Las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos y les militantes sociales abajo firmantes, queremos expresar nuestra profunda indignación y repudio ante el asesinato por la espalda de dos niñas de 11 y 12 años acaecido el 3 de setiembre pasado en Yby Yaú, departamento de Concepción a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (conformada para aprehender al terrorismo).
REPUDIAMOS y denunciamos la crueldad desplegada sobre sus cuerpos y el tratamiento dado exhibiéndolas como trofeos de guerra.
REPUDIAMOS el tratamiento dado al hecho desde algunos medios, sin contemplar la normativa que rige en torno a la difusión de noticias donde se hable de niños/as/es. Se montó toda una propaganda alrededor de los asesinatos de las niñas para intentar explicar o construir realidades falsas, de modo de captar apoyos de la mayor cantidad de actores y ciudadanos a este tipo de accionar estatal y sus propuestas de seguridad. Considerando otros antecedentes, estimamos que las niñas en principio fueron pensadas como “falsos positivos”, de allí que se requiere una investigación seria e independiente de las circunstancias de sus asesinatos.
REPUDIAMOS dicho accionar estatal que viola todas las normas que regulan la protección integral, la reserva de la identidad y el cuidado de la intimidad de esas niñas «mártires».
Mucho más grave aún la publicación de la «noticia» como un triunfo, con los comentarios de Mario Abdo, teñidos de violencia patriarcal y en un lenguaje bélico que nos retrotrae a las épocas oscuras de las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor.
Sabemos que no es la primera vez que la Fuerza de Tarea Conjunta despliega su ferocidad represiva sobre poblaciones campesinas, jóvenes y niños/as/es de esa zona del norte militarizada por el Estado paraguayo.
El clamor popular no es unificado ante este triste hecho, se escucha mucho el discurso ¨qué hacían las niñas en ese lugar, junto al EPP¨, creemos importante afirmar que ante éste interrogante, ameritan otros:
¿Por qué no se combate con fuerza y contundencia a los cárteles de la droga en los territorios del norte?
¿Qué hace la FTC, ejército y fuerzas de seguridad de choque, armas de grueso calibre en ese lugar, sin disuadir y en todo caso aprehender, disparando a mansalva ante quién se presente como un presunto peligro?
¿Por qué la FTC no se filmó el supuesto procedimiento, teniendo cuantiosos recursos presupuestarios?
¿Por qué el Estado paraguayo pretendió instalar y justificar tamaños asesinatos alegando en los medios de comunicación que “dos mujeres fueron abatidas”, “dos jóvenes mujeres fueron muertas en enfrentamiento”, “cayeron integrantes del primer anillo del EPP¨?
¿Por qué con tanta premura desde el Gobierno y la FTC celebraron con triunfalismo tremendo infanticidio?
¿Por qué las autoridades de manera inconcebible se apresuraron a sepultar los cuerpos de las niñas?
Desde las voces que legitiman tal accionar alegan como pretexto que las niñas se encontraban en el monte, en un lugar indebido con la clara intención de culpabilizarlas y culpabilizar -como se escucha- a sus familiares.
El Estado paraguayo ha puesto a las niñas en un plano de disputa y el mismo Estado ha dado una respuesta: las asesinó.
Un Estado es responsable de crímenes de Estado, no bajemos el nivel de debate a qué hacemos las y los ciudadanos en determinado momento. Reafirmamos que la responsabilidad del Estado es velar por nuestros derechos, particularmente las infancias y adolescencias, y evitar toda muerte que violente los derechos humanos.
RECORDAMOS:
a) La inconstitucionalidad de la Fuerza de Tarea Conjunta y la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna y el Decreto que crea a esta fuerza con 20 millones de dólares de presupuesto, superando llamativamente con creces a los programas sociales. En efecto, la polémica Ley 5036/13 y el Decreto 103/13, por los cuales se dispone el empleo de la omnipotente Fuerza de Tarea Conjunta para reducir al EPP en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, pero que en la práctica se constituye como un fuerte aparato represivo en manos del Estado que termina atropellando, deteniendo, apresando y ultimando a civiles que residen en zonas rurales, y de paso con la premisa –no explicitada– de disciplinar a los grupos sociales.
b) Es preciso tener sumo cuidado en adoptar un enfoque de securitización, basado en los intereses de los grupos económicos (de grandes empresas sojeras, ganaderas), que orientan las agendas públicas en beneficio propio.
c) La responsabilidad del Estado de proteger a las infancias y adolescencias, más allá de condiciones sociales, de nacionalidad o quienes son sus padres.
Antes esta triste circunstancia se destaca de manera altamente apreciable la Convención Internacional por los Derechos del Niño (CDN, 1989) y el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay, que establece los derechos y refuerza los deberes y las garantías sobre la necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes. Recordamos que la CDN estipuló como derecho el respeto irrestricto a la dignidad humana, integridad física y psicológica, a la igualdad de protección de todos los niños y niñas.
Todas estas cuestionadas acciones de la FTC y del Gobierno son contrarias a los principios estipulados en la CDN y además de los que se desprenden de las Observaciones Generales emitidas por el Comité Internacional de Derechos del Niño de Ginebra:
OBSERVACIÓN GENERAL Nº 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes
OBSERVACIÓN GENERAL Nº 10 (2007) Los derechos del niño en la justicia de menores
OBSERVACIÓN GENERAL Nº 12 (2009) El derecho del niño a ser escuchado
OBSERVACIÓN GENERAL Nº 13 (2011) Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia
OBSERVACIÓN GENERAL Nº 20 (2016) La efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia
OBSERVACIÓN GENERAL Nº 24 (2019) Relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil
Recordamos también la vigencia de lo estipulado por las Convenciones de Ginebra de 1949 y los Protocolos Facultativos de 1977, especialmente el “Protocolo Facultativo de la CDN sobre la participación de niños en conflictos armados” (2000), así como el Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional, y documentos regionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (adoptada en Belem do Pará por la Organización de Estados Americanos, 1994).
Por todo ello llamamos la atención del latente peligro de la remilitarización de nuestra América Latina y Caribeña, en este caso de las y los residentes de los territorios de Concepción y San Pedro del hermano Paraguay.
EXIGIMOS A LAS AUTORIDADES
• El cese de la violencia estatal/ con todas las características de un estado terrorista, sobre la población.
• Una investigación internacional autónoma de esclarecimiento de lo acaecido con las dos niñas masacradas en Yby Yaú, Paraguay, y la sanción de sus responsables ante la justicia.
• Respeto a los tratados internacionales y leyes nacionales.
• Hacemos un llamado al desmantelamiento de la FTC e instamos a invertir en políticas de protección de la infancia y adolescencia, y en desarrollo para la agricultura campesina: acceso a tierras y medios productivos para el arraigo.
Aspiramos a desterrar la remilitarización, la paramilitarización, las políticas neoliberales y modelos extractivistas que desplazan a miles de familias y comunidades de sus territorios.
Aspiramos a desterrar las visiones sesgadas adultocéntristas que exacerban el reduccionismo, legitimando la capacidad de control de parte de adultos con responsabilidad pública de las infancias y adolescencias y, finalmente, la pretensión de justificar acciones aberrantes como asesinar y enterrar a dos niñas, y una serie de daños profusamente documentadas por los organismos de derechos humanos del Paraguay.
Aspiramos a construir territorios de convivencia justa y digna, mediante redes de paz y con el involucramiento protagónico de la sociedad civil en los niveles locales, regional y nacional.
El Estado es responsable de arbitrar todos los medios constitucionales, o en el marco del derecho humanitario/internacional, para proteger a las infancias y adolescencias que habitan en su territorio.
No más niñas/os/es violentades, asesinades y sometides a tortura. No más muertes
Nunca más un infanticidio!
Organizaciones ciudadanas, ciudadanos:
FORMOSA
5 de septiembre 2020
Firmar el comunicado: https://forms.gle/MUK4bBBCgwMqT7Yk9