México arde al calor empresarial (III)

Introducción.

Desde Europa hasta América Latina, se ha dado una proliferación de partidos y líderes fascistas y de extrema derecha. Muestra de ello lo dan Viktor Orban, en Hungría y en Austria Norbert Hofer, quien ha dicho que Trump es una de sus fuentes de inspiración. Así como la consolidación del partido neonazi Amanecer Dorado, como la tercera fuerza política en Grecia. Además de las palabras dichas por personajes como el líder Gian Luca Ianone, en Italia, quien ha señalado que es necesario en su país, que los hombres defiendan las fronteras y la identidad, en tanto que Nikos Michaloliakos, en Grecia, ha sostenido que los crematorios y las cámaras de gas no existieron.

Dentro de la misma lógica, en Alemania se inscriben Frauke Pegtrt, quien ha dicho que para practicar la religión no hacen falta minaretes¹; en tanto que, Timo Soini, de Finlandia, ha indicado que Grecia tiene que salir del euro, toda vez que Finlandia no debe asumir más rescates, a la vez que Gábor Vona, de Hungría, dice que en cuanto pueda su país, eliminara el sufragio universal.

Constatándose también la derechización de los EE.UU, con el triunfo de Donald Trump, quien de acuerdo con la revista Semana Sri Bertsou, especialista en movimientos populistas y de extrema derecha de la Universidad de Zurich, «la retórica empleada durante la campaña legitimó los discursos racistas, misóginos y xenófobos de mucha gente, y resulta poco probable que en el corto plazo sea posible regresar a la política de siempre». En este sentido, lejos de la moderación de Trump ya en el poder, sus políticas efectivas han resultado tan agresivas como sus discursos².

Todo lo cual también se ha visto reflejando desde hace tiempo en América Latina, de suerte que desde los centros de poder económico mundial, se han impulsado gobiernos de derecha, ya sea por la vía electoral o mediante golpes de estado más o menos solapados. Teniendo como base el hecho de que, a lo interno de los países latinoamericanos, las burguesías no están dispuestas a compartir los réditos de las exportaciones y el ingreso nacional con las clases populares, por lo cual luchan por el control del aparato del Estado, para usarlo a su favor en la crisis.

De manera que, el fenómeno político de la derechización en América Latina, tiene su origen en la misma crisis sistémica del capitalismo y se ha visto reflejado en la derrota electoral del peronismo en Argentina, la creciente inestabilidad en Venezuela, así como el golpe de estado parlamentario contra la presidente Dilma Rousseff, todo lo cual es expresión de la crisis política y la disputa entre las clases sociales por el control de la renta nacional.

Teniendo como antecedentes, los golpes de estado contra presidentes legítimamente electos como Aristide en Haití, Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay. Así como también se ha tenido como víctimas directas, dentro de la ofensiva de la derecha, a instituciones internacionales fundadas o refundadas bajo el liderazgo de Hugo Chávez, y que han pretendido dar un poco más de soberanía y unidad a las naciones latinoamericanas frente al control del imperialismo norteamericano, como: el ALBA, CELAC, Mercosur, etc³.

Terminados los años de buenos precios de las exportaciones, que le permitían a la burguesía latinoamericana tomara su parte y a la vez se financiaran desde el Estado los programas sociales de «transferencias», ahora hay que hacer recortes y estos deben de ir con cargo a la clase trabajadora y no a la burguesía, quien no está dispuesta a ceder su pedazo. De forma que, la imposición de gobiernos de derecha se han visto acompañados por fuertes medidas neoliberales; recortes del gasto social, derechos económicos y militarización, con la excusa de la guerra contra el narcotráfico, como lo prueban la gestión de Macri en Argentina, Temer en Brasil y Enrique Peña Nieto en México.

El constante fortalecimiento de la derecha y la burguesía en México.

Con Lázaro Cárdenas, el Estado mexicano incremento su poder frente a la burguesía industrial, comercial y financiera, teniendo como base el apoyo de grupos populares organizados, no obstante estas fueron sometidas al control oficial mediante la burocratización de sus organismos de clase, y se puso como líderes de las mismas a personajes dóciles al mando gubernamental. De manera que, al acercarse el final de la administración cardenista la oposición de los sectores económicamente poderosos apareció con toda su fuerza.

Censurando el decrecimiento de la productividad agrícola y la disminución de la inversión del capital privado, a causa de la combatividad de la clase obrera, así como por el creciente control estatal. La derecha se a poyo en gran parte de la prensa nacional, la iglesia quien había visto mermada su influencia en la educación, además de encontrar ayuda en fracciones del ejército que se vieron desplazadas de la toma de decisiones, por la coalición de fuerzas dentro del partido oficial.

De forma que, con Manuel Ávila Camacho se comenzará a dar una cada vez más estrecha identificación de objetivos entre la élite política y las élites económicas. Resultando entonces que, los programas y políticas del gobierno mexicano desde 1940, cada vez más fueron diseñados para estimular los esfuerzos del sector privado. Mientras que por el otro lado utilizo al aparato cardenista de control obrero, para someter la lucha de los trabajadores y campesinos, en una medida que no entorpeciera el crecimiento económico. Evitando huelgas, así como se frenó el reparto agrario⁴.

En el mismo sentido, las prioridades de Miguel Alemán Valdés fueron el intento de unificar al país en torno a la industrialización, por lo cual enfoco su atención hacia el sector privado nacional. Y en aras de estimular el crecimiento de la producción, prohibió la importación de artículos de lujo ya que estos no se producían nacionalmente. Así también, intento elevar las tarifas arancelarias mediante negociaciones comerciales con EE.UU, además de que no permitió el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), con la intención de asegurar para la burguesía nacional un mercado cautivo, mediante el cual pudieran enriquecerse y sobre todo expandirse. Además, para conciliarse con los intereses de la iniciativa privada, promueve la derogación de la educación socialista y la inclusión del amparo en materia agraria.

Todo lo cual se convino con una proyección hacia los obreros y de más grupos populares, de que la industrialización daría autonomía económica a la nación y elevaría las condiciones materiales y culturales de las grandes masas de la población.

De suerte tal, que la iniciativa privada, principal beneficiaria de las políticas de Alemán, se mostraron agradecidas mediante reconocimientos como el de la Cámara Nacional de la Industria de transformación o señalamientos hechos por personajes como Luis G. Legorreta, director del Banco Nacional de México y Salvador Ugarte director del Banco de Comercio, quienes indicaron que, «la devaluación que muchos pensaron acarrearía la depresión, se convirtió gracias a la correcta intervención del gobierno, en una prosperidad de la que todos disfrutaban»⁵.

Pero no obstante los halagos de la clase empresarial hacia Miguel Alemán, los problemas económicos dominaban al finalizar su gobierno. Por lo que, para intentar apaciguar el ánimo de las clases populares, severamente dañadas por el alemanismo, Adolfo Ruíz Cortines, implemento una política de restricción económica y de control mediante organizaciones sometidas al aparato oficial, desde la época cardenista. Así, «El Plan de Emergencia Agrícola», contendrá las siguientes metas:

1. El aumento en la producción de productos de alimentación popular, b) la concesión de créditos a los ejidatarios, c) el establecimiento de precios de garantía por el gobierno, d) la mayor concurrencia de la CEIMSA – posteriormente CONASUPO – en el mercado, e) la ejecución de medidas que permitieron mayor producción agrícola.

De forma que se puede apreciar a Ruíz Cortines como un hábil negociador, que consigue obtener de los capitalistas nacionales, algunos logros para la clase obrera⁶. Y sin embargo, al acercarse el término de su administración, privara la agitación obrera, concentrada especialmente durante los años de 1954 y 1958, que tienen como fondo el encarecimiento de la vida. Además, Ruíz Cortines se enfrentará con una Confederación de Trabajadores de México (CTM) combativa, que no sólo responderá a la crisis de 1954 sino que reclamara reivindicaciones como el reparto de utilidades⁷.

En tal contexto, al inicio de su mandato Adolfo López Mateos logra se instauré una nueva ley respecto al reparto de utilidades, con la supuesta intención de hacer sentir a los obreros una mayor participación dentro de la empresa, mientras que a la burocracia se le otorgaron servicios de seguridad social como la creación del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de gratificaciones anuales.

Mientras que frente el campesinado se propuso legalizar la tenencia de la tierra y derogar las concesiones de inafectabilidad agrícola y ganaderas, obtenidas al margen de la ley, así como impulsar una política de expropiaciones para no afectar los intereses de terratenientes nacionales, muestra de tal política fue la recuperación de un latifundio que poseía la empresa extranjera The Real Estate Co., de México.

Sin embargo, todas las medidas de López Mateos encaminadas a favorecer a diversos sectores nacionales ampliando la colaboración social, a expensas de limitar los intereses extranjeros, no lograron contener el aumento de las contradicciones nacionales para la acumulación de capital. En lo económico, la implantación del llamado Desarrollo Estabilizador, en lo social, el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y en lo político, la introducción de la modalidad de los diputados de partido, mediante los cuales se dará voz y voto a los grupos de oposición, serán insuficientes ante las contradicciones capitalistas.

De manera que, al final su régimen termina encarnando en realidad a la reacción política de la clase gobernante, ante la emergente problemática económica, manifiesta en la presión de las organizaciones de trabajadores. Resultando confinados en el Campo Militar número uno, distintos líderes populares durante la emergencia del Movimiento Ferrocarrilero como: Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Filomeno Mata, Dionisio Encinas, Alberto Lumbreras, Miguel Aroche Parra, Encarnación Pérez, Gilberto Rojas Robles, Roberto Gómez Godines, Jesús Araujo y Hugo Ponce de León. Y llegándose a casos dentro del Campo número uno, de asesinatos y torturas como la de Rubén Jaramillo y toda su familia, esposa embarazada e hijos menores de edad fueron masacrados por el ejército.

Y en consonancia con la clase beneficiada por tales hechos, durante los últimos meses de su mandato López Mateo recibió una serie de homenajes: de la Academia Mexicana de Derecho Internacional recibió un birrete; el licenciado Portes Gil le entrego un pergamino a nombre de las asociaciones culturales del país; los empleados del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización le hicieron entrega de un caballo alazán con la silla, lo soga, el machete y las espuelas que pertenecieron a Emiliano Zapata; banqueros, comerciantes, industriales y ejecutivos de las compañías de seguros le ofrecieron un banquete, etc⁸.

Represión y honores que se enmarcan dentro del constante alineamiento de México hacia la derecha, que supuso el Desarrollo Estabilizador, ya que se hará cada vez más necesaria la conservación de un orden político estricto que permita generar la confianza de los sectores inversores. Así, la agrupación política de Gustavo Díaz Ordaz estará integrada por miembros conservadores del grupo gobernante vinculados con el alemanismo. Mientras que miembros más liberales ligados al cardenismo serán relativamente marginados.

Así, el régimen de Díaz Ordaz continuará a ultranza con el ritmo de desarrollo económico, a la vez que se da un avance en el proceso de reglamentación del Estado, sobre todo en lo que respecta a las ramas centrales de la administración pública y las empresas paraestatales. Y acosta de preservar el desarrollo y las alianzas básicas para el mismo, el control inicial del régimen se transformara paulatinamente en una gran represión para con las manifestaciones de descontento, expresadas por fracciones de la clase media y que culminaron con la matanza de Tlatelolco. Y que desvaneció la idea del supuesto milagro mexicano⁹.

Haciendo manifiesto que si bien la estructura económica mexicana desde décadas a tras había experimentado un importante incremento, este mismo incremento creo contradicciones insalvables que se reflejaron en luchas como el movimiento ferrocarrilero de 1958-58, luchas con los maestros que le siguieron después, protestas de médicos en 1965, la formación de la Confederación Campesina Independiente y la respuesta sangrienta al movimiento estudiantil, que culmino el 2 de octubre de 1968, con la muerte se calcula, de al menos medio millar de personas.

En tal escenario, los programas de «estabilización» anteriormente útiles al sistema se agotaron. La Reforma Agraria, el desarrollo de la educación primaria, la urbanización, todos utilizados como válvula de escape frente al creciente descontento y la miseria de campesinos con aspiraciones de movilidad social ya no tuvieron los resultados esperados.

Siendo que desde el principio del gobierno del presidente Luis Echeverria Álvarez, este tuvo como meta ampliar la participación del Estado en la economía, para intentar paliar la crisis, ideas manifiestas el 1^o de diciembre de 1970 en su discurso de toma de posesión al señalar que si bien México no aceptaba que sus medios de producción fueran manejados exclusivamente por organismos públicos, también se habían superado las teorías que dejaban por entero a las fuerzas privadas la dirección de la economía.

Sin embargo tales medidas, en los hechos a quienes realmente beneficiaron mediante el nuevo «equilibrio» fueron a los empresarios. Echeverria no daño a los empresarios ni dejo de dialogar con ellos, solo les retiro el papel de iniciadores y árbitros y se lo devolvió al estado. Durante su mandato se duplico la capacidad de generación de energía eléctrica, comunicaciones viales y la producción siderúrgica, así como invirtió en la exploración, expansión y la modernización de la industria petrolera nacional.

Más aun, el Banco Mundial estimó que los subsidios públicos dirigidos al sector privado de la economía, implícitos en la política de precios y tarifas por parte de las entidades públicas, representaron más del 6% del PIB que represento el déficit consolidado del sector público. En tanto que respecto a la cuestión política, Echeverria opto por la llamada «apertura democrática», permitiendo así el avance de las posturas derechistas.

Posturas que ante la nueva crisis manifiesta a finales del mandato de Echeverria hicieron circular distintos rumores, para achacar la responsabilidad de la crisis sobre éste. Mediante métodos similares a los utilizados en Chile para desestabilizar al gobierno de Unidad Popular, que presidía Salvador Allende, en México se hicieron presentes ideas respecto a «vacunas esterilizantes» que se estaban aplicando a los niños en las escuelas; llamadas telefónicas que advertían sobre la nacionalización de la banca y el congelamiento de cuentas; rumores sobre la inminencia de un golpe de Estado y el establecimiento de una dictadura en el país¹⁰.

Así, la iniciativa privada, vinculada a partidos de derecha, a la vez que avanzaba, iba dejando en claro su postura: que un gobierno nacionalista mantuviera alejado al Estado de la función rectora de la economía, a la vez que le parece cada vez más innecesaria la «moderación» en la lucha de clases.

Lucha de clases que conforme ha avanzado en México la visión empresarial se ha hecho cada vez más intensa. En 1976 se manifiesta esta situación a partir de que los incrementos anuales en ese año a los salarios mínimos monetarios, no fueron suficientes para restablecer el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores: 10% en 1977, 14.1 en 1978 y 16.8 en 1979. Todo lo cual se convino con un constante aumento en los índices de desocupación en las principales zonas industriales del país de aquellos años: cerca de 6.5% de la población económicamente activa en 1976, más de 8% en 1977 y más de 7.5% en 1978 y 1979.

Mientras que en paralelo se da un aumento de utilidades e ingresos de industriales, comerciantes y banqueros. Beneficiados en parte, por la política de liberación de precios y de la especulación que se practicó durante esos años con bienes básicos y de consumo generalizado. De suerte que, en los momentos de mayor recesión de ese entonces, expresada en la quiebra de pequeñas y medianas empresas, aumento del desempleo, inflación y la especulación. Grupos de industriales obtuvieron enormes ganancias y consolidaron su posición oligopólica en el mercado nacional, empresas regiomontanas como Visa y Alfa son algunos de los casos¹¹. Logrando avanzar a partir de políticas conciliadoras como la de José López Portillo, quien hizo amnistía con partidos rivales a la vez que permitió el registro de nuevos.

Así, se puede observar que en el esquema que adoptaron los gobiernos «revolucionarios» para construir la nación, se les asigno un papel importante en la producción a los empresarios nacionales, creándose las condiciones necesarias para tal fin. Y éstos aprovechando ampliamente tales oportunidades, realizaron importantes inversiones en la industria, el comercio e incluso en la agricultura. A cambio de lo cual, se encontraba vedado a los empresarios el acceso a la administración pública, especialmente a los puestos de control político.

Al amparo de tal esquema, los empresarios podían manifestar a través de las cámaras respectivas y ante las instancias correspondientes sus puntos de vista, así como defender sus intereses profesionales, pero no expresar un punto de vista global sobre el desarrollo y funcionamiento del país. Pero con el paso del tiempo, gracias al apoyo, la promoción y el buen trato que recibió por parte del gobierno, la estructura organizativa empresarial se fortaleció. Y lo que antes era negociación o acuerdo específico, se transformó en participación decisiva en la definición de políticas concretas. Aunque siempre en forma aislada, aparentemente no concertada, sin un marco de referencia explícito y totalizador respecto de la economía en su conjunto.

Sin embargo, ante la entrada en crisis del Desarrollo Estabilizador en 1976, la burguesía ve amenazada su posición de privilegio hasta entonces alcanzada, como el prevale cimiento del capital financiero y de grupos monopólicos en distintas actividades, que se habían integrado en consorcios financieros industriales. E impulsada por los grupos más agresivos del capital monopólico, cierra filas, se organiza mejor y precisa su proyecto para la nación.

De tal manera, desde 1976 de forma abierta las organizaciones patronales politizan su poder económico, realizando una auténtica prueba de fuerza frente al Estado y las organizaciones de masas en las que se había apoyado. Pasando los propietarios de incursiones coyunturales en los asuntos públicos, a una participación activa y permanente en el quehacer político nacional. Hasta haber consolidado hoy en día un posicionamiento hegemónico que abarca la cultura, lo ideológico, las formas de hacer política, la moral pública y privada, así como los gustos y el consumo.

La burguesía nacional, abiertamente apoyada desde el exterior, logra así construir un consenso (que cada vez se desgasta más) en torno a la necesidad de restaurar el funcionamiento económico del país, recurriendo a una política económica conservadora, totalmente favorable a los intereses empresariales y en detrimento de las demandas y necesidades de los trabajadores¹².

Argumentando desde la década de los 80 que el sector público es deshonesto; mantiene un elevado nivel de gatos, ineficiencia en la administración de las empresas estatales, ha habido una constante degradación de las universidades públicas, excesivos trámites burocráticos, altos impuestos, un control de precios y demás cosas que, según su versión han sido los factores limitantes para un sano y equilibrado desarrollo económico del país. Han ofrecido en contrapartida, un manejo austero del presupuesto, liberación de precios y salarios, así como una mayor participación dentro de la política por parte de los mismos empresarios, para -según ellos- no privar al país de su sentido práctico y eficaz, para la realización de las cosas¹³.

Y con estos antecedentes, el Estado moderno iniciará formalmente en México desde el 1^o de diciembre de 1982, cuando asume la presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, quien instaura la visión empresarial, al modernizar la política económica del país o el llamado eficientismo productivo, que garantizará desde entonces el flujo de ganancias de nuestro país, para el pago de la deuda a expensas del gasto público.

Por tales motivos, a partir de De la Madrid, el proyecto de nación será severamente cuestionado, y pese a que el sistema preservo sus estructuras, la ideología de los gobernantes así como los objetivos nacionales y sociales cambiaron drásticamente. Por ejemplo, De la Madrid al ver el enojo de los grupos de presión financieros, así como de empresarios nacionales y extranjeros, contra el último decreto de López Portillo, que fue la nacionalización de la banca, y contra las tradicionales instituciones presidenciales, restablece alianzas y ofrece proteger sus intereses.

Así, al gobierno norteamericano, a inversionistas y al FMI-BM, les permite aplicar en nuestro país la ortodoxia fondomonetarista y la modernización estructural; a los empresarios nacionales les concede un amplio programa de privatizaciones de propiedades que hasta entonces eran propiedad de la nación, así como impone un plan de choque que aplicara a la clase trabajadora. Dentro de dicho plan se circunscribe, a seis meses de efectuarse las elecciones presidenciales de 1988-1994, por acuerdos con el FMI y el BM, y ante la amenaza de huelga general, el decreto de la firma del Pacto de Solidaridad Económica, firmado el 15 de diciembre de 1987, durante la VII Convención Ordinaria, de la CTM. Cuya intención será frenar el alto índice inflacionario, a expensas de los trabajadores¹⁴.

Constituyéndose así el sector financiero como un grupo con gran poder político en México, además de económico, siendo desde entonces los aliados más importantes de los inversionistas extranjeros para implementar en nuestro país las políticas económicas que les sean favorables a sus intereses. Especialmente después de la reprivatización de la Banca y las modificaciones constitucionales que reglamentaban a la Bolsa Mexicana de Valores.

Proceso que tendrá como reforzamiento el hecho de que desde Miguel de la Madrid los cuadros del gabinete económico se conformará por la burocracia financiera, además de que algunos de ellos obtuvieron grados en universidades extranjeras. Algunos casos son los de: Miguel Mancera Aguayo, director del Banco de México; Héctor Hernández Cervantes, secretario de Comercio; Adolfo Hegewisch, subsecretario de regulación de inversiones extranjeras y transferencia de tecnología de la Secretaria de Comercio; Luis Bravo Aguilera, subsecretario de Comercio Exterior y de la Secretaria de Comercio¹⁵, entre otros.

Pero el caso de mayor relevancia será el de Carlos Salinas de Gortari, quien ocupo el cargo de secretario de Programación y Presupuesto con de la Madrid, y desde éste puesto, el 10 de septiembre de 1986 mantuvo conversaciones privadas con autoridades financieras estadounidenses e internacionales.

En Washington, en 1986, Salinas tuvo conversaciones con las más altas autoridades del gobierno de Reagan. En Nueva York, se entrevistó con banqueros acreedores del país, se manifestó en sesión cerrada ante la prensa en el Consejo de las Américas, respecto al contenido económico del IV informe del presidente De la Madrid, reconociendo el éxito del programa privatizador, ejemplificando con la venta a la iniciativa privada de Mexicana de Aviación.

Asimismo, Salinas se entrevistó con; el presidente del Banco Mundial, Barber Conable; con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Antonio Ortiz Mena; con el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker; con el director de la Oficina de Presupuesto, James C. Miller; con el Secretario del Tesoro, James Baker y con el director ejecutivo del FMI, Jacques de Larosiere¹⁶.

Así a Salinas se le fue allanando el camino para la presidencia de la República, toda vez que éste significaría la continuidad de la política económica iniciada por De la Madrid y la ratificación de los convenios internacionales firmados con las instituciones financieras. Por tales motivos De la Madrid expulsa del partido, apoyado por Fidel Velázquez, dirigente de la CTM, a La Corriente Democrática representada con Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del General Lázaro Cárdenas. Ya que este sector representaba un programa de gobierno distinto, que contravenía al de los intereses empresariales.

En tal contexto, el 7 de julio de 1988, a la 1:30 a.m., aun sin contar de manera completa las actas comiciales, el presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, anuncia un triunfo rotundo y contundente a favor de Salinas. Obedeciendo tal acto a que la tendencia en realidad, al contar los votos iba favoreciendo a Cárdenas y el 10 de julio de 1988, siendo que el margen de distancia entre Cárdenas y Salinas aumentaba considerablemente a favor del primero, decide el gobierno de Dela Madrid atrofiar el sistema de cómputo, arguyendo que no se podía saber quién era el triunfador debido a que se había caído el sistema.

A tal fraude se unió la cúpula del PAN, sus cabecillas, Luis H. Álvarez y Diego Fernández de Cevallos, quienes se pronunciaron a favor de Salinas. Ante lo cual Salinas se verá obligado a compartir el poder y reconocer el triunfo de sus aliados del PAN en Baja California, donde gobernara Ernesto Rufo, mientras que a los partidos de oposición de centro izquierda fueron boicoteados, obstaculizando sus actos, así como persiguiendo a sus líderes.

Y ya una vez que llega a la silla presidencial, Carlos Salinas de Gortari, modifica la legislación respecto al Artículo 27 constitucional, manifiesto por medio del Diario Oficial de la Federación, el 6 de enero de 1992, terminando con las formas tradicionales de propiedad de la nación y la propiedad social, para privilegiar a la privada, afectando la organización campesina y la tradicional tenencia de la tierra, mediante serías modificaciones a los regímenes de propiedad ejidal y comunal.

En la misma dirección se inscribieron las modificaciones al artículo 28, constitucional, referentes a la ley de inversiones extranjeras y la desregulación de la Banca, la industria petroquímica, y a la liberalización de la empresa estatal del petróleo, del sector eléctrico, de las comunicaciones, aeropuertos, ferrocarriles satélites, etc.

En la siguiente entrega observaremos el avance del proyecto empresarial de Salinas a la fecha, así como el fortalecimiento de la derecha ante el avance del proyecto industrial.

Bibliografía.

Torres Ángel Jr. El petróleo y la sucesión presidencial. Editorial EDAMEX, 1981.

Cordera Rolando, Tello Carlos. México la disputa por la nación. Perspectivas y opciones de desarrollo. Siglo Veintiuno Editores, 11^a edición, 1993.

Kolynsky Arthur. ¿Quién domina México? ANASOP, 2001.

García Cantú Gastón. El desafío de la derecha. Joaquín Mortiz/Planeta, 1987.

Hemerografía.

La Jornada. La derechización del mundo. Por: Víctor Flores Olea. 03-04-2017.

Rebelión. Tras el NO en el referéndum de Colombia. Las derechas profundas de América Latina. Por: Massimo Modonesi, desinformemonos.org 07-10-2016.

Rebelión. Los retos que plantea la ofensiva de la derecha en América Latina. Por: Olmedo Beluche. 08-09-2016.

Notas:

1^ Torre de una mezquita desde la que se convoca a los fieles a la oración.

2^ La Jornada. La derechización del mundo. Por: Víctor Flores Olea. 03-04-2017.

3^ Rebelión. Los retos que plantea la ofensiva de la derecha en América Latina. Por: Olmedo Beluche. 08-09-2016.

4^ Torres Ángel Jr. El petróleo y la sucesión presidencial. Editorial EDAMEX, 1981. Pp. 15-39.

5^ Ibíd. Pp. 42-46.

6^ Ibíd. Pp. 51-62.

7^ Sesenta días después de la presentación de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las personas físicas y morales (patrones) tienen como obligación repartir entre sus trabajadores una proporción de sus utilidades.

8^ Torres Ángel Jr. El petróleo y la sucesión presidencial. Editorial EDAMEX, 1981. Pp. 78-84

9^ Ibíd. Pp. 91-96.

10^ Ibíd. Pp. 104-108.

11^ Ibíd. Pp. 110-122.

12^ Cordera Rolando, Tello Carlos. México la disputa por la nación. Perspectivas y opciones de desarrollo. Siglo Veintiuno Editores, 11^a edición, 1993. Pp. 42-43.

13^ Ibíd. Cordera Rolando, Tello Carlos. Pág. 66.

14^ Kolynsky Arthur. ¿Quién domina México? ANASOP, 2001. Pág. 76.

15^ García Cantú Gastón. El Desafío de la derecha. Joaquín Mortiz-Planeta. 1987. Pág. 176.

16^ Ibíd. Pp. 89-90.

Ramón César González Ortiz es licenciado en Sociología y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la FCPyS de la UNAM. Actualmente es profesor adjunto en la misma FCPyS, de las materias: Sociología latinoamericana: temas contemporáneos y Sociología contemporánea.

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