El interrogante que circula es si se le terminó la luna de miel al gobierno de Mauricio Macri, la que disfrutaba con los consensos electorales del 2015 y 2017. No hay respuesta clara ni evidente, pero todos los datos de la realidad confirman la validez de la cuestión. Los datos oficiales confirman el problema económico […]
El interrogante que circula es si se le terminó la luna de miel al gobierno de Mauricio Macri, la que disfrutaba con los consensos electorales del 2015 y 2017.
No hay respuesta clara ni evidente, pero todos los datos de la realidad confirman la validez de la cuestión.
Los datos oficiales confirman el problema económico y social de la Argentina y entre muchos destaca la inflación que no para y con cronograma de incrementos próximos de tarifas en el transporte, la electricidad, el gas, los combustibles y sigue la lista.
En ese sentido, la caída del nivel de actividad económica, casi del 6% en mayo define un tiempo de recesión, con caída del empleo e impacto en merma del consumo y la inversión, difundido en todo el territorio nacional.
Claro que se trata de un promedio que explícita el crecimiento de la actividad inmobiliaria y financiera, lógica derivada de una política económica que alimenta la especulación.
Todo indica la agravación de la situación para los meses en curso luego del acuerdo con el FMI.
Economía especulativa versus producción no dependiente
Resulta curioso considerar el mercado inmobiliario, con expansión de la construcción y una realidad con déficit habitacional y gran parte de viviendas no habitadas en grandes centros urbanos, solo como refugio patrimonial de excedente económico que prefiere invertirse ladrillos en lugar de hacerlo con otros activos financieros.
Es resultado de una lógica atávica de temor a los bancos y que busca resguardarse en construcciones.
Vale también mencionar que crecen los depósitos bancarios en dólares y la fuga de capitales que incluye a las divisas en cajas de seguridad bancarias, en el colchón, o en cajas fuertes de empresas.
Son dólares vendidos por el BCRA, casi único oferente de divisas, que pierde regularmente sus reservas internacionales para satisfacer la dolarización del excedente de los pocos en condiciones de ahorrar.
Las reservas internacionales alcanzaban los 63.746 millones de dólares el 15 de enero del 2018 y bajaron sustancialmente desde el inicio de la corrida cambiaria en marzo y abril, agigantada en mayo y junio.
En ese proceso se dilapidaron nada menos que 15.268 millones de dólares, ya que el stock de reservas al 21 de junio sumaba 48.478 millones de dólares. La información es oficial del sitio en internet del BCRA.
Un día después y gracias a la transferencia del FMI, el 22 de junio suben las reservas internacionales, de los 48.478 millones a 63.274 millones de dólares.
Lo que parecía tema resuelto parece desmentirse con la realidad, ya que al 25 de Julio, último dato disponible a la fecha en el sitio del BCRA, la reservas suman 58.800 millones de dólares. Con ello, verificamos que en poco más de un mes se fueron nuevos 4.474 millones de dólares.
Insistamos, las reservas dilapidadas por el BCRA en tiempo de corrida cambiaria suma 19.742 millones de dólares.
Después dicen que la Argentina no tiene recursos propios para pensar en políticas no subordinadas.
Son recursos que podrían haberse destinado a fondos para el desarrollo regional antes que proponer el ajuste en las provincias tal y como ocurre en el presente para cumplir con el FMI.
Fines alternativos se pueden discutir con esos recursos orientados en un plan de activación de la economía y la producción para atender el problema del empleo, del mercado interno y el aliento al consumo popular, la inversión productiva.
Una inversión que podría inspirarse en la industrialización no dependiente, o en la promoción de una agricultura familiar o comunal, no contaminante y para atender las necesidades alimentarias locales, regionales y globales.
¿Para qué esperar por inversores externos que solo piensan en su rentabilidad, sin preocuparse del impacto ambiental o el bienestar de la población?
La poca inversión externa que se registra se orienta en la explotación de hidrocarburos no convencionales para la exportación de energía o la aplicación a un modelo productivo contaminante y excluyente de fuerza de trabajo, bajo dominación de corporaciones transnacionales, las que alimentan un ciclo mundial propio de acumulación de capitales.
Pero también son inversiones en telecomunicaciones, que más allá del soporte técnico y material sustentan la monopolización de los contenidos de la comunicación, base de la manipulación mediática.
Dinero para un rumbo diferente en la Argentina hay, que la política económica, monetaria y financiera orienta hacia las cuentas particulares de los beneficiarios privados a contramano de millones de personas que sufren las consecuencias.
No me canso de explicitar que los problemas de la Argentina no los sufrimos todos. Que si las jubilaciones o los salarios no alcanzan es porque las autoridades económicas y monetarias decidieron depositar casi 20.000 millones de dólares en cuentas de especuladores en lugar de promover un plan de inversiones para satisfacer amplias necesidades sociales.
Otra vez la deuda
La deuda vuelve, ahora de la mano del FMI, pero para seguir esquilmando las cuentas públicas a costa de la mayoría empobrecida de la población argentina.
El gobierno armó una bomba de deuda en pesos con las LEBAC, las Letras del Banco Central, que llegaron el 24 de mayo pasado a 1.279.604 millones de pesos (1,279 billones de pesos), pagando tasas de interés del orden del 47%.
La bomba empezó a desarmarse y dos meses después el monto alcanza a 958.513 millones de pesos al 25 de julio (según el propio BCRA). Son 321.091 millones de pesos menos. Pero a no alegrarse, ya que esos fondos fueron reemplazados por endeudamiento en divisas, vía Letras del Tesoro, LETES.
Es más, el Tesoro, Nicolás Dujovne, dispuso emitir deuda por 16.000 millones de pesos que asume el Fondo de Garantía y sustentabilidad que administra la ANSES.
Reitera la norma de Cavallo y otros ministros en otros tiempos, que acudieron al endeudamiento compulsivo de organismos estatales ante la pérdida de mercados internacionales que quieran asumir el costo del riesgo argentino.
Conviene recordar que ese endeudamiento intra-estado estalló en el 2001 y el 50% del default de ese año afectó a esos acreedores locales de la deuda pública irresponsablemente asumida por las autoridades de ayer y que hoy reinciden.
La deuda posterga el estallido, mientras tanto crecen los intereses exigidos y es la única variable que escapa al ajuste, que ahora se visibiliza en quitas de asignaciones familiares y eliminación de exenciones impositivas para trabajadoras y trabajadores.
Es cuento largo el del endeudamiento y sus responsables son variados, con un ciclo que iniciado durante la dictadura genocida se mantiene renovado con el adicional intocado de pérdida de la soberanía jurídica desde entonces, subordinando a la Argentina a tribunales externos.
Se trata de una decisión sostenida desde tiempos dictatoriales e incrementada con tratados bilaterales en defensa de las inversiones y sometimiento a tribunales externos como el CIADI, al cual nunca adscribió Brasil y denunciaron su pertenencia Venezuela, Ecuador o Bolivia. Una morosidad de la política local, que reitera una voluntad histórica por afirmar la dependencia.
¿Qué futuro luego del descontento?
No alcanza con verificar el cansancio social y el descontento de la población ante la abrumadora realidad de la vida cotidiana, e incluso la reiterada protesta visibilizada en las calles de las ciudades, el no comienzo de las clases en las Universidades públicas en el segundo semestre o el conflicto reiterado de la docencia, otros empleados de los Estados nacionales, provinciales o municipales y aquellos ajustes del sector privado que empujan el achique en espejo con el Estado.
La respuesta multisectorial se impone, que incluye la pluralidad de experiencias sociales, culturales y políticas, sin vanguardismos, sectarismos, ni exclusiones.
Es la demanda por una nueva experiencia socio política que se ensayó en la gran movilización popular de diciembre del 2017 contra la exacción de las jubilaciones y que impidió el avance de la reaccionaria reforma laboral; la que se continuó el 21 de Febrero en el Obelisco, involucrando principalmente al movimiento obrero y que desembocó en el paro nacional del 25/6.
La confluencia en torno al «movimiento 21F» suma adhesiones diversas y voluntad de miles de trabajadoras y trabajadores que discuten el programa a sustentar de manera inmediata y que pretende confluir en un congreso nacional próximo para ir más allá de la crítica y pretender construir rumbo alternativo.
Como siempre, ante los problemas de la economía y la política, es ésta, la política, la que puede habilitar caminos que no desemboquen en nuevas frustraciones al sentimiento social de transformación.
No se deben ni pueden reiterar recetas, una reflexión que vale a dos puntas: para las que ensaya el gobierno con la deuda, el FMI y el ajuste; como para quienes imaginan propuestas que ya tuvieron límites.
La convocatoria es para una nueva experiencia de articulación plural política y social para superar la condición miserable del presente.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.