A sólo tres días del anuncio del gobierno nacional del tope del 400 % ciento para las facturas de gas, organizaciones de defensa del consumidor, clubes de barrio, espacios culturales, pequeños comerciantes, vecinos autoconvocados y organizaciones sociales se convocaron y manifestaron el jueves 14 desde las 20:00 con cacerolazos, ruidazos, cortes y movilizaciones en calles, […]
A sólo tres días del anuncio del gobierno nacional del tope del 400 % ciento para las facturas de gas, organizaciones de defensa del consumidor, clubes de barrio, espacios culturales, pequeños comerciantes, vecinos autoconvocados y organizaciones sociales se convocaron y manifestaron el jueves 14 desde las 20:00 con cacerolazos, ruidazos, cortes y movilizaciones en calles, veredas y plazas de diferentes puntos del país en rechazo al incremento de las tarifas de gas, electricidad y otros servicios en un escenario de creciente inflación y despidos en aumento. Hubo convocatorias en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y otros puntos del país, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Tierra del Fuego, entre otras. «No al Tarifazo» y «Chau Aranguren», fueron las principales consignas.
Sin que mediara una auditoría de las empresas de servicio que percibieron una cifra superior a 30.000 millones de dólares de subsidios, cuyo destino desconocemos, el gobierno pretendió aplicar un tarifazo para cubrir, según dicen, el 90% del costo del gas, aunque seguimos sin conocer su verdadero costo de producción.
«Si miramos la multiplicación de conflictos y la parálisis de la obra pública, la situación no es estable. Está decididamente peor que en diciembre», dijo Juan Carlos Schmid, líder de la CATT y adelantó que los sindicatos del transporte llevarán al plenario de la CGT del 4 de agosto la postura de «iniciar un plan con medidas de fuerza».
El sector automotriz aparece como uno de los más golpeados. SMATA denunció suspensiones en casi todas las plantas, excepto las que fabrican tractores. La producción automotriz registró una caída de 20% en junio en comparación a igual mes del año anterior. La exportación a Brasil fue un 47,2% menor que en junio de 2015. Aunque las ventas a las terminales crecieron un 9,2%, apenas un 38% corresponde a vehículos de fabricación local. Los dos tercios restantes son unidades importadas, en particular desde Brasil, ya que las terminales están aprovechando la diferencia cambiaria favorable para traer unidades desde aquel país con un mayor margen de ganancia.
Esta fuerte crisis fue potenciada por el incremento de costos tras el tarifazo. Terminales de Córdoba iniciaron la semana pasada con un pico de suspensiones de personal que afectará a casi 4.150 trabajadores del sector, destacándose el de 500 empleados en la fábrica de camiones Iveco por cinco días hábiles.
Fiat y Volskswagen comunicaron también a parte de la plantilla que reducirán jornadas laborales, debido al sobre stock de vehículos por la falta de demanda. Las autopartistas, que no sólo tienen dificultadas por la caída de la actividad sino que ahora enfrentan la competencia de importaciones por la apertura, también evalúan aplicar suspensiones. La producción de automóviles anotó 224.038 unidades en el primer semestre, con retroceso de 14 % interanual, según la cámara que agrupa a fabricantes de autos (Adefa).
A las miles de suspensiones que se registran en las plantas cordobesas de Iveco, Fiat, VW y Renault, se le sumó un conflicto con los obreros tucumanos en la empresa Scania. En las últimas horas se conoció que la gigante firma líder en fabricación de camiones, resolvió suspender a la totalidad de su personal: unos 360 operarios.
«Tenemos una suspensión de dos semanas para la totalidad de los trabajadores», comentó Luis Duarte, secretario General de SMATA Tucumán. El gremio acordó que mientras se mantiene el período de suspensiones, los obreros percibirán el 75% de su salario.
«En algunos lugares la situación es compleja y claramente hay menos consumo», planteó Roberto Brunello, de la Federación Hotelera Gastronómica (FEHGRA). La UOCRA denunció la pérdida de 50.000 puestos de trabajo entre noviembre y junio. La desocupación afecta en forma severa a las provincias de Río Negro y Neuquén, especialmente en el sector petrolero y la fruticultura.
En la Cuenca neuquina hay unos 1.500 operarios suspendidos cobrando sueldos mínimos de $ 12.000. Y otros 1.000 trabajadores fueron despedidos. En Añelo, la capital de Vaca Muerta, YPF-Chevron bajaron 20 equipos de perforación.
En Río Negro, la crisis de la fruta ha generado que miles de trabajadores tuvieran que buscar nuevos destinos, afectando las actividades de poda que se desarrollan en estos días.
Junio fue el mes que registró la mayor baja del consumo en el año: 9,8%. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con estos resultados, en el primer semestre la retracción alcanzó el 6,4% interanual, siendo el sexto mes consecutivo en que las ventas se retraen. «La situación es grave, porque no se trata de una retracción por expectativas desfavorables, sino por la pérdida concreta de ingresos en muchas familias que las obliga a recortar su canasta de consumo», afirmó la Cámara que agrupa a pequeños y medianos comercios.
Según la Unión Industrial la elevada tasa de interés y la apertura de importaciones, provocó una baja del 8% de la cantidad de horas extras en el primer trimestre, que sería bastante mayor en el segundo, y generó que las empresas decidan suspensiones, anticipos de vacaciones y licencias. La entidad alertó de una caída interanual del 5% en la actividad industrial (en el período enero-mayo se registra una caída del 2,9% respecto de los mismos meses del 2015). «Advertimos que los depósitos están llenos de mercadería y no se puede seguir produciendo si no se vende. La tasa de interés es muy alta, con ese nivel no hay negocio en el mundo que aguante», enfatizó Teddy Karagozian, de la textil TN Platex, que tiene suspendidos 400 trabajadores.
El salario industrial tuvo un aumento promedio de 31,6% en el primer trimestre, según el INDEC, comparado frente a igual lapso del año anterior, pero la inflación oficial a marzo fue del 35%, mostrando una caída promedio en el poder de compra de los trabajadores.
Según el IPC-Congreso que difunden los diputados, la elevada inflación de los últimos 7 meses (31,9% desde diciembre) «ha significado una reducción de compra de la Asignación Universal por Hijo de $ 105 y del haber mínimo jubilatorio de $ 540.
En el distrito más rico del país
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de los porteños ocupados -750.000- gana menos de $ 10.000 mensuales, de acuerdo a las cifras del primer trimestre de este año difundidas por la Dirección de Estadísticas y Censos.
El 30% -450.000- cobraron menos de $ 8.000 y el 20% -300.000- menos de $ 6.000. Las cifras difieren según los barrios. Por ejemplo, los ingresos promedio de los que viven en la zona sur son 40% inferiores a los de la zona norte.
De la comparación entre ingresos y gastos necesarios de una canasta básica de consumo surge que hay una enorme brecha, ya que al 31 de marzo para un matrimonio sin hijos eran necesarios $ 10.736 mensuales y con dos hijos menores ascendía a $ 17.531.
Estas cifras son anteriores al fuerte aumento de la inflación que se produjo desde abril, entre otras cosas, por el incremento de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos, de donde se desprende que las cifras del segundo trimestre marcarían una situación porteña aún más deteriorada.
Asimismo, la población porteña en situación de calle creció entre un 20 y un 40% en lo que va de 2016 respecto del 2015, según las organizaciones que trabajan en la problemática «se trata de personas nuevas en la calle. Uno se da cuenta por las costumbres, el vocabulario, la vestimenta, son personas que se quedaron sin laburo, les aumentó todo y no pudieron pagar más un alquiler o las desalojaron, y muchas son familias». La ONG Médicos del Mundo asegura que las personas que «sobreviven» en las calles porteñas son más de 16.000.
En tanto, desde el gobierno porteño informaron que el promedio de llamados a la línea gratuita de asistencia social se incrementó un 50%.
En el sur
Los metalúrgicos de Río Grande pararon y se movilizaron el miércoles 13. La medida se extendió entre las 14 y las 17 horas. Fue para expresar la marcada preocupación que existe por la situación del sector industrial.
El Secretario de Organización de la UOM Río Grande, Marcos Linares, destacó que, «se atraviesan situaciones de reducción de jornada laboral en planta, de planteos de suspensiones por tiempos extensos, y esto preocupa. Se da en un contexto en el cual un montón de compañeras y compañeros que estaban siendo parte de los planteles hasta fines del año pasado, no hemos logrado que tengan alguna proyección de continuidad laboral».
Linares dijo que, «incluso hay empresas que manifiestan que está sobrando gente, barajando la posibilidad de producir despidos entre el personal efectivo».
Al ser consultado sobre la postura del Gobierno nacional y el provincial, el dirigente de UOM respondió que, «las posturas generan preocupación, como mínimo respecto del Gobierno nacional. Entendemos, producto de muchísimas expresiones, que una de las metas de este Gobierno no sería la profundización del modelo industrial que se venía llevando a cabo, sino muy por el contrario, aparentemente se quiere apuntar al rubro servicios y agroexportador, con lo que todo eso significa».
«En el caso de Famar estamos con una reducción de jornada de 3 horas y media; en el caso de Brighstar, después de una serie de discusiones, también estamos con una reducción de jornada que contempla trabajar cuatro días a la semana e incluso en el transcurso del mes en curso una semana completa en la cual la fábrica no va a producir. Estamos discutiendo y analizando cada una de las situaciones, porque dependen mucho de la realidad de cada una de las plantas, de los productos que elaboren; en KMG estamos tratando que el tiempo de suspensión sea menor y defendiendo el salario de los compañeros», detalló Linares.
La Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Santa Cruz y la Unión de Gremios y Jubilados de Tierra del Fuego dispusieron para el jueves 14 de julio, la primer jornada de paro y movilización conjunta en el marco del Encuentro Patagónico.
El principal reclamo de la jornada fue el no pago del aguinaldo en tiempo y forma, la defensa de la Caja de Previsión y el pedido urgente de normalización de la Caja de Servicios Sociales.
También el reclamo por la resolución de las denuncias realizadas contra magistrados y funcionarios (Judiciales), el reconocimiento de los gremios que han sido excluidos de la paritaria (APROSA) y a los que se les adeuda la ampliación del ámbito de actuación (SITRAIC), y el pago urgente de aportes sindicales retenidos (ADOSAC, ATE).
Gran malestar provocó el comunicado emitido por el gobierno municipal de Caleta Olivia (Santa Cruz) que aseguraba que los trabajadores municipales sólo cobrarán el 50 % del sueldo de junio. Por lo tanto, mantuvieron el paro total de actividades y movilizaron a El Gorosito «para resolver cómo seguimos y estamos dispuestos a volver a la ruta pase lo que pase».
A días de anunciar la paralización y la suspensión de todo su personal en Villa Mercedes, San Luis, ahora Cerámica San Lorenzo anunció la suspensión por 45 días de todo el plantel de su fábrica, de 106 trabajadores, de Puerto Madryn (Chubut).
En el norte
En plena zafra azucarera, el Ingenio San Martín de Tabacal (Salta), está paralizado desde hace casi 40 días. La discusión entre la empresa, perteneciente a la estadounidense Seaboard Corporation y el Sindicato de Trabajadores del Azúcar radica en el intento empresario de incorporar un cuarto turno durante los seis meses que dura la temporada de molienda de caña. Según los trabajadores con esta medida perderían el 37% de sus ingresos.
Obreros del Ingenio Ledesma (Jujuy) continúan el corte de la Ruta Nacional 34 a la altura del acceso sur de Libertador General San Martín en reclamo de mejoras salariales. Las negociaciones con la empresa pasaron a un cuarto intermedio.
La Ruta 34 está cortada desde el jueves 14 por los trabajadores azucareros tras una decisión del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), a raíz de la violenta represión a una protesta de los huelguistas cuando se dirigían hacia la planta de gas, en el interior del predio de la empresa.
El lunes hubo una nueva reunión en la que las partes no alcanzaron ningún acuerdo, si bien la empresa mejoró su propuesta inicial. El nuevo ofrecimiento será analizado en asamblea por el sindicato, que lleva adelante un paro por tiempo indeterminado, y donde también se va a definir cómo va a seguir la protesta en la ruta.
La empresa Salta Refrescos, que embotella y distribuye la gaseosa Coca Cola en la provincia y en gran parte del norte del paí¬s, despidió a 51 trabajadores, lo que provocó el comienzo de protestas gremiales y el inmediato dictado de la conciliación obligatoria por parte de la autoridad laboral local.
No obstante, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas (Sutiaga), Juan Ortega, detalló que «no se observa predisposición empresaria para modificar la decisión, por lo que continuarán las medidas de fuerza».
El gerente de la firma, Oscar Yáñez, aseveró a medios salteños que las cesantías obedecieron a «la crisis del mercado, que afectó a la empresa, por lo que la decisión es irreversible».
Con un comunicado, Massalin Particulares informó que cerrará su planta en la provincia de Tucumán. La tabacalera tiene una planta de compra y acopio ubicada en el sur tucumano, en la localidad de La Cocha. Allí trabajan 20 personas.
El comunicado indica que habrá 60 nuevos despidos en las plantas de Goya (Corrientes) y Merlo (provincia de Buenos Aires), donde se fabrican los cigarrillos. A principio de mayo, los trabajadores denunciaron 24 despidos en dichas plantas. La tabacalera cuenta además con una planta de procesamiento de tabaco en Rosario de Lerma (Salta) y centros de acopio en Perico (Jujuy) y Alem (Misiones), ocupando de conjunto a más de 2.500 operarios.
Desde la tabacalera argumentan que la decisión es producto de la política impositiva del gobierno. Se trata del aumento de impuestos ocurrido en mayo con su consecuente suba del 40 % en los precios de venta.
Alpargatas decidió no renovarle el contrato a 70 trabajadores que ingresaron hace seis meses a la fábrica que funciona en Tucumán, desvinculaciones que tienen relación con la situación económica de la firma, según lo manifestado por el gremio, que teme que el próximo paso sean «suspensiones, reducciones horarias o adelanto de vacaciones» al personal de planta permanente.
Por los gremios
Los gremios Suteba, FEB, Amet, Sadop y UDA se concentraron el martes 12 en la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir la «convocatoria técnica salarial en base al incremento de la canasta básica y los tarifazos que ocurrieron en los últimos meses».
También rechazaron el plan «Compromiso con la educación» anunciado por Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner. Los sindicatos afirmaron que las «pruebas estandarizadas» son un «gran negocio de las empresas evaluadoras», y que tienen como objetivo el «vaciamiento de la educación pública».
La Federación de Educadores Bonaerense (FEB) resolvió realizar una movilización por la ciudad de La Plata el próximo 1° de agosto en reclamo de una recomposición salarial y otras reivindicaciones sectoriales.
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne lanzó el miércoles 13 un paro nacional por tiempo indeterminado en todos los frigoríficos de carne roja del país. La medida se tomó tras el fracaso de las reuniones con empresarios en el Ministerio de Trabajo. «La intransigencia patronal nos obliga a retomar las medidas hasta que logremos el salario básico de $ 14.000 por un trabajo de 200 horas mensuales, como venimos reclamando», sostuvo el secretario general Alberto Fantini.
El titular del gremio de horticultores, Gustavo Arreseygor, dijo que «por falta de ventas, altos impuestos, e incremento de los agroquímicos peligran 2.000 empleos». Advirtió que «el precio del tomate y el morrón podría dispararse a 200 pesos el kilo a fin de año si no se soluciona este problema».
«El Estado tendría que ayudar con subsidios o algo para que los productores no sigan despidiendo trabajadores, tenemos serios problemas en el cinturón hortícola platense; en Mar del Plata, en Villarino, con el tema de la papa, en Bahía Blanca, en Pilar, en Escobar, donde están dejando sin trabajo a mucha gente, debido a la caída en las ventas», expresó Gustavo Arreseygor.
El titular del gremio de pilotos, Pablo Biró, sostuvo que el macrismo liquidó Sol Líneas Aéreas para que desembarque Avianca de la mano de Franco Macri. Además señaló que Aerolíneas Argentinas hace operaciones de prensa para reducir salarios.
Los gremios aeronáuticos iniciarán en agosto las discusiones salariales por primera vez con la gestión de Costantini dado que la paritaria que está en vigencia vence el 31 de ese mes y el nuevo acuerdo debe regir desde el 1 de septiembre.
Costantini deberá sentarse a la mesa de negociación con los gremios de pilotos (APLA y UALA), de aeronavegantes (AAA), de personal superior (UPSA) y de empleados en tierra (APA).
El Centro CEPA presenta su Informe laboral donde al 30 de junio de 2016 se contabilizan 179.285 despidos y suspensiones acumulados desde diciembre de 2015. Esta cifra indica un incremento de 6,99% en el mes de junio respecto del relevamiento presentado al 31 de mayo que había arrojado un total de 167.564 despidos y suspensiones.
Se manifiesta una continuidad de los despidos en el mes de junio, contradiciendo el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales grupos económicos empresarios el pasado 9 de mayo, que suspendía los despidos por seis meses. Seguidamente, se constata un aumento de despidos en el sector servicios, representando casi el 25% de los despidos del mes en concomitancia con el menor incremento de despidos en la industria. En tercer lugar, cabe indicar que si bien en numerosos casos las denuncias y movilizaciones estuvieron encabezadas por la representación sindical correspondiente, también se han detectado diversos casos de despidos que han salido a la luz por denuncias de trabajadores que, al mismo tiempo, han señalado la connivencia del sindicato con la patronal. Como cuarto elemento, es interesante remarcar que las empresas que ajustan planteles son reconocidas marcas de cada rubro, información que se ubica en línea con los datos provistos por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en torno a la destrucción de puestos de trabajo en grandes empresas (de más de 5.000 ocupados) y confirma una hipótesis sostenida en informes anteriores: la ola de despidos del sector privado significó una virtual habilitación al poder económico local y extranjero para reducir bruscamente los costos laborales.
Paralelamente, el trabajo «en negro» aumentó más de un 40 % en el primer semestre. Los datos surgen de un sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) desde el 1 de enero hasta el 30 de junio pasado en referencia al mismo período de 2015. Los despidos masivos, en el ámbito público y privado, la baja rentabilidad de las pymes y la inestabilidad económica habrían favorecido la precariedad contractual.
Estos datos muestran que «en los primeros seis meses se registró uno de los peores comportamientos del mercado de trabajo de los últimos años, ya que a la desocupación se suman las suspensiones, los incumplimientos en los aportes y la caída del empleo registrado». En ese sentido, «si se compara con lo sucedido en años anteriores, se vive una situación de tal magnitud que no se registraba desde el 2008-2009, cuando el país sufrió los embates de la crisis mundial».
Por su parte, el informe arrojó que «el 91, 6 % de los trabajadores dijeron que aceptaron estas nuevas condiciones de precarización laboral por el temor que les genera la posibilidad de perder sus empleos».
Medios
La policía que amparó a los matones que destrozaron Tiempo Argentino y Radio América abrió una causa a Agustín Lecchi, Secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), en su carácter de responsable de una movilización.
La imputación es por cortar la calle y obstaculizar el tránsito, situaciones derivadas de la participación multitudinaria de compañeras y compañeros en la Radio Abierta realizada contra la patota, por los puestos de trabajo y en defensa de la libertad de expresión.
La masiva concentración se debió además a la demora de los patovicas en presentar a sus abogados lo que retrasó la audiencia y provocó que los trabajadores que en gran número se solidarizaron con sus pares de Tiempo Argentino y América debieran ubicarse sobre la calzada.
En un comunicado los trabajadores sostienen que la sanción que se pretende aplicar no es un ataque a un compañero sino a la lucha del SiPreBA, y de las y los trabajadores organizados de Tiempo Argentino y Radio América.
El Gobierno decidió intervenir Radio América AM 1190. Mediante una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se declaró la caducidad de la licencia del medio.
Ramiro Masjuan, quien asumió el lunes como delegado normalizador, aseguró que la situación de los 120 trabajadores que no cobran sus salarios desde diciembre, serán «una prioridad».
La designación de un organismo regulatorio se dio luego de la denuncia de la AFIP contra las empresas que formaban parte del Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, por evasión de aportes impositivos de la seguridad social, que implica una causal de caducidad de la licencia de Desup, titular de Radio América.
Radio América pasaba música después de haber sido tomada violentamente por Martínez Rojas.
El plan ilegal de abono de sueldos segmentados que de todos modos no cumplen, llevó a que los trabajadores de Radio del Plata hicieran paros rotativos la semana pasada y a que en las últimas horas volvieran a manifestarse con batucadas en el interior de los estudios centrales irrumpiendo en el aire de programas como el que conduce Carlos Polimeni, así como también con protestas en la vereda de Gorriti 5963.
La Interradial/SiPreBA exige al grupo empresario Electroingeniería que deje de engañar a sus asalariados y que pague de manera inmediata la totalidad de los haberes adeudados así como las coberturas en materia de Obra Social. Lo mismo va para el Ministerio de Trabajo que ha recibido las denuncias del caso y no utiliza las herramientas que tiene a su alcance para apercibir a la patronal a que cumpla con sus compromisos.
El SATSAID decidió un paro nacional para el 20 de este mes en todos los canales de cable y circuitos cerrados, luego de considerar «agotadas» las negociaciones con la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), la cámara del sector.
En relación con la actividad de cable, el SATSAID consideró que el 33% en tres pagos propuesto por los empresarios «está lejos de satisfacer la demanda del gremio del 42%».
En relación con las negociaciones con los canales abiertos y productoras de televisión, la solicitud de adelantamiento de las paritarias -la vigencia del aumento salarial es de octubre a septiembre de cada año- «no tuvo una respuesta positiva de las cámaras, por lo que el Consejo Directivo Nacional decidió asambleas en los canales abiertos y productoras para el 20 a fin de informar a los trabajadores y solidarizarse con la protesta».
Economía Popular
Ayer, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) movilizó 25.000 personas por el microcentro porteño, presentando petitorios en los Ministerios de Desarrollo Social, Vivienda, Trabajo y Energía, bajo la consigna «Cooperativas en defensa del Trabajo, por más Obras y menos Tarifazo». También contaron con el apoyo del sindicato de Obreros Curtidores, la Federación Gráfica Bonaerense y la CTA (T), entre otras organizaciones sociales.
Christian Miño, presidente de la CNCT, manifestó que «esta fue la marcha más importante del sector en la historia de nuestro país, demostramos que el movimiento cooperativo está más fuerte que nunca y que no va a permitir que le quiten su dignidad». Con respecto a la respuesta del gobierno nacional, adelantó que «se comprometieron a continuar la negociación la semana que viene».
En la Secretaría de Vivienda y Hábitat fueron atendidos por el Director Nacional de Coordinación de Políticas y Programas Habitacionales, Ramiro Masjuan, quien se comprometió a pagar los certificados de obra adeudados; crear un Programa de Vivienda para las Cooperativas de la CNCT; y trabajar en los barrios de viviendas que dejaron sin terminar las empresas lucrativas.
En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se comprometieron, a través de una nueva resolución, a otorgar a todo tipo de cooperativas la ayuda económica individual del Programa de Trabajadores Autogestionados (PTA), y quedó una próxima reunión para armar una Mesa de articulación entre la CNCT y el Ministerio.
En el Ministerio de Energía fueron recibidos por el Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Ing. Andrés Chambouleyrón, quien derivó la solución al próximo lunes, en una reunión junto al Ministerio de Desarrollo Social. Las cooperativas le pidieron un régimen diferencial de tarifas, para hacer frente a los aumentos.
También se entregó un petitorio al Ministerio de Desarrollo Social, recibido por el Subsecretario de Abordaje Territorial, Fernando Reggio, pidiendo nuevas altas y aumento del Programa Argentina Trabaja a $ 5.000, entre otros puntos.
El carácter de la marcha fue federal, ya que participaron cooperativas de provincias de todo el país, como Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Juan y Mendoza.
Este martes 19 de julio, se instalaron 100 ollas populares en distintos puntos de la Capital Federal como forma de reclamo y visibilización de la dura situación que están pasando los más humildes en la Ciudad de Buenos Aires. La jornada comenzó a las 7 de la mañana, en Callao y Corrientes. A las 12:00 se realizaron las 100 ollas en simultáneo y el cierre fue a las 20 horas en las inmediaciones del Congreso.
La jornada de lucha, organizada por la CTEP-Seccional Capital y Barrios de Pie, alza el reclamo al Gobierno de la Ciudad de los siguientes puntos:
* Puestos de trabajo genuino,
* Cese de las políticas represivas para los y las trabajadores/as de la vía pública,
* Construcción, terminación de viviendas y urbanización de las villas realizadas por cooperativas de trabajo,
* Alimentos para comedores y merenderos comunitarios.
Ese día también protestaron en Av. De Mayo y 9 de Julio trabajadores y desocupados de Tartagal y de pueblos originarios Misión 9 de Julio, Misión Los Tobas, Misión Tapiete y Misión La Loma, que viajaron 2.000 kilómetros desde Salta, ante la grave situación social y falta de respuesta del gobierno nacional.
Denuncian abandono de persona por los gobiernos nacional y provincial en sus localidades y en toda la zona norte del país, donde se había prometido el Plan Belgrano de obras públicas que implicaba puestos de trabajo en la construcción de redes de agua, cloacas, cordones cuneta, plazas, etc., pero que hasta el momento solo parece ser una ilusión o una mentira ya que toda la obra pública está parada y tampoco hay iniciativa privada.
En la provincia de Salta las comunidades wichis cortaron la Ruta 86 Km 5 y Tonono.
En los últimos días han ido subiendo de tono las amenazas y hechos de amedrentamiento a Juan Carlos Alderete, su familia y los colaboradores más estrechos del dirigente de la Corriente Clasista Combativa (CCC).
La continuidad de las amenazas, el forzamiento en dos oportunidades del portón de la casa de Alderete, la última este viernes después de una conferencia de prensa, que provocó la caída del mismo sobre un compañero al que le produjo serias lesiones, la agresión física y heridas de cuchillo al hijo de Jorge Mazzina, dos mensajes a la esposa del compañero Héctor Osorio que le van a entregar a su marido en un cajón, mensajes con amenazas de muerte a la compañera Roxana Pena, la presencia de autos de alta gama con vidrios polarizados frente a la casa de los compañeros y muchas otras que sería largo enumerar, han decidido a la CCC a lanzar una campaña nacional y una jornada de lucha el jueves 28 de julio en todo el país para denunciar y frenar las amenazas y agresiones.
Ley de primer empleo
La Ley de primer empleo que impulsa el Gobierno en el Congreso, y que motivó la semana pasada un fallido de Mauricio Macri, entró en un laberinto del que el oficialismo parece impedido de salir. El proyecto cuenta con una oposición cerrada de la mayoría de los bloques en Diputados pero la línea dura de Cambiemos dice estar resuelta a impulsarla, incluso frente a la posibilidad de asumir el costo político de una derrota legislativa.
El plan contempla exenciones para los empresarios dispuestos a incorporar a trabajadores de 18 a 24 años con escaso tránsito en el mercado laboral. Los empleadores en esos casos serán beneficiados con la reducción de contribuciones patronales y con incentivos durante los tres primeros años del vínculo laboral.
Para los bloques peronistas, y en particular los legisladores de extracción sindical, se trata de un remedo de los proyectos de flexibilización propios de los ’90, ideados para reducir el costo laboral pero sin un resultado comprobado de apuntalamiento del empleo. De hecho, una de las principales preocupaciones en la oposición es que la puesta en práctica de esa modalidad termine por generar el reemplazo de empleados con antigüedad por otros nuevos, a menor costo.
El viernes pasado, durante un acto, Macri festejó y agradeció que el Congreso «haya aprobado» la norma, que en rigor está bajo estudio de la Comisión de Trabajo, la primera por la que debe transitar en la Cámara baja. En los bloques no macristas confirmaron que el proyecto está muy lejos de avanzar.
Fuentes: Clarín, El Argentino, Tiempo Argentino, www.ambito.com, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Indymedia Argentina, Red Eco Alternativo, Anred, APU, SiPreBA, www.interradial.wordpress.com, Página 12, Colectivo Radio Pueblo y Radio Capoma (Jujuy), Diario Popular .
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