La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) lleva 18 meses con producción frenada y atrasos en los pagos. Lo único seguro es que en 2019 se mantendrá un plantel de 100 trabajadores para mantenimiento de equipos. Los 229 que restan sólo tienen asegurado los sueldos hasta diciembre de este año. De 450 empleados que […]
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) lleva 18 meses con producción frenada y atrasos en los pagos. Lo único seguro es que en 2019 se mantendrá un plantel de 100 trabajadores para mantenimiento de equipos. Los 229 que restan sólo tienen asegurado los sueldos hasta diciembre de este año.
De 450 empleados que tenía la planta, hoy sólo quedan 329. Ese número se verá ampliamente reducido, ya que según les informaron desde la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sólo se necesitan entre 100 y 120 trabajadores. Quienes hoy están en relación de dependencia en la planta tienen garantizados los sueldos hasta diciembre.
«ENSI tiene dos unidades de negocios. Una es la Planta de Agua Pesada y otra que presta servicios a empresas petroleras, en operación y mantenimiento. Lo que quieren es achicar gente en la planta y sumarlos a los servicios a terceros», informó el delegado de la Junta interna de ATE-PIAP, Pablo Sosa.
Por otra parte, Vaca Muerta hoy es un sector muy explotado en esa provincia, sobre todo por las políticas energéticas que puso de manifiesto el Secretario del área, Javier Iguacel.
«Iguacel ha estado un montón de veces en la provincia. La PIAP está a 50 km del aeropuerto y jamás se dignó a visitar la planta y conocernos. Pero sí ha ido a Vaca Muerta a filmarse y sacarse fotos. Aparte está más que claro que se mueve con CEOs petroleros y que lo que les importa es eso, el petróleo y el gas», explicó Sosa.
Es por esto que no resulta extraño pensar en una especie de justificación de los nuevos pozos que se habilitaron para la explotación petrolera con los puestos de trabajo de quienes puedan ser trasladados desde la Planta de Agua Pesada hacia ese sector.
«En el último derrame que hubo, una de las causales que informaron fue la falta de capacitación del personal. Entonces, otro de los argumentos es decir que la mano de obra que hay en ENSI de la Planta de Agua Pesada es mano de obra calificada, y pasarla a esos servicios sería beneficioso. Y, por otro lado, está justificar el extractivismo, que es lo que buscan en realidad. Hoy nosotros estamos más que convencidos de que lo que les importa es Vaca Muerta», sentenció Sosa.
Otra funcionalidad que la planta podría tener es la producción de fertilizante , para la cual tampoco habría una inversión confirmada. Todos estos supuestos, estando en diciembre, aumentan el clima de incertidumbre entre los trabajadores.
«Más allá de todos los anuncios que ha hecho el Gobierno, nosotros lo que queremos es volver a producir», finalizó el delegado.
La resistencia obrera
Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén habían realizado un corte en la Ruta 22 en reclamo de los sueldos adeudados de julio y agosto, y pidiendo una vez más la reactivación de la fábrica.
La PIAP -la más grande del mundo y principal proveedora de las centrales nucleares del país- lleva más de un año paralizada, y su reactivación dependía exclusivamente del acuerdo con China para la construcción de la cuarta central.
«Queremos empezar a trabajar lo antes posible. Desde la Junta interna seguimos siendo optimistas. Creemos que vamos a poder incluir aunque sea 100 toneladas de agua pesada para poder fabricar, que servirían de stock para las centrales argentinas en el presupuesto 2019. Estamos luchando en todos los frentes. Tuvimos reuniones con legisladores y funcionarios de Nación y de la provincia de Neuquén», informó Pablo Sosa, delegado de la Junta interna de ATE PIAP.
La empresa contaba con 450 empleados, pertenece al Estado Nacional (49%) y al Estado Provincial (51%), y está paralizada desde julio de 2017. Entonces, el Gobierno Nacional ordenó una parada técnica que no debía extenderse por más de dos o tres meses pero que nunca se revirtió. Además, la situación se agravó en enero, cuando las partidas de dinero para el pago de salarios y proveedores comenzaron a llegar con atraso.
La crisis en el sector se agravó cuando en julio los trabajadores de Atucha I recibieron 250 telegramas de despidos como parte de la primera tanda, ya que les informaron que debían reducir entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.
«Tuvimos un retroceso sobre nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, que establece transporte y comedor, porque estamos a 50 km de Neuquén Capital, en un lugar bastante alejado, y lamentablemente la empresa cortó ambos servicios. Cortaron el contrato con la empresa del comedor y eso generó el despido de 22 compañeros , que si bien era una empresa tercerizada, a través de la lucha de ATE venían pasando de concesión en concesión, cada vez que había licitación la empresa que ganara tenía la obligación de tomar a los mismos trabajadores de la concesión anterior, por presión del gremio, por eso había compañeros de 10 y hasta 20 años que ahora no pueden cobrar su indemnización», agregaron desde ATE-PIAP.
Finalmente, Sosa advirtió: «mantuvimos reuniones con funcionarios que nos aseguraron que la planta no va a cerrar, que va a continuar, pero los hechos reales nos dicen otra cosa. Hoy ya no tenemos el servicio de comedor, tampoco hay transporte. De seis colectivos que transportaban al personal hoy queda uno, y de siete combis para el personal de turno sólo quedaron dos. Esto es lo que no entendemos. Por un lado nos dicen que vamos a continuar y por otro están vaciando la planta».
Operación de prensa del grupo Clarín contra los trabajadores
De acuerdo a un comunicado del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, el programa central de TN emitió un informe falaz sobre la causa que involucra a Damián Straschenco y Ramón Almirón.
Con el título «Buenos muchachos: otra de sindicalistas», el programa TN Central volvió a la carga no sólo con un informe basado en datos falsos sobre lo acontecido en ATUCHA sino dando sentencia sin resolución judicial. Lo mismo hizo el Grupo Clarín en su transmisión de Canal 13 al día siguiente.
Con afirmaciones como «el falso envenenado de Atucha» y «sindicalistas se robaron material nuclear» dieron un pseudo informe sin bases verídicas en vísperas de la resolución de la Cámara de Casación que, sin convocar a las partes, pretende avalar el imparcial y tendencioso accionar del juez interviniente en la causa, Adrián González Charvay.
Mediante expresiones imprecisas y sin exponer las pruebas supuestamente consultadas y con un tono socarrón e irónico que no responde a la gravedad y complejidad de los hechos expuestos, dieron aire a supuestas pruebas que en el expediente judicial no existen, para apoyar la hipótesis elaborada por la empresa y avalada por el juez.
La clara intencionalidad de atacar a «sindicalistas» y utilizar elementos sueltos, faltando a la norma básica de la ecuanimidad periodística para garantizar el derecho a la información veraz, es el inicio de un nuevo ataque contra la organización gremial y los compañeros que se desempeñan en ATUCHA.
El proceso judicial iniciado tras el envenenamiento con agua pesada contaminada del reactor sufrido el 9 de mayo de 2017 por Damián Straschenco es, al día de hoy, un auténtico bochorno fundamentado en el armado que las autoridades de NASA perpetraron. Su objetivo final es destruir al Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, que viene denunciando el vaciamiento del Plan Nuclear y el intento de flexibilizar el Convenio colectivo de trabajo en las centrales nucleares. Muestra de ello es que, violando la Ley 23.551, la empresa mantuvo fuera de la planta a compañeros del sindicato, impidiéndoles el desarrollo de tareas laborales y gremiales desde junio del año pasado.
Actualmente Straschenco está despedido en otro proceso, también en manos de González Charvay, cargado de irregularidades y mentiras, que es una vergüenza para la democracia y el sistema judicial argentino en el fuero laboral. Pretender también deshacerse de Almirón so pretexto de que sacó en una mochila material radiactivo de una zona controlada, en el fuero penal, es parte del mismo plan. Ese argumento tampoco está comprobado en la causa. Son búsquedas desesperadas de la empresa transformadas en nulas pruebas del delito que se pretende achacar.
«Desconocemos cómo, habiendo negado durante largo tiempo el acceso a la totalidad de la causa a nuestros compañeros hoy implicados como victimarios y no como víctimas, estos operadores políticos disfrazados de periodistas tuvieron acceso a ese material fílmico que, insistimos, no prueban a los ojos de cualquier persona vidente el robo de algún elemento.
Con testimonios incluso contradictorios de personal de seguridad y Gendarmería se preparó judicialmente un relato fantasioso sin pruebas, para intentar dar carácter de posible a lo denunciado por la empresa», afirman desde el sindicato.
Vale recordar que hay un sistema de seguridad en las centrales nucleares que impide el traslado de sustancias radiactivas. Que la contaminación que sufrió Straschenco en una ingesta proveniente de su botella de agua personal es cinco veces mayor que la considerada peligrosa en un año para quienes están en la zona restringida, a la que él no tenía acceso. Y que para coronar el panorama, el agua en cuestión ‘se perdió’.
Y concluyen: «Repudiamos enérgicamente esta operación política para fogonear la criminalización a sindicalistas, nos preocupa profundamente que se viole en derecho a la información veraz y se aborde con tanta liviandad manifiesta este grave hecho. Si tienen tan fácil acceso al expediente judicial, es llamativo que no los haya azorado a los pseudo periodistas el batallón de irregularidades de la causa que oportunamente hemos denunciado, sin difusión alguna en su noticiero central.
Insistimos en que el trasfondo de todo esto se explica con el freno al Plan Nuclear que el propio gobierno nacional impulsó violando leyes existentes, y con el disciplinamiento a los sectores sindicales que no avalarán la cesión de derechos adquiridos por los trabajadores».
Empeora la crisis del sector nuclear: 1.000 despidos en puerta
En julio, el Secretario de Energía, Javier Iguacel, tuvo cuatro días de reuniones con sus pares en Washington, en donde les aseguró que la política energética de la Argentina no se modificará tras la salida del ex ministro Aranguren, al menos para los inversores norteamericanos en materia de petróleo.
No obstante, anunció un plan para profundizar la inversión y reestructurar la política energética, que como ya es costumbre con las modificaciones que realiza Cambiemos, sí afectará a los trabajadores.
Adrián Delao, delegado de ATE Nucleoeléctrica SA (NASA), expresó al respecto: «Quieren flexibilizar la empresa, tanto a NASA como a Comisión Nacional de Energía Atómica, y llevarlas al punto de ser obsoletas. Hablan de gente de más, de muchos puestos y mucho salario, de darle autonomía a las direcciones de las empresas para que ellos consideren unilateralmente las necesidades que tiene la empresa con respecto a personal y gastos. Es reducir a NASA a ser un mero operador de centrales, quitándole la capacidad obtenida de ser montador y con una puesta en marcha que está entre las mejores del mundo».
Iguacel también intentará convertir a la CNEA en un instituto de tipo privado con propiedad estatal y aportes del Estado provincial, municipal y del sector privado. En este clima también destacó que la Argentina tiene la oportunidad de ser uno de los protagonistas de la revolución energética del Siglo XXI.
Esta revolución energética, claramente deja de lado a la energía nuclear*, ya que las inversiones que se buscan son en el campo de la energía eléctrica. «Apuntan a que todo en materia energética quede en manos privadas. Como no lo pueden demostrar, lo disfrazan con el discurso de la energía renovable y limpia», explica Delao.
Más ajuste
«La dirección nos comunicó que la empresa, en Córdoba y Buenos Aires, tiene un total de 3.500 personas y ahora sólo tienen que quedar 2.500. Por lo que estamos ante unos 1.000 o 1.100 telegramas. Por eso, los sindicatos nos estamos uniendo para paliar la situación y tratar de evitar los despidos y el vaciamiento de la empresa», agregó el delegado de ATE NASA.
Por otra parte, el Ministerio de Energía realizará modificaciones en el marco legal para que a estas empresas deje de financiarlas el Tesoro Nacional , y ante esto, Delao remarcó que «la empresa es autosustentable, y del Tesoro Nacional sólo depende la unidad de gestión y proyección de vida, tanto en Embalse como Atucha I».
Entre la reducción de la estructura gerencial y la cancelación de la construcción de las centrales nuclearen Atucha III y Atucha IV, los trabajadores encuentran la situación como parte de un «ajuste grosero» y sin una causa legítima. «Mágicamente, después de las negociaciones con el FMI se empezaron a poner en tela de juicio las negociaciones con China, que iban a aportar los fondos para la construcción de las plantas 4 y 5. Por eso suponemos que es un interés extranjero que China no tenga una planta nuclear en Sudamérica. Por otro lado están los negocios con las termoeléctricas, que en insumos son energías que se realizan rápidamente, pero con un costo altísimo que a su vez se traslada a las facturas de luz y gas que pagamos todos -mientras Iguacel aseguró que no habrá retoques en el esquema tarifario en 2019. En cambio, la energía nuclear, en cuanto a costos de generación, está muy por debajo que los de una termoeléctrica», finalizó Delao.
Desmantelamiento de una industria clave
En junio pasado, en una audiencia en el Congreso para analizar la crítica situación del sector nuclear, los trabajadores denunciaron la política de desfinanciamiento y vincularon la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con la decisión de cancelar el proyecto de construcción de la central Atucha III.
También se realizó una movilización unitaria en la rotonda de Zárate convocada por la CGT Regional, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, que reunió a trabajadores de ATE, UOCRA, UECARA, Luz y Fuerza Zárate y de la UOM. El 7 de Junio ATE llamó a paro en todas las empresas y organismos del área nuclear confluyendo distintos gremios del sector en las movilizaciones, banderazos y asambleas que se realizaron en todo el país. En Bariloche se realizó un banderazo en la Av. Bustillo. En San Rafael y en Godoy Cruz se realizaron asambleas y en la regional Patagonia, pese al frío, los trabajadores se manifestaron desde temprano en la puerta de la regional. En Buenos Aires por la mañana se realizó un acto en el edificio central de NASA y al mediodía se movilizaron a la Sede Central de CNEA, con un corte en Av. Libertador. Participaron miles de trabajadores de NASA, CNEA, ARN, Dioxitek, CONICET de CNEA y de la PIAP (que viajaron 1.200 km desde Neuquén). Por la tarde se realizó la audiencia pública con Diputados Nacionales en el Congreso.
«Estamos acá para defender el desarrollo nuclear porque lo vemos en peligro», aseguró el prestigioso físico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Andrés Kreiner, quien fue uno de los organizadores del encuentro junto a los diputados del Frente para la Victoria, Roberto Salvarezza, Abel Furlán y Darío Martínez. El primero en exponer fue el ingeniero Agustín Arbor González, presidente de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean). «Anular la construcción de la cuarta central nuclear tipo Candú (de uranio natural y agua pesada) traerá aparejada la desactivación a corto plazo de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito que pusimos en operación los argentinos, la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedoras de ingeniería y de componentes y, lo más importante, la desactivación del capital intelectual nuclear que costó años de formación», aseguró. También estaba presente el ingeniero Osvaldo Niebas, Jefe de Laboratorio de PIAP y secretario general de la seccional Arroyito de Apcnean, quien se refirió puntualmente a la delicada situación que atraviesa PIAP. «Me interesa hacer hincapié en el hecho del trato que se le está dando al personal de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito. Se nos está retrasando el pago de sueldos y no sabemos debido a qué. Si fuera un problema administrativo ya se debería haber resuelto, pero hace cuatro meses que estamos con este problema y sin explicaciones. Consideramos que es una falta total de respeto hacia nosotros, muchos de los cuales hace más de 25 años que trabajamos ahí», remarcó. Uno de los que se mostró más conmovido por la decisión de suspender la construcción de Atucha III fue Rubén Quintana, quien se desempeñó como director de Nucleoeléctrica Argentina durante 12 años y ahora ocupa una gerencia en la entidad. «Fue muy importante todo lo que hicimos para reflotar Atucha II. La sacamos adelante nosotros. Fue un trabajo 100 % argentino. Todo eso marcó una profunda huella en nuestro devenir profesional y realmente que esté pasando esto me resulta muy difícil de soportar», subrayó. El diputado bonaerense Abel Furlán atribuyó la suspensión de Atucha III al acuerdo con el FMI. «Estamos convencidos de que a partir del anuncio de este acuerdo se ha echado por tierra con la posibilidad de tener Atucha III y Atucha IV», subrayó. En sintonía con Furlán, el trabajador de PIAP, Fernando Lise, aseguró que la decisión de dar de baja la cuarta central y suspender sin fecha la quinta no es por un motivo económico ya que el contrato preveía que el préstamo financie la construcción y tres años después de su puesta en marcha se empezaría a pagar con las tarifas de generación. «Es una clara decisión política enmarcada en el plan de primarización de la economía argentina, de destrucción del aparato productivo y del desarrollo científico-tecnológico», sostuvo. Por último, Rodolfo Kempf, licenciado en Ciencias Físicas, miembro del Consejo Directivo de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y coordinador de la Mesa Nacional de ATE-CNEA, cuestionó la decisión de dejar en pie para más adelante, sin fecha clara de inicio, la construcción de la central con tecnología PWR (con uranio enriquecido y agua liviana) que Argentina no maneja, al mismo tiempo que se resigna la cuarta central con tecnología Candú, que es la que Argentina conoce. «Es una sinrazón desde el punto de vista tecnológico y de nuestra historia que se dé de baja una tecnología que la dominamos prácticamente en forma completa y subordinarnos a una tecnología que no la manejamos aún y que solamente tiene dos centrales funcionando en China», concluyó.
Nota:
* Se trata de una energía obtenida a partir de la fisión (división) de núcleos de átomos pesados como el uranio o el torio y es liberada en forma de radiación y calor. Se utiliza fundamentalmente para la producción de energía eléctrica en las plantas nucleares. En la actualidad, el combustible nuclear más habitual es el uranio y se emplea tanto en su composición isotópica «natural» como «enriquecido». En Argentina funcionan tres plantas nucleares: Atucha I, II y Central Nuclear Embalse.
Esta fuente de energía no produce emisiones gaseosas de efecto invernadero; al no depender de fenómenos meteorológicos variables, genera energía de forma estable; puede producir potencia utilizando superficies relativamente pequeñas; y genera grandes cantidades de energía con poco consumo de combustible. Requiere de tecnología de avanzada y personal altamente calificado para su diseño, construcción, operación y desmantelamiento.
Sin embargo, esta fuente de energía genera residuos radioactivos de difícil gestión y tiene un alto costo de amortización de la inversión inicial. En caso de una falla importante o accidente, el daño que genera puede ser catastrófico. Además, los materiales nucleares son de relevancia militar para la producción de armas nucleares, lo que dificulta el acceso a esta tecnología (enriquecimiento de uranio, gestión de combustibles gastados, instalación de centros de investigación, materiales especiales, etc.). El uranio natural se obtiene a través de la minería de uranio, que ya sea por lixiviado o a cielo abierto, resulta una actividad altamente contaminante.
Rodríguez, María Luján y Bertalot, Federico: «La situación energética argentina: herramientas para el debate en las organizaciones populares» en Soberanía energética. Propuestas y debates desde el campo popular. Ediciones del Jinete Insomne, Buenos Aires, 2018.
Fuentes: Redacción Canal Abierto, Página 12. Observatorio Petrolero Sur.
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