«y no ha de arriar su pabellón, ningún bajel de mi nación». Marcha de la Armada argentina Una vez más el accionar de inescrupulosos especuladores financieros ha burlado abiertamente no solo la soberanía de los pueblos sino la del mismo derecho internacional destinado a garantizar la convivencia planetaria. Con el clásico estilo bucanero que creíamos […]
«y no ha de arriar su pabellón, ningún bajel de mi nación». Marcha de la Armada argentina
Una vez más el accionar de inescrupulosos especuladores financieros ha burlado abiertamente no solo la soberanía de los pueblos sino la del mismo derecho internacional destinado a garantizar la convivencia planetaria. Con el clásico estilo bucanero que creíamos superado, un fondo de inversión apátrida, puesto que domiciliado en paraísos fiscales ha reeditado las antiguas tradiciones dieciochescas y arrebatado a la República Argentina por medios tal vez menos cruentos pero igualmente repudiables, el buque escuela Fragata ARA Libertad que en viaje de solidaridad y aprendizaje navegaba por el Atlántico sur.
Y una vez más la comunidad internacional no puede menos que observar con asombro cómo secuestrar una nave, ni siquiera bélica, de un país soberano se convierte en un nuevo instrumento de sometimiento a los mercados y cómo desde hace décadas se ha venido instalando la voracidad de una deuda espuria generada y creada por autoritarios gobiernos de facto y mantenida y acrecentada por sucesivos gobiernos seudo democráticos en diferentes regiones del mundo.
Una deuda que especialmente en la Argentina es fraudulenta, ilegítima y manchada con la sangre del pueblo por la dictadura militar que imperó en nuestro país entre 1976 y 1983 y cuyos gobiernos constitucionales, han seguido sin embargo avalando durante los últimos treinta años, y renunciando a la defensa de nuestra soberanía sometida en cambio a los tribunales del CIADI, de los EE.UU. y de Gran Bretaña,. Una deuda sostenida por la complicidad de intereses locales vinculados a grupos financieros internacionales que aún hoy se resisten a abandonar sus mal habidas acreencias. Mal habidas no solo por las circunstancias en que se lograron sino porque cualquier ordenamiento jurídico establece claramente la inexigibilidad del pago de obligaciones surgidas de actos ilícitos.
La ilicitud de esos actos fue hace ya largo tiempo y ampliamente demostrada en la Argentina, como lo fue también posteriormente en Ecuador, a través de una famosa sentencia judicial que así lo declarara y que sin embargo ha sido ignorada por los gobiernos posteriores como una muestra más de la dependencia generada por esa especie de circuito infernal que se retroalimenta permanentemente mediante refinanciaciones, costosas comisiones, pagos de intereses y que elude sistemáticamente la aceptación de una auditoría que demostraría bien a las claras que esa deuda es lo que tradicionalmente se ha dado en llamar «deuda odiosa». Deuda odiosa como los mismos EE.UU. calificaran la contraída por Filipinas frente a España, cuando esta fue derrotada por aquel país y que conceptualmente significa que el pueblo no es responsable de la deuda que un gobernante le imponga por la fuerza sin beneficiarlo como sociedad o como país.
El insólito secuestro ordenado judicialmente en la República de Ghana, por presiones del grupo financiero NML Capital LTD y cuyas características lo asimilan claramente a un «fondo buitre» se concretó el día 2 de octubre pasado y aún permanece en el puerto de Tema en el golfo de Guinea.
De modo que según lo han expresado en carta dirigida a la Presidente de Argentina, Cristina Fernández un grupo de organizaciones defensoras de los DD.HH. encabezadas por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel es importante que el gobierno argentino encare urgentemente las siguientes e impostergables iniciativas:
1.- La realización de manera pública, integral y participativa de una auditoría de la deuda con el objeto de poner en evidencia los mecanismos usados por los prestamistas y especuladores para apropiarse del beneficio del trabajo de nuestro pueblo. Sin dejar de tomar igualmente en consideración las deudas sociales y ecológicas existentes.
2.- Enfrentar a los prestamistas impugnando sus créditos fraudulentos, sobre la base de la información existente y de la que pudiera arrojar la auditoría.
3.- La renuncia al CIADI y a cualquier otra extraña jurisdicción vigente o que se le intentare imponer.
4.- No renunciar nunca más, por el contrario, como lamentablemente se hizo en el pasado a la soberanía e inmunidad del Estado, lo que ha permitido y seguiría permitiendo que el país sea tratado como un vulgar comerciante y no como un país soberano.
5.- Impulsar la unidad entre los gobiernos de la región y las diversas instancias de integración latinoamericana y con otros países enfrentados a similares problemáticas.
De este modo podría comenzar a revertirse una situación que se torna más insostenible cada día por cuanto somete a esclavitud pecuniaria a los países, reduce, limita y condiciona la soberanía de sus decisiones y repercute negativamente en el bienestar de sus pueblos.
Esta imprevista y dolorosa experiencia del secuestro de nuestra nave escuela debe ser un llamado de alerta y un punto de inflexión en que no solo nuestro país sino también todos aquellos otros igualmente sometidos por sus respectivas y odiosas deudas externas se dispongan a defender en el marco de una verdadera y genuina legalidad los intereses de sus pueblos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.