Manifestación frente a las grandes empresas monopólicas de alimentos contra el aumento de precios

***

Organizaciones sociales se manifestaron el jueves 28 en todo el país frente a las grandes empresas monopólicas de alimentos y en el Obelisco porteño. Denunciaron que «seis empresas monopólicas de alimentos empobrecen a 44 millones» (en referencia a Bagley, Coca Cola, Molinos, Danone, Arcor y Ledesma) y demandaron que «bajen los precios de los alimentos», que «abran puestos de trabajo» para las personas desocupadas, «trabajar 6 horas, para trabajar todos y todas sin bajar los sueldos»,  «tierra para producir y vivir», y «soberanía alimentaria».  

“Mientras unos pocos empresarios que monopolizan el mercado alimentario nacional han quintuplicado sus ganancias en lo que va del año, más de la mitad de la población del país va a terminar el año en la pobreza. Millones de familias argentinas padecen hambre o se alimentan mal. Millones de niños y niñas condenadas a crecer como nuevas generaciones de pobres, asisten a nuestros comedores comunitarios porque por sus propios medios no acceden a un plato de comida. Son ese puñado de empresas las que nos obligan a pagar los alimentos cada vez más caros, porque en nombre de una supuesta expectativa inflacionaria, que no se distingue de lo que en verdad es su deliberada decisión como monopolios, se dedican a especular con los precios para maximizar sus ganancias. Y las maximizan mucho más allá de los niveles promedio de utilidad de cualquier otra empresa semejante en el mundo, lo que genera un espiral inflacionario dejando siempre detrás los salarios. ¡Un verdadero crimen contra el pueblo!», destacaron. 

En la misma línea, apuntan contra la política de Precios Cuidados del gobierno de Alberto Fernández: «tan sólo un puñado de apellidos son los dueños de toda la producción y distribución de alimentos en Argentina, y algunas se niegan a ser parte de los ‘precios cuidados’. ¿Cuál es la respuesta del gobierno nacional hasta ahora? Básicamente retórica. Más allá de discursos, la política real del gobierno nacional viene siendo clara: blando con los grandes consorcios empresariales, mientras incumple permanentemente con las entregas de alimentos comprometidas con los comedores comunitarios, que subsistimos con migajas, pero que igual garantizamos el alimento para millones de niños, niñas, y familias humildes en este país». 

También señalan como negativo el plan para transformar planes sociales en trabajo genuino: «no es más que un sistema de transferencia de recursos económicos destinados a subsidiarle a las empresas los costos laborales, con el beneficio extra de ahorrarles las cargas sociales, y que para peor tiende a empujar a la baja los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores conveniados» 

En este contexto, exigen que «en vez de subsidiar a las grandes empresas, se desarrolle una política real de creación de puestos de trabajo, una política de obras públicas importantes para generar puestos de trabajo masivos, para construir viviendas en todo el país, el acceso a la tierra para producir alimentos con soberanía alimentaria». 

Finalmente, también reclaman «controles reales y efectivos en las grandes cadenas de comercialización, para garantizar que el producto que llega a las familias sea a un precio accesible, en relación con el ingreso del salario mínimo vital y móvil», «controles estrictos en todos los órdenes de la cadena de producción, distribución y comercialización final», la «nacionalización del comercio exterior y la banca», «políticas impositivas progresivas», una «Ley de acceso a tierras para la producción agrícola de alimentos sanos y saludables para nuestro pueblo», «programas para el aumento real del empleo, plan de obras públicas y construcción masiva de viviendas para acabar con el déficit habitacional», «que las miles de hectáreas ociosas en manos de terratenientes y empresarios se destinen a la producción familiar y a la construcción de viviendas dignas y populares para las millones de familias sin viviendas», y el «urgente abastecimiento a comedores y merenderos populares ante la crisis alimentaria», finaliza el comunicado firmado por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD Aníbal Verón, el Movimiento Resistencia Popular (MRP), la FOB La Libertaria, el Frente Popular Darío Santillán y el MTR por la Democracia Directa. 

Marcha cartonera al Congreso para presentar proyecto de Ley de Envases 

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) llevó adelante una multitudinaria movilización desde el Obelisco al Congreso de la Nación, para apoyar la presentación del proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social, una iniciativa que busca instar a las empresas a hacerse cargo del costo de reciclado de los envases que colocan en el mercado y fortalecer el trabajo de los cartoneros y cartoneras. 

Según informaron voceros de la Faccyr, «en el país se producen todos los días 50.000 toneladas de residuos y la mitad de ellos termina en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario». 

«Alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo. Actualmente se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados y los 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas condiciones. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia», remarcó un texto difundido por la organización. 

Para dar una respuesta a esta problemática social, el Proyecto de ley propone la «implementación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado, premiando a los que se hagan con materiales reciclables y sean fáciles de reciclar». 

Se trata de una propuesta basada «en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), la cual es entendida como el deber de cada uno de los productores de tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental y su financiamiento respecto de los envases introducidos por ellos en el mercado nacional y los envases post consumo». 

La idea es que lo recaudado con el cobro de esa tasa «se utilice para implementar Sistemas de Reciclado con Inclusión Social, que permitirán la recuperación de los envases para que vuelvan a la industria y dignifiquen el trabajo de los cartoneros y las cartoneras de todo el país», subrayaron desde Faccyr. 

Ley de Acceso a la Tierra y bloqueo a planta de Bayer-Monsanto 

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) inició un acampe el lunes 25 frente al Congreso de la Nación para exigir el avance de la discusión por la Ley de Acceso a la Tierra, tratada en las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de Diputados, pero aún sin dictamen. Realizó allí un «verdurazo», charlas y talleres, que se replicaron en varios puntos del país.  

«¿Qué pedimos? La creación de un Procrear Rural. Así, en vez de pagar alquileres abusivos, podríamos pagar un crédito que nos permita acceder a tierra propia y nos dé seguridad para producir alimentos e invertir en el camino hacia la agroecología. Porque además de enfermarnos con agroquímicos, las familias que dependen de estos venenos producen a precio dólar y venden en pesos», remarcan. Además, desde la mañana mujeres de la organización bloquearon la entrada de la planta de Zárate de la trasnacional Bayer/Monsanto: «queremos desenmascarar la mentira de que estas empresas están al servicio del modelo de producción de alimentos», destacó Rosalía Pellegrini, Secretaria de Género de la UTT.  

«Estamos desarrollando una acción directa en la planta de Monsanto Bayer, haciendo un verdurazo y entregando alimento real, sano y agroecológico, para marcar quiénes son los verdaderos responsables de la crisis alimentaria que estamos viviendo, y quiénes son los verdaderos responsables de un modelo que no alimenta sino que genera muerte, destrucción y envenenamiento de la tierra, de nuestros cuerpos y de nuestros territorios», remarcó Pellegrini. 

En la misma línea, la UTT expresó en un comunicado: «mientras una buena parte de nuestra población tiene comprometida su nutrición adecuada, y otra buena parte debe gastar casi la totalidad del salario en alimentos, la contracara son un puñado de corporaciones monopólicas que concentran el 80% de las marcas de las góndolas y tienen rentabilidades que superan los mil millones de pesos anuales cada una. Este modelo agroalimentario no da para más«, sentencia. 

La actividad finalizó con una movilización de cierre «Por la Tierra, la Vivienda y el Alimento» el jueves 28 y un festival. Las actividades se replicaron en varios puntos del país, como Chubut, Río Negro, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires y Santiago del Estero. 

«Desde la organización, con fuerte presencia en 18 provincias del país, buscamos demostrar que con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: híper concentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo», sostiene la UTT, y agrega: «en Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Según estiman, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, unas 2.000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna. Solo con un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín (U$300 millones), o con un 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 ($233.200 millones), se podría dar una salida real a miles de familias productoras y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina», remarcaron.

Movimientos sociales suspenden medidas  

Tras la masiva jornada de lucha que realizaron el jueves 14, con multiplicidad de cortes y bloqueos de accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, las organizaciones sociales no alineadas con el gobierno nacional, nucleadas en la Unidad Piquetera, anunciaron que suspenden las medidas de lucha anunciadas y se reunieron con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.  

Así lo anunciaron en un comunicado las organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera: «luego de las enormes movilizaciones que venimos realizando, denunciando que el trabajo que necesitamos no aparece y que las necesidades sociales se incrementan en un cuadro de inflación creciente, aumento de la pobreza y de la indigencia, de salarios, jubilaciones e ingresos fijos que pierden su poder adquisitivo frente al aumento constante de los alimentos y otros productos de primera necesidad. Y luego de haber enviado una carta reclamándole al ministro Zabaleta una reunión para discutir en primer lugar el trabajo genuino que necesitamos, pero también las emergencias sociales que surgen de la situación social gravísima, que atraviesan las familias de muchos trabajadores y trabajadoras en el país, mañana (21/10) a las 9 de la mañana el ministro Juan Zabaleta recibirá a las organizaciones de la Unidad Piquetera«, explicaron. 

«Insistiremos en el proyecto de trabajo genuino mediante obra pública y viviendas que le presentamos al gobierno hace casi dos meses y reclamaremos la universalización de los programas sociales, un seguro al desocupado equivalente a la canasta básica y respuestas inmediatas a las enormes necesidades de nuestros comedores populares donde se alimentan diariamente cientos de miles de compañeras y compañeros, especialmente niños y niñas que son los que más han sido golpeados por la crisis». 

Destacaron que se encuentran en «un compás de espera en estado de alerta y asamblea permanente, hasta ver si el ministro ofrece respuestas inmediatas a situaciones de emergencia y, especialmente, cuál es el plan para el trabajo genuino que necesitamos», finaliza el comunicado conjunto. 

Las organizaciones que integran la Unidad Piquetera son el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, y la OLP y Resistir y Luchar.

Movilización en reclamo de trabajo y alimentos en La Plata 

La Asamblea Permanente Por Trabajo de La Plata, Berisso y Ensenada realizó una movilización desde plaza San Martín hasta el ministerio de Desarrollo de la provincia donde consiguieron una audiencia para presentar un petitorio con sus reclamos.  

“En el marco de una situación económica y social cada vez más difícil para los barrios populares del país, vecinos y vecinas de la región de La Plata, Berisso y Ensenada nos organizamos para reclamar por muchos de los derechos que les faltan a nuestras familias”. Así empezaba el petitorio que presentaron las y los vecinos en el ministerio de Desarrollo de la provincia. 

Luego de conseguir audiencia, presentar el petitorio y que los funcionarios se comprometan en forma inmediata con las demandas, la Asamblea se movilizó hacia plaza San Martín para confluir con las y los trabajadores de salud que se encontraban haciendo una medida de fuerza y radio abierta para que la sociedad se entere cómo trata el Gobierno a quienes llamó esenciales por su lucha contra la pandemia, pero que en los hechos los precarizaron a más no poder, haciéndoles vivir jornadas extenuantes, sin recursos ni cuidados, sin descanso y con salarios de miseria. 

Organizaciones de desocupados reclamaron en Puente Pueyrredón 

El jueves 21 tuvo lugar un corte en el Puente Pueyrredón llevado a cabo por organizaciones de desocupados.  

La protesta tuvo como marco un fuerte operativo represivo, montado por el Gobierno nacional a través de Prefectura.  

El reclamo fue para que el Gobierno garantice alimentos en los comedores populares. Al mismo tiempo exigieron la inclusión de trabajadores desocupados en las obras públicas en curso

Fuerte golpe a organizaciones sociales y sindicatos 

Por Demián García Orfanó* 

En el marco de una redoblada actividad del Gobierno Nacional para revertir la derrota de las PASO, el gobierno publicó el martes 19 un decreto que publicita como el camino para la conversión de los “planes sociales en trabajo”. La medida además de ofrecer ventajas para la contratación de beneficiaries de planes incluye una ofrenda mayor al empresariado, al generar una bolsa de trabajo gratuita de un millón de personas. Por otro lado, prepara la posibilidad de quitarle a las organizaciones sociales la centralidad que tienen en la administración de los planes sociales más extendidos.  

El decreto 711/2021 apuró los anuncios de conversión de planes en empleo. El proyecto de ley que Sergio Massa presentó la semana pasada en la Cámara de Diputados, «Un Puente al Empleo», parece haber pasado a segundo plano ante la búsqueda del Gobierno Nacional de conseguir anuncios rápidos de impacto político. Si bien el decreto deja abiertas definiciones clave a la reglamentación que introduzca el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, presenta trazos generales bien definidos. Entre este primer esbozo y la implementación final habrá una pelea política más o menos explícita que definirá si se tratan de meros anuncios, o si definen ir a fondo contra las organizaciones sociales y el régimen de trabajo formal. 

Beneficios a empresarios 

La primera parte de la medida otorga beneficios a empresarios para la contratación de personas que reciban planes “Potenciar Trabajo” o “Programa de Inserción Laboral”, que hoy día ocupan en tareas sociocomunitarias a cerca de un millón de personas. Los beneficios podrían implicar un ahorro empresario de hasta un 55% para el caso de que abone un salario mínimo. Los empresarios tomarán todo o parte de las prestaciones como parte del salario, y recibirán una rebaja de contribuciones patronales que será del 90 o 95% por un año, según hayan contratado a un trabajador varón o si se trate de una mujer/trans/travesti/transgénero o discapacitade, respectivamente. En este último punto, la medida retoma los beneficios incluidos en el Decreto 493 de agosto de este año que permitía ese beneficio empresarial para un conjunto más acotado de planes sociales. 

Los programas aplican para prácticamente todo el sector privado, ya que incluye las relaciones reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo (Sector Privado en General), el Régimen de Trabajo Agrario y el Régimen de Trabajo de la Construcción. 

El decreto, firmado por Juan Manzur, Claudio Moroni y Juan Zabaleta, anticipa que ambos esquemas deberán sufrir modificaciones para avenirse al nuevo régimen, a ser realizados por sus respectivos ministerios. Las empresas que quieran ser parte tendrán que incrementar la cantidad de empleades y habrá límite en la cantidad de beneficiaries que cada una pueda incorporar. Para ingresar, no deben figurar en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por casos de trata, trabajo infantil, o no registro de empleades. 

Entre las cuestiones que quedan pendientes de reglamentar se encuentra la forma en que las prestaciones se incorporarán al salario. Se detalla que quedarán pendientes definir montos, plazos, condiciones por sector y compatibilidad. Con esta última definición abrirán la puerta a que se incluyan trabajadores rurales “golondrina”, continuando con la línea del Decreto 514/21 y la Resolución conjunta 8/2021, en los que permitían continuar cobrando AUH y Tarjeta Alimentar a trabajadores temporaries de este sector. 

Entre los detalles de la norma se aclara además que si existiera pluriempleo, se tendrá que distribuir el beneficio entre les empleadores, y anticipa que habrá un análisis de las necesidades de los sectores productivos. Si continúa la lógica de otros beneficios a empresarios para impulsar la actividad económica que se otorgaron este año, esta aclaración podrá permitir que haya cupos máximos por provincia y rama de actividad. 

Por último, se aclara que en caso de despido o renuncia, el beneficiarie puede volver a cobrar un plan si estuvo al menos 12 meses formalizado en los dos años previos, o si estuvo entre 8 y 12, puede optar por el seguro de desempleo (o compensación del régimen de construcción, si corresponde). 

La “capacitación” como amenaza de futuros ajustes y una oleada precarizadora 

A pesar de que el ahorro empresario puede ser relevante para cada puesto de trabajo, es poco probable que impulse las contrataciones si la crisis económica mantiene estancadas las ventas, como señalan empresarios y analistas en notas como la de Nicolás Salas en ANRed o Paula Krizanovic en IProfesional sobre el proyecto de Massa. 

Sin embargo, las implicancias políticas de la segunda parte del decreto son mayores. El Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo tienen que «elaborar un cronograma» (abriendo la puerta a dilaciones y postergaciones) para que, según «posibilidades y requerimientos de los sectores productivos» (nuevamente, anticipando posibles cupos), se incorporen beneficiaries de planes a capacitaciones de oficios o «prácticas calificantes en ambientes de trabajo«. 

Podemos estar ante las puertas de un relanzamiento de una figura legal como las pasantías, que desde su implementación en 1992 hasta su última reforma (en 2008) impulsó la precarización y debilitamiento del modelo de derechos laborales basados en convenios colectivos y, con ellos, a las afiliaciones y sindicatos por rama. En ese caso, el objetivo eran estudiantes universitaries y de secundaria, mientras que esta vez el objetivo serán jóvenes que no necesariamente estén en el sistema educativo, una masa mayoritariamente femenina que cobra el Potenciar Trabajo. 

Además, la falta de precisiones sobre quiénes dictarían las capacitaciones en oficios abre la puerta a tres posibilidades. 

• Que sea el Estado quien las brinde 
• Que los sindicatos se sumen en un nuevo entramado estatal-sindical 
• Mantener en las organizaciones sociales piqueteras la posibilidad de generar centros de capacitación. 

Sólo el último caso sostendría en manos de las organizaciones piqueteras la garantía del cumplimiento de requisitos de los planes, debilitando la relación entre las bases organizadas en los barrios y esas organizaciones. 

Por otro lado, el beneficio se cobrará mientras dure la capacitación o la «práctica calificante», y si se incorporan a las empresas será en las condiciones del apartado anterior. La presión para que beneficiarios de planes se sumen a trabajar a costo cero viene garantizada por este punto. Además, si se aplica en forma restrictiva podría ser un intento de limitar la duración de los planes para permitir un ajuste futuro en el sector, que tiene para el 2022 un presupuesto de $243.000 millones de pesos, bajo la fría e impersonal excusa de un requerimiento burocrático. Esa masa de recursos representa apenas un 34% de lo que el Estado destinará en 2022 a subsidiar empresas. 

No está todo dicho 

Son estas organizaciones sociales las que vienen proveyendo comida, realizando tareas de contención juvenil, cuidado de la salud, respondiendo a la violencia machista en villas y barrios humildes, en fin, sosteniendo las precarizadas vidas de quienes son más golpeades por la crisis. Al mismo tiempo, como han denunciado en una masiva jornada nacional la semana pasada, las condiciones de ajuste en el sector no dan para más. Lejos de responder con mayores concesiones a este sector social, la respuesta del gobierno nacional parece ser la deslegitimación, la apuesta por el desgaste y un nuevo intento de debilitar a las organizaciones. 

Resta ver cómo dosificaría el gobierno en el tiempo la reglamentación de los diferentes puntos de la normativa para dosificar, a su vez, el conflicto social con las organizaciones piqueteras. También, cómo buscaría compensar a los sindicatos ante la pérdida de poder de negociación que la extensión de la precarización supone. Los intentos de reformas laboral macristas del 2017 contenían algunas indicaciones que pueden anticipar el camino a seguir: una Agencia de Tecnologías de Salud que beneficie a las obras sociales sindicales, una amnistía a empresarios para la regularización de trabajadores informales que amplíe la base de afiliación o negocios con la capacitación masiva. 

Esta normativa abre la puerta a un panorama de intereses en conflicto muy amplio. Las indefiniciones pueden anticipar una mayor conflictividad social o simplemente ser la bruma que se disipe cuando pasen las elecciones. De todas formas, una actitud alerta de los sectores populares será lo único que pueda evitar la pérdida de derechos y de fortaleza en sus organizaciones. 

* Economista, delegado de ATE MECON e integrante de la Corriente Social y Política Marabunta.

Fuerte crítica de la UTEP al proyecto del Gobierno nacional  

Ante la inminente presentación en Diputados del proyecto de Ley que convierte los planes en empleo «genuino», desde la UTEP salieron a criticar la iniciativa ya que estigmatiza y desmerece el trabajo de las organizaciones sociales. 

Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, en una entrevista radial dijo que, con este proyecto, el Gobierno nacional «le está dando argumentos a la derecha para que siga avanzando sobre la organización popular». 

“Si el presidente no entiende que la Economía Popular es parte del trabajo organizado, que es una economía que llegó para quedarse, que es una economía que necesita derechos, herramientas, lo que está haciendo es invisibilizar nuestro trabajo y le está dando argumentos a la derecha para que siga avanzando sobre la organización popular”, expresó la dirigente social. “La realidad es que sin el laburo que hemos hecho en la pandemia, que se triplicó, la pandemia hubiera sido catastrófica”, remarcó. 

“Se enfocan en las organizaciones, pero ¿qué nos dicen de los municipios que también tienen Salario Social Complementario? (Sergio) Massa (presidente de la Cámara de Diputados) también pretende trabajar con el Salario Social Complementario en las empresas. No nos sigan estigmatizando más diciéndonos planeros, cuando en realidad estamos laburando y estamos laburando muchísimo”, manifestó y le recordó al Gobierno nacional que si quiere transformar la Argentina debe empezar por dejar de llamar “vagos” a los trabajadores de la Economía Popular. 

La secretaria general adjunta de la UTEP aseguró que “en los barrios hay mucho enojo” y que “se visibilizó en las PASO”. “Estamos trabajando fuertemente porque sabemos qué significa que vuelva el macrismo al gobierno. Nosotros venimos de una pandemia que se llama macrismo, que nos duró 4 años, que estuvimos en la calle, que toda su política la llevó para un solo sector”, aclaró. 

Y continuó: “El presidente se está equivocando, está escuchando a personas que tienen la vida solucionada, que no están como nosotros, que no llegamos a fin de mes, que nos estamos cagando de hambre”. 

El mito de los planes sociales: representan el 0,2% del PBI y requieren menos fondos que los subsidios a empresarios 

En una nota para Anred, Nicolás Salas escribió: 

Casi desde el surgimiento del movimiento sociales a mediados de los 90´ se construyó desde los grandes medios de comunicación un imaginario que sostiene que el dinero que pierde la clase media, por ejemplo, es el que se destina a los “piqueteros”, lo que repercute en los reclamos de cómo dejar de “subsidiar” a la pobreza o terminar con los planes sociales. 

Si se analiza, dentro del proyecto presupuestario, el cuadro “Paquete Covid/2da ola, ampliación de las políticas sociales y producción y empleo- año 2021” [1] puede verse el lugar marginal que ocupan los programas de empleo. Si hablamos del “Potenciar Trabajo”, el único masivo de los planes, el presupuesto total que se empleó representa el 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) con un gasto total de $83.500 millones ¿Cuántas personas que trabajan en el cooperativismo se asiste? En total unas 950.000 que desempeñan una multiplicidad de trabajos de la llamada Economía Popular (zanjeos, barrido, reciclado, producción de alimentos, construcción, servicios alimentarios barriales, etc.). 

El cuadro proyectado no solo derriba el mito del gasto en planes que hace el Estado sino que expone al empresariado local, una clase habituada a alimentar el imaginario de “los parásitos que viven del Estado”, “choriplaneros” y otras yerbas. 

Reemplazando el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en noviembre de 2020 se creó el programa de Recuperación Productiva (REPRO II), por el cual se otorgó un beneficio a cuenta del “pago de las remuneraciones a cargo de las y los empleadores adheridos al programa para sectores considerados como no críticos por un plazo de dos meses”. 

Las transferencias por empleado/a fueron en aumento con el paso de los meses, llegando en mayo de este año a girar partidas por hasta $22.000 por empleado/a. ¿Cuántos fondos se enviaron? En concepto de “salario complementario” implicó unos $80.147 millones, un 4% menos que el Potenciar Trabajo pero abarcando a menos de la mitad de trabajadores/as del programa de trabajo si se tiene en cuenta que la asistencia promedio anual del REPRO alcanzó a 420.000 personas. 

Ahora bien, contemplando el segmento del REPRO II referido a la “exención Contribuciones Patronales Sectores Críticos” se le suman unos $14.400 millones. Esto no es todo, porque también se giraron partidas por $11.774 millones a través del “FOGAR” y “FONDEP”, programas que se hicieron cargo de generar una línea de crédito, a tasa subsidiada por el Estado, destinada a la inversión productiva para la compra de bienes de capital en los sectores industrial, agropecuario, comercio y de servicios. Estás distintas líneas implicaron más del 0,2% del PBI argentino del 2021. 

Para peor, el parasitarismo empresarial llegó a tal punto que unos meses después de iniciada la pandemia se constató que al menos 2.000 empresas usaron los fondos girados por el Estado para jugar a la timba financiera. Los casos comprobados debieron devolver partidas correspondientes a las ATP que habían usado para comprar dólares. A su vez, y ante la falta de control estatal, muchas compañías solo abonaron a los trabajadores los montos girados del subsidio reteniendo el aporte que les correspondía como empleadores. 

Estos subsidios no necesariamente fueron a las PYMES o pequeñas empresas golpeadas por la pandemia sino que reforzaron las arcas económicas de grandes grupos económicos que solicitaron el subsidio como fue el caso de Volkswagen, Mercedes Benz, Techint, Clarín, entre otros. El caso del grupo mediático fue de los más resonantes ya que pidieron la asistencia al Estado cuando venían de fugar 650 millones de dólares, y muchas de sus empresas, como Cablevisión Holdings, mostraron un incremento en sus valores del 77 % desde el inicio de la cuarentena. 

Estas estadísticas son acotadas y minúsculas si se las compara con otros subsidios que el Estado gira regularmente al empresariado local, pero al menos demarcan un atisbo de la perversidad con la que se aborda el problema de la pobreza y la falta de trabajo en el país donde a las víctimas (“choriplaneros”) pasan a ser victimarios, mientras los victimarios (“planeros con guantes blancos”) son las víctimas de una realidad que ellos mismos ayudaron y ayudan a construir. 

Nota:

[1] “Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022”. Miércoles 15 de Septiembre de 2021. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero hay más trabajadores de la Economía Popular que privados

Los datos surgen de la comparación entre el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y el SIPA.  

Los primeros resultados del último informe del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular empiezan a encender señales de alarma y a dar cuenta de la magnitud del problema de la informalidad laboral en las provincias del Norte del país. 

Ahora el Registro contabiliza 2.800.000 inscriptos. Un número que supera largamente las expectativas de una iniciativa que fue ideada para conocer qué características tiene el trabajo informal en la Argentina, quiénes lo integran, el sector en el que se ocupan y cómo generan sus ingresos. 

Según los datos disponibles, en siete provincias del NOA y el NEA, los trabajadores inscriptos en el Renatep superan a los del sector privado. 

«Esto nos muestra que en esas provincias la forma productiva dominante es la que está relacionada con la Economía Popular. Las condiciones productivas y laborales en esas provincias son las que existen en la Economía Popular, que lamentablemente son aquellas en las que la vulnerabilidad social y productiva son muy marcadas, lo que repercute en los ingresos y las condiciones de vida de la población», explicó Pablo Chena, Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local. 

La economía precarizada: ¿quiénes, dónde y de qué trabajan las casi tres millones de familias inscriptas en el ReNaTEP? 

Por Nicolás Salas 

El reporte presentado por el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) muestra una radiografía sobre la situación de una amplia franja de la población que se encuentra desocupada, con changas o trabajos que no le permiten cubrir las necesidades básicas, en un marco donde la pobreza escaló al 42% y la inflación al 9,6%.  

[…] 

El reporte de agosto del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) muestra una radiografía de los oficios, género y tipo de organización que asumen unas 2.830.520 de personas que se inscribieron entre julio del 2020 y el 11 de agosto del 2021. 

No todas las personas relevadas cobran un programa de empleo que acompañe la actividad que realizan. El “Potenciar Trabajo”, programa de empleo orientado a reforzar salarialmente a los sectores más afectados por la crisis, no llega a cubrir ni la mitad de las personas inscriptas en el registro, ya que en la actualidad abarca a 1.038.813 de personas. A comienzos de la pandemia, se daba al interior del gobierno una discusión en torno a elevar el número de dichos planes a dos millones, buscando llegar a cifras similares a las de 2002, cuando Duhalde lanzó el plan “Jefes y Jefas” como línea de contención social a una crisis abierta. Dicha perspectiva fue perdiendo peso y terminó de descartarse con el arribo de Zabaleta al Ministerio de Desarrollo, quien públicamente aseguró que no se cargarían más planes y que las energías de la política pública estarían concentradas en el Plan empalme. 

Volviendo al ReNaTEP. El 57,4% son mujeres, es decir unas 1.624.006, mientras que el 42,6% son varones (1.206.514).  El número es significativo si se lo compara con el sector asalariado privado donde las mujeres representan tan sólo el 32,9%[1]. Cabe destacar que el registro, al igual que en la gran mayoría de los relevamientos (privados o públicos), no contempla la situación de las identidades “disidentes” (trans, travas, no binaries, lesbianas, entre otras). 

Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la franja etaria. Aquí aparece la llamada “juventud precarizada” que encuentra enormes dificultades para conseguir empleo formal, vive en la desocupación, de changas o tiene trabajos poco remunerados. El 64,2% de quienes se anotaron en el registro tienen entre 18 y 35 años, es decir 1.813.880 de personas. 

El peso significativo del Conurbano bonaerense en la densidad demográfica y la pobreza del país posee su correlato directo en el segmento del informe donde se describe el territorio donde viven las familias. El grueso de los inscriptos reside en la provincia de Buenos Aires, alcanzando el 35,6% del total nacional. Le siguen Tucumán (6,2%), Santiago del Estero (6,1%), Salta (6,1%) y Chaco (5,8%). “El 40,2% restante de las inscripciones presenta una alta dispersión a lo largo del país y ninguna provincia alcanza el 5%”, asegura el informe del organismo nacional. 

¿De qué trabajan? El relevamiento segmenta los oficios en varias categorías [2] que engloban distintas actividades. La más preponderante que se refleja con precisión es la concerniente a trabajador/a de comedores y merenderos comunitarios que contiene a 444.440 personas, de las cuales el 62,8% son mujeres y el 37,2% varones. “Servicios de limpieza” es otra de las actividades relevantes con 177.887 (el 88% son mujeres y 12% varones) y el tercero del podio es “agricultor/a” con 111.618 (repartido en 46,9% mujeres y 53,1% varones) [3]. 

El tipo de actividades descriptas no es fruto de la casualidad si se tiene en cuenta el peso significativo que tienen las organizaciones sociales en la estructuración del RENATEP. En principio, porque la CTEP fue la impulsora del proyecto que finalmente se concretó en 2016 a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia Social. En segunda instancia, porque allí se vuelcan las construcciones que la mayoría de las organizaciones sociales vienen realizando desde dos décadas atrás, mucho tiempo antes que a dichos trabajos se los encuadrara con el nombre de “economía popular”. A su vez, el relevamiento contiene al espectro de actividades que los movimientos fueron incorporando en los últimos años, como son el trabajo ambulante, feriante, de producción rural a mediana escala, entre otras actividades. 

Por otra parte, el informe permite desglosar qué parte de esta población pertenece a fuerza organizada en movimientos sociales y cuál solo responde a actividades individuales de subsistencia. “En relación a la organización del trabajo, tal y como se indicó en el Informe General del ReNaTEP presentado en mayo de este año, se observa que la mayor parte de los/as trabajadores/as lleva adelante sus actividades de manera individual (59,5%) mientras el 40,5% restante se organiza de manera colectiva”, asegura el informe en uno de sus fragmentos. 

En ese sentido, dentro de la organización colectiva se incluye “Organización comunitaria o social”, ítem utilizado por los movimientos sociales al momento de inscribir a sus cooperativistas. De allí, puede deducirse que del volumen total de lo que sería la Economía Popular, unas 611.082 (23%) son personas organizadas y se mueven en torno a un programa de acción que puede oscilar entre el amplio mundo ideológico piquetero que va desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) hasta la Unidad Piquetera (Polo Obrero, FOL, FPDS-CP, Barrios de Pie-LdS, MST, entre otros). Tampoco pueden descartarse tareas que se llevan a cabo a partir de las iglesias e instituciones religiosas que intervienen en el seno de los barrios populares, villas o asentamientos. 

La fuerza organizada no puede reducirse solo al ítem “organización comunitaria o social”, ya que las estadísticas también contemplan un 7,9% concerniente a las cooperativas de trabajo y un 1,1% a la agricultura familiar, sectores donde organizaciones del sector articulan y desarrollan tareas sindicales y sociales. 

Sigue abierta la discusión dentro del gobierno, y afuera también, de cómo abordar la situación de millones de familias que viven en la precariedad laboral y hacen milagros para cubrir sus necesidades básicas. Varias opciones se manejaron desde la coalición de gobierno que van desde la propuesta de llegar a dos millones de planes, la creación de una renta universal por familia desocupada y la aplicación de un IFE específico y por única vez para el sector. Cualquiera de las iniciativas que se elijan, u otras que surjan en el transcurso de estos meses, estará atada a una discusión mayor que pone en tensión al Frente “Todos” y agrava la crisis desatada tras la derrota en las últimas PASO; incrementar el gasto público o mantener controlado el déficit primario tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, en miles de comedores comunitarios del país, las trabajadoras de la Economía Popular o precarizada le ponen el pecho a una crisis que no pareciera ser de corto aliento. 

Notas: 

[1] El informe compara las estadísticas a partir de la información extraída del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

[2] “Servicios personales y otros oficios”, un 32,8% (839.301 personas) – “Servicios sociocomunitarios” un 28,8% del total (737.114) – “Comercio popular y trabajos en espacios públicos”, un 12,1% (310.642 personas) – “Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental”, un  9,2% (234.955 personas) – “Agricultura familiar y campesina”, un 8,3% (213.367 personas) – “Recuperación, reciclado y servicios ambientales”, un 3,9% (99.135 personas) – “Industria manufacturera”, un 3,8% (97.190 personas) – “Transporte y almacenamiento”, un 1,2% (30.759 personas). 

[3] El segmento más elegido de todo el registro se da en “Servicios Personales y otros oficios” con el ítem “otros” (409.567), el cual no permite traducir qué tipo de actividad específica se realiza. 

Incumplimiento con las familias de Guernica 

Luego del violento desalojo de Berni y Kicillof, las familias que habían recuperado predios en Guernica continuaron organizadas en asamblea y coordinando con otros trabajadores que también luchaban por su fuente de trabajo. Esto les permitió que en diciembre del 2020 comenzaran una mesa de negociación con el gobierno provincial mediante el ministerio de Desarrollo Social que dirige Andrés “Cuervo” Larroque. 

La lucha de las familias logró que se entregaran actas de pre adjudicación de lotes con servicio a 180 días. Estas constituyen un documento público, entregadas y firmadas por funcionarios de esta entidad. 

En septiembre de este año deberían haberse entregado los lotes como estipula el acta firmada. Pero el Gobierno viene incumpliendo de forma sistemática e ilegal el acuerdo en el que todas las familias iban a tener este año su lote con servicios, incluso algunas familias aún no cobraron el subsidio de 30.000 pesos por única vez que se les había prometido.

Recordemos que se favoreció con el desalojo al grupo inversor Bellaco S.A., dedicado a hacer negocios millonarios con el desarrollo inmobiliario de alta gama: clubs de campo, campos de golf, countries. 

Cuando comenzó la campaña electoral, el gobernador Kicillof cambió de planes. Anunció que Bellaco estaba en la ilegalidad, y que por eso tuvo que ceder parte de los terrenos al Estado. Entonces, ¿los vecinos de Guernica tenían razón? Sí, los ilegales no eran los vecinos que recuperaron el predio. Entonces, ¿por qué Berni las desalojó y el gobierno las dejó en la calle?  

El 13 de agosto Kicillof y sus funcionarios realizaron un acto en las tierras donde la Policía Bonaerense quemó y aplastó con topadoras la escuelita, las casas, los juguetes. Anunció un plan de urbanización y construcción de viviendas. 

A la semana siguiente, en las mesas de negociación y con el acta de pre adjudicación de lotes vencida, lo prometido es “canjeado” por una nueva promesa pero esta vez con un plazo de dos años, y en vez de un lote sería una vivienda para las elecciones presidenciales de 2023. Utilizan la misma estrategia que en octubre del 2020. En los días previos al desalojo el gobierno le “ofrecía” a las familias oralmente lotes y subsidios sin ningún acta por escrito ni garantía para que se cumpla. La diferencia ahora es que ofrecen viviendas pero manteniendo una promesa oral, sin acta, ni plazos precisos ni dónde se ubicará cada una de las familias, sin garantías.
Una vivienda en vez de un lote es un sueño para muchos. Pero hay que hacerlo realidad con los tiempos acordes a la necesidad y las garantías para poder llevarlo adelante. Más aún para quienes continúan sobreviviendo con trabajos precarios, de prestado en casas de amigos, familiares, y muchas mujeres expuestas a la violencia machista. 

El pasado 25 de octubre se realizó una movilización al ministerio de Desarrollo Social bonaerense para denunciar el incumplimiento del compromiso de los lotes. Y el 29 un corte en Puente Pueyrredón. 

Entrevista a Yamila, vocera del Frente de Recuperación de Guernica en “¿Sin Salida?” – FM La Boca (90.1) – Martes de 20:00 a 21:00 

Guernica ha sido la cara visible de una problemática habitacional de millones de familias 

M.H: el 25 hubo una importante movilización en La Plata y  una propuesta de corte el próximo viernes 29 en puente Pueyrredón ¿cómo están sosteniendo esta situación? 

Y: En el día de ayer nos movilizamos al ministerio de Desarrollo de la provincia, en reclamo de los incumplimiento de los plazos, de los vencimientos de las actas de adjudicación de los lotes más servicios que firmamos entre diciembre y febrero, donde nos encontramos con los plazos totalmente vencidos al menos tres meses, con unas fechas tan sensibles como son este viernes 29 de octubre que se cumple un año del desalojo con 4.000 policías con armamentos, con casillas quemadas, con represión, con violencia total.  

Nos encontramos nuevamente reclamando por nuestro derecho a algo tan básico como es la tierra, no estamos hablando de vivienda, no estamos hablando de cosas ostentosas, aunque si fuera así tendríamos el derecho, pero el reclamo en este momento es al derecho al acceso a la  tierra, a poder vivir en un lugar propio. Luego de los plazos vencidos, de los acuerdos que hemos tenido con el ministro Larroque, con el gobierno de Axel Kicillof, nos encontramos con los plazos vencidos, no tuvimos ningún tipo de solución habitacional para ninguna de las familias.  

Ayer hemos hecho una movilización bastante notoria, con otro de los dos frentes que se han ido organizando con las familias que también han sido desalojadas de Guernica. En nuestro caso somos 180 familias, las familias permanentes son otras 160 y otros compañeros que acompañan como el Polo Obrero que son otras 180 familias. También se han acercado grupos de vecinos que se organizan de una manera más independiente dando un número bastante grande. Las familias que hoy en día después de un año no se han recibido soluciones de ningún tipo, de ninguna forma.  

Este día viernes volvemos a salir a las calles a reclamar por nuestros derechos, que Guernica no fue solucionado como lo ha dicho el gobernador Axel Kicillof previo a las PASO, donde hizo una conferencia de prensa en el mismo territorio donde fuimos desalojados, planteando un plan de urbanización, mostrando un croquis, haciendo cumplir la ley 14.449 de acceso justo al hábitat que ha sido la que hemos impulsado, la que hemos puesto en la causa durante el proceso, cuando estábamos en territorio con nuestro proyecto de bandera, buscando la solución dentro de la ley. Y lamentablemente nos han desalojado para cumplir esa ley que hoy en día, en este momento, no ha sido del todo ejecutada ya que todavía no hemos recibido la adjudicación de esos lotes y los plazos se han vencido. 

M.H: Convocan a un corte para el viernes 29. 

Y: Exactamente. Este  viernes 29 de octubre a las 9:00 convocamos a un corte en el Puente Pueyrredón, tanto nuestro Frente de Recuperación, como todas las familias de Guernica que se han organizado, invitamos a otras problemáticas de tierra y vivienda que se han ido organizando también, y organizaciones que quieran solidarizarse con la causa sabiendo que Guernica sigue, que la lucha sigue y que no es solamente Guernica si no que ha sido la cara visible de una problemática habitacional de millones de familias  

Entrevista a Marcelo Mercere del Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados  

“Basta de Usura UVA” 

M.H: Contanos lo que están viviendo las familias damnificadas por los créditos UVA, nucleados en el Colectivo Nacional Hipotecados UVA Autoconvocados que volvieron a marchar el sábado 23 de octubre desde el Obelisco hasta la Casa Rosada para decir “Basta de Usura UVA”. 

M.M: Se realizó una movilización en Buenos Aires y se replicó en muchos lugares del país en reclamo de una salida del sistema de los créditos que indexan por inflación; los créditos hipotecarios, los personales y los prendarios. El gobierno nacional, Aníbal Fernández, en campaña había dicho que iba a solucionar el tema y a la fecha estamos en una situación muy crítica. 

M.H: Explícanos de qué se trata esa situación crítica a la que te referís. 

M.M: Básicamente es porque en los últimos 44 meses el salario viene perdiendo contra la inflación, entonces la capacidad de pago cada vez se reduce más. La cuota representa una porción mayor del ingreso del tomador del crédito producto de la inflación y los ingresos o salarios están muy por debajo de lo que evoluciona mensualmente la cuota. Cada vez muerde una porción más grande del ingreso del tomador de crédito. Y además hay que tener en cuenta que estos créditos indexan el capital, cada vez se paga más cuota y cada vez se debe más en concepto de capital, nunca se termina.  

M.H: Tengo entendido que se han presentado en el Congreso muchos proyectos de ley, no obstante ello las mayorías parlamentarias se encargan de cajonearlos. 

M.M: Se han presentado proyectos de ley, pero ninguno tuvo despacho de comisión. No pasan de ser anteproyectos. Cuando el macrismo era gobierno el peronismo presentaba proyectos y se los cajoneaban, ahora que el peronismo es gobierno se presentan proyectos desde alguno de la oposición y el oficialismo se encarga de frenarlo.   

M.H: Concretamente ¿qué están pidiendo?  

M.M: Salir de la indexación por inflación y que se reestructuren los créditos para volver al equilibrio inicial que se dio al momento de sacar el crédito.  

M.H: ¿Querés agregar algo más?  

M.M: Simplemente que en algún momento se pongan los pantalones largos y que el tema se debata en el Congreso. Que se dejen de dilatar el tema tanto el gobierno como la oposición.  

La cooperativa textil Nueva Generación al filo del desalojo 

Un proceso judicial originado en una dudosa demanda amenaza con dejar sin sustento a 84 familias que reclaman que el Estado tome cartas en el asunto. Ubicada en el barrio Los Tanos de Wilde, los trabajadores se encuentran haciendo guardia en defensa de su espacio. 

El lugar fue adquirido por la Nueva Generación en 2005 y en 2011 una persona inició una causa aduciendo que era el legítimo dueño. “Es una situación rara porque en un mes tuvo título de propiedad”, explica la presidenta de la cooperativa, Alicia Gutiérrez. 

“Nosotros construimos en un baldío y de repente vino este señor a decirnos que él era el dueño, que él lo había comprado y que había escriturado a nombre de él y ahí comenzó el juicio. El episodio muestra aparentemente que es una persona o unas personas que están muy acostumbradas a hacer esto. Viene, muestra todo y te lo ató con moño como el dueño del lugar”, sigue su narración. 

Uno de los puntos que los textiles tienen en su favor es el reconocimiento por parte de las autoridades. En 2012 se logró una Ley de expropiación del Senado bonaerense, pero esta cayó en 2017. Por su parte la Municipalidad de Avellaneda condonó todas las deudas que el inmueble arrastraba de dueños anteriores para posibilitar que el trabajo de la cooperativa no se fuera en afrontar costos que no les correspondían. Fue también para esa misma época que recibieron subsidios del INAES. También lograron inscribirse como proveedores del Estado. 

“Esta persona dice haberlo comprado en el 2011, que lo comprobó ante la Justicia y la Justicia le dio la razón. Pero nunca entró, no conoce el lugar ni sabe qué es lo que compró. Es todo muy raro. El tema final y el desenlace de esto es que somos 84 familias que nos quedamos sin trabajo”, lamenta la trabajadora. 

“Nosotros hablamos con todos los funcionarios en este momento, desde Presidencia de la Nación al ministerio Desarrollo Social; con la provincia de Buenos Aires y con Derechos Humanos. Con todos los que te puedas imaginar, hemos hablado con todo el mundo. Pero no hemos tenido respuestas positivas y por eso ayer se presentó el oficial de justicia a la puerta diciéndonos que ya estamos desalojados y ahora estamos en guardias permanentes custodiando, esperando a la policía que nos venga a desalojar“. 

A pesar de la indiferencia estatal, la cooperativa Nueva Generación ha tenido el apoyo y la solidaridad de los vecinos del barrio Los Tanos, en el que habitan. “La mayoría trabaja con nosotros en la cooperativa y otros colaboran. Somos parte y creo que en este barrio es el único lugar que tiene un servicio como el que tiene la cooperativa, abierto a la comunidad. Por eso la defensa del barrio, que es más bien de clase media baja. Imaginate que es gente tranquila que está muy dolida y nos han hecho cartas y todo el apoyo”, relata Gutiérrez. 

“Recién vinieron a comprarnos ropa porque de alguna manera se manifiesta que están con nosotros y que quieren ayudarnos. Inclusive muchos nos dicen ´si tuviese lugar en mi casa, les daría espacio porque esto es injusto´. Esto no tiene que suceder y mucho menos en una Argentina en la que hoy necesitamos incorporar puestos de trabajo a los desocupados, a los que tienen planes sociales. Y nosotros siempre somos los que le aliviamos la tarea al Estado en ese sentido“, concluye. 

Apoyo de Adolfo Pérez Esquivel y el Serpaj a obreros de Cerámica Neuquén 

En medio de la lucha de las y los obreros ceramistas por una solución por parte del Gobierno y la justicia para que se reconozca la gestión obrera y haya garantías para la producción, Adolfo Pérez Esquivel manifestó su apoyo a los ceramistas solicitando su incorporación como amicus curae y requiriendo el avance de una solución acordada en el marco de las negociaciones entre las y los ceramistas, los ex trabajadores y la ex patronal. El SERPAJ manifestó su apoyo a una solución que contemple la defensa de la gestión obrera y los puestos de trabajo y los reclamos de los distintos sectores. 

Mientras tanto, en la primera semana de octubre, los obreros de Cerámica Neuquén y la ex patronal presentaron escritos dentro del expediente informando lo acordado en la audiencia en el Juzgado Civil en el marco del concurso de acreedores, solicitando la suspensión de la ejecución y se convoque a una nueva audiencia con los ex trabajadores representados por el abogado José Brillo. Las y los obreros de Cerámica Neuquén y el Sindicato Ceramista seguimos exigiendo una salida que contemple la defensa de los puestos de trabajo y la gestión obrera. 

Tetaz dijo que Zanón y las fábricas recuperadas son “un desastre” 

Martín Tetaz, economista y candidato que secunda a María Eugenia Vidal en la lista porteña de Juntos por el Cambios, destiló odio en sus redes a hacia los miles de trabajadoras y trabajadores que en todo el país tomaron en sus manos la gestión de empresas y fábricas que empresarios vaciadores hundieron. 

El mensaje causó indignación y fueron varias las respuestas a las declaraciones de Tetaz cuando una vez más se pone al desnudo, en este caso a partir de la investigación de los Pandora Pappers: el uso de empresas offshore para evadir y ocultar la riqueza empresaria.  

El ejemplo de Madygraf 

Madygraf es una cooperativa en Garín, provincia de Buenos Aires, que fue recuperada por sus trabajadores hace 7 años, de cuando se llamaba Donnelley y en donde sus trabajadores fueron dejados sin sus puestos de trabajo de la noche a la mañana. La empresa se declaró en quiebra de manera fraudulenta, y solo les dejó un número de teléfono por cualquier reclamo. Se organizaron en asamblea, tomaron el control de la fábrica, lograron después de una gran lucha la expropiación y la pusieron a producir de nuevo. Han hecho campañas de producción de cuadernos para regalar a sectores de bajos recursos, cursos de formación profesional, torneos y distintas actividades para ganar visibilidad y mostrar que una fábrica gestionada por sus trabajadores es posible.  

A raíz de la consecuente caída en el mercado gráfico acrecentada durante la pandemia y los tarifazos millonarios de Edenor que ahogaban la cooperativa, las y los trabajadores en asamblea decidieron una reconversión tecnológica parcial hacia la producción de bolsas de papel como sustituto de las bolsas de plástico. Para eso se compró una máquina de bolsas importada de China. 

El año pasado ya habían realizado una reconversión parcial para producir sanitizante y barbijos y entregarlos gratis a trabajadores de la salud, hospitales de la zona y docentes, que son los más desprotegidos por las políticas públicas de gestión de la pandemia.  

Esta reconversión no solo permite un ahorro sustancial de la energía, sino también aumentar la cantidad de puestos de trabajo. Es una decisión que llevó mucho tiempo de discusión, analizando si convenía o no la utilización de, por ejemplo, paneles solares, en diálogo con la comunidad y con la participación de técnicos y especialistas de universidades (UNGS) sobre cómo reconvertir su industria y también cómo hacer para que la fábrica no contamine a los barrios aledaños, por ejemplo, a través del tratamiento de afluentes. Esto es algo impensable para una industria en donde el objetivo último es la ganancia de la patronal. 

Trabajadores de Madygraf con el biólogo e investigador del Conicet, Guillermo Folguera 

“En general son dos mundos que aparecen desconectados, lo ambiental y el mundo de los laburantes. ¿Cuándo se les pegó, cuándo lo pudieron unir?”, preguntó Guillermo. “Siempre actuamos en solidaridad con la comunidad, en principio pusimos a funcionar una planta de efluentes, que la fábrica la tenía a medio instalar. Nunca se preocupó en pensar a dónde iban esos químicos en plantas industriales tan grandes como ésta, y eso va a la tierra, contaminando las napas de agua que consume la gente”, dijo Walter; a lo que Agustín agregó: “somos todos trabajadores que vivimos en distintas zonas cercanas a la fábrica, y nos bañamos y tomamos el agua de las napas. Ahí vimos la importancia de que la fábrica no contamine el agua”. 

A la pregunta sobre “¿Qué pasó en el colectivo que representa la fábrica cuando apareció el tema ambiental? Porque de alguna manera interviene sobre la ganancia, ¿Cómo va a afectar la ganancia? ¿Qué pasó con eso?”, Roco responde: “nosotros éramos obreros que estábamos cada uno en su máquina y de repente te tenés que hacer cargo de toda la fábrica, y la pregunta era ¿qué es la planta de efluentes?(…) También el tema del ahorro energético, nos preguntamos ¿de qué manera podríamos ahorrar energía? Los compañeros de mantenimiento, además de la planta de efluentes, comenzaron a implementar el ahorro energético. Mayormente las empresas contaminan, y pagan las multas. Mientras los empresarios sigan teniendo ganancias no les interesa la vida de las personas, y a nosotros sí nos interesa. Entonces empezamos a pensar, cómo podemos dar un ejemplo, siendo una fábrica controlada por sus trabajadores, y ahí fuimos viendo con la caída de la industria gráfica cómo podíamos reconvertirnos.” 

“Las transiciones ambientales, que evidentemente van a tener que darse, tienen que ubicar en un lugar central al trabajador, a la trabajadora. (…) La lógica actual del mercado no piensa en el mediano plazo, no le interesa el mediano plazo, todos los efectos crónicos en la salud no son considerados, tanto los que afectan en el terreno lindante, como en los mismos trabajadores, como les pasó a los trabajadores del subte contaminados con agentes cancerígenos. Esa omisión no es un accidente, es una lógica estructural del mercado”, concluyó Guillermo Folguera. 

Para colaborar con Madrygaf comunicate vía redes sociales por IG | @madygraf FB | madygraf 

La Delio Valdez tocará el 4 de diciembre en el playón de FaSinPat 

El playón de Cerámica Zanón será nuevamente el escenario donde, a precios accesibles, se podrá disfrutar de buena música y brindar apoyo a la gestión obrera, que el 1° de octubre cumplió 20 años de lucha y producción. Por ese predio pisaron el escenario grandes bandas y músicos nacionales e internacionales, como Manu Chao, Ska-P, Ataque 77, La Renga, Versuit Bergarabat, León Gieco, Rata Blanca, Todos Tus Muertos, Teresa Parodi, Jauría, La Moto, Carajo, entre otros. 

Este 4 de diciembre será La Delio Valdez, junto a GISEVE y bandas de la región, quienes pisarán el escenario, en lo que será el regreso de los recitales solidarios a la fábrica. El motivo son los 20 años de gestión obrera, pero también devolver a la comunidad, y en particular a la juventud, el apoyo brindado a los ceramistas durante todos estos años. 

Los organizadores adelantaron que las entradas ya están a la venta a través de Tu Entrada.com, y que muy pronto informarán los puntos de venta habilitados en el Alto Valle. También avisaron que los tickets del show suspendido del pasado 4 de abril de 2020 serán válidos para este festival, y se podrán canjear en los puntos de venta que se habilitarán en el Alto Valle. 

El festival es apto para todo público, y los menores de 11 años no pagan entrada. Los ceramistas recordaron que, como siempre, contarán con presencia médica en el predio y ambulancia, y, por supuesto, que en Zanón Fasinpat no hay policías y la seguridad “la hacemos entre todos”. 

Fuentes: La Izquierda Diario, Anred, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto, Página/12, Programa “¿Sin salida?” – FM La Boca (90.1), Radio Gráfica 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.