México arde al calor empresarial (IV)

Introducción.

Como hemos venido señalando en las anteriores entregas, conforme ha avanzado en México el proyecto empresarial, la clase trabajadora que somos la gran mayoría, así como campesinos e indígenas, hemos quedado cada vez más en una completa indefensión ante el despojo derivado de las concesiones que el gobierno mexicano ha otorgado a empresas particulares nacionales y extranjeras. De la mano de la actual globalización neoliberal, que se caracteriza desde el Norte hasta el Sur, por el desmantelamiento de los derechos laborales, medioambientales, sociales y humanos.

Dentro de una dinámica que socaba el derecho de los pueblos a decidir libremente sobre su futuro y de la soberanía de los Estados. Y que se deriva de la concepción de un nuevo sistema económico y de una nueva lógica corporativa, diseñada por las elites político-económicas de los países occidentales y las instituciones económicas y financieras internacionales, quienes además cuentan con la complicidad de las oligarquías de los países del Sur. Se han consolidado así los derechos comerciales de los principales agentes del actual sistema capitalista predador: las empresas transnacionales¹.

En México el caso más reciente de dicha situación se ha expresado en la intención de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones privadas en los sectores energético y minero, así como en proyectos de agua, impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), siendo que dicha seguridad pretende que las consultas a los pueblos indígenas no sean vinculantes, es decir, obligatorias.

A este respecto, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, en un encuentro con integrantes de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), dijo que: «Trabajamos para garantizar la certidumbre jurídica en los registros públicos de la propiedad y tenencia de la tierra, así como en la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en las reformas, como la energética, para que no sea vinculatoria y no nos obstruya los programas de inversión que tenemos»².

Y para complementar tal seguridad jurídica, se aprobó en la Cámara de Diputados una nueva ley: la de Desarrollo Forestal Sustentable, mediante la cual la iniciativa privada podrá tomar parte en la explotación de bosques y selvas del país. Votando a favor las bancadas del PRI, sus aliados el PAN y el Verde Ecologista. Pero, según organizaciones sociales y especialistas que se ocupan de la defensa de los bosques y selvas, faltó mayor discusión del contenido de la nueva ley. Y sobre todo, la opinión de las comunidades rurales, en especial las indígenas, siendo que en sus territorios se ubica la parte medular de la riqueza forestal y biológica de la nación³.

De suerte que tal seguridad jurídica, intenta cerrar un círculo en el cual los habitantes de ejidos y comunidades rurales de México han sido los principales afectados, porque la mitad del territorio mexicano ha sido concesionado a empresas mineras. Equivalente a 92 millones de hectáreas, que representan el 47 por ciento del territorio nacional y el 70% de las explotaciones mineras está en manos extranjeras, de las cuales las mineras canadienses dominan abrumadoramente. Además de que, las compañías mineras y las de extracción de hidrocarburos prácticamente gozan de exención fiscal en el país. Las mineras, por ejemplo, contribuyen tributariamente con tan sólo el 0.6 por ciento de sus ingresos, además de que disponen de una especie de licencia de facto para deteriorar impunemente el medio ambiente.

Daños ambientales y a la salud de los habitantes de las zonas de explotación minera; por proyectos para la generación eléctrica y de producción de hidrocarburos, que tienen su respaldo jurídico en la reforma energética, reforma que legisladores del PRI, PAN, PVEM y PANAL impulsaron y aprobaron. Por medio de la figura de la «servidumbre legal«, se concede el derecho a las empresas particulares para transportar y almacenar hidrocarburos, maquinaria y el equipo que deseen sin importar si al abrir caminos dañan el medio ambiente o afectan cultivos (Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos).

Así también, las empresas particulares pueden exigir el despojo de los habitantes de las zonas que deseen explotar, amparados en la figura de la «ocupación temporal» de la reforma energética, por la cual pueden ocupar tierras de propiedad privada, ejidal y comunal hasta por 99 años (Artículo 109 de la Ley de Hidrocarburos).

Todo lo cual ha devenido en el despojo de poblaciones enteras cada vez con mayor frecuencia en México, para realizar megaproyectos mineros y energéticos. Siendo que incluso desde antes de la aprobación de la reforma energética, se explotaban ya zonas como La Parota en Guerrero, La Yesca en Nayarit y Jalisco, El Cajón en Nayarit y La Venta en Oaxaca. Máxime ahora que las empresas particulares del sector dispongan de complementos jurídicos como la llamada seguridad jurídica, favorables al despojo de pobladores, es de esperarse que las injusticias aumenten⁴.

El avance del proyecto empresarial, al amparo de un capitalismo de Estado.

El proyecto nacional de México que descansaba sobre las bases ideológicas del nacionalismo revolucionario (emanado de la Revolución de 1910) y la democracia social. Fueron paulatinamente rotos ante el avance en nuestro país del proyecto empresarial nacional y extranjero. Eliminándose los planteamientos del nacionalismo, que implicaba la soberanía y el interés nacional mediante la acción del Estado, así como se eliminó la democracia social, expresión de la voluntad popular mediante el papel rector del Estado en la promoción del bienestar social de los sectores mayoritarios de la población⁵.

Proyecto nacional que, entre 1925 y 1940, mediante el reparto agrario, la creación de distritos de riego, la Comisión Nacional de Caminos, la Irrigación, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional Ejidal, creo las bases para el fortalecimiento del sector primario y minero exportador, especialmente en la agricultura del norte y noreste del país. Y tras la nacionalización del petróleo en 1938, éste se convierte en un pilar para el desarrollo industrial de México.

Así también, las mejores tierras se empezaron a concentrar en manos de nuevos latifundistas, aprovechando las obras de riego se destinaron prioritariamente los cultivos a la exportación de productos agrícolas de exportación, lo cual sentarían las bases de un sector primario exportador, totalmente dependiente de las necesidades agrícolas de los Estados Unidos, que comercializaban productos como tomate, hortalizas, fresas, algodón, café, henequén, azúcar entre otros productos primarios como el camarón y el petróleo.

Desplazándose paulatinamente la prioridad de las inversiones públicas del próspero sector agrícola hacia la industria y los transportes. Resolviéndose mediante grandes inversiones de capital en el sistema ferroviario el problema del transporte interno, derivado del auge económico del país. Las inversiones públicas también incrementaron en 80% la capacidad eléctrica instalada y en 50% la capacidad de refinación de petróleo, en un periodo de seis años⁶.

De tal suerte se sentaron las bases que darían fuerza al periodo conocido como sustitución de importaciones, sin metas específicas por cumplir, ni un decálogo muy estricto, volvió prioridad nacional el fomento a las exportaciones, disminuir el déficit de la balanza comercial y la producción en México de la mayor cantidad de productos que se pudiera, a fin de desarrollar un planta productiva, empleo y fomentar el mercado interno. Todo con la finalidad de apoyar una industria nacional autóctona con empresas nacionales pequeñas y medianas.

De tal manera, desde 1940, cerca del 30% de toda la inversión pública se dirigió hacia el sector industrial. Nacional Financiera de 1940 a 1950 dedicó la mayoría de sus financiamientos a largo plazo para las industrias básicas destinadas a la sustitución de importaciones, incluyendo fierro, acero y petróleo. Inversiones que con frecuencia se realizaron para subsanar la escasez de la oferta creada por las condiciones de la Segunda Guerra Mundial.

Adquiriendo el gobierno mexicano un alto compromiso respecto a la industrialización desde la época de Cárdenas y particularmente durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruíz Cortines, dos fueron las principales políticas empleadas para aislar el productor nacional de la competencia extranjera. En los primeros años se recurrió a la protección arancelaria de forma importante para impulsar a los inversionistas nacionales a iniciar empresas que sustituyeran a las importaciones.

Por tales motivos, en 1948, la Secretaria de Economía fue facultada para promover diversos controles para la importación y exportación – en ese momento disperso en diversas secretarias – con el objetivo de proteger la industria nacional y frenar la creciente oleada de importaciones, porque los Estados Unidos retenían los mercados de bienes de consumo mexicanos y latinoamericanos.

De forma que, para 1950 se consideraba que una elevada tarifa arancelaria era un corolario lógico para lograr una industrialización ampliamente difundida en el país. Así, se tomaron como puntos de apoyo concesiones fiscales como la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias (1955). Disposición que exentaba de impuestos a las empresas que demostraran ser nuevas o producir un artículo que anteriormente no se fabricara en México y que fuera necesario. Además, en cada estado de la República se ofrecía exenciones fiscales en impuestos prediales y estatales hasta por diez años o más a las empresas que se instalaran en su territorio.

Acordes con tal lógica, los terrenos industriales eran muy baratos y se encontraban dotados de todos los elementos indispensables para la marcha adecuada de sus negocios, más todavía se encontraban cerca del mercado más grande del país, la Ciudad de México.

Más todavía, por acuerdo presidencial el 13 de septiembre de 1961 se señaló la conveniencia de ampliar los incentivos fiscales que tenían por objetivo beneficiar a los exportadores de manufacturas, en aquellos impuestos que afectaran sus resultados, creándose así los incentivos fiscales conocidos como el subsidio triple. Estos en su conjunto comprendían un beneficio por la cantidad equivalente hasta por el total del impuesto de importación que causaran las materias primas, materias auxiliares, y partes o piezas que no se fabricaran en el país; un beneficio equivalente a la cuota federal del 18 al millar en el impuesto sobre ingresos mercantiles, cuando se tratara de exportación consumada y a condición de que el impuesto no hubiera sido repercutido o trasladado a terceros y de que los productos se encontraran exentos del impuesto de exportación; un beneficio equivalente a la parte proporcional del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente a la utilidad gravable de incremento que registraran las exportaciones de productos manufacturados del ejercicio anterior. Dicho subsidio podía ascender hasta 100% del impuesto al ingreso global de las empresas por tal incremento, sin que en ningún caso pudiera exceder de 50% del impuesto total sobre la utilidad gravable durante el ejercicio por concepto de exportaciones.

Y otro tanto hizo la Regla 14 de la Tarifa de Impuesto General de Importación, que sin ser un incentivo que se ofreciera directamente al exportador de manufacturas, otorgaba, con el fin de fomentar el desarrollo industrial del país, la ventaja de clasificar arancelariamente como unidades completas a las máquinas o aparatos que para facilitar su transporte o su instalación o por condiciones de la propia fabricación se importaran desarmados en más de una remesa, resultando en un ahorro de impuestos, ya que normalmente las partes sueltas de maquinaria pagan más impuestos de importación que las máquinas completas. En tanto que también se subsidio hasta con un 50% del impuesto de importación por las máquinas o equipos que se destinaran directamente a la instalación, ampliación o modernización de plantas industriales, ventajas que podían ser aprovechadas al mismo tiempo⁷.

Observándose lo significativo de tales cambios en el desplazamiento del sector ocupacional de la población, así como en el producto. Siendo que en 1940, el sector agrícola empleaba un 65% de la fuerza de trabajo en el país y constituía más del 23% del producto nacional bruto. Tres décadas más adelante el sector agrícola empleará menos de la mitad de la fuerza de trabajo y contribuía en 16% al producto nacional agregado. En contra parte, las actividades, manufactureras elevaron su participación en el producto interno total, de 17.8% al 26% y emplearon más del 16% de la fuerza de trabajo.

Registrándose las más altas tasas de crecimiento en el sector industrial, a excepción de la minería. De tal forma, de 1965 a 1968, los sectores manufactureros, de la construcción y de la energía eléctrica crecieron todos a tasas anuales medias del 9% o mayores. Así, en 1970 México era en gran medida autosuficiente en la producción de comestibles, productos petroleros básicos, acero y la mayor parte de bienes de consumo. Y de 1950 a 1966 la producción de acero y otros artículos metálicos creció a una tasa anual de 11.5%, la producción de maquinaria en un 10%, la de vehículos y equipos de transporte en 10.7%, los productos químicos en un 12.5%.

Mientras que el sector manufacturero para 1971 producía entre otros artículos, motores de automóviles, ejes traseros, frenos hidráulicos, tractores, motores industriales, palas mecánicas, televisores a color, transformadores eléctricos, unidades de aire acondicionado y equipos eléctricos para oficina⁸.

Y tal situación condujo a una eminente concentración y centralización de capital manifiesta en el hecho de que no más de 500 o 600 familias acapararán gran parte de las mejores tierras de riego y con ellas el agua, el crédito, las instalaciones productivas, el equipo y los implementos más modernos de esa época. Así también los grandes ganaderos, estimados en no más de 100 o 150 en toda la República en 1970, eran los principales propietarios de las mejores fincas y casi todo lo que había de ganado fino e instalaciones productivas modernas.

De suerte tal que, la industria en sentido estricto tampoco era patrimonio de la Nación, sino propiedad de contadas empresas:

• La industria siderúrgica privada estaba bajo el control de dos grandes empresas; Fundidora de Hierro y Acero y Hojalatería y Lámina, de Monterrey.

• La industria del cemento se encontraba en manos de siete u ocho empresas principalmente extranjeras; Tolteca, Apasco, San Luis Mining, Anáhuac, Cementos Mexicanos, Cementos Veracruz, entre otras.

• La entonces nueva industria química se encontraba dominada por grandes consorcios internacionales; Du Pont, Monsanto, Imperial Chemical, Allied Chemical, Union Carbide y Cyanamid. Todas las cuales operaban por medio de diversas sociedades, de las cuales no pasaban de 15 a 20 empresas de importancia.

• En la industria automotriz se consolido el poder de unas cuantas empresas extranjeras como las norteamericanas General Motors, Ford, y Chysler, así como Volkswagen.

• La industria del vidrio ha sido controlada por el grupo Garza Sada (Vidriera de Monterrey) y en ese momento se asoció una de sus empresas a la Allied Chemicals.

• La producción de fibras artificiales se encontró bajo la influencia de dos o tres empresas extranjeras como Celanese, Cidosa, Ayotla, Textiles Morelos, La Carolina, Textiles Monterrey y Textiles América.

• La industria del azúcar se encontraba controlada por no más de 10 u 12 empresas, pertenecientes a tres familias mexicanas: Sáenz, García y Ochoa; y dos cubanas Seoane y Machado.

• La producción de harina de trigo, de acuerdo con el Censo de 1960 se realizó en 232 establecimientos. De los cuales el sector se encontraba controlado por no más de unas 15 o 20 familias como los Marcos Ortiz, Carlos Gómez, Lance Hermanos, Longoria, Barquí, entre otras siete u ocho menos significativas.

• Así también, la producción de aceites comestibles se encontró bajo el poder Anderson Clayton y Lieber Brothers. Incurriendo Anderson Clayton también en el dominio del comercio del algodón, dulces y chocolates. Para lo cual compro la empresa Luxus.

• La industria empacadora de frutas y verduras cayó bajo el control de Anderson Clayton, Nestlé, Heinz, Kraft y del Monte. Empresas que también llegaron a comprar viejas plantas ejidales como la empacadora de Loma Bonita.

• La industria cervecera se encontró bajo el control de tres empresas de importancia nacional: Cuauhtémoc, Moctezuma y Modelo.

• La industria del cigarro se encontró en poder de dos grandes consorcios extranjeros: El Águila y la Moderna. Y en menor escala de la Tabacalera Mexicana.

• La industria de llantas y cámaras se encontró casi totalmente dominada por cuatro o cinco fábricas extranjeras, igual que ocurría con la producción de alimentos para aves y ganado.

• Respecto a la minería no más de cinco o seis empresas extranjeras controlaban el ramo: American Smelting, American Metal, Anaconda, las dominantes. Y los consorcios mexicanos como Bailleres, Pagliai y Espinosa Iglesias se vincularon a la explotación minera.

• En la línea de abarrotes, ropa y otras mercancías de consumo generalizado surgieron y se fueron consolidando empresas de importancia nacional o regional como: Super Mercados, Aurrerá, El Palacio de Hierro, El Puerto de Liverpool, Salinas y Rocha, Sears Roebuck.

• Respecto a los capitales bancarios y las inversiones en el sistema de seguros se encontraron concentrados en cinco grandes grupos financieros: Banco Nacional de México, Comercio, Comercial Mexicano, Londres y México y Banco Internacional. Mismos que influirían de manera importante en la industria y el comercio.

• Respecto a las actividades de la construcción, edificación y la venta de nuevos fraccionamientos urbanos correspondió a 20 o 25 grandes empresas principalmente mexicanas el manejo: ICA, Larrea, Gutiérrez Prieto, Ortiz Rubio; las empresas fraccionarias eran Braniff, Rivera Torres, Ballesteros y Bustamante⁹.

Así, de los 42 millones de mexicanos que habitaban nuestro país en 1967, cuya fuerza de trabajo se estimaba en cerca de 14 millones de hombres y mujeres. Sólo 1500 o 2000 familias serían los grandes propietarios del capital, hechas al amparo del sector público y la llamada iniciativa privada. Comerciantes, industriales, banqueros, terratenientes y funcionarios y ex funcionarios públicos, amasaron grandes fortunas y se convirtieron en el sector más poderoso de la burguesía mexicana, constituida por nombres como: Pablo Díez, Abelardo Rodríguez, Carlos Trouyet, Migue Alemán, Bruno Pagliai, Aarón Sáenz, Luis G. Aguilar, Jenkins-Espinosa Iglesias, Jorge Larrea, los hermanos Vallina, los hermanos Guzmán, Gastón y Emilio Azcárraga, las familias Bailleres, Garza Sada, Longoria, Braniff, Rivera Torres, entre otros.

Otras familias que participaron simultáneamente en el comercio, la banca, la industria, la agricultura y la ganadería. Fueron la familias Arango, Ontañón, Ruiz Galindo, Bremont, Legorreta, Servige, González (comercial Mexicana), el grupo ICA-Bernanrdo Quintana, así como participaron los nombres de Rómulo O Farrill, Hugo Salinas, Joel Rocha, García Valseca, hermanos Esteve, Manuel Suárez, Carlos Gómez, Jaime Garza, Cayo Zapata, Moisés Cosío, Miguel Abed, Elías Sourasky, Carlos Prieto, Gabriel Alarcón y Julio Serrano.

Mientras que a escala local y regional participaron en la concentración de capital nacional en:

• Baja California: familias Baloyán, Gallego, Clark Flores, Mario Hernández, Calete, Elías Pando, Fimbres, González Ibs y José Ma. Rodríguez;

• Sonora: familias Bours, Mazón, Escalante, Alfonso Morales, Obregón, Ruiz, Parada, Bouvet, Camou, Elias, Zaragoza, J. Ramón Fernández, Valenzuela, Maldonado, Tapia, Reynaldo Ramos y Vargas;

• Sinaloa: familias Torres, Tamayo, Clouthier, Echeverría, Cárdenas Mora, Fuentevilla, Coppel, Canelos, Demerutis y Canuto Ibarra;

• Chihuahua: familias Reynak, Borunda, Villareal, Antonio Guerrero, Estaban Almeida y grupo González Muzquiz;

• Coahuila: familias López del Bosque, Madero, Rodríguez Álvarez, Arizpe, Talamás, Murra y Ortiz Garza, quienes además tenían importantes inversiones en Aguascalientes.

• Nuevo León: familias Santos, Llaguno, Clariond, Ramírez, Aurelio González, Carlos y Jorge Maldonado;

• Tamaulipas: H.H. Fleishman y familias González, Covarrubias y Assemat;

• Jalisco: familias Cussin, Brun, López Chávez, Martínez Rivas, Cuervo, Sauza, Bremont, Hermuda y Moragrega;

• Michoacán: familia de Máximo Diéz;

• Puebla: la fundación Jenkis: familias de Alfredo Miguel, López Méndez, Pérez Lamadrid, Reyes Huerta y Agustín Matanza;

• San Luis Potosí: familias Villalobos, Díaz de León y Herrera;

• Veracruz: Reyes García, Reginaldo Falcón, Fernando Pozos y familias Fernández, Mantecón y Venta;

• Yucatán: familias Barbachona, Ponce, Macari, Molina Font y Medina Alonso¹⁰.

El Grupo Monterrey y la Crisis del capitalismo de Estado.

La concentración de capital que hemos descrito en nuestro país, se cumple de manera particular en Monterrey, Nuevo León. Ejemplificado a partir el Grupo Monterrey, grupo que tiene sus raíces en 1890, cuando Isaac Garza y Francisco G. Sada fundan la fábrica de cerveza «Cervecería Cuauhtémoc».

Tras el éxito obtenido en la Cervecería, crearon una planta de corcholatas metálicas (Fábricas Monterrey, S.A). En 1909 crearon una fábrica de vidrio (Vidriería Monterrey, S.A.). En 1926 establecieron una fábrica de cartón (Empaques de Cartón, S.A.). En 1936 el grupo comenzó a producir sus propias materias primas y a procesar los desperdicios y alimentos para ganado bovino y avícola (Malta, S.A.). En 1942, debido a que no podían obtener de Estados Unidos suficientes láminas de acero, fundan su propia planta (Hylsa, Hojalata y Lámina, S.A.). En 1943 crearon el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el propósito de satisfacer sus necesidades de personal calificado. En 1945 entraron al negocio de la industria química para cubrir los requerimientos de su fábrica Cydsa (Celulosa y Derivados, S. A.).

Todo lo cual devino de la industria metalúrgica que se inicia en Monterrey a principios de siglo mediante Accionistas de la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, quienes eran Isaac Garza, Francisco G. Sada, José Calderón Jr. Y José A. Muguerza. Siendo la siderúrgica Hylsa la fuente básica de la industrial que posteriormente encumbraría el grupo Alfa, y que deriva de la modernización iniciada a principios de siglo XX en Monterrey con Fundidora, la Nuevo León Smelting and Manufacturing Co., la Compañía Minera, Fundidora y Afinadora Monterrey y la Gran Fundación Nacional Mexicana¹¹.

Y de las doce empresas a las que dieron lugar la Cervecería, estas fueron agrupadas en un holding (sociedad tenedora de acciones), Valores Industriales, S.A. Misma que se fortalece en 1973, cuando se crean las llamadas unidades de fomento industrial y turístico. De manera que para 1974 y 1980 crece de forma desmesurada, teniendo menos de 100 empresas en 1974 pasará a controlar cerca de 375 en 1980. Clasificándose sus conglomerados entre los primeros del país y de América Latina, aparecen Alfa y Visa en las prestigiadas listas de las 500 empresas más grandes del mundo, excluyendo a Estados Unidos.

De tal suerte, las cuatro holdings del Grupo Monterrey, para finales de los sesenta detentaban el 60% de la producción de los consorcios más fuertes de Nuevo León. Y para 1980, de acuerdo con el Centro de Información y Estudios Nacionales, las empresas del grupo habían vendido 110,200 millones de pesos, contaban con activos por 193,426, un capital contable de 84,742 y sus utilidades ascendían a 7,598 millones, en tanto que la fuerza de trabajo que utilizaban sumaba 175,136 trabajadores. Cubriendo sus actividades más de 50 ramas económicas: producían acero y tecnología, fibras químicas y metales no ferrosos, televisores y programas de televisión, alimento para el ganado y tibones, tractores y licuadoras; operaban hoteles, restaurantes, centros de estudio y supermercados; explotaban minas y bosques; manejaban bancos y bolsas de valores¹².

Destacando en todo lo descrito, el hecho de que las empresas que dieron origen al Grupo Monterrey fueron fundadas con capitales provenientes de actividades económicas internas: comercio, agroexplotaciones, especulación, manufactura, etc. Todas estas actividades las cuales contaron con aportaciones menores de capital extranjero. Sin embargo, para 1979 esta situación se modificara y se podrá observar a partir de ideas como la de Andrés Marcelo Sada, quien señalara que la inversión extranjera en México no era nociva como muchos pensaban. Por lo cual asociarse con el capital extranjero era lícito y positivo, dentro de las condiciones que la legislación previera y lo permitiera.

Y dentro de tales premisas Cydsa será penetrada abrumadoramente por el capital extranjero, igual que el resto de la industria química. Registrándose en 1979 un 40% de participación extranjera dentro de sus principales filiales. Siendo que desde sus inicios Cydsa nació subordinada a la tecnología extranjera y su existencia obedecería por tales motivos a los constantes cambios tecnológicos generados desde los centros internacionales que monopolizan dicha tecnología¹³.

Convirtiéndose el Grupo Monterrey paulatinamente, en un enclave del capital financiero internacional en México. López Portillo reivindicara la relevancia de su estatus al declarar a dicha ciudad como acreedora de la nación. Mientras que Eugenio Garza Laguera, entonces presidente de Visa, será conocido en el mundo de las trasnacionales por su cargo en el extranjero como director del Texas Commerce Bank y consejero del IBM International, así como de la «Wells Fargo International.

A la vez que Visa será poseedora de intereses en 16 bancos estadounidenses, por lo que exportará capitales hacia ese país. Mientras que Alfa permitirá la entrada de capital extranjero a partir de catorce corporaciones de Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá. Exportándose así capitales hacia esos países, tanto por la vía financiera como en forma de utilidades. Originados a partir de la explotación de la fuerza de trabajo mexicana y los subsidios que el Estado mexicano le proporciono a sus empresas.

Con subsidios proverbiales que el Estado mexicano le proporciono al Grupo Monterry por conceptos como: derivados del petróleo, electricidad, transporte ferroviario, agua, exención de impuestos y demás. Grupo Monterrey se convirtió en grupo de avanzada para las operaciones del capital extranjero en México. Grandes obras de infraestructura, readecuación de los criterios de explotación de recursos naturales de acuerdo a sus necesidades o imposición de topes salariales. Toda le ha venido siendo transferido al costo a las trasnacionales por sus socios mexicanos¹⁴.

Alfa, perteneciente al Grupo Monterrey, en ascensión vertiginosa seria el sinónimo privado del apogeo que el petróleo permitió. En 1975-1976 compra la mayor parte de las acciones de Nylon de México, de Polioles, de Philco, del Hotel Las Hadas; crea Casolar, el «macrodesarrollador», empresa dedicada a bienes raíces y centros turísticos; inicia la operación de la mina Draco; incorpora Filiales Acero y vende tecnología a Venezuela como parte de su expansión en el ramo del acero. En 1977 compra Fibras Químicas en donde la trasnacional AKZO participa como socio minoritario y compra Megatek en asociación con la también trasnacional Hytachi.

Alfa seguirá su expansión abriendo la segunda planta de fierro esponja en Puebla y aumenta su producción de aceros planos activando el proyecto 860 en Monterrey. En 1978 se adueña de Petrocel, Magnavox, Admiral, Celulósicos, Centauro, la mina La Florida, Poliuretanos de México, y para la producción de la química secundaria Polioles y coinvierte con Ford Motor Company para fabricar cabezas de aluminio para motores Nemak. Así durante ese año los ingresos totales y las utilidades de Alfa llegaron, respectivamente, a 19,061 y 1,890 millones de pesos, y sus recursos humanos se estimaban en unas 22,217 personas.

Considerándose el bienio 1979-1980 como la cumbre del crecimiento y la diversificación de Alfa. Extendiéndose del acero, el papel y la celulosa, la petroquímica, los televisores, el turismo, las fibras químicas, los motores eléctricos, a las bicicletas y motocicletas, la maquinaria agrícola, la carne y sus derivados, los aparatos eléctricos para el hogar. Y pasando a formar parte de su portafolio firmas como Magnavox, Massey Ferguson, FUD. Llegando en 1980 sus informes en activos totales a: 91,055 millones de pesos (5.4 veces más que en 1976); ventas por: 46,221 millones (5.3 veces más que en 1976); capital contable: 38,716 millones (5.6 veces más que en 1976); utilidades por: 3,733 millones (5.3 veces más que en 1976)¹⁵.

Pero no obstante tal auge, para 1982 Alfa se encontrara en quiebra al igual que todo el Grupo Monterrey sufrirá un duro revés económico. Cimentados López Portillo y Grupo Monterrey sobre el auge petrolero, juntos también caerán ante la crisis que sufrirá por esas fechas el capitalismo mundial. Pero ese será el tema de nuestra siguiente entrega, así como las alianzas que se gestaran entre la derecha, los empresarios nacionales vinculados al capitalismo trasnacional y la nueve formula de transferencia de valor por despojo en México.

Bibliografía.

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Hemerografía.

Sin embargo. La indefensión del mexicano ante la industria extractiva. Por: Sergio Saldaña Zorrilla. abril 18, 2017.

ANNUR, TV. Perú: cientos de indígenas toman instalaciones de petrolera canadiense. 28 de abril, 2017.

La Jornada. Empresarios plantean desvincular la opinión de indígenas sobre proyectos. Viernes 17 de abril de 2017.

Rebelión. Los orígenes del neoliberalismo en México. Por: Aldo Fabián Hernández Solís. 20-01-2017.

Rebelión. El escudo de las empresas transnacionales: el régimen de comercio e inversión. Por: Raffaele Morgantini. 10-01-2017.

Notas

1^ Rebelión. El escudo de las empresas transnacionales: el régimen de comercio e inversión. Por: Raffaele Morgantini. 10-01-2017.

2^ La Jornada. Empresarios plantean desvincular la opinión de indígenas sobre proyectos. Viernes 17 de abril de 2017.

3^ La Jornada. Lunes 13-03-2017.

4^ Sin embargo. La indefensión del mexicano ante la industria extractiva. Por: Sergio Saldaña Zorrilla. abril 18, 2017.

5^ Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, FCPyS. Número 121. 1986. Pág. 90-95.

6^ Hansen D. Roger. La política del desarrollo mexicano. Siglo XXI editores, 14^a edición. Pág. 63.

7^ Ortiz Wadgymar Arturo. México en ruinas. El impacto del libre comercio. UNAM, IIE, 2010. Pp. 87-91.

8^ Hansen D. Roger. La política del desarrollo mexicano. Siglo XXI editores, 14a edición. Pág. 58.

9^ Aguilar M. Alonso y Carmona Fernando. México: riqueza y miseria. Editorial nuestro tiempo, 1969. Tercera edición. Pp. 33, 34, 35.

10^ Aguilar M. Alonso y Carmona Fernando. México: riqueza y miseria. Editorial nuestro tiempo, 1969. Tercera edición. Pp. 36-37.

11^ Nuncio Abraham. El grupo Monterrey. Editorial Nueva Imagen, tercera edición. 1982. Pp. 20-21.

12^ Ibíd. Nuncio Abraham. El grupo Monterrey. Pp. 22-23.

13^ Ibíd. Nuncio Abraham. El grupo Monterrey. Pág. 42.

14^ Ibíd. Nuncio Abraham. El grupo Monterrey. Pp. 45-47.

15^ Ibíd. Nuncio Abraham. El grupo Monterrey. Pp. 169-170.

Ramón César González Ortiz es licenciado en Sociología y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la FCPyS de la UNAM. Actualmente es profesor adjunto en la misma FCPyS, de las materias: Sociología latinoamericana: temas contemporáneos y Sociología contemporánea.

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