El canciller argentino Santiago Cafiero le notificó a su par británico, James Cleverly, el fin del escandaloso pacto Foradori-Duncan, un documento que entregaba concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina, Fue «uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía», calificó la cancillería argentina.
Durante una reunión de cancilleres de los países que integran el G-20 en Nueva Delhi, Cafiero comunicó a su par del Reino Unido, James Claverly, que el gobierno argentino canceló el acuerdo suscrito en 2016, durante el gobierno del neoliberal Mauricio Macri en la sede la embajada británica en Buenos Aires, que entregaba concesiones a los intereses del Reino Unido respecto de la explotación de los recursos naturales en las islas Malvinas.
Además propuso que ambos países mantengan una reunión en la sede de la ONU, en Nueva York, para «reiniciar la discusión por la soberanía» de las islas del Atlántico Sur que el Reino Unido usurpa desde 1833.
Este pacto fue «uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas», describió la Cancillería argentina sobre el acuerdo firmado por el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido Alan Duncan.
El actual gobierno argentino, en una nota entregada en mano, cuestionó también que la Argentinabuscó colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros, “sin que la disposición demostrada haya sido respondida de manera recíproca por su gobierno”.
Con ese acuerdo se intentó garantizar al Reino Unido «la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago, realizaba concesiones a los intereses británicos y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía.
En ese momento, el gobierno de Macri lo hizo trascender como `comunicado conjunto´ para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo. Para el actual gobierno, se trata, por lo tanto, de un acto que tiene «características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales».
La declaración adoptaba las dos principales demandas británicas que la entonces primera ministra británica, Theresa May, le había realizado al presidente Macri en una carta que le había enviado breve tiempo atrás: «Remoción de obstáculos para explotación de recursos y vuelos al continente», con conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países».
El acuerdo suponía también «el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos». Obviamente, ninguno de los históricos reclamos argentinos estuvo presente en el texto.
El acuerdo no hace mención de la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. En realidad, el único obstáculo para el desarrollo económico de las Malvinas es, justamente, la persistencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido se niega a negociar, puntualizó la Cancillería.
La decisión tomada por el presidenteAlberto Fernández había sido anticipada el año pasado pero en las últimas horas le fue comunicada formalmente a la Cancillería británica. En esa reunión, el Gobierno ratificó la exigencia argentina de reiniciar el diálogo por la soberanía del archipiélago, tal como lo establecen las disposiciones de Naciones Unidas al respecto.
Firma de borracho
Según contó años más tarde el excanciller del Reino Unido Alan Duncan, cuando el vicecanciller de Macri, Carlos Foradori, firmó ese acuerdo, estaba completamente ebrio. La argumentación del gobierno macrista giró en torno dela supuesta necesidad de la Argentina de “volver al mundo”, a través de un acercamiento con la entonces primera ministra británica, Theresa May.
El gobierno de Macrile dio a Gran Bretaña luz verde para activar la explotación de «comercio, pesca, navegación e hidrocarburos» en zonas del Mar Argentino, lo que suponía «el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos».
En realidad, el único obstáculo para el desarrollo económico de las Malvinas es, justamente, la persistencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido se niega a negociar», se puntualizó desde Cancillería. Ese pacto se trató, por tanto, por lo tanto, de un acto que tiene «características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales», remarcó el texto oficial.
Negociar la soberanía de las islas
Lo que Cafiero le dejó claro a su par Cleverly fue el pedido argentino de que Londres se siente a negociar la soberanía de las islas usurpadas en 1833. Los puntos incluidos en este sentido fueron La reanudación de negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en los términos de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras en el mismo sentido.
Asimismo, la conectividad aérea y marítima del archipiélago y los espacios marítimos circundantes con el territorio continental argentino, y la adopción de medidas prácticas tendientes a garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas de forma tal que favorezcan el desarrollo de vínculos culturales, económicos, sanitarios, educativos y otros entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino.
En la agenda argentina se exigen medidas que permitan ajustar el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía. Y también la desmilitarización de las áreas bajo disputa de soberanía.
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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