía le secuestró los cajones de rabanitos y lechuga que había llevado para vender.
Conflicto docente
El gobierno de María Eugenia Vidal ofreció el miércoles a los gremios docentes actualizar los salarios de acuerdo a la inflación del INDEC, primero mes a mes hasta marzo, y luego por trimestre hasta llegar a diciembre. Sin embargo, no incluyó ninguna propuesta para recuperar los 15 puntos perdidos en 2018, lo que generó el rechazo del Frente de Unidad Docente e hizo fracasar la primera reunión del año.
A la salida del encuentro, los gremios nucleados en el Frente de Unidad Gremial explicaron los motivos del rechazo. «Dejamos perfectamente planteado que tiene que haber un recupero de 2018 para poder tratar conjuntamente el cierre de 2018 con la propuesta de 2019. Si hay recupero de 2018, vamos a pensarlo», dijo la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, tras confirmar que los funcionarios pidieron pasar a cuarto intermedio y que los gremios aceptaron. Y para ejemplificar cuánto perdieron los maestros el año pasado, la dirigente dijo que «no llegan a cubrir la canasta básica total: un maestro que recién se inicia hoy cobra 16.505 pesos y uno que tiene la máxima antigüedad 22.000 pesos».
Los salarios de los docentes argentinos se pulverizaron el año pasado. A pesar de que ya venían golpeados, el año de mayor inflación desde la híper los terminó de derrumbar. Así lo demuestra un trabajo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El informe detalla que en el último año los salarios docentes tuvieron una caída en promedio de 11%. El rango negativo va de -7% a -20%, excluyendo el caso de Neuquén, única provincia con guarismos positivos.
En promedio, la caída del poder adquisitivo de los maestros medida en pesos a diciembre de 2018 alcanza los $ -28.263.
«Si se compara el salario de diciembre de 2018 en relación al promedio de poder adquisitivo de 2017 para el conjunto de provincias, el último año los salarios docentes tuvieron una caída de 21% en promedio», agrega CEPA.
Por último, considerando el promedio de salario bruto para un docente de Educación Primaria, Jornada simple y Enseñanza Común con 10 años de antigüedad, el informe detalla que «el 80% de los docentes de la Argentina se encuentra por debajo de la línea de pobreza regional de INDEC y solo siete provincias presentan promedios salariales por encima de la línea».
«Si se considera el mismo cálculo para junio de 2017, los guarismos se invierten: casi el 90% se encontraba por encima de la línea de pobreza regional para una familia tipo», concluyen.
A un día de la fallida reunión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios, donde no se reconoce la pérdida salarial del sector, el estado de las escuelas con graves problemas de infraestructura ni un plan que contemple becas ni refuerzo alimentario para los estudiantes, el jueves se comenzaron a conocer las nóminas que enviaron desde Inspección a las escuelas (principalmente en el distrito de San Fernando y Morón) con el pedido de cese (despidos) de centenares de docentes en formación que todavía no cuentan con título habilitante, que han ingresado a los cargos durante el 2018.
Al mismo tiempo, la gobernadora María Eugenia Vidal puso a punto el plan contra los docentes a través de las «mesas educativas distritales» para que salgan a las calles a «defender el inicio de clases», y ayuden al gobierno a correr el eje salarial de la discusión con los gremios.
Vidal fue la oradora principal del encuentro que juntó en el camping del gremio SOSBA, en Ensenada, a 4.000 dirigentes de Cambiemos -intendentes, concejales, directores, inspectores, docentes- que integran las mesas educativas distritales que están funcionando en los 135 municipios con el objetivo de desactivar un eventual paro para el 6 de marzo. Esas mesas se mostrarán más activas en las próximas dos semanas con timbreos, junta de firmas y hasta una gran marcha en defensa de las clases.
La idea oficial es correr del centro del debate público la discusión salarial y ponerla en la gestión. Por eso, los spots que el gobierno lanzó unas horas después de la discusión paritaria y que se replicaron en redes sociales y en TV cuentan los avances en obras, en capacitación y en tecnología de estos tres años. «En Educación, cada día cuenta», se titula el video al que la propia Vidal le pone voz y donde se asegura que «ya se terminaron 3.700 obras y que se pusieron en marcha 2.900 más este verano».
La publicidad oficial desató los cuestionamientos de los gremios que vienen denunciando los problemas de infraestructura que arrastran las escuelas y que, en agosto del año pasado, terminaron con la muerte de Sandra Calamante y Rubén Rodríguez en la trágica explosión de la Escuela 49 de Moreno a raíz de un escape de gas.
El jueves se llevó adelante la primera mesa técnica de infraestructura y los funcionarios de la Dirección Provincial de Infraestructura no dieron ninguna información a los dirigentes gremiales sobre las obras realizadas ni sobre las escuelas con riesgo de inicio.
«No sabemos dónde están las obras del spot. Tuvimos comisión paritaria de infraestructura, convocatoria que pedimos los gremios. Preguntamos: ¿dónde fueron las intervenciones? ¿Cuáles son las escuelas que están en riesgo? No nos dijeron», señaló María Laura Torre, secretaria adjunta de Suteba. Y acotó: «Es grave porque el 2 de agosto murieron Sandra y Rubén». La mesa volverá a reunirse el miércoles.
Los gremios, y también la oposición, denuncian que hay incumplimientos en las obras que la Provincia debía llevar adelante por convenio con los municipios y también demoras en el giro de fondos a los Consejos Escolares. Por caso, en La Matanza, de las 99 obras que se había comprometido a realizar la Provincia el año pasado, sólo 18 se terminaron, 11 están en ejecución y 70 nunca se empezaron. Y en La Plata, ninguna de las 39 obras aprobadas para escuelas con riesgo de inicio está en marcha porque, a dos semanas del inicio de clases, todavía no llegó el dinero.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que este martes definirá medidas de fuerza, luego de haber considerado «insuficiente» la oferta «unilateral» del 4 % de aumento salarial ofrecida por el Gobierno.
Los docentes universitarios explicaron que la oferta que hizo en las últimas horas el Gobierno (4%) se suma al 5 % otorgado a fines de enero, pero «fue declarada insuficiente ante el contexto de deterioro salarial».
«La Conadu continúa reclamando el 16,6 % de aumento (con la totalidad de las sumas en blanco) de la primera cláusula de revisión salarial 2018 para recuperar el poder adquisitivo de los y las docentes universitarias luego de atravesar la escalada inflacionaria más alta desde 1991», argumentaron.
Docentes y estudiantes realizaron una clase pública frente al Ministerio de Educación para reclamar más presupuesto para las becas Progresar, congeladas desde el año pasado.
Según la resolución 7/2019 del Ministerio de Educación, publicada el 1º de febrero en el Boletín Oficial, los valores de las becas son los mismos que se registran desde febrero de 2018. El estímulo para finalizar los estudios se mantiene con un mínimo de 1.250 pesos y un tope de 4.900 para quienes cursen carreras catalogadas como «estratégicas».
Conflictos privados
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz inició el martes 12 un paro total en Sinopec ante la intención de la empresa china de reducir la actividad en la región.
Un operario que cumplía funciones en la empresa Cofco de Puerto General San Martín, murió después de caer desde una pasarela a 15 metros de altura. Walter Quiroz, de 25 años, era empleado de la empresa Electrolux y trabajaba desde hace 8 meses en la instalación eléctrica de las nuevas maquinarias que funcionarán en la zona destruida por el incendio ocurrido en diciembre de 2017.
La muerte de Quiroz es la segunda que ocurrió en una cerealera en lo que va del año. El 6 de enero, Fernando Peña, un camionero de 35 años, falleció con el 90 % de su cuerpo quemado cuando cayó sobre residuos hirviendo en la cerealera Louis Dreyfus de Timbúes, a 40 kilómetros de Rosario.
El siniestro se produjo mientras en la sede de la aceitera Cofco ubicada en Valentín Alsina (Buenos Aires) se da un fuerte conflicto laboral en el marco del cierre intempestivo por parte de la multinacional el pasado 4 de enero que dejó a 195 familias en la calle.
El domingo, familias aceiteras compartieron un festival con vecinos, con obreros y obreras de otros sectores y con la militancia social que se solidarizó con el conflicto.
Trabajadores despedidos de la empresa textil Iteva Yersiplast, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, insistieron en denunciar que la firma «solo quiere pagar el 30% de las indemnizaciones».
Las desvinculaciones de unas 75 personas se dieron a fines de diciembre del año pasado, y pese a que había un compromiso para saldar lo adeudado durante las primeras semanas de enero, eso no ocurrió.
«Solo nos pagaron vacaciones no gozadas, algunos preavisos y partes del sueldo que nos debían, pero las indemnizaciones no», señalaron los empleados de la firma.
Desde hace una semana los empleados acampan en la puerta de la firma con el objeto de ser escuchados. Las desvinculaciones se dieron en el marco de un preventivo de crisis que solicitó la empresa, aunque los delegados de la firma aún no recibieron la confirmación respecto a su homologación.
La fábrica Cerámicas Cañuelas suspendió a sus 160 trabajadores por lo menos hasta fines de marzo y su futuro es incierto, según informaron fuentes gremiales.
En Neuquén, trabajadoras y trabajadores ceramistas realizaron una acción sobre la ruta 7 para informar a la comunidad sobre el peligro de remate y desalojo de la cooperativa Cerámica Neuquén, que afecta 80 familias.
Los trabajadores de la señal de cable C5N se movilizaron el miércoles hacia la Cámara Nacional en lo Comercial, luego de que un fallo de los jueces Juan Garibotto, Pablo Heredia y Gerardo Vassallo permitiera el embargo de la cuenta sueldo del Canal. Sindicatos y televidentes se acercaron para apoyar a los trabajadores y trabajadoras que reclaman su derecho a cobrar el salario.
La empresa de transporte Ersa Urbano SA anunció que entró en concurso preventivo de acreedores debido a una fuerte crisis financiera producto de la «devaluación, la suba de costos operativos por la inflación y el atraso tarifario».
Si bien seguirá operando al menos por ahora en las ciudades donde tiene presencia, la compañía ya decidió cesar su actividad en la ciudad de Santiago del Estero, la cual representaba un 8% del total de sus operaciones de transporte urbano.
Las dos decisiones, dijo la firma en una solicitada, tienen por objetivo proteger el trabajo de 4.232 personas y familias, que de manera directa trabajan en la empresa y garantizar la continuidad y regularidad del servicio en distintas jurisdicciones del país.
Acuerdo salarial a la baja
Las fábricas radicadas en la Isla de Tierra del Fuego y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerraron un nuevo acuerdo que no favorece a los trabajadores. En 2017 ya habían firmado otro polémico acuerdo «con miras a sostener el empleo y la actividad industrial» , en donde las partes se pusieron de acuerdo y accedieron a no tener paritarias por dos años a cambio de mantener los puestos de trabajo.
En este nuevo acuerdo las empresas aceptaron pactar un incremento salarial extraordinario del 24% «para atenuar la pérdida del poder adquisitivo» muy por debajo de la inflación, que llegó casi al 50%.
Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), el acuerdo alcanzado con la UOM representada por sus seccionales Río Grande y Ushuaia, el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego dijeron que «es una ratificación del Acuerdo por la Competitividad y el Empleo del 13 de noviembre de 2017».
«Estamos en una situación conflictiva, en esta fábrica [Carrier] hace la limpieza la empresa Angus, ellos nos han comunicado que los trabajadores están suspendidos sin goce de sueldo, ya que ellos no tienen posibilidad de cobrar nada a Carrier, ya que le cortaron el servicio», indicó el Secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio-Río Grande, Daniel Rivarola, y agregó: «Carrier no es la única, ya que hay que involucrar a Radio Victoria y Electro Fueguina, ya que son las tres electrónicas denunciadas en el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con las empresas de limpieza, por no reconocer el salario».
Una encuesta de SEL Consultores entre 118 grandes compañías estimó que el aumento de salarios para los trabajadores bajo convenio en 2019 será de 30%. Para aquellos empleados jerarquizados o fuera de convenio será de 29%.
Esto significa que los incrementos planificados por esas firmas están en sintonía con la inflación esperada, según el Relevamiento de Expectativas (REM) del Banco Central (BCRA), que en su última entrega la proyectó en 28,5%. Sin embargo, tras la difusión del IPC de enero, algunas consultoras ya estiman que la suba de precios de este año será de 31%.
«Claramente, los salarios han tenido una pérdida muy fuerte en 2018», afirmó María Laura Calí, directora de SEL Consultores. Según la firma, el promedio de ajuste salarial para personal fuera y dentro de convenio el año pasado fue de 33%. La inflación fue de 47,6% en 2018.
«Tenemos unos 15 puntos por debajo de los incrementos de salarios con relación a la inflación acumulada. Es una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo», agregó la socióloga. «El dato más alarmante es que en 2019 no se van a recuperar. En el mejor de los casos, las empresas acompañan la inflación», cerró.
Mientras tanto, el SUTPA (trabajadores de peajes) consiguió la reapertura de las paritarias, adicionó un 15,5% y un bono de fin de año de 18.825 pesos y llevó el aumento final anual al 40,5%.
El entendimiento, que adelantó la cláusula de revisión estipulada inicialmente para marzo de 2019, rige para los 7.000 empleados de la actividad.
Reforma laboral
El secretario general del SMATA, Ricardo Pignanelli, se quejó de que el Gobierno está haciendo una reforma laboral «de prepo» y «una flexibilización de hecho por la desocupación», al tiempo que advirtió sobre el conflicto en el yacimiento de Vaca Muerta a pesar del acuerdo de productividad que había forjado el Ejecutivo para evitar despidos y medidas de fuerza.
Mientras Mauricio Macri y Paolo Rocca pelean por una multimillonaria suma en concepto de subsidios para la producción en el yacimiento Vaca Muerta, los que parecen empezar a pagar las consecuencias de esa batalla son los trabajadores petroleros.
Tecpetrol, la firma de Rocca que está emplazada en esa zona, está a un paso de comenzar con los despidos dentro del plan de desinversiones para presionar al Gobierno Nacional.
«El resto de los operadores están trabajando normalmente sin bajar inversiones», precisó Guillermo Pereyra, secretario General del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Pereyra había aceptado flexibilizar el convenio colectivo para abaratar los costos laborales en Vaca Muerta y hasta firmó un pacto en el que garantiza que no habrá huelgas. Sin embargo, «la semana que viene va a haber despidos en Fortín de Piedra», confirmó el petrolero.
L a Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (Fadeeac) insistió en las últimas horas en modificar el convenio laboral de los camioneros.
La Comisión Directiva de la Federación Nacional de Camioneros rechazó «rotundamente» los cambios y ve detrás de la iniciativa al oficialismo. De hecho en el último encuentro funcionarios gubernamentales acompañaron a los dirigentes empresariales a la reunión de la actividad.
Los cambios promovidos por los empresarios buscan quitar el adicional a quienes manejen bi-trenes, la creación de un banco de horas, eximir del pago del adicional de comida para jornadas reducidas e incorporar la categoría laboral «Aprendiz» para bajar los salarios de los choferes cuando se inician.
Además proponen eliminar el adicional por vacaciones, rever el porcentual con el que se pagan las horas extra, bajar los viáticos, atar el bono de fin de año al presentismo y eliminar el pago de indemnizaciones a los trabajadores que consigan continuidad laboral en otras firmas.
En medio del reclamo de los trabajadores marítimos que exigen una recomposición salarial del 45%, las empresas navieras nucleadas en la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) volvieron a manifestar su intención de modificar los convenios colectivos.
El Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que conduce Raúl Durdos, tomó la medida de trabajar a reglamento por tiempo indeterminado, para reclamar por la recomposición salarial.
Desde el gremio criticaron la «intransigencia empresaria» para las negociaciones en el marco de la Conciliación Obligatoria, por lo tanto, vencida ahora, retomaron la medida de forma legal.
«La FENA sólo pretende que entreguemos los Convenios Colectivos de Trabajo y nuestra respuesta continuará siendo la misma: los convenios no se tocan», manifestaron desde el SOMU.
En una entrevista, Gonzalo Mórtola, el interventor de la Administración de puertos, señaló que las terminales funcionarían «en condiciones óptimas» con 1.050 trabajadores.
Sin embargo, el acta acuerdo firmada con la gestión Cambiemos habla de sostener todos los puestos de trabajo en las nuevas licitaciones. Hoy son en total 1.550, es decir 500 puestos más.
En este 2019 Trabajo no logró instalar la flexibilización ni en los textiles, ni en los metalúrgicos. En este contexto se vuelve estratégica la pelea que los marineros del SOMU mantienen por no tocar los convenios. En definitiva, esa podría ser la punta de lanza para que el «plan Sica» de flexibilización de los Convenios colectivos se extienda a toda la actividad.
Fuentes: El Ciudadano, Clarín, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Anred, Red Eco Alternativo, marcha.org.ar, argentina indymedia, Tiempo Argentino, Página12.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.