El sueldo que no alcanza, dice Alejandra Gervasoni, secretaria adjunta de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), es uno de los síntomas que expresan lo que califica como «malestar docente», pero que también se extiende a la falta de condiciones adecuadas para enseñar, y a la necesidad de dar respuesta, también, a la creciente pauperización de los alumnos de los sectores más desprotegidos.
Esa función multipropósito del docente, enseñar y asistir, dar clases y contener, ha ido moldeando una función equívoca, dice la dirigente, de entender la docencia como un «sacerdocio», primero, y luego, de adjudicarle al maestro el rol de «segunda mamá». Eso ha derivado en malos entendidos, y su consecuencia directa es, a veces, la «falta de comprensión» de la lucha por los salarios.
Aunque a juicio de la dirigente, la lucha por el salario es inherente a la labor docente, entendido el docente como un trabajador más, y en ese orden de ideas, subraya que es «imposible» que una familia pueda vivir con un ingreso que ni siquiera alcanza a los 1.500 pesos.
Para conocer la situación del docente hoy, el sindicato encaró una encuesta masiva, cuyos resultados preliminares se acaban de dar a conocer, y que dan cuenta de que el 52% es único sostén del hogar, y que además el 30 % del 48 % restante, con su sueldo «conforma más del 60% del ingreso total familiar».
«En conclusión, el 82% de los docentes y sus familias no acceden con sus salarios a cubrir alimentos, vivienda, vestido, salud, educación y servicios», dice un primer análisis de los datos relevados en el departamento Paraná.
«Del 100%, más del 50% percibe menos de 2.000 pesos, y de ese porcentaje, el 55% es maestro de primaria, y el resto son profesores de secundaria; un 10% de superior, con hasta 24 horas cátedra, y una antigüedad de 5 años», señala el documento.
La baja remuneración -el piso salarial mínimo para un maestro de grado sin antigüedad está hoy en Entre Ríos en 1.490 pesos- impide a muchos acceder a la vivienda propia. El sondeo muestra que el 48% de los docentes no posee vivienda, y que ante la pretensión de ser incorporados a los planes que ejecuta el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), muchos quedan en el camino, por cuanto no pueden cumplir con uno de los requisitos, esto es contar con un ingreso mínimo de 2.100 pesos.
El relevamiento indica que el 15% de los docentes «está inscripto en planes del IAPV, y otro 15% no cumple con los requisitos exigidos».
En un contexto marcado por las bajas remuneraciones, el 23% de los docentes se mostró partidario de la sobreocupación «para ayudarse» con otro trabajo. Y el 27% es docente taxi: cubre su carga horaria en más de dos escuelas.
«De los docentes que trabajan a más de 30 kilómetros de su residencia, con lo que perciben por adicional por transporte, dicen, no alcanzan a cubrir el 50% del costo de los pasajes», señala el informe.
Un 43%, además, denunció el deficitario estado de los edificios escolares, y dentro de ese grupo, un 22% lo calificó como «inseguro o peligroso». Y quienes respondieron que la escuela estaba en «buenas» condiciones es «gracias a las cooperadoras y a los padres».
En 2002, un relevamiento similar que realizó Agmer, permitió conocer que entre los principales problemas que el maestro ve en la sociedad argentina se encuentran la corrupción del sistema político (un 87% de los encuestados anotó esa cuestión); la crisis del sistema de valores (57%); y la falta de justicia (40%). En cuanto a la economía, las preocupaciones son la desocupación (78%); la recesión (42%); el deterioro socioeconómico de las familias de los alumnos (30%); la ausencia del Estado en las políticas sociales y la inseguridad (24%).
Y cuando pusieron la mirada en la educación, maestros y profesores cuestionaron fuertemente la reducción de los presupuestos educativos (así lo hizo un 87%), que se plasma, señaló aquel sondeo, «en el trabajo cotidiano de la escuela con falta de material didáctico e infraestructura adecuada. Además, se señaló el deterioro en la valorización social y económica del docente (79%), con indicadores como pérdida del poder adquisitivo del salario, deterioro de la formación y de perfeccionamiento docente, a lo que se une también la preocupación por la disminución de la incidencia de la educación como estrategia de promoción social (26%)».
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