Argentina volvió a registrar una alta inflación en abril, de 8,4 %, y un acumulado interanual de 108,8%, la más alta desde 1991 (115 %) y una de las más elevadas a nivel mundial.
Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) indicó que los rubros que más repercutieron en el aumento de precios fueron prendas de vestir y calzado (10,8 %); alimentos y bebidas no alcohólicas (10,1 %); y restaurantes y hoteles (9,9 %).
La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, había señalado que en marzo se atravesó “el peor momento”, y confió en que comenzaría “una tendencia a la baja” que el Gobierno esperaba ver reflejada próximamente.
Mientras tanto, Alberto Fernández sostuvo el jueves pasado en cuanto a las causas que determinan el incremento de precios, que hay “muchas”, entre las cuales mencionó “la especulación” que generan quienes anticipan “una devaluación”, y el alza del dólar paralelo o ‘blue’, que hace que muchos comerciantes minoristas aumenten los precios “por las dudas”.
Para el presidente, de eso se trata la “inflación psicológica” (sic) que mencionó el mes anterior y por la que muchos lo “criticaron”.
A un IPC ya elevado que había dejado el anterior Gobierno de Mauricio Macri (53,8 % en 2019), se han sumado otros factores en el último tiempo como la pandemia de coronavirus, el conflicto en Ucrania y una sequía histórica en Argentina, que repercutió directamente en el precio de los alimentos.
El aumento de precios constante provoca un desfase entre los salarios de los trabajadores y el costo de vida, sobre todo en aquellos empleados no registrados, que no suelen tener actualización de ingresos mediante negociaciones gremiales con las Cámaras empresarias.
Este ritmo de aumento en los alimentos impacta directamente en los niveles de pobreza (39,2 %) e indigencia (8,1 %), dado que esos sectores de la población son los que destinan una mayor porción de sus ingresos para comprar la comida diaria.
La Unidad Piquetera y la UTEP más otras organizaciones sociales realizarán el jueves 18 una gran marcha contra el FMI, el hambre y el brutal ajuste contra el pueblo
El gobierno de Alberto Fernández y su ministra de Desarrollo Social han logrado que los dos mayores nucleamientos piqueteros de Argentina determinen una gran acción conjunta el próximo jueves 18 de mayo. En la conferencia de prensa realizada el jueves en el Obelisco insistieron que el hambre se extiende por los barrios como reguero de pólvora, y que el ajuste llevado a cabo por el gobierno obedeciendo las órdenes del FMI pactadas por el super ministro Sergio Massa, es devastador.
Junto a la UTEP y la Unidad Piquetera marcharán también otras organizaciones sociales, ya que como señaló uno de los referentes: “esta unidad es el fruto de saber que, así como está el país sería mezquino no juntarse con quienes pensamos parecido en cuanto a analizar la etapa e intentar eventuales salidas”.
Esteban “Gringo” Castro de la UTEP señaló la satisfacción por estar construyendo “con la UP y otras organizaciones” la unidad posible y necesaria”, y destacó que el próximo 18 la movilización será masiva.
Luego, “Chiquito” Belliboni, del Polo Obrero, ratificó que: “Este principio de acciones en común es muy importante. Son acciones contra un ajuste intolerable contra los que menos tienen, los desocupados, los precarizados, pero también los jubilados y los trabajadores registrados. Esta unidad debería ser un ejemplo para que la clase obrera ocupada también irrumpa en el escenario político y luche por el salario. El salario mínimo, acordado por el gobierno, las patronales y la CGT, está por debajo de la canasta de indigencia”.
Todas y todos los oradores remarcaron sus críticas al gobierno y su relación dependiente con el Fondo Monetario, y también a la peor ministra de Desarrollo Social de los últimos años, Victoria Tolosa Paz, que “se niega a dialogar con el movimiento piquetero, sabiendo que en los barrios la situación de hambre y miseria es extrema”.
Fue Damaris Rolón, del FOL en la Coordinadora por el Cambio Social, quien más enfatizó sobre los motivos de tan particular unidad, impensada hace poco tiempo atrás, entre piqueteros oficialistas y aquellos que desde la izquierda y militando en la Unidad Piquetera han estado en la calle movilizándose prácticamente los últimos años. “Para mí nos está uniendo el terrorismo económico que está desplegando el FMI contra la clase trabajadora. Es histórico el nivel de negligencia que tiene el Estado argentino para con su población”.
En este marco de protesta todo indica que la movilización del 18 va a superar con creces todas las que han venido sucediendo en los últimos meses y otra vez estará en la mira de los reclamos la ministra Tolosa Paz.
6 de cada 10 niñes y adolescentes son pobres
La pobreza entre los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se elevó por encima del 60% en los últimos dos años y un 19,4% experimenta privaciones de derechos graves, afirma el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica (UCA).
El informe publicado el lunes señala también que la indigencia se ubica por encima del 10% y la situación de inseguridad alimentaria si bien mermó tras la crisis social del ASPO-COVID-19 “aun así afecta a más del 30% de los NNyA en 2022”.
El informe denuncia que la cobertura alimentaria directa e indirecta se incrementó de modo relevante y en particular en las infancias de clase media baja que también fueron afectadas por la pobreza.
El trabajo infantil, en 2022, alcanzó la incidencia prepandemia (14,8% en población de 5 a 17 años). Con un incremento significativo en las clases muy baja, baja y media baja (10 pp en promedio). Asimismo, se registra un incremento de la desigualdad social.
La pobreza multidimensional se mantiene muy estable con una leve tendencia a la merma, y se ubica en 2022, en un 61% (un 19,4% experimenta privaciones de derechos graves). En el último período interanual 2021-2022, se registran mejoras en salud y acceso a la información (internet), y retrocesos significativos en la dimensión de la educación.
Las grandes alimenticias mantienen y aumentan ganancias
Mientras se extiende el hambre entre los sectores más humildes de la población, las grandes alimenticias mantienen ganancias millonarias y hasta las aumentan.
En un contexto de elevada inflación, los grandes empresarios aprovechan para remarcar precios y para especular contra las condiciones de vida de las mayorías. En la carrera por mantener los márgenes de rentabilidad los grupos económicos que tienen mayor concentración en la producción y comercialización de las mercancías corren con ventaja y pueden incidir en la fijación de los precios.
Los últimos balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores indican que Arcor ganó $ 11.622 millones en el primer trimestre del año.
Molinos Río de la Plata, empresa en manos de la familia Pérez Companc logró ganancias por $ 2.901 millones en los primeros tres meses del año.
Ledesma, uno de los monopolios más importantes en el sector de producción y comercialización de azúcar, la empresa de la familia de Blaquier, ganó $ 6.211 millones entre junio de 2022 y febrero de este año.
Esas cifras millonarias son la contracara de los brutales aumentos de precios. El azúcar tuvo un incremento del 223 % en el último año. Los fideos -uno de los productos centrales de Molinos- lo hicieron un 145 %. En ambos casos, se trata de porcentajes muy por encima de la inflación promedio medida por el Indec, que marcó 108 % anualizada.
Mientras, un informe de Cifra de la CTA señaló que, en el tercer trimestre del 2022, cuando el 37,9% de la población tenía ingresos bajo la línea de pobreza, el 28,7% de las personas ocupadas era pobre a pesar de tener ingresos laborales. La situación es más grave para los trabajadores no registrados, cerca de 45% de los trabajadores informales se encontraba en situación de pobreza.
En la actualidad la situación se estima es aún peor. Las canastas con las cuales el Indec mide la indigencia y la pobreza aumentaron por encima de la inflación en el último período. La Canasta Básica Total (CBT) registró en marzo una suba de 8 % y en los últimos doce meses la canasta de pobreza escaló a 113,2 %, un incremento superior a la inflación (104,3%). Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia, aumentó 9% en marzo, con respecto a febrero, y mostró una variación interanual de 120,1%.
Los dirigentes sindicales deberían ponerse a la cabeza de un plan de lucha para recuperar todo lo perdido en estos años, por una suba de emergencia para los trabajadores formales, informales, desocupados y jubilaciones y por la actualización automática frente a la inflación.
El gobierno anunció aumento del 21% en jubilaciones más un bono por tres meses
Así lo informaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda Raverta. El aumento en junio por la Ley de movilidad será del 21% y alcanzará a 17 millones de personas entre jubilaciones y Asignación Universal por Hijo.
Para las jubilaciones mínimas se sumará un bono que irá desde los $15.000 hasta los $20.000 desde junio hasta agosto.
La titular de la Anses, Fernanda Raverta, confirmó en conferencia de prensa que el aumento de los ingresos para jubilados “subirán un 21% por la fórmula de movilidad” y que “los jubilados de la mínima van a tener un refuerzo adicional al aumento del 21% por movilidad de 15.000 pesos en junio, 17.000 en julio y 20.000 en agosto”.
“Ese bono va a ir decreciendo hasta 5.000 pesos para quienes tengan hasta dos jubilaciones mínimas”, agregó.
Muere un operario por las condiciones de trabajo en el puerto de Vicentín en Rosario
Vicentín, la empresa que estafó a todo el país, se cargó la vida de un trabajador en el Puerto de Rosario, que ya debería haber estado jubilado, pero que tenía que seguir laburando. Y seguía laburando en pésimas condiciones, como todos los portuarios: apretados por la empresa, sin las protecciones necesarias, sin las condiciones de seguridad e higiene básicas. Los mismos laburantes que hace 5 meses lucharon contra los despidos pararon el puerto de Rosario por la muerte de un compañero.
Vicentín, la empresa que estafó al Banco Nación y a todo el país, la empresa que el gobierno protegió y amparó, es responsable de la muerte del compañero. Desde el cierre del conflicto en enero, las condiciones de trabajo empeoraron: cambios de turno, persecución a los activistas, aumento de tareas y reducción de los equipos de trabajo, multiplicidad de tareas, cientos de eventuales sin entrar a trabajar. Y amenazas: “al que no le gusta, ahí está el portón”: esa es la prepotencia patronal y el desamparo sindical de los estibadores del puerto.
César Aybar, secretario general del Sindicato Unido Portuarios de Argentina (Supa), confirmó que denunciarán en las próximas horas en la Justicia penal a la empresa Terminal Puerto de Rosario (TPR) por supuestas negligencias en las condiciones de trabajo. Y agregó: “Entendemos que no fue un accidente, fue la crónica de una muerte anunciada”.
Aybar señaló que el sindicato planteó desde el inicio del conflicto “que el puerto está en condiciones de higiene y seguridad paupérrimas.
“La empresa tomó hace un tiempo la decisión de reducir continuamente personal en las operaciones. Eso resintió las medidas de seguridad, y el trabajo que tenían que hacer cuatro o cinco personas ahora lo hacen dos, con el peligro que implica eso”, cerró el dirigente.
Desde el gremio recordaron que es la tercera víctima fatal en Terminal Puerto Rosario y cuestionaron que, pese a las innumerables irregularidades denunciadas en los últimos años, las firmas Vicentín y Ultramar continúen a cargo de la concesión.
Un compañero de trabajo de la víctima relató lo sucedido: “Estábamos trabajando en un barco y este señor estaba arriba del camión. Pusieron una plataforma del lado del agua donde él se sube y ahí la linga engancha la plataforma y lo hace caer al río. Pero cuando cae rebota en el agua. Compañeros bajaron con una soga para rescatarlo, pero el hombre ya estaba muerto”.
“No había ambulancia y él (por el operario fallecido) no tenía chaleco salvavidas. Siempre trabajamos de la misma manera y condiciones no hay”, denunciaron los estibadores portuarios.
Mientras tanto, sigue por tiempo indeterminado el paro de los trabajadores portuarios en reclamo de mejores condiciones de seguridad laboral tras la muerte de un operario el viernes pasado.
Agentes de tránsito protestan por pésimos salarios y condiciones de trabajo en CABA
El jueves 11 de mayo, los Agentes de Tránsito porteños comenzaron una serie de protestas. Entre ellas, un cese de actividades de tres horas por turno. Están denunciando sus bajos salarios y malas condiciones laborales y piden una reunión con las autoridades del Ministerio porteño de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
¿Qué reclaman? Por un lado, un aumento de salarios. Cobran menos de 130.000 pesos cuando la canasta familiar en la Ciudad supera los 190.000. Reclaman en lo inmediato una suma fija de 60.000 pesos, el pago de las horas nocturnas y horas extras conforme a la ley y el respeto del principio constitucional “a igual tarea igual remuneración”.
Es que además del ajuste general, hay muchos ataques particulares. Por ejemplo, una persecución a quienes están precarizados como monotributistas a los que les niegan licencias y cambios de turno.
También reconocimiento de tareas riesgosas, misma cantidad de días de licencia por estudio para todos y todas, reconocimiento de la antigüedad en los días de vacaciones.
Además, piden el reconocimiento de la tarea riesgosa, la misma cantidad de días de licencia por estudio para todos y todas, el reconocimiento de la antigüedad en los días de vacaciones, reconocimiento del día menstrual a personas menstruantes, condiciones de seguridad reales, entre otras cuestiones.
No es la primera vez que levantan estos reclamos. Han realizado movilizaciones contra la precarización, una de ellas luego del crimen de Cinthya Choque atropellada en un control. Pero también en otras oportunidades.
Desde el Gobierno de la Ciudad no solo se niegan a tomar sus reclamos, sino que los hostigan. Se trata de una reforma laboral de hecho, como la que quiere aplicar Rodríguez Larreta si es presidente, pero que también aplica el Gobierno Nacional en muchas dependencias públicas.
El 17 de mayo, si no hay respuestas, realizarán una marcha por la Ciudad.
Ratifican el plan de lucha en prensa escrita
El plenario de delegados y delegadas de prensa escrita del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), integrado por las Comisiones internas de Clarín/AGEA, La Nación, Perfil, Página/12, Infobae, Ámbito Financiero, Crónica/BAE, Diario Popular, Agencia NA, El Cronista Comercial y elDiarioAr, ratificó el lunes 8 «la decisión de continuar con el plan de lucha en las redacciones de diarios, agencias, portales web y revistas de la Ciudad de Buenos Aires ante la imposición unilateral por parte de las Cámaras del sector de una paritaria que profundiza el atraso salarial de les trabajadores de prensa». El plan incluye una jornada de lucha con acto frente a Clarín para el jueves 18 de mayo, misma actividad frente a Página/12 para el miércoles 24 de mayo, un nuevo plenario de delegades de prensa escrita el lunes 29 de mayo, y una acción conjunta de todo el gremio para el martes 6 de junio, por el Día del Periodista.
«El jueves 27 de abril se firmó una farsa de acuerdo paritario entre el sector empresario y la Utpba, un sello de goma sin representatividad que perdió la personería gremial ante nuestro sindicato –denuncian desde el SiPreBA. Ambas partes se valen para esa maniobra de un bloqueo judicial transitorio que urdieron contra el SiPreBA, para avanzar con su plan de ajuste en los salarios».
En cuanto a la situación salarial que sufre el sector, el sindicato señaló: «frente a una inflación interanual del 104,3%, la demorada ‘revisión’ de la paritaria 2022/23 se cerró con un aumento del 95% para la escala de salarios básicos y 86% para los reales hasta abril de 2023. Para peor, ni siquiera menciona a les trabajadores a destajo o ‘colaboradores’. Todo esto implica que el sueldo básico de un redactor/a quede $80.000 pesos por debajo de la canasta básica total del Indec, que fija la línea de pobreza para una familia de cuatro personas. Hacia adelante, el ruinoso acuerdo paritario anual abarca sólo siete meses y garantiza seguir perdiendo poder adquisitivo: 45% de recomposición para los básicos, 36% para los reales, frente a una inflación estimada en más del 120%».
Finalmente, el SiPreBA expresa: «ante el nuevo contubernio que deja a los salarios en el fondo del mar, el plenario reclama: una suma fija de $35.000 que se incorpore como cierre del período 2022/23 y una mesa de negociación real del tramo 2023/2024 con un incremento que garantice no quedar relegados frente a la inflación».
La FATPREN logra acuerdo salarial en prensa escrita
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) anunció que, tras más de cuatro meses de conflicto con numerosas jornadas nacionales de protesta con movilización y paralización total de actividades, arribó a un acuerdo con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) en la negociación paritaria del CCT 541/08. «El acuerdo incluye el cierre de la paritaria 2022, con el pago por parte de las empresas de una suma de $10.000 retroactiva a marzo y un incremento de los salarios básicos que alcanza el 101,1% para la categoría inicial de la escala A, el 102,3% en la escala B y ronda, en promedio, el 95,5%. Asimismo, se acordó un incremento de 30% de los básicos para el primer trimestre de la paritaria 2023, a pagarse el 16% en abril, 9% en mayo y 5% en junio», detalló la Federación, que informó que volverá a reunirse con la Cámara empresaria en junio para discutir la actualización de las escalas salariales. «La unidad y acción colectiva son el único camino para recomponer los salarios y nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de prensa», remarcó la FATPREN.
La FATPREN –que dio a conocer las actas y escalas salariales– también indicó que «la suma fija de marzo y el retroactivo de abril deberán ser abonados antes del 20 de mayo».
«De este modo, la FATPREN y los sindicatos de base logramos torcer la actitud empresarial que buscó imponer un ajuste y rebaja salarial con demoras y excusas –remarca la Federación. También manifestamos la necesidad urgente de aumentar el ítem de zona patagónica, para lo cual se realizará un plenario específico en los próximos días, y reintegro por gastos de espacios de cuidado para hijos/as de trabajadores/as, en los términos del art. 4to del decreto 144/22″.
Como parte del acuerdo, durante la negociación y a pedido de la parte sindical, la federación informó que «desde el Ministerio de Trabajo se avanzó en la inspección de las empresas para regularizar la situación de la planta de trabajadores de cada medio».
«Una vez más, la negociación paritaria pone en evidencia la necesidad de fortalecer la organización sindical en cada provincia y en cada redacción. La unidad y acción colectiva son el único camino para recomponer los salarios y nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de prensa», concluyó la FATPREN.
Medios públicos en alerta: la derecha promete silenciar voces
Por Eugenia Tavano
Con contenidos propios y una lógica que trasciende lo mercantil, los canales, radios y agencias estatales garantizan la oferta de información y entretenimiento con una mirada plural. Hoy los candidatos conservadores amenazan su continuidad y la de cientos de puestos de trabajo.
En otro año electoral, los medios públicos vuelven a ser el blanco de los candidatos que están en carrera por los partidos que representan a la derecha neoliberal. En línea con su menosprecio hacia las políticas estatales, sus discursos ningunean el rol que señales de televisión, emisoras de radio, agencias de noticias y muchos otros servicios implican para la soberanía audiovisual del país y el derecho a la información y el entretenimiento de sus habitantes. Lejos de ser meramente una estrategia proselitista, tal actitud enciende alarmas a partir del antecedente que dejó el gobierno de Cambiemos que, bajo la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, creado por decreto en diciembre de 2015, avanzó con políticas de despidos y desmantelamiento de la agencia Télam, la Televisión Pública o canales como Encuentro y Pakapaka, entre otras iniciativas, pauperizando los servicios.
“Estamos en un momento donde nuevamente hay una embestida brutal que sostiene que los medios públicos son una pérdida y que hay que cerrarlos”, dice a Tiempo Rosaura Audi, subsecretaria de Medios Públicos de la Nación. “Milei hizo declaraciones hace poco en Radio Nacional en ese sentido. Y no sólo lo está diciendo él, sino incluso Hernán Lombardi, cuya legitimidad desde la cual pretende hablar llama la atención, cuando como titular del Sistema Federal de Medios lo único que hizo fue desguazar”.
Jésica Tritten, gerenta General de Contenidos Públicos, expresaba a través de sus redes: “A nuestros presupuestos que se elevan ante el Congreso y se publican en el Boletín Oficial los denominan ‘déficit’, porque lo que encierra esa operación semántica es que no tienen que existir los medios públicos, sólo la comunicación de mercado, en el mercado de comunicación más híper concentrado de toda América”.
En ese sentido, vale repasar el mapa de medios públicos argentinos. “Por un lado está Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E), que comprende a la Televisión Pública, Radio Nacional con las 49 emisoras distribuidas en todo el territorio y las FM Nacional Rock, Nacional Folklórica Nacional Clásica, y el servicio de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE); luego, la Agencia Nacional de Noticias Télam, y finalmente Contenidos Públicos S.E, que está integrado por las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, la plataforma Contar y Animar/ Mocap; y Aunar, señal de televisión con contenidos realizados por los canales públicos provinciales y universitarios de todo el país”, informa Audi.
Avasallamientos
La creación del Sistema Federal de Medios se tradujo en un avasallamiento descontrolado tanto sobre los medios históricos, como la Televisión Pública, Radio Nacional y Télam, proyectos que cuentan entre seis y ocho décadas desde su fundación, hasta las más recientes señales educativas y culturales nacidas en 2005, como Encuentro y Pakapaka. Según un informe de la actual gestión de Télam, que anteriormente y bajo el mando de Lombardi le envió telegramas de despido a 357 trabajadores, los daños en la Agencia Nacional de Noticias fueron innumerables: desde el desmantelamiento de los estudios de radio y la infraestructura audiovisual, hasta el derroche de los recursos por el funcionamiento de una redacción paralela en Tecnópolis. Incluso se advirtió que el 48,5% del personal que figuraba en la planta no ofrecía contraprestación alguna, mientras que el Estado debía enfrentar los gastos millonarios que implicaba la judicialización de las situaciones laborales que quedaban de lastre.
“Al asumir nos encontramos con una agencia devastada y golpeada, tanto en términos profesionales como humanos, con todas las consecuencias que trajo aparejadas despedir prácticamente a la mitad de los y las trabajadoras, destruir el sector audiovisual de la Agencia, la radio, su web y, por supuesto, su calidad periodística y pluralidad de voces”, describe Bernarda Llorente, presidenta de Télam desde diciembre de 2019. “Esa etapa de reconstrucción fue muy ardua y sigue siendo un desafío cotidiano. Hoy transitamos por una etapa de consolidación, proyección y crecimiento. Reconfiguramos estrategias y equipos, con liderazgos positivos y colaborativos, ampliamos contenidos, abonados y audiencias y nos vamos fortaleciendo en el mundo digital, propiciando una agencia que dialogue con sociedades cada vez más segmentadas y complejas”.
Escenarios similares se dieron en la Televisión Pública y Radio Nacional. Una auditoría interna encargada por la actual gestión de RTA S.E. relevó, entre muchas otras situaciones, irregularidades en contrataciones directas, el abandono de equipamiento y mantenimiento de los edificios; incluso en Radio Nacional Formosa faltaban aires acondicionados para garantizar condiciones mínimas de trabajo. También se desconocieron convenios colectivos y se rescindieron de forma intempestiva contratos vigentes con productoras y periodistas.
Detrás de todo aquello, hay derechos vulnerados de los ciudadanos y ciudadanas. “Desde la Antártida a la Quiaca, llegando a las Islas Malvinas, la voz de los medios públicos construye ciudadanía”, declara Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina. “Con pluralismo, federalismo, inclusión, diversidad y perspectiva de género, generando una comunicación democrática y el acceso a la información de argentinos y argentinas. Sin medios públicos no hay democracia”. Audi ejemplifica, en ese sentido: “Hay que entender la dimensión del aporte que hacen los medios públicos a la comunicación. En el Mundial de Qatar se vio más claramente, porque es un evento sobre el que todos teníamos puesto un deseo muy grande. Garantizar que los partidos de la Selección se vean en cada hogar fue una política estatal. La TV Pública tuvo que salir a negociar esos derechos, y en condiciones bien difíciles. Y se logró también que lo transmitiera la Televisión Digital Abierta (TDA), que hizo un gran aporte, porque además el acuerdo incluyó a las televisoras públicas de las provincias, con las que venimos trabajando fuertemente: es decir que nadie quedó desamparado. Porque si bien la TV Pública llega a todo el país, en algunos lugares específicos no tiene repetidora, pero sí hay repetidora del canal estatal provincial”, ejemplifica la funcionaria.
Recomposición
Un apartado especial merece lo que sucedió con las señales educativas y culturales. Creadas en los primeros años de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, el eje de canales como Pakapaka y Encuentro fue ofrecer una programación federal, novedosa y creativa, pero, sobre todo, capaz de alinear sus contenidos con aquellos estipulados para los distintos niveles inicial, primario, secundario o terciario. Así nacieron, entre muchas otras, propuestas como La asombrosa excursión de Zamba, que a través de personajes entrañables pudo contar a las infancias, de forma entretenida y didáctica, la historia de San Martín, Belgrano, de la última dictadura cívico militar o la guerra de Malvinas. También se trabajó en programas que abordaban temas cruciales, como la Educación Sexual Integral (ESI).
En 2016, por medio de otro decreto, Cambiemos modificó la Ley de Educación Nacional N° 26.206 para que dichas emisoras ya no formaran parte del Ministerio de Educación. En paralelo, discontinuó el programa Conectar Igualdad, que entregaba netbooks a estudiantes con la premisa de achicar la brecha digital y que se valía, en gran parte, de los contenidos de estas señales como una valiosa herramienta de estudio. Se repitieron despidos, y en 2018, Pakapaka y Encuentro fueron desplazadas de su lugar en la grilla de Cablevisión.
Otra muestra cabal de la importancia de los canales educativos se dio durante la pandemia. Nuevamente bajo la órbita de la cartera de Educación, en 2020 nació el ciclo Seguimos Educando. “Lo hicimos a un mes de haber asumido, y no sólo en modalidad telescuela, sino también radioescuela”, cuenta Audi. “En ese momento tan duro, el estado dio una respuesta rápida con todos los medios públicos, que además estaban desmantelados, ya que la emergencia sanitaria se dio ni bien asumió el gobierno del Alberto Fernández”. En esas condiciones y durante ese año, Encuentro logró producir 700 horas para apoyar la continuidad de trayectorias escolares y más de 40 series, micros y especiales.
En tren de recomposición, hasta 2022 se generaron alrededor de 4.100 puestos de trabajo, y se reconvinieron convenios colectivos, por ejemplo, con el SAT-SAID. Se redactó el primer Código de Ética de la televisión argentina, y en RTA se creó, además, la Dirección de Género, así como el Programa Transparencia, que encabezan representantes de la oposición dentro del Directorio de RTA.
Entre muchas otras propuestas para las audiencias, volvió la ficción al canal estatal con la serie Dos 20. Te puede pasar a vos; se abrió la convocatoria Renacer Audiovisual; el Fútbol Femenino desembarcó en la TVP y DeporTV, con la transmisión del Mundial de Francia 2019, la Copa Comebol Libertadores Femenina y otros importantes eventos, además del concurso Relatoras Argentinas; se creó el Consejo Inventar Pakapaka, con el apoyo de UNICEF, donde niños y niñas de todo el país participan en los distintos contenidos del canal infantil; se relanzó ANIMAR/ MoCap, el estudio donde funciona uno de los sistemas digitales de captura de movimientos más grande de Latinoamérica, utilizado en cine, televisión y videojuegos; y Tecnópolis volvió a ser el centro de múltiples actividades de la cultura y el espectáculo, de la Argentina y también internacionales. ”
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Trabajadores de IOMA en lucha: “Pedimos salarios dignos y nos extienden la jornada laboral”
En un contexto donde la inflación pulveriza los salarios, desde hace dos meses, los y las trabajadoras de IOMA vienen llevando distintas acciones en reclamo de mejoras salariales.
Por el reclamo persistente de los trabajadores de IOMA lograron ser convocados a una negociación sectorial en el ámbito del ministerio de Trabajo bonaerense. En solo dos reuniones los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial dieron por clausurado el debate. Lo llaman “negociación colectiva”, pero esas reuniones no contienen ninguna de esas dos palabras, son una imposición unilateral. Lejos de escuchar la demanda genuina que se expresa en las asambleas generales y de cada piso y sector, en la mesa técnica sectorial solo se debatió la propuesta llevada por el gremio mayoritario UPCN de extender la jornada laboral, como única forma de hacerse de unos pesos más al bolsillo.
En la última mesa técnica paritaria, la representación de ATE, llevando la Junta Interna el mandato de la asamblea, propuso tres iniciativas diferentes que implicaban recomponer salario, sin recargar de más horas de trabajo a las y los compañeros, todas estas iniciativas fueron rechazadas, sin demasiados fundamentos. Por el contrario, se firmó con aceptación de UPCN, el pase al régimen laboral de 40 horas semanales.
Junto con esto también se efectuó el reclamo por el pase a planta de los y las compañeras que bajo el nombre de «agentes sanitarios» trabajan sin derechos y la propia gestión manifestó en la mesa que no son trabajadores, sino que son «prestadores». Lo cual implica asumir la tercerización de una tarea tan delicada como la atención al público, o la recepción de cientos de llamados diarios, en la modalidad call center, para dar respuestas a los reclamos de los y las afiliadas.
Alrededor de 2.300 trabajadores de IOMA deberán optar por el cambio de régimen, y quien no opte por las 40 horas, no recibirá ningún tipo de bonificación. Según lo estimado, este cambio implicaría un aumento de bolsillo de $22.000 por diez horas más de trabajo cada semana.
Esta modificación viene sucediendo desde la pandemia en la mayoría de los ministerios. Mientras la tendencia mundial y el debate en el país es la reducción de la jornada laboral, el legado del gobierno de Kicillof y sus funcionarios de Trabajo, Economía, Empleo Público y cada dependencia es retroceder en derechos, una reforma laboral regresiva en el Estado, que fueron imponiendo ministerio por ministerio. Y que en forma perversa ofrecen como respuesta a la genuina demanda de recomposición de los salarios, que son de pobreza.
Los y las trabajadoras de IOMA, decidieron continuar en estado de asamblea permanente. El jueves pasado realizaron un corte de calle, con asamblea permanente y retención de tareas, que continuará el martes 16 de mayo.
Paro de franqueros en el sector Enfermería del Garrahan
La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos/as del Hospital Garrahan (APyT), para exigir 12 horas de descanso por 12 horas trabajadas, sin que les descuenten los feriados pagos que hoy perciben y que tampoco les descuenten días de vacaciones, se llevó adelante los días sábado 13 y domingo 14 de mayo, de 7:00 a 9:00.
«Las demandas del turno franquero de Enfermería del Hospital Garrahan son legítimas y urgentes: el 12×12, 12 horas de trabajo y 12 horas de descanso, sin que se descuenten feriados pagos que hoy perciben, ni días de vacaciones. (…) En torno a la discusión de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los trabajadores y trabajadoras del Garrahan y quienes están enmarcados en el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), no puede haber ninguna pérdida de derechos ni rebajas salariales». Y completó al resaltar que «el CCT que se discute es para todos los SAMIC (…). Las y los profesionales -continuó la licenciada Lezana- también reclamamos desde la APyT tiempo protegido para formación, docencia e investigación, porque producimos conocimiento: Tenemos más de 200 trabajos científicos presentados en un año por el colectivo que representamos como APyT y, sin embargo, estas demandas no son tenidas en cuenta en las mesas de discusión del CCT», explicó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
«En el Hospital Garrahan, donde se atienden el 40% de los pacientes con cáncer infantil del país, no se reconocen tareas riesgosas ni insalubres, ni el desgaste profesional en ningún sector. La carga de trabajo está documentada en las estadísticas del hospital. Venimos de trabajar en una pandemia con estas condiciones de trabajo (…). La recomposición salarial que reclamamos y que nos vienen prometiendo desde el año pasado, no se hizo efectiva, los aumentos apenas cubren la inflación desmedida que ajusta nuestro sueldo. A esto se agrega que trabajar los sábados, domingos y feriados no es igual que trabajar los días de semana, porque implica un desgaste anímico extra para las y los trabajadores, más para Enfermería y los trabajadores de la salud que cubren esos turnos a contramano de los encuentros con la familia y amigos que amortiguan el estrés y el desgaste profesional implícito en nuestras tareas», agregó Lezana
Resolución judicial favorable a los despedidos de Garbarino
La Justicia Nacional en lo Comercial, a través del Juzgado N°7 – Secretaría N°14, resolvió que el dinero de la venta de 5 vehículos de la empresa deberá ir tanto para los empleados como para los ex empleados, que son alrededor de 3.300.
Compartimos entrevista realizada al delegado Gabriel Yapura por Manuel Durbano para Nota al Pie:
Una noticia que devuelve esperanza
El pasado 26 de abril, en representación de les trabajadores despedides, Yapura presentó ante la Justicia un escrito para impugnar la venta del lote de 5 automotores de la empresa. “Nosotros nos opusimos a la venta porque veíamos que estaba mal la tasación, que no se explicaba, dijimos que era precio vil”, contó el referente.
En la misma línea, Yapura detalló que “en un segundo escrito, nos explicaron por qué la tasación era de más de 5 millones”. Según afirmó el delegado, les trabajadores sostenían que el precio correspondiente al lote era de al menos 10 millones. Sin embargo, desde la empresa indicaron que la tasación tenía en cuenta la deuda de los impuestos, los cambios de cubiertas, como así también otros factores que, según Yapura, dan cuenta del estado de “dejadez” de Garbarino.
Si bien la Justicia dispuso la venta, a contramano de lo que pedían les trabajadores, hubo una noticia que fue favorable, devolviendo esperanza a una situación crítica. “El juez dio el ok a la venta, pero con una salvedad: que la plata pase a los trabajadores a través del pronto pago, que pertenece tanto a trabajadores activos como despedidos, que somos más de 3.300”, sostuvo Yapura.
En este marco, en relación al lote de automotores por el cual se hizo la oferta, el referente recalcó que “ese es un capital que es de los trabajadores, lo vemos de esa manera”. En la misma línea Yapura precisó que “tenemos que cuidarlo porque no vemos otro camino que la quiebra. Y decimos esto porque no vemos a nadie que quiera invertir en Garbarino”. Del mismo modo, agregó que «en la actualidad existen 4 sucursales que no tienen mucho para vender”.
Una lucha en soledad
En los últimos días del 2021, luego de adeudarles 9 meses de salario, Garbarino despidió a más de 3.800 trabajadores de la empresa en todo el país. Desde entonces, les trabajadores se han organizado, realizando distintas medidas de fuerza para cobrar su indemnización. La empresa, que desde principios del 2022 entró en concurso de acreedores, sigue sin hacerse cargo de los reclamos de les empleades.
Yapura indicó: “Nadie nos ha llamado. Ni la empresa ni tampoco el Sindicato Empleados de Comercio”. En ese sentido, el referente apuntó contra el gremio conducido por Cavalieri: “El sindicato nos dejó a la deriva desde el primer momento, nos vendieron tomando un café”.
“Después de 2 años de lucha, para nosotros está claro que el Sindicato de Empleados de Comercio, de la mano de Cavallieri, fue uno de los principales artífices del despido de más de 3.800 trabajadores”, agregó el referente.
Sin embargo, Yapura sostuvo que existen otros actores con responsabilidad en la situación: “No se explica cómo 3.800 trabajadores terminan despedidos, después de 9 meses sin cobrar, con 37 audiencias en el ministerio de Trabajo de la Nación”. Es por ello que, según el delegado, “hubo complicidad del Ministerio, donde siempre nos dieron la misma respuesta”.
En la misma línea, el referente de les trabajadores de Garbarino afirmó que se encuentra intentando establecer comunicación con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, pero que todavía no obtuvieron respuesta alguna. «Tenemos una carta firmada por el Presidente, donde en su momento nos manda a hablar con Moroni, pero nunca nos recibieron», detalló Yapura.
“Nosotros entendemos que la organización del trabajador por fuera del Sindicato de Empleados de Comercio es una gran victoria. No cualquiera puede sostener una lucha de 2 años sin contar con el gobierno ni con el sindicato”, afirmó el referente. Del mismo modo, Yapura señaló que durante este mes seguramente existirán nuevas medidas de visibilización. “Peleamos por los derechos de los compañeros, por los trabajadores del Interior, por los compañeros que fallecieron en esta lucha”, aseveró el delegado.
Denuncian despido antisindical en La Virginia en Mendoza
El pasado viernes 5, la patronal de La Virginia notificó a Diego Chialvo que había sido despedido tras trabajar más de 10 años en el depósito que la empresa tiene en Guaymallén. La medida tiene como trasfondo la política antisindical de La Virginia en Mendoza, donde no permite la organización gremial de los trabajadores.
En marzo, un grupo de trabajadores intentó afiliarse al sindicato, tras años de trabajar sin delegados ni representantes gremiales. La respuesta de la empresa fue el despido de Diego, como medida aleccionadora contra quienes quieren ejercer el elemental derecho de afiliarse a su sindicato. «En Rosario, donde está la planta de La Virginia hay delegados y Comisión Interna, pero en Mendoza nunca permitieron que nos organicemos. Cuando entrás, lo primero que te dicen es que no quieren sindicalistas», denuncia Diego.
También denunció que la empresa no dejó que los trabajadores salieran a la calle cuando desde el sindicato se acercaron al lugar para conocer la situación del despido. El viernes 12 fue convocada una concentración en la puerta del depósito para exigir la reincorporación de Diego y contra la persecución sindical contra los trabajadores.
La empresa tiene una larga historia de persecución gremial contra los trabajadores y trabajadoras en su planta en Rosario, donde intentó desmantelar con despidos a la Comisión Interna y durante la pandemia no cumplió con los protocolos sanitarios, lo que generó que un cuarto de la planta se contagie. Además, negó licencias a trabajadoras con hijos en edad escolar
A través de un petitorio, decenas de dirigentes sindicales y políticos se solidarizaron con Diego y exigieron su reincorporación. Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA; Tomás Devoto, secretario de Salud Laboral de la CTA-A de la Pcia. Buenos Aires; junto a otros referentes del movimiento obrero de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, junto a organizaciones políticas y de DD HH se pronunciaron contra este despido discriminatorio y persecutorio.
Ordenan la inmediata reincorporación de todos los despedidos de Lácteos Vidal
El juzgado nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nº 69, actuante en la causa por los despidos de la empresa láctea de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, ordenó la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos a la fecha.
Al mismo tiempo, el fallo afirma que cada día de mora en el cumplimiento de la medida significará una multa de 10.000 pesos para la firma.
Este nuevo pronunciamiento judicial va en línea con una medida cautelar que ya había favorecido a los trabajadores de la firma que se encuentran acampando en las inmediaciones.
Recordemos que en julio del 2022, cansados de los incumplimientos en lo que refiere al correcto encuadramiento salarial y donde aprovecharon la situación para denunciar un habitual destrato patronal, comenzaron una huelga que tuvo como respuesta el despido de 29 trabajadores.
Apoyados por su gremio ATILRA comenzaron una lucha que aún se mantiene. Desde la empresa apelaron a la victimización con las típicas denuncias por amenazas y bloqueos a los trabajadores en su pelea reivindicativa. Incluso recibieron el apoyo del Movimiento de Empresarios Antibloqueo vinculado a la dirigente PRO, Patricia Bullrich, que había tomado protagonismo con la persecución a dirigentes sindicales de Camioneros en San Nicolás.
Lácteos Vidal envió los telegramas de despido en septiembre pasado a partir de lo cual comenzó el camino judicial donde los trabajadores tuvieron en las diferentes instancias que validar su posición. Primero declarando la legalidad de la huelga y posteriormente la reincorporación de los trabajadores que la empresa desconoce. Incluso, pese que a la orden judicial lo prohibía, incorporó nuevos trabajadores para reemplazar los despedidos.
El secretario Gremial de ATILRA a nivel nacional, Heber Ríos, expresó sobre el conflicto: “Estamos convencidos de la legitimidad de los reclamos que originaron la medida de fuerza, reivindicamos la huelga como herramienta del movimiento obrero en defensa de los derechos conquistados. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.
La empresa Mirgor intentó despedir a 400 operarios
La firma, cuyo accionario mayor es el macrista Nicolás Caputo, apuntó contra la totalidad de los trabajadores tercerizados y a quienes se iban a postular a delegados en una de las plantas ubicada en Río Grande. Con una nota, se les impidió el ingreso y se les indicó que vayan a buscar las liquidaciones correspondientes. El incidente ocurrió el 10 de mayo pasado, día en que se iban a efectuar las elecciones gremiales. Casi la mitad de los despedidos negó la orden y resolvió permanecer en las puertas de la fábrica a modo de protesta. Ante el escándalo, el ministerio de Trabajo provincial emplazó el recurso de la conciliación obligatoria. Por ahora, los desvinculados volvieron a sus puestos de trabajo.
La primera reunión de la conciliación será este lunes. Las elecciones postergadas aún no tienen fecha. Según los relatos de los protagonistas, sucedió que cuando los trabajadores estaban ingresando a la planta como todos los días, hubo una suerte de atajo en los portones de la misma. Allí, a través de una nota, se les comunicó a la totalidad del personal contratado que se les rescindía el contrato y que por lo tanto se les negaba el ingreso a la planta.
«La situación económica y el impacto de esta sobre la delicada posición de la empresa nos vemos en la necesidad de cesar la contratación temporal», decía la anotación que les entregaron a los, al menos, 400 trabajadores desvinculados al momento de alistarse a sus ocupaciones laborales cotidianas.
El hecho derivó en que los demorados en la mismísima entrada a la empresa notifiquen el incidente a la estructura de la Unión Obrera Metalúrgica de la ciudad fueguina. El tesorero del gremio, Marcos Linares, pudo entrar a la fábrica: «Desde la dirección tenían que tomar esta decisión (la de anunciar los despidos). No nos comunicaron los por qué, nos dijeron que no se los habían transmitido, pero que tenían que tomar esta decisión.”, remarcó luego el gremialista ante medios locales.
Más de un centenar de trabajadores resolvieron quedarse en las puertas de la firma. Tachos con fuego coronaron la incipiente vigilia. Adentro, en las instalaciones, se arrancó con una asamblea con el personal efectivo, no contratado.
“En torno a la situación generada en la planta del grupo Mirgor en Río Grande, el Ministerio de Trabajo y Empleo convocó a ambas partes a una reunión urgente que estará encabezando la ministra de Trabajo, Karina Fernández”, comunicaron desde las oficinas de gobierno en Ushuaia cuando se enteraron de la situación «inesperada».
Horas después, surgió la determinación: «Dado el conflicto de público conocimiento suscitado en una de las plantas del Grupo Mirgor, el ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia tomó inmediata intervención y dictó la conciliación obligatoria. Por este motivo la situación se retrotrae y la medida tomada por la empresa queda sin efecto por el plazo previsto en la normativa. Los trabajadores y trabajadoras podrán ingresar a sus puestos de trabajo de manera habitual y se abre una instancia de diálogo para alcanzar una solución», se comunicó desde la cartera.
«Mientras duren los plazos de la medida los trabajadores y trabajadoras podrán acceder a sus puestos de trabajo de manera habitual. Se fijó una audiencia para abrir el diálogo entre las partes y arribar a una solución», agregó.
Ahora, «se está instrumentando un trabajo coordinado con el ministerio de Trabajo de la Nación debido a que una de las partes aduce conflicto sindical», remató.
El grupo Mirgor fabrica en la isla celulares, televisores, autopartes para Ford, Toyota y aviones, entre otros productos. En 2020, adquirió a la compañía Brightstar, su competidor.
En 2021, el Congreso Nacional votó la extensión de la ley de promoción industrial que rige en la provincia desde el gobierno de Alfonsín. Con ello, las empresas ensambladoras y de autopartes, hasta el año 2038, no pagarán impuestos.
Así y todo, Nicolás Caputo se dispuso a ejecutar un enérgico ajuste sobre más de un tercio de la nómina de trabajadores y trabajadoras de la planta comprada en 2020. Como si esto fuera poco, recortó derechos adquiridos, como el comedor, entre otros.
“Trabajamos 9 horas y teníamos 35 minutos de descanso y nos daban la comida, ahora nos darán una vianda cuando nos vamos. La empresa pagaba a un servicio de micros tercerizados para llevarnos y traernos de nuestras casas y ahora eso se suspende. Y se suma que el uniforme de trabajo lo daban todos los años y ahora será cada dos años”, soltó un trabajador.
En ese sentido, es que se explica el trasfondo de la medida patronal reciente: «En conocimiento que se iban a realizar las elecciones de delegados, la empresa despidió a todos los compañeros y compañeras contratados. Buscaban que los mismos no sumaran dotación en condiciones de elegir a sus representantes gremiales. Lamentablemente es una práctica clásica, desleal, por cierto, para sacar a los contratados y quizás después de la elección volverlos a tomar», expresó un viejo dirigente gremial. Es decir, una reputada técnica capitalista argentina para continuar con la quita de derechos laborales.
Subte: paros escalonados en todas las líneas por reducción de la jornada laboral y desasbestización
Pararán de forma rotativa 3 horas por línea comenzando por la línea C a las 5:30 y finalizarán en la línea B a las 00:00. Al reclamo que los trabajadores venían realizando por la reducción de la jornada laboral con dos francos y la desasbestización total, se le sumó el ataque recibido ilegalmente por parte de la empresa de descuentos a sus salarios.
Los trabajadores del subte vienen reclamando hace años la eliminación total del material cancerígeno del asbesto que se encuentra en el subte, que ya llevó 3 fallecimientos y más de 60 afectados, llegando incluso a encontrarse pasajeros contaminados con dicho material.
Por esto reclaman la reducción de la jornada laboral, incluyendo 2 francos semanales, como forma de reducir la exposición al asbesto, como así también el conjunto de la insalubridad que significa -y reconocen propios y ajenos- que significa trabajar bajo tierra. Junto a esto reclaman que la apertura de paritarias que se encuentran vencidas desde fines de febrero y que se presente un plan de desasbestización total.
Ante la falta de respuesta de la empresa Emova y los ataques al derecho de huelga, que se expresó en descuentos salariales ilegales y compulsivos a cientos de trabajadores, incluso a trabajadores que no realizaron las medidas de fuerza, llegando al colmo de realizar descuentos a trabajadores con licencias médicas, el sindicato de los metrodelegados AGTSyP convocó a un paro escalonado para este lunes.
De 5:30 a 9:00. Interrupción de la Línea C
De 9:00 a 12:00. Interrupción de la Línea A
De 12:00 a 15:00. Interrupción de la Línea D
De 15:00 a 18:00. Interrupción de la Línea H
De 18:00 a 21:00. Interrupción de la Línea E y Premetro
De 21:00 a 00:00. Interrupción de la Línea B
El asbesto: un drama del subterráneo porteño que continúa sin respuestas
Por Martín Suárez
Es un reclamo central de los trabajadores, que paran este lunes. Hay casi 90 con enfermedades relacionadas a este material prohibido. Tres murieron. “A los usuarios no los controla nadie”, denuncian.
“Dejé de pensar a futuro mi vida. Antes tenía proyectos, me veía jubilado viajando a mi querida Tucumán y luego volviendo a Buenos Aires para estar con mi familia”, rememora Martín Paredes, conductor de la línea B de Subte. En noviembre de 2019, tras varios años de lucha, la empresa Metrovias (hoy Emova) y el gobierno porteño aceptaron realizar estudios médicos a trabajadores y trabajadoras del sector. Un año después, él y decenas de compañeros fueron notificados con enfermedades provocadas por el asbesto, un elemento potencialmente cancerígeno cuya utilización está prohibida en nuestro país desde el 2003.
El quite de todas las formaciones que lo contienen es uno de los principales reclamos del gremio, que decidió un paro total para este lunes. Denuncian que ya hay 85 trabajadores diagnosticados, 2150 “bajo vigilancia médica” y tres perdieron la vida.
“Me diagnosticaron ‘inflamación de pleura neumoconiosis’, es el primer estado de una enfermedad potencialmente peligrosa para un cáncer. Mi organismo encapsuló a la fibra de asbesto que se me clavó en el pulmón y eso se inflama, es como una costra. Por ejemplo, me provoca muchísimo dolor de espalda», cuenta Paredes. Comenzó a trabajar en el subte en 1994, haciendo 12 horas continuas durante muchos años. Hoy tiene 53. Hasta 2020 fue conductor, su pasión.
“Cuando me informaron el diagnóstico no lo podía creer. Rápidamente, la ART y la empresa que concesiona los Subtes me mandaron una carta diciendo que me liberaban de mis tareas por tiempo indeterminado. Tuvieron que reconocer que era por el asbesto”, continúa. En la misma carta le dijeron que no debería regresar al subte por ningún motivo. Nunca le aclararon ni a él ni a sus compañeros ni a los usuarios por qué. El Hospital Británico confirmó los diagnósticos. Lo había provocado el asbesto.
Quienes les advirtieron que las formaciones que compró Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno tenían asbesto fueron los trabajadores del subte de Madrid: “en 2017 nos dijeron que ellos tenían varios compañeros enfermos por asbesto y que ya había fallecido uno”.
La compra a Madrid de los coches CAF 5000 de segunda mano, fabricados en los ’70, se concretó en 2011 sin análisis ambiental, por 550 mil dólares cada uno. Iban a ser chatarra para subastar. La adquisición ocurrió ocho años después de que el asbesto fuese prohibido en nuestro país. Recién en 2018 el gobierno porteño confirmó que contenían ese material.
Asbesto: el temor de trabajadores y usuarios
Los trabajadores más perjudicados por el asbesto son los de Talleres. Allí el material flota en el aire y entra al organismo. La desabestización debe ser completa, incluso los expertos recomiendan mudar los talleres ubicados en inmediaciones de viviendas y escuelas, como los Bonifacio y Polvorín de Caballito, linderos a una primaria y un jardín de infantes.
Tras la ratificación de que en esos talleres hay material potencialmente cancerígeno, la vida de cientos de familias de la comunidad educativa cambió para siempre. Hoy afirman vivir la angustia de ser ignorados tanto por el Ministerio de Educación como por Sbase y Emova.
“Yo empecé con febrícula de 37,5 grados durante varios meses. Iba a la guardia, me empezaron a hacer todo tipo de estudios y no me encontraron nada. Así vivía todos los días y me iba a trabajar. Hasta que me hacen una tomografía y ven algo en el pulmón”, recuerda Gustavo Villalba, que entró a trabajar como boletero en 1997, luego pasó al sector de tráfico en 2003 y finalmente como conductor. A los 48 años fue diagnosticado con neumoconiosis, igual que Paredes y otros cientos de compañeros.
Actualmente se encuentro de licencia: «presenté una demanda ante la Superintendencia de Salud, porque la ART mintió descaradamente al entregarme un ‘alta médica sin secuelas’. Me levanto con el ojo seco, la garganta seca, y son muchos compañeros que viven con los lagrimales secos y no pueden estar sin gotas en los ojos. Yo entré con 24 años a la empresa donde me prometieron crecer, desarrollarme y tener un futuro. Tenía aspiraciones hasta que me encontraron este daño en la pleura. Ahora estoy luchando no solo por mí, sino por mis compañeros y por todos los que viajan en el subte a diario”.
De los casi 90 trabajadores y trabajadoras afectados por el asbesto, seis desarrollaron cáncer y tres fallecieron. “Pero este relevamiento es el que tenemos nosotros de cinco años atrás a la fecha, anteriormente como no sabíamos que el subte tenía asbesto puede haber muchos otros compañeros y compañeras y usuarios afectados –aclara Claudio Dellecarbonara, del Secretariado Ejecutivo de metrodelegados–. Lamentablemente contamos con varios trabajadores de subte que fallecieron por cáncer, es una de las denuncias que hacemos siempre”.
Asegura que la incidencia del cáncer era alta en el sector, pero se lo atribuían a otras condiciones insalubres como electromagnetismo, microondas y micropartículas de minerales y metales. La situación no abarca solo a empleados. De hecho, se conoció que una usuaria demandó al Gobierno de la Ciudad y a la empresa concesionaria. Le encontraron una fibra de asbesto encapsulada en el pulmón. Viajaba todos los días en subte.
“Ahora que sabemos que el asbesto existe y de sus consecuencias –acota Dellecarbonara–. Después de tanta lucha logramos que la ART, una vez por año, nos realice un control médico para saber si estamos afectados o no, pero a los usuarios no los controla nadie”.
Una medida de fuerza que abarca todas las líneas
Tras fracasar la negociación, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) anunció para este lunes un paro total que “afectará el servicio de las seis líneas del Subte y el Premetro”. Además del asbesto, hay reclamos económicos y laborales. Afirman que la empresa concesionaria no les devuelve las sumas descontadas en los haberes de trabajadores y trabajadoras por los días de paro. Christian Paletti, de los Metrodelegados, denunció que Emova, con el aval de la estatal porteña Sbase, “realizó descuentos en los salarios, masivos y arbitrarios como represalia contra las medidas gremiales, que consisten en paros rotativos de dos horas y dos líneas por vez”. También piden “por un segundo franco, el recambio de los trenes contaminados por asbesto, aumento imprescindible de personal”. Y agregaron la necesidad de “la convocatoria paritaria que debe ajustar la pérdida salarial del último período”.
Paro de estatales en Córdoba por recomposición salarial
El martes 16 se realizó la huelga provincial convocada por ATE Córdoba, que unió a los sectores estatales nacionales, provinciales y municipales y fue definida como “paro activo con movilización”.
La medida incluyó una concentración en la Plaza San Martín de la capital provincial y una marcha al ministerio de Trabajo de la Nación. La convocatoria a marchar es en rechazo al acuerdo vigente con el FMI, “pacto inflacionario que impone el hambre a las y los trabajadores mientras promueve la bicicleta financiera y la fuga del ahorro nacional. La deuda es con el pueblo”.
“Frente a las amenazas y el amedrentamiento del poder político, ATE marcha por el centro de Córdoba reafirmando que haremos efectivo el legítimo derecho a la protesta y a peticionar ante la autoridad pública que claramente establece la Constitución Nacional”, sostiene el comunicado de convocatoria.
La huelga de los estatales en Córdoba se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial. ATE reclama el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno Nacional respecto al pase a planta permanente del personal precarizado, pedido que se hace extensivo al Gobierno de Córdoba y a todos los municipios del interior provincial.
El sindicato repudia la criminalización de la protesta social, que recientemente se hizo patente en Córdoba con la imputación a “nuestro secretario General, Federico Giuliani, por participar en una marcha contra el hambre junto a organizaciones hermanas piqueteras a principios de
abril”.
Asamblea y paro espontáneo en el Ingenio Concepción contra los salarios de pobreza
Tras conocerse los índices de inflación del mes de abril, los trabajadores se autoconvocaron dentro de la planta del Ingenio Concepción, el complejo azucarero más grande de Tucumán. Desde la semana pasada vienen poniendo en pie distintas asambleas exigiendo la presencia de los referentes de los gremios FEIA y FOTIA.
Denuncian que sus ingresos son de indigencia y que las patronales mantienen vigente las cifras acordadas en la paritaria de mayo del año pasado, a pesar de que la inflación anual acumulada es de 110%. “Hace 3 años cobramos el mismo aguinaldo, ya se imagina cómo estamos”.
Como contrapartida, los ingresos del Grupo Luque se incrementaron estrepitosamente al ritmo de la disparada del precio del azúcar que entre abril del 2022 y abril de este año se incrementó un 350%, llegando a valores récord de $13.000 la bolsa. Si a esto le sumamos el negocio del Bioetanol y la producción de energía a partir de la transformación de vapor en corriente eléctrica lista para vender explican por qué la familia Luque (propietaria también del Ingenio Marapa) comparte con Blaquier y Rochia Ferro el podio del negocio de la industria sucroalcoholera . Uno de los que más ha crecido porque genera más de 1.000 millones de dólares por año.
Ante la proximidad del inicio de la molienda los trabajadores visibilizaron su situación. “Hay compañeros que cobraron entre $30.000 o $40.000 la quincena. Cobramos al día, pero al día siguiente ya no tenemos plata”.
Sin dar respuestas certeras, el secretario de Trabajo, “Puchero” Galván, mencionó la posibilidad de que los trabajadores reciban $40.000 a modo de “adelanto” de la paritaria que se abriría el próximo miércoles. Los trabajadores reafirmaron su postura de exigir al menos un 120% de aumento.
“Somos trabajadores indigentes. Los compañeros compran un sánguche de mortadela para compartir entre 2 a la hora del almuerzo. Así, no damos abasto”.
Sin distinción, afiliados de FEIA y de FOTIA los trabajadores se comprometieron a enfrentar represalias que la patronal pueda tomar contra cualquiera de ellos. “Es que vienen regenteando en la fábrica y llamando de a uno a los compañeros para amenazarlos. No hay democracia dentro del ingenio”.
La unidad transversal de los trabajadores temporarios, permanentes y de ambos sindicatos puede ampliarse a los trabajadores precarizados de LEMASE, la empresa fantasma del hijo de Emilio Luque a través de la cual la patronal viene avanzando con la terciarización dentro de la planta, cuyo resultado viene siendo la disminución progresiva de la temporada que el año pasado tuvo apenas 4 meses.
Hay que exigir que tanto la FEIA como FOTIA se pongan a la cabeza de esta pelea y convocar asambleas para imponer un plan de lucha en defensa del salario y para terminar con la precarización.
Trabajadores de Manaos: “La situación que vivimos en la fábrica no puede ser peor”
Trabajadores de la fábrica de gaseosas hicieron pública una Carta Abierta. Jornadas laborales extenuantes y ritmos insostenibles, reclaman mejores condiciones de trabajo y denuncian la persecución de la empresa y la falta de democracia sindical.
La planta de Manaos ocupa un lugar destacado entre las industrias más importantes de La Matanza. Ubicada en el km 42 sobre la Ruta Nacional N° 3, en la localidad de Virrey del Pino, es una de las mayores productoras y embotelladoras de Latinoamérica, junto con Pepsi y Coca Cola. Puede producir por día alrededor de 500.000 packs a razón de 45.000 botellas por hora, es decir, trece por segundo. Elabora gaseosas, sodas, aguas, aguas saborizadas y jugos de calidad, con las marcas Manaos, Placer, Pindapoy, Villamanaos, La Bichy Ahora, F-Nandito VII y Sano Corazón Argentino.
«Muchos compañeros y compañeras ya no aguantan la presión de vivir amenazados por el dueño, de vivir en la «cuerda floja» de suspensiones o despidos», relatan los trabajadores en su Carta, y agregan: «queremos que esto cambie, que se respeten nuestros derechos».
Consultados sobre el rol de los delegados gremiales en la planta, los trabajadores responden: «en estos últimos veinte años, siempre estuvieron los mismos delegados. Las veces que se intentó presentar una lista diferente, los compañeros fueron patoteados por gente del gremio con aval de la empresa».
Las ganancias del empresario Orlando Canido fueron en crecimiento al ritmo de las largas jornadas de trabajo. «El verdadero historial del señor Canido incluye haber usurpado terrenos en pueblitos de Santiago del Estero», dice la Carta de los trabajadores. Canido está acusado hace décadas de liderar en Santiago del Estero y Jujuy bandas paramilitares que expulsan violentamente a miembros de pueblos originarios de sus tierras para poder desmontar y sembrar soja. Los métodos, además de los que hemos relatado, incluyen según los miembros de la comunidad, la quema de viviendas, rotura de los pozos de agua y les han prendido fuego a los medios de movilidad que tienen los habitantes y les mataron varios de sus los animales. Así se expresa el odio racial de Canido y sus matones.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Tiempo Argentino, radiografica.org.ar, argentina.indymedia, El Megáfono, elciudadanoweb.com
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