El neoconservador ex presidente argentino Carlos Menem se convirtió en el primer presidente constitucional en afrontar como acusado un juicio oral y público. Es por la misma causa judicial por la que cosechó otro triste récord: ser el primer presidente surgido de elecciones que cayó preso, aunque en cárcel de oro y sólo por unos […]
El neoconservador ex presidente argentino Carlos Menem se convirtió en el primer presidente constitucional en afrontar como acusado un juicio oral y público. Es por la misma causa judicial por la que cosechó otro triste récord: ser el primer presidente surgido de elecciones que cayó preso, aunque en cárcel de oro y sólo por unos meses. En el ocaso de su vida y muy lejos de su esplendor político, Menem reedita ahora la estrategia de ricos y poderosos amparados por una justicia profundamente clasista: escapar hacia adelante dilatando los tiempos judiciales hasta lo infinito, o hasta la muerte, que no es lo mismo pero es igual.
Un ex presidente llega a juicio oral y público como supuesto responsable del «contrabando agravado» de armas fabricadas por el Estado durante su gestión. El personaje en cuestión ya no ostenta ni la ínfima parte del poder inexpugnable y el capital político de otrora, que le permitió gobernar dos períodos con una hegemonía que envidiarían varios. El hombre sabe que en la mala hora, los símbolos de la política que tan bien manejó, se le pueden volver en contra.
Por eso, Carlos Menem, de él hablamos, evitará todo lo que pueda esa foto en la sala de un tribunal, en el banquillo de los acusados. No. Los caminos se le estrecharon y para eludir el símbolo debe echar mano de un recurso que le hubiera gustado evitar: la incontenible, inocultable, inevitable vejez. Sus 77 años.
Así, mandó a su abogado con un certificado médico por un presunto «cuadro de estrés, anemia severa, diabetes y alergia», para evitar sentarse en el banquillo en la primera jornada del juicio, y soportar desde allí, escrutado y estigmatizado por los mismos medios que alguna vez lo aplaudieron, la acusación de un fiscal, es decir, del Estado que alguna vez encabezó altivo.
El tribunal rechazó el aplazamiento del juicio y comenzó las audiencias, reservando para más adelante la comparecencia de Menem, que está obligado por ley a escuchar la acusación fiscal. Podría considerarse esto como una derrota para el ex presidente, pero no es tal. Ya se habla de que los miembros del tribunal podrían constituirse en la provincia de La Rioja (noroeste) para leerle en privado los cargos. Seguirá así a salvo de la foto.
También estará a salvo de cualquier citación compulsiva: ostenta un oportuno cargo de senador nacional que le otorgan fueros especiales que lo ponen a salvo -al menos temporalmente y mientras sus colegas no lo desafueren- de nuevos dolores de cabeza procesales.
El lento camino al banquillo
En el juicio se desempolvará lo que se sabe de las operaciones de triangulación,
mediante traficantes de armas demasiado cercanos al entorno de Menem, de cañones, fusiles y municiones argentinas para Ecuador y Croacia, países en guerras a los que Argentina no podía proveer de material bélico porque estaban embargados por organismos internacionales.
A paso de tortuga lenta y pasando por varios jueces y fueros penales en más de una década, la causa judicial sostiene algunos elementos de convicción para concluir que Menem, al firmar decretos que permitían supuestas exportaciones de armas a Venezuela y Panamá, sabía lo que estaba haciendo: habilitar el tráfico ilegal de armas hacia dos regiones en guerra.
Junto a Menem, llegan a juicio otros 17 civiles y militares, entre los que se cuentan el ministro de Defensa, Oscar Camilión, su ex cuñado y poderoso asesor presidencial, Emir Yoma y el ex militar y traficante de armas Diego Palleros. Es el epílogo de una causa que tuvo su punto mediático cúlmine en el año 2001, cuando el ex presidente fue procesado y detenido preventivamente durante unos cinco meses.
Sin embargo, aquellos días del año 2001 no fueron aciagos para el por entonces flamante ex mandatario. Acababa de contraer matrimonio con Cecilia Bolocco, una miss universo varias décadas menor y aquellos días en una quinta prestada por uno de sus ex funcionarios fueron una suerte de luna de miel seguida en directo por la televisión de la política y del corazón.
71 años recién cumplidos, casado con una blonda ex modelo que apenas orillaba la cuarentena y todavía fiscal del presidente que lo precedió, Fernando De la Rúa, cuyo gobierno comenzaba a hacer agua. Los símbolos, aquella vez, jugaron a su favor.
Bien distinta es la situación ahora. La blonda ya no lo acompaña ni la prensa casi no hace mención a su presencia, que por otra parte es minima, en el Senado. Su agrupación política no se sostiene dentro ni en la periferia de un partido oficialista hegemonizado todavía por el huracán del matrimonio Kirchner.
La condena de la vida
Queda entonces evitar el símbolo de la foto en el banquillo de los acusados y estirar todo lo que se pueda el final del juicio. Tiene buenas posibilidades de lograrlo: el juicio oral como tal se demoró unos doce años, a contar desde el momento de los hechos y casi diez desde que se conoció la denuncia.
¿Por qué tanta demora? La respuesta es simple. Argentina no ha resuelto aún la enorme desigualdad en el acceso a la justicia y especialmente a las posibilidades de defensa entre pobres y ricos. Aquel que puede pagar abogados y tiene poder de lobby entre jueces y fiscales puede demorar una década un juicio oral, como en este caso. La táctica de entorpecer el proceso interponiendo uno y mil recursos judiciales dio sus frutos.
Y todavía falta. Por el juicio que comenzó la semana pasada pasarán más de 300 testigos. Si el tribunal no apura el paso, puede extenderse todo un semestre, acaso un año hasta que se conozca el veredicto. Un año es mucho tiempo para un anciano que orilla los ochenta. Como sucedió -y sucede- con los represores de la dictadura militar que mueren antes de una condena por juicios de lesa humanidad, tal vez a Menem sólo lo salve la parca de una condena.