El gobierno de los globos amarillos ha reglamentado y blanqueado la «doctrina Chocobar», que permite a las fuerzas represivas asesinar a los que ellos consideren «peligroso». A partir de ahora, con la Resolución 956/18, firmada por la Perra Fascista a cargo del Ministerio de (IN)Seguridad, cualquier uniformado podrá matar a los «reos» que intenten escapar. […]
El gobierno de los globos amarillos ha reglamentado y blanqueado la «doctrina Chocobar», que permite a las fuerzas represivas asesinar a los que ellos consideren «peligroso».
A partir de ahora, con la Resolución 956/18, firmada por la Perra Fascista a cargo del Ministerio de (IN)Seguridad, cualquier uniformado podrá matar a los «reos» que intenten escapar.
Dejan al libre albedrío de las bestias del aparato represivo el criterio para disparar.
Vía libre al gatillo fácil.
Implementan de hecho la pena de muerte en el país, pena que queda en manos no de jueces (lo que ya estaría mal), sino de los miembros de las fuerzas represivas, cuyo ejercicio del uso de las armas tiene una historia nefasta en nuestro país y ni qué hablar en los últimos tres años de la administración Cambiemos. Ahí están los casos de Maldonado, Nahuel, Burgos, Kuloc, Rego, Orellana, Ramírez y centenares de casos no tan trascendentes pero sí denunciados por organismos de ddhh como CORREPI.
Y no sólo eso: a partir de ahora, cualquier hiena con botas podrá sacarse de encima a quien odie o considere molesto, podrá disparar y después preguntar, porque estará libre de culpa y cargo: le bastará decir que «el reo» estaba escapando y no le quedó otra opción que fusilarlo por la espalda…
Esto ya lo vivimos
Esto significa lisa y llanamente el acta de defunción de las garantías constitucionales, del concepto de «debido proceso», de la presunción de inocencia.
Esto es, como lo dijimos siempre, la continuidad de la dictadura.
Bullrich -claramente un individuo violento y desequilibrado- se cree omnipotente e impune, y actúa como si una resolución firmada por cualquier ministrucha como ella pudiese estar por encima de la ley, que prohíbe lo que ella plantea. Se expone a una lluvia de denuncias y a un futuro de «paseos» por los tribunales y a potenciales condenas que pueden terminar privándola de la libertad… como largamente merece.
Pero no se puede esperar a ese futuro, porque en el «mientrastanto» la vida de las personas corre extremo peligro. Sobre todo la de los que protagonizan las protestas contra las políticas del gobierno, porque la protesta social es la verdadera apuntada por el dúo Macri-Bullrich.
Hay que parar semejante atrocidad, y hay que hacerlo ahora. Y debemos hacerlo con la unidad en la lucha y en la calle lo más amplia posible, porque esto es una Dictadura.
Si no lo hacemos, estos émulos del Proceso Genocida no pararán de avanzar en su destrucción de todo vestigio de derecho humano.
Una Comisión de Defensa de los DDHH, compuesta por intelectuales y luchadorxs reconocidxs por sor su lucha en ese ámbito, podría ser la vía para oponerse, investigar, enjuiciar y condenar a los que hoy, como ayer las Juntas Militares, pretenden imponer sus criterios fascistas (de eliminación por medio del asesinato «legalizado» de todo aquél que se les oponga) para poder concretar sus ruines objetivos.
Pero la única garantía para parar este brote de profundización del rostro fascista del oficialismo es el pueblo y sus organizaciones en la calle, dispuestos a luchar y vencer en esta pulseada en la que se juega el futuro de las masas laboriosas de este país.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.