Despidos masivos, incremento de la pobreza, persecución de activistas y a medios de comunicación han formado parte de las políticas de gobierno de Mauricio Macri. El 16 de enero de 2016 la líder de Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Milagro Sala, fue trasladada a la comisaría de la Mujer en Argentina […]
Despidos masivos, incremento de la pobreza, persecución de activistas y a medios de comunicación han formado parte de las políticas de gobierno de Mauricio Macri.
El 16 de enero de 2016 la líder de Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Milagro Sala, fue trasladada a la comisaría de la Mujer en Argentina bajo una orden del juez Raúl Gutiérrez, luego de ser imputada por supuesta «instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real».
El motivo de su encarcelamiento ocurrió tras una acción de protesta: el acampe en la Plaza Belgrano ante la negativa de diálogo del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Sala rechazaba el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri.
A juicio de activistas y defensores de los derechos humanos en Argentina, la detención de la activista es sinónimo de criminalización a la protesta y de persecución política.
La Mesa de trabajo de la ONU exigió en octubre pasado la liberación inmediata de la líder sindical, sin embargo, el Gobierno no ha respondido a la solicitud. En un comunicado, el organismo internacional denunció que hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo y esto constituye una vulnerabilidad de la independencia judicial.
Persecución de Hebe de Bonafini
El 4 de agosto de 2016, el juez argentino Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la detención de la presidenta de la organización de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por no haberse presentado a declarar tras la «acusación» hecha en su contra por supuestos desvíos de fondos pertenecientes al Estado por el programa de viviendas «Sueños Compartidos».
«Otra vez sufrimos en carne propia la burla, que nos castiga a todas las ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas y ajenas», aseguró en ese momento Bonafini.
Un día después, el juez Martínez de Giorgi dejó sin efecto la orden de detención dictada contra la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. El magistrado concedió la exención de prisión bajo juramento.
La arremetida por parte de las autoridades argentinas fue inmediata, ordenaron el allanamiento a la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, señalando a la presidenta de rebeldía. Sin embargo, varios dirigentes políticos obstaculizaron a los cuerpos policiales y se llevó a cabo una masiva manifestación en apoyo a Bonafini.
Ataques contra movimientos sociales
Durante el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina se han registrado varios ataques a los movimientos sociales en medio de políticas neoliberales que han socavado los espacios democráticos.
El 5 de noviembre tres personas con armas automáticas atacaron la sede porteña de Tupac Amaru para exigir el cese de su lucha por la libertad de la dirigente Milagro Sala. «Esto es un nuevo acto de intimidación en un país que hasta tanto no libere a Milagro y cumpla con la resolución de la ONU, estará al margen de la institucionalidad internacional», denunció Alejandro Garfagnin, coordinador nacional de Tupac Amaru.
Persecución y ataques a medios de comunicación
El 23 de diciembre de 2015, a pocos días de haber ganado la presidencia de Argentina, Mauricio Macri intervino a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aftic), dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales del país suramericano.
El dato: La Ley de Medios de Argentina, un logro de la presidenta Cristina Fernández, llevó a la apertura y democratización del sistema de medios audiovisuales que se encontraba bajo control de los grandes conglomerados mediáticos en especial del Grupo Clarín.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que modificó la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital fue avalada por el Parlamento el 6 de abril de 2016. Esta medida dio pie a la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en reemplazo de la Afsca y de la Aftic.
Trabajadores y periodistas del diario Tiempo Argentino denunciaron en julio de 2016 el ataque por parte de unas 20 personas que ingresaron a las instalaciones de este y causaron graves daños a las instalaciones.
De acuerdo con las denuncias, las personas irrumpieron golpeando y echando a los trabajadores. En el inmueble funciona Radio América, que junto con el diario son los medios «abandonados por la antigua patronal», y recuperados por los trabajadores que permanecieron varios meses sin cobrar.
Salida de la señal de teleSUR
El 29 de junio se concretó la salida de la señal de teleSUR de la oferta informativa de Argentina. Esta medida del Gobierno argentino fue calificada por analistas como una muestra de censura y carencia de pluralidad.
Organizaciones sociales y políticas de Argentina manifestaron su repudio a la salida de la señal de teleSUR en ese país al considerar que atenta contra millones de personas que eligen escuchar diversas voces sobre la realidad nacional e internacional.
El 4 de marzo teleSUR también fue retirada del paquete básico que ofrece Cablevisión en Argentina sin argumentos legales y privando a millones de argentinos de disfrutar de 24 horas de información continua.