Hay que criticar “el estrangulamiento de la vida intelectual de nuestras aulas por jerarquías académicas que no se legitiman por su actividad científica sino por su astucia burocrática…” Eduardo Subirats I. El concepto de mafia significa, en primer lugar, una organización delictiva de naturaleza muy violenta para obtener, esencialmente, sus intereses económicos; es la manifestación […]
Hay que criticar “el estrangulamiento de la vida intelectual de nuestras aulas por jerarquías académicas que no se legitiman por su actividad científica sino por su astucia burocrática…”
Eduardo Subirats
I. El concepto de mafia significa, en primer lugar, una organización delictiva de naturaleza muy violenta para obtener, esencialmente, sus intereses económicos; es la manifestación del crimen organizado. También implica una organización ilegal, criminal y hoy día semiclandestina. El historiador italiano Salvatore Lupo, en su libro Historia de la Mafia. Desde sus orígenes hasta nuestros días, afirma que la mafia “lo mismo detenta un monopolio de violencia que ejerce un control absoluto del territorio.” Añade: “En sí no tiene mucho interés saber de dónde deriva el término mafia, y en qué acepción fue utilizada por alguien antes de 1860; en cambio, es esencial el hecho de que a partir de esa fecha es empleado por todos para definir aunque sea confusamente una relación patológica entre política, sociedad y criminalidad…” Lupo aclara: “La derivación más acreditada sería del árabe marfud, del cual proviene el siciliano marpiuni (tramposo, estafador) marpiusu-mafiusu…”
Es claro que la mafia constituye una forma de poder, de un poder muy violento, criminal. La mafia es política malévola, violenta, corrupta, y a veces terrorista. Cierto que el crimen organizado no solamente es una “industria de protección” y extorsión; además, es una verdadera empresa capitalista del narcotráfico; por otro lado, su entrelazamiento con la política –es decir, con el poder del Estado, sus niveles de gobierno y la corrupción de sus funcionarios– “no se puede reducir a ninguna lógica “económica”, afirma Lupo, por lo que también juega en muchas ocasiones un papel político dentro de las estructuras del poder y del dinero… “florece bajo la piel de la mafia la fuerza de la política, y bajo la piel de la política la fuerza de la mafia”. Catanzaro, citado por Lupo, “observaba que el reciclaje de los beneficios del narcotráfico conlleva una intensificación, no una atenuación, de los vínculos con la política.
Entonces, por supuesto que la mafia es producto de un proceso histórico–social del desarrollo del capital con su violencia intrínseca, proceso que también engendra diversas formas del imaginario social sobre la violencia mafiosa en la literatura y en el cine. En tal sentido Ernest Mandel escribe en su libro Crimen delicioso. Historia social del relato policiaco: “La historia de la literatura policíaca es una historia social, ya que aparece entrelazada con la historia de la propia sociedad burguesa. Si se preguntara porqué se refleja en la historia de un género literario en particular, la respuesta sería: porque la historia de la sociedad burguesa es, asimismo, la de la propiedad y de la negación de la propiedad, es decir, la del crimen; porque la historia de la sociedad burguesa es también la creciente y explosiva contradicción entre las necesidades individuales o las pasiones, y los patrones mecánicamente impuestos de conformismo social; porque la sociedad burguesa en y por sí misma engendra el crimen, se origina en el crimen y lleva al crimen; ¿quizá porque la sociedad burguesa es, cuando se ha dicho y hecho todo, una sociedad criminal?”
También es cierto que, como bien dice Lupo: “La historia de la mafia no se reduce a un solo esquema, válido para todas las situaciones y todos los tiempos”, pues ha habido mutaciones formales de la mafia, pero su naturaleza esencial la sigue preservando: ser una organización criminal. Históricamente ha tenido vinculación con grandes empresarios y grandes políticos en todos los países donde opera; en suma, es parte orgánica del establishment. “La Cosa nostra –afirma Lupo– se ha vinculado en forma absolutamente nueva con la gran política y los grandes negocios”. Es parte de los grandes poderes fácticos, pues existen empresarios y políticos mafiosos o mafiosos empresarios y mafiosos políticos.
II. Hace largo tiempo que el concepto de mafia o mafioso se ha extendido más allá de la propia definición de la organización criminal, por lo que el concepto se usa para caracterizar a personas y camarillas u organizaciones, clandestinas o visibles, las cuales adoptan ciertos rasgos formales mafiosos en su modus vivendi (modo de vivir o regla de conducta) o en su modus operandi (modo de obrar o manera de trabajar). Entonces, el concepto en su forma laxa o amplia se también se utiliza para quienes se parecen a los gángsters por sus formas nada escrupulosas para vivir o enriquecerse. Cierto que ha habido y hay gángsters sindicales que operan como criminales para sofocar o asesinar a los opositores sindicales democráticos; hay muchos ejemplos al respecto en el caso mexicano en su historia del sindicalismo charro. De la misma manera que hay ciertos políticos que son verdaderos gángsters asesinando o tratando de asesinar a sus enemigos políticos–ideológicos. Sicarios, pandilleros y hampones hay por todos lados y en todas las esferas sociales, tanto en el lumpenproletariado como en la lumpenburguesía.
En México desde hace muchas décadas ha habido mafias del crimen organizado, hoy poderosos cárteles del narco que azotan al país con su hiperviolencia, pero también existen aquellas mafias políticas, partidistas, eclesiásticas, deportivas, empresariales, sindicales, universitarias, etcétera. El viejo corporativismo–autoritario de un Estado bonapartista sui generis engendró formas de organización institucional semimafiosas; es decir, camarillas o agrupaciones de poder nacional o local que operan de manera corrupta y a veces violenta cometiendo fraudes, estafas, malversando fondos públicos. El interés público lo convierten en interés privado. Los grupos de poder, de interés, de presión, muchas veces realizan sus propósitos aviesos cometiendo acciones al margen de la ley. Son acciones delictivas que en muchas ocasiones quedan impunes. El proceso de privatización de las empresas públicas con la política neoliberal a la mexicana permitió bajo complicidades soterradas una profunda corrupción en instituciones públicas cuyos funcionarios se enriquecieron ilegal y extraordinariamente. El neoliberalismo salvaje engendró una descomposición económica y política dando lugar a un proceso de lumpendesarrollo social en las últimas décadas. Ningún espacio social escapa a las formas más degradadas o descompuestas por los intereses económicos y políticos mezquinos y voraces. La corrupción penetra casi todos los poros de la sociedad.
III. Existen grupos de poder local que operan bajo formas semimafiosas parapetados en instituciones como en algunas universidades públicas. Hay pues, mafias “académicas”, “científicas” y “universitarias”. El uso discrecional, opaco, corrupto del erario público, ha permitido el enriquecimiento fabuloso de segmentos de la alta burocracia universitaria. En la mayoría de las instituciones de educación superior pública existen grupos de poder, camarillas o cacicazgos que lucran hábilmente con el presupuesto institucional. Ha habido escándalos públicos de universidades o de grupos de “científicos” por la malversación de fondos públicos. Es el caso de la “Estafa maestra” que involucró a universidades públicas, o más reciente el fraude de exintegrantes del Foro Consultivo del Conacyt en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
La “Estafa maestra” consistió en un fraude mayúsculo de 7 mil 670 millones de pesos orquestado por 186 compañías que recibieron tal cantidad del gobierno federal gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014. “Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma. El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol. Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador electo del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas. También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.”
Fueron funcionarios de 21 instituciones educativas públicas del fraude entre las cuales están: la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos, la Universidad Popular Chontalpa, la Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, la Tecnológica de Tabasco, el Instituto Superior de Comalcalco, la Universidad Tecnológica de Salamanca y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
El más reciente escándalo es el de 31 investigadores y exfuncionarios del Conacyt quienes son acusados de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público. Se les imputan delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Según la Fiscalía General de la República (FGR), los científicos recibieron más de 561 millones de pesos para gastos operativos y actividades que por ley le corresponden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58729181
IV. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado 9 de octubre acusó a directivos y académicos de las instituciones de educación superior por recibir cómodamente su salario sin dar clases presenciales y, en el caso específico de la UNAM, por la prevalencia de grupos de poder que dominan la vida interna de la máxima casa de estudios. La primera acusación es falsa, pues los docentes e investigadores si estuvieron laborando, pero la segunda es verídica. Más aún, alentó un movimiento de reforma, especialmente para transparentar el uso de recursos y avanzar en los procesos democráticos internos; pero este movimiento debe surgir de las propias comunidades universitarias, y mencionó la existencia de mafias que dominan a esas instituciones públicas. Declaró: “Y que no haya privilegios arriba y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan para la asignación de cargos académicos. Hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan porque existen estos grupos de poder en la UNAM, lamentablemente sucede, y en todos lados”. Además, aseveró que el gobierno federal no puede meterse en esos asuntos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los alumnos y profesores, porque se dan casos de mafias –“no encontré otra palabra”, dijo– que dominan las universidades públicas. “Así como existen líderes charros –ya cada vez menos– en los sindicatos, así existen caciques que dominan en las universidades; ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber, y manejan el presupuesto a sus anchas en forma discrecional”, señaló.
Una vez más mencionó el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el control del “señor Padilla, que no es el rector, pero es el que manda, para hablar en plata”, y el de la UNAM, con el caso de los bajos salarios de los profesores de asignatura. Tiene mucha razón López Obrador en su acusación contra el exrector Raúl Padilla López (RPL), quien desde 1989 mantiene un control político absoluto con un cacicazgo. No mencionemos la supuesta extinción de los líderes charros, según él, porque precisamente uno de los senadores del partido gobernante Morena es un típico líder charro, es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros.
Cierto, el cacique universitario más poderoso del país es Padilla López. La UdeG es la segunda universidad después de la UNAM con mayor población estudiantil y docente (310 mil estudiantes en nivel medio superior y superior; y más de 17 mil docentes), y su presupuesto de este año es 14 mil millones 400 mil pesos, cantidad mayor a la del presupuesto del municipio de Guadalajara, cuya área metropolitana es la segunda del país demográficamente. Este cacique encabeza uno de los más importantes grupos de poder local de Jalisco. A RPL le nombran El Licenciado, eufemismo de El Padrino… Su fortuna personal también se debe a las más de 15 empresas parauniversitarias que maneja discrecionalmente.
Ciertamente este grupo “universitario” opera como una mafia caciquil cuyo poder político tiene alcances nacionales mediante la influencia en las cámaras de diputados y senadores, en el Congreso estatal, en muchos medios de comunicación local; además de relaciones con reconocidos intelectuales conservadores nacionales como Héctor Aguilar Camín, del grupo Nexos, y Enrique Krauze, del grupo Vuelta, incluyendo afamados escritores extranjeros ultraconservadores como Mario Vargas Llosa. Padilla López se hace del poder universitario después de vencer al viejo grupo FEG–Universidad, de estirpe ideológica priista, lombardista–estalinista, en el cual se formó el propio Padilla López. En esta disputa, RPL tuvo el espaldarazo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Este cacique lidera una camarilla burocrática controlando el Consejo General Universitario, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y los sindicatos blancos de administrativos y de servicios, y el de académicos (SUTUdeG y STAUdeG). Hoy día, RPL está asociado con la derecha panista-perredista y priista.
Ninguna hoja del árbol universitario se mueve sin la voluntad del cacique y la universidad con sus estructuras corporativas–clientelares autoritarias es de esta forma gestionada como un entidad privada pero con fondos públicos.
http://laisumedu.org/DESIN_Ibarra/autoestudio2004/docs2005/Munguia.pdf
Claro que hay cacicazgos en otras universidades públicas como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), cuyo líder, Gerardo sosa Castelán, se encuentra encarcelado por malversación de fondos. También existió un cacicazgo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el clan familiar de José Doger Corte y José Enrique Doger Guerrero. En la UNAM existen grupos de poder con camarillas de académicos. El presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo López Betancourt, aseguró que es momento de iniciar un proceso de autocrítica en las instituciones educativas para reconocer que la corrupción ha impregnado diversos ámbitos académicos y administrativos. Destacó que es fundamental el respeto a la autonomía de las universidades expresado por el Presidente, sin embargo, eso no debe ser motivo para solapar malos manejos: “Con un sentido de autocrítica y de particularidad conocimiento aceptemos que la corrupción también ha invadido los ámbitos académicos. Lo dicho por el Presidente es una realidad que ya no se puede seguir ocultando; las mafias y grupos de poder se han incrustado de manera lamentable en la gran mayoría de las universidades públicas del país”, expuso. Pero mientras en la UNAM hay quienes reconocen el problema, en la UdeG nunca jamás veremos un principio de autocrítica, empezando por el mandamás y sus lacayos del séquito cortesano de la aristocracia universitaria.
En un excelente ensayo sobre Universidad y mafia: Una hipótesis sobre las actuales estructuras de poder de la universidad española, Francisco Garrido Peña explica cómo las instituciones educativas, sus poderosas camarillas, tienen a la institución mafiosa como modelo: “Los grupos de poder y presión que se enmascaran tras las escuelas y academias persiguen la invisibilidad legal y la omnipresencia fáctica, en esto coinciden también con los métodos y los objetivos de la mafia. Como dice Guy Debord: La mayor exigencia de una Mafia, allí donde puede estar constituida es, naturalmente, establecer que no existe… Este tipo de estructuras alegales y paralelas son propias de las organizaciones mafiosas. La mafia es posiblemente un modelo interpretativo útil para entender la naturaleza del poder académico en la universidad española de hoy… La mafia se organiza sobre la base de una estructura jerárquica, sobre un liderazgo sapiencial y gentilicio, con objetivos de autoayuda y un tipo de interés privadamente comunal o comunitariamente privado”.
https://webs.ucm.es/info/uepei/mafia.html
El panorama actual de las universidades públicas mexicanas es un fiel reflejo de la situación nacional. La profunda crisis universitaria es una de las manifestaciones más visibles de la crisis generalizada que padece la mayoría de los mexicanos. Por supuesto, esta crisis también tiene sus orígenes varias décadas atrás durante los sexenios priístas y panistas. El impacto del neoliberalismo en la educación pública es de magnitud catastrófica: profundo deterioro de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles escolares, deserción de alumnos, alto déficit de unidades educativas, rechazo de cientos de miles de jóvenes estudiantes en las universidades, aumento de colegiaturas, acelerada privatización gradual y relativa de la educación superior, incremento de las escuelas y universidades “patito”, rezago salarial y bajas percepciones monetarias del magisterio en general, complicidad entre las burocracias académicas, administrativas y gremiales, escasa investigación científica y una creciente reorientación a las necesidades empresariales, corrupción sindical, aviadurías, fraudes y saqueos financieros, canonjías burocráticas (de los altos funcionarios), etcétera. A todo ello contribuyen las mafias universitarias cuyos principales representantes nunca han impartido docencia en su vida, pero si están graduados en desaparecer dinero público.
V. Aunque la Ley de General de Educación Superior, aprobada en marzo pasado, promovida por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es de corte burocrática y neoliberal –dejando intocables a las mafias universitarias, y no resolverá la profunda crisis de la educación universitaria a pesar de sus loables intenciones– es muy cierto que un movimiento para una reforma universitaria debe surgir de las propios estudiantes y académicos, pues no debemos esperar milagros de un Mesías redentor. Pero a AMLO le corresponde, por su parte, la responsabilidad de auditar a las universidades públicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) de la Secretaría de Hacienda para contribuir al propósito de trasparentar el uso de los recursos financieros universitarios. Si queremos mejorar la educación universitaria para mejorar el país, también es necesario cambiar el país si queremos cambiar a la educación universitaria. Es urgente pugnar por una Reforma Universitaria Democrática para beneficio especialmente del pueblo trabajador mexicano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.