En todo el territorio latinoamericano, tal como lo sostuvo tiempo atrás Eduardo Galeano, son incalculables los niños pobres que trabajan… los que no lo hacen sobran. El mercado no los necesita, ni los necesitará jamás. No son rentables, jamás lo serán. Desde el punto de vista del orden establecido, ellos empiezan robando el aire que […]
En todo el territorio latinoamericano, tal como lo sostuvo tiempo atrás Eduardo Galeano, son incalculables los niños pobres que trabajan… los que no lo hacen sobran. El mercado no los necesita, ni los necesitará jamás. No son rentables, jamás lo serán. Desde el punto de vista del orden establecido, ellos empiezan robando el aire que respiran y después roban todo lo que encuentran. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas suelen interrumpirles el viaje.
En particular muchos analistas consideran que la mayoría de los funcionarios de la República Argentina, a pesar de jurar por Dios, la Patria y sobre los Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo su función y hacer observar la Constitución, no implementan políticas sociales que propicien que el Estado cumpla con lo estipulado en la Ley 26.061 en donde, desde el año 2005, se encuentran enumerados los diferentes derechos que poseen los niños, niñas y adolescentes.
Así, por ejemplo, en la actualidad se estima que aproximadamente existen más de 2.000.000 de niños argentinos que trabajan en el campo durante la temporada de cosecha o, en su defecto, en zonas urbanas recolectando y reciclando residuos. Por este motivo, la mayoría de las organizaciones sociales argentinas sostienen que los organismos del Estado no están cumpliendo con su deber de establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes.
Además puede plantearse que el Estado Argentino no garantiza el acceso a servicios de salud ya que, por ejemplo, recientemente el coordinador del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti, afirmó que en la provincia de Formosa cada mil bebés que nacen mueren treinta; el 45% de la población infantil de la provincia de Corrientes se encuentra desnutrida; y más de cien niños menores de cinco años se mueren por día por causa de la pobreza, entendiendo que dentro de la mortalidad infantil no solamente se deben incluir a los niños que se lleva la muerte sino también a los niños dañados -para siempre- física, intelectualmente y emocionalmente antes del nacimiento de las palabras.
Por último, y teniendo en cuenta que según estadísticas oficiales en la Argentina el 23,9% de los niños no terminaron sus estudios primarios y el 40,9% de los adolescentes no concluyeron sus estudios secundarios, tampoco se puede decir que el Estado Argentino respete el derecho que tienen los jóvenes de recibir una educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía y su formación para la convivencia democrática y el trabajo. En relación a esta cuestión, algunos pedagogos creen que la «tarea pendiente» del sistema educativo, tal como sostuvo el Episcopado Latinoamericano en el año 1968, no consiste propiamente en incorporarlos -a los jóvenes- a las estructuras culturales que existen en torno a ellas, y que pueden ser opresoras… sino en capacitarlos para que ellos mismos, como autores de su propio progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural, acorde con su propia riqueza y que sea fruto de su propia riqueza.
Ahora bien, pareciendo no comprender el contexto de extrema pobreza en el que viven millones de niños argentinos, ni las enormes necesidades insatisfechas que en esta dramática situación se originan, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Sciolli, en vez de mostrarse preocupado por implementar políticas que promuevan que los menores argentinos puedan ejercer plenamente sus derechos, afirmó que en los casos que un menor de edad cometa un delito grave y utilice armas de fuego, es necesario repensar lo planteado en la Ley 22.278 en donde se sostiene que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años ni el que no haya cumplido 18 años (salvo que cometa delitos con una pena menor de dos años).
En contraposición a estas opiniones, el criminólogo Elías Neuman sostuvo que el problema con los chicos es que son en su mayoría, en un 98% aproximadamente, excluidos sociales en el sentido de falta de un lugar digno para vivir, falta de educación y de nutrición adecuada… el chico no gana la calle o el paco por deporte, es una respuesta al hecho de que tiene una verticalidad terrible sobre si y sobre todo falta de amor. Así mismo Raúl Eugenio Zaffaroni, quién actualmente integra la Corte de Suprema de Justicia Argentina, afirmó que hay hipócritas que pretenden que se encierre a todo el mundo y que los jueces se conviertan en verdugos de los pobres y excluidos… piden que se condene a niños para meterlos en cárceles donde sean violados y de las que salgan como psicópatas asesinos.
En este contexto muchas organizaciones sociales plantean que, lamentablemente, la violación de los derechos de los menores argentinos no cesará hasta que los políticos de su país no dejen de pensar que, tal como lo sostiene Eduardo Galeano, en los infiernos suburbanos acechan los condenados de piel oscura, culpables de su pobreza y con tendencia hereditaria al crimen: la publicidad les hace agua la boca y la policía los echa de la mesa. El sistema niega lo que ofrece, objetos mágicos que hacen realidad los sueños, lujos que la tele promete, las luces de neón anuncian el paraíso en las noches de la ciudad, esplendores de la riqueza virtual: como bien saben los dueños de la riqueza real, no hay valium que pueda calmar tanta ansiedad, ni prozac capaz de apagar tanto tormento. La cárcel y las balas son la terapia de los pobres.