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Acumulación por despojo

Mercantilización y privatización de la tierra

Fuentes: Rebelión

Desde 1973, la acumulación por desposesión paso a primer plano, como contradicción principal en la organización imperialista de la acumulación de capital. Haciéndose patente con Margaret Thatcher, quien junto con Ronald Reagan, transformaron toda la actividad estatal, apartándola del Estado de bienestar, para reorientarla hacia el apoyo activo de medidas favorables a la para la […]

Desde 1973, la acumulación por desposesión paso a primer plano, como contradicción principal en la organización imperialista de la acumulación de capital. Haciéndose patente con Margaret Thatcher, quien junto con Ronald Reagan, transformaron toda la actividad estatal, apartándola del Estado de bienestar, para reorientarla hacia el apoyo activo de medidas favorables a la <> para la acumulación de capital.

Así también, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cambiaron sus marcos de acción casi de la noche a la mañana. Teniendo como divisa la privatización y la liberalización del mercado, tales instituciones han respaldado y han servido como instrumentos para que los bienes públicos, en poder del Estado, hayan sido lanzados al mercado y el capital sobreacumulado entonces pudiera invertir, reformarlos y especular con ellos. De forma tal que, se abrieron nuevas áreas de actividad rentable, contribuyendo así a que al menos durante algún tiempo se mitigue el problema de la sobre acumulación.

Así, la privatización ha consistido esencialmente en la transferencia de activos públicos1 productivos, hacia empresas privadas. Entre tales activos productivos se encuentran recursos naturales como: tierra, bosques, agua y hasta el mismo aire. Todos los cuales el Estado posee en nombre del pueblo al que dice representar. Pero al arrebatárselos para venderlos a empresas privadas viene incurriendo en procesos de desposesión.

Casos concretos de estos hechos se vienen presentando en países como Honduras, donde la concentración de tierras en lugares como el Bajo Aguán, se agudizo después de 1992 tras la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola. Esta ley, dictada por el Banco Mundial, junto a un paquete de políticas de ajuste estructural, redujo los apoyos a los productores agrícolas locales, a la vez que incrementó el respaldo al sector de exportaciones, pero sobre todo permitió vender tierras colectivas a inversores privados.

De suerte que mediante la Ley de Modernización Agrícola, se ha favorecido a las principales empresas que producen palma africana, quienes acapararon las tierras en manos de tres grandes terratenientes agroindustriales: la familia Facussé de la Corporación DINANT, René Morales del Grupo Agropalma y Reinaldo Canales, de origen salvadoreño. Acaparamiento de tierras para el cultivo de la palma africana, al cual se le suma la ganadería intensiva, los proyectos mineros, presas hidroeléctricas y complejos turísticos.

El despojo en México, el estado de Oaxaca.

Dentro del esquema neoliberal que impera actualmente en nuestro país, en el estado de Oaxaca, se ha impulsado el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec. Y mediante este corredor, cerca del 90 por ciento de toda la energía eólica que se produce hoy en día en el país es captada del Istmo de Tehuantepec.

Más aun, mediante un comunicado, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca (STyDE) señaló que a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio se han realizado labores de gestión y acompañamiento para la atracción de más inversiones privadas en el sector eólico. De suerte que recientemente fue puesta en marcha, el pasado 3 de marzo del Parque Eólico «Sureste I Fase II» implementado por la empresa italiana Green Power en la modalidad de Productor Independiente de Energía.

A lo cual agregó el subsecretario de Industria y Comercio, Víctor Vásquez Bocanegra, que este centro se extiende en más de 800 hectáreas del municipio de Asunción Ixtaltepec. Añadiendo que tal centro forma parte de otros 22 que ya operan en el Istmo de Tehuantepec, y que fue posible gracias a una inversión de 157 millones de dólares2.

A esto se le suma el hecho de que el 21 de julio de 2014, el gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteaguado, la secretaria federal de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga y el gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricistas CFE, Armando Reynoso Sánchez, firmaron un convenio para invertir 210 millones de pesos para electrificar los hogares de 17 mil 236 personas en pobreza, mediante 140 obras en 62 municipios.

A lo cual añadió Cué, que con el Programa de Electrificación de Viviendas Rurales Dispersas, se haría posible la electrificación de más de 23 mil viviendas, diseminadas en localidades de muy alta marginación. De acuerdo con Cué, dicho programa gracias a la alta capacidad técnica y tecnológica de CFE, permitiría reducir en un 48% el rezago estatal en materia de electrificación doméstica, hasta el ejercicio fiscal del 2016. Y a todo lo cual se le sumaba al Programa de Electrificación Fotovoltaica que el gobierno de Oaxaca inicio en 2012, con el acompañamiento de Acción Microenergía, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y así como por parte de la empresa ILUMéxico3.

Sin embargo, lejos de tales discursos y no obstante la proliferación de estos complejos eólicos instalados en la región del Istmo de Tehuantepec, estos no han impulsado el bienestar social ni el alumbrado de algunas comunidades donde se encuentran ubicados. Muy por el contrario, sólo han desatado conflictos intercomunitarios, inseguridad y denuncias agrarias.

Muestra de ello lo han dado las 120 familias que habitan en la isla de Cachimbo, Oaxaca. Y que forman parte de otras 48 mil familias que de acuerdo al censo de 2010, viven sin energía eléctrica en dicho estado, no obstante que a sólo ocho kilómetros de Cachimbo se encuentra funcionando un aerogenerador de energía eléctrica, el cual es parte del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, siendo el más importante del continente.

Y de acuerdo con Juan Regalado Martínez, comunero de Unión Hidalgo, después de arribar a dicha entidad empresas como Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, S.A. de C.V), misma que es subsidiaria de la compañía española Renovable Energy. Los beneficios para la población al menos hasta el 2014 eran nulos; únicamente habían dado cursos de pintura, piñata, tejido de palma, además de patrocinar un equipo de futbol y otro de volibol, un grupo de danza folclórica, pero más allá de esto, no había habido ningún beneficio para la comunidad.

Asimismo, Mariano López Gómez, integrante de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco, en 2014 coincidía en que a más de una década de que se comenzaron a instalar los parques eólicos, ni un solo foco en los hogares de Juchitán había sido encendido con el viento de la región. Además de que en lugar de pagar menos por la electricidad, las tarifas aumentaron, al grado de que en algunas comunidades se llego a prohibir la entrada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que en otras se determino no pagar debido a que los recibos llegaron hasta por 7 mil pesos, cuando el consumo de las viviendas solo se limita a cuatro focos, un radio, un televisor y en algunos de los casos un refrigerador4.

El despojo en Veracruz.

En el estado de Veracruz, al igual que en otros estados de la república ha venido ocurriendo, mientras estuvo de gobernador el hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, proliferaron los hallazgos de fosas clandestinas y bolsas con restos humanos, como los de Génesis Deyanira Urrutia Ramírez, Octavio García Baruch y Leobardo Arano5. En tanto que por otra parte prosperan proyectos mineros. De forma que según se estima, durante los últimos 22 años se han extraído mil 150 toneladas de oro, casi seis veces más de las que se extrajeron durante 300 años en la época colonial de nuestro país.

Y para lograr tal extracción de minerales, de acuerdo con el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, se ha despojado de 34 millones de hectáreas de tierra a grupos indígenas, siendo entregadas dichas tierras a mineras, principalmente canadienses6. A este respecto, en 2010 se informo que las empresas Almaden Minerals LTD y Gold Group Resources INC, con el nombre de «Minera Gavilán SA de CV» tenían el proyecto «Caballo Blanco- El Cobre» en Actopan, que pretende extraer oro, cobre y plata. Otro proyecto, adjudicado a «Minera Cardel SA de CV» es el llamado «Rey Negro» también en Actopan, que se ocupa de buscar oro y plata.

Todo lo cual ha venido ocurriendo no obstante, las empresas minera canadienses, en más de un caso para extraer metales con métodos de explotación a cielo abierto y lixiviación por cianuro, generando un manifiesto rechazo entre la población como el proyecto, «Caballo Blanco», en los Cerros de La Paila, Las Cruces y Bandera en Alto Lucero y Actopan.

Así, también existen otros proyectos de extracción metálica, minería tóxica, para sacar oro en Chiconquiaco, entre Xalapa y el estado Puebla, por Perote; además de la extracción de plata y oro en Los Tuxtlas, que se llama «Bastonal», proyecto que se encuentra ubicado en una de las reservas de la biosfera en el país.

Otro proyecto colindante entre Puebla y Veracruz es el de «Tatatila- Las Minas», con minerales como oro, plata, plomo, zinc, cobre y fierro, entre Xalapa y el estado de Puebla, por Las Vigas. A estos se le incluyen: Jáltipan con azufre; Tacamichapan con arena sílica y sales; Almagres y el Uxpanapa, con barita. Todo lo cual son proyectos canadienses7.

Pero además, a tales proyectos canadienses se le suman mineras como, Altos Hornos de México (AHMSA), del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira; al igual que Peñoles, de Alberto Bailleres, los cuales transformaron los estatutos colectivos de los trabajadores de sus empresas en contratos de protección y pactaron con sindicatos que ellos mismos hicieron a modo de sus intereses.

Así, las grandes empresas del país han creado sindicatos a modo, para tener contratos colectivos de protección garantizados, con lo cual reducen el valor de la mano de obra. El caso de la mina La Herradura, de Peñoles, ilustra la transformación hacia un contrato de protección, pues cuando tuvo un contrato real tenía un fondo de resistencia de 9 millones, ahora no tiene nada; antes había utilidades, ahora no las hay. También desaparecieron bonos de productividad, niveles o categorías, asambleas, mientras que por otra parte crece la planta de personal de terceristas.

Dentro de la misma lógica, Grupo México, de Germán Larrea, primero intentó destruir al sindicato nacional de mineros y a su dirección, con el apoyo de los gobiernos panistas, y al no lograrlo le arrebató a este gremio sus nueve contratos colectivos, con el apoyo del Sindicato Patronal de Monterrey, el Sindicato Nacional de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana. Para todo lo cual conto además, con el apoyo de la Secretaría del Trabajo8.

Finalmente, a toda esta ola de saqueo de metales, también se le suman otros minerales como el mármol, que se encuentra bajo la mira de empresas como Procesamiento de Mármoles Granados SA de CV, en Tatatila. Y como éste también se encuentran proyectos para arena y grava en Acayucan; arena sílica en Coatzacoalcos y San Juan Evangelista; y caolín en Huayacocotla.

Mercantilización y privatización de la tierra.

De acuerdo con el último informe de la organización internacional Oxfam, América Latina es la región más desigual del mundo en la distribución de la tierra. Lo cual es debido a que más de la mitad de la tierra productiva de la región está concentrada en el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias. Mientras que por el otro lado, las pequeñas unidades agropecuarias, a pesar de representar el 80 por ciento de todas las explotaciones en la región, ocupan menos del 13 por ciento de la tierra productiva.

Esto ha sido posible, de acuerdo con el informe de Oxfam, al extractivismo, raíz de la alta desigualdad del reparto de la tierra en la región. Tal modelo productivo, concentrado en las concesiones mineras y petroleras, la ganadería extensiva, y los monocultivos como la soja y la palma aceitera, se viene apoderando del territorio latinoamericano. Pero además de ampliar su control sobre grandes extensiones territoriales, el extractivismo, aumenta su influencia en las políticas públicas de todos los países9.

Como se puede observar, en los procesos de «desarrollo» de mineras, petroleras, cultivos y demás energéticos, la cuestión que atraviesa a todos estos es, la mercantilización y privatización de la tierra. Los plantíos exigen una gran inversión inicial en maquinaria agrícola, semillas, agroquímicos, herbicidas, pero también en la compra o arriendo de tierras. En tanto que, en el caso de las mega-minerías, estas además de la inversión básica en enormes capitales, por las grandes infraestructuras de instalaciones, maquinaria de excavación exclusiva, vehículos de transportes especiales y el volumen de productos químicos necesarios para la separación de minerales. Pero para lo cual, también necesitan obtener extensas concesiones territoriales por parte del Estado.

En consonancia directa con estos hechos, dentro del proyecto neoliberal, en México se ha refuncionalizado el uso de la tierra y los recursos geoestratégicos, para ser explotadas en beneficio de empresas trasnacionales una vez modificada la Constitución. Carlos Salinas de Gortari con la reforma decretada al artículo 27 de la Constitución en 1992, ante un movimiento campesino debilitado y disperso, pudo poner en práctica su estrategia neoliberal de privatización de la economía y liberalización comercial, gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, echado a andar en 1994.

De manera que, el llamado finiquito agrario y la entrega de certificados que acreditaban la propiedad individual de solares urbanos y parcelas ejidales abrieron la puerta a la privatización de la tierra de propiedad social. Privilegiando Salinas la interlocución con el Congreso Agrario Permanente (CAP) creado por él en 1989, a cambio de prebendas y corruptelas de varios de sus líderes. Práctica que contrastó con las recuperaciones de tierras en Chiapas, dirigida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la lucha combativa que sostuvieron en 2003 organizaciones de El Campo no Aguanta Más10.

Así, los cambios en la propiedad de la tierra, resultado de las políticas neoliberales, son el núcleo de las luchas, ante los distintos proyectos como minería, extracción de petróleo, inmobiliarios, etc. Ocurriendo así, tanto en México como en otras geografías de América Latina y del mundo, por lo que se centra hoy más que nunca el conflicto, en la defensa de la propiedad colectiva de los territorios, frente a la privatización de la misma, para beneficio de las grandes empresas.

La lucha por la tierra ha sido el núcleo del levantamiento de los pueblos de Chiapas en 1994; en la lucha de la Asamblea de los Pobres de Tailandia por la defensa de sus bosques; en la resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ante los proyectos del capital y frente a la represión en Atenco; en las ocupaciones de tierra y en la construcción de alternativas del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil; en la indignación de los ejidatarios de la Comarca Lagunera o de las tribus mayo-yoreme y yaquis por la incontrolable renta de sus tierras y la privatización de los pozos de agua; en la experiencia de los campesinos insumisos de la India y de Corea del Sur frente a las políticas de expulsión y aniquilamiento; en la determinación de los comuneros opositores a la presa hidroeléctrica La Parota, de las mazahuas o de los pueblos de Morelos por la defensa del agua; en la histórica lucha de los pueblos indios en los Andes y la Amazonía por la reforma agraria y por su autonomía11.

Bibliografía.

González Ramírez Manuel. El codiciado Istmo de Tehuantepec. Colección Metropolitana, departamento del Distrito Federal, 1973.

Hemerografía.

Rebelión. Entrevista al economista de izquierda Claudio Katz. «En América Latina la confrontación está en curso, el resultado está abierto y veremos qué ocurre«. Por: Hernández Mario, 26-10-2016.

Proceso. Número 2000. 1 de marzo de 2015.

Proceso. Número 1969. 27 de julio de 2014.

Proceso. Número 2074. 31 de julio de 2016.

Proceso. Número 2070. 3 de julio de 2016.

Proceso. Número 2009. 3 de mayo de 2015.

Proceso. Número 2041. 13 de diciembre de 2015.

Proceso. Número 2060. 24 de abril de 2016.

Proceso. Número 2033. 18 de octubre de 2015.

Proceso. Número 1781. 19 de diciembre de 2010.

Proceso. Número 2048. 31 de enero de 2016.

Proceso. Número 2021. 26 de julio de 2015.

Proceso. Número 1642. 20 de abril de 2008.

Proceso. Número 2052. 28 de febrero de 2016.

Proceso. Número 2081. 18 de septiembre de 2016.

Proceso. Número 2086. 23 de octubre de 2016.

Proceso. Número 1864. 22 de julio de 2012.

La Jornada. Domingo 18 de septiembre de 2016.

La Jornada. Sábado 1 de octubre de 2016.

La Jornada. Martes 18 de octubre de 2016.

La Jornada. Lunes 10 de octubre de 2016.

La Jornada. Sábado 10 de septiembre de 2016.

Ramón César González Ortiz es Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la misma Institución, actualmente es profesor adjunto en las materias, La sociología en México y Pensamiento Social Latinoamericano, en la FCPyS de la UNAM.

Notas

1 Los activos hacen referencia a lo que la empresa tiene y los pasivos a lo que la empresa debe. Un activo es un valor que la empresa dispone y que puede ser medido, representado o convertido en dinero en efectivo. Ejemplos de activos pueden ser el mobiliario, los productos para la venta, las acciones y cualquier tipo de bien que la empresa posea. Los pasivos de una empresa son lo contrario a los activos. Son las obligaciones que tiene la organización ya sea con otras empresas, con personas, con el estado, etc. Todas las deudas comerciales, obligaciones de pago, créditos tomados, impuestos a pagar, etc., forman parte del pasivo y por lo tanto son reflejados en el estado de situación patrimonial de la empresa.

2 Diario de Yucatán. Yucatan.com.mx

3 Proceso. Número 1969. 27 de julio de 2014.

4 Ibíd.

5 La Jornada. Lunes 10 de octubre de 2016.

6 La Jornada. Sábado 10 de septiembre de 2016.

7 https://lavidaolamina.wordpress.com/…/veracruz-en-la-mira-de-empresas…

8 La Jornada. Miércoles 3 de febrero de 2016.

9 Rebelión. América Latina, la región más desigual en el acceso a la tierra. Servindi. 03-12-2016.

10 La Jornada del Campo. Cien años de lucha por tierra y libertad…Y ZAPATA SIGUE CABALGANDO. Por: Plutarco Emilio García Jiménez. 17 de abril de 2010.

11 revistarebeldia.org/revistas/Numero68/05campo.pdf .De sobrevivientes y guardianes. Luchas campesinas en México.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.