En estos días, en el mundillo de la militancia política las horas son más largas e intensas: la posible media sanción de la ley de medios audiovisuales de la democracia se vive, con pocas excepciones, en el contexto de un clima fundacional, que ha merecido la imagen, a mi juicio algo trillada, de madre de […]
En estos días, en el mundillo de la militancia política las horas son más largas e intensas: la posible media sanción de la ley de medios audiovisuales de la democracia se vive, con pocas excepciones, en el contexto de un clima fundacional, que ha merecido la imagen, a mi juicio algo trillada, de madre de todas las batallas. Sin embargo, para tan tremendo diagnóstico, algo brilla por su ausencia: me refiero al clima de crispación y politización que hizo posible la derrota estratégica del oficialismo en 2008 -otra madre de batallas, en aquel entonces-. Como en el caso de las AFJP, tan bien analizado por Tomás Aguerre en su momento, e incluso en un grado más notorio, la estrategia de victimización que hiciera del «pequeño y mediano productor» la unidad mínima de dignidad nacional no funciona con monopolios.
La sabia decisión de la presidente de modificar el proyecto de ley, excluyendo a las telefónicas del negocio, pero también de la regulación, allanó el camino para el más importante de los varios tests parlamentarios que le esperan en el futuro. Mejor aún: la maniobra, anunciada en una inusual conferencia de prensa, permitió al Ejecutivo capitalizar el ejercicio de consenso realizado de frente a la ciudadanía. De este modo, el oficialismo ha fracturado la oposición de algunos bloques emergentes, aliviando el componente crítico de aquellos que ya lo acompañaban. En este contexto, y frente a una ley de esta trascendencia, no sería de extrañar que varios referentes legislativos decidan jugar a ganador, y el proyecto a tratar en Diputados termine recibiendo un caudal de apoyo muy difícil de ignorar en los pasillos del Senado, incluso en las filas del «revisionismo parlamentario«.
De aprobarse la ley, como hemos dicho hace tiempo, representaría un avance gigantesco en el mediano y largo plazo de la comunicación argentina. Menos claros están sus efectos, si ha de tenerlos, en el corto plazo. En concreto, ¿qué cambia con la promulgación de una ley de este tipo? A veces se olvida que la hegemonía de los principales multimedios no procede de una posición bélica, de una mera primacía económica o política, sino de una hegemonía cultural. Su discurso predomina mientras / porque construye un entramado de significados acorde a las sensibilidades existentes. ¿Cómo desmontar ese discurso, si no existen aún los contenidos alternativos en condiciones de interpelar al sentido común imperante? Esa batalla, la batalla por el sentido de la acción pública, no se gana en un recinto a la madrugada de una maratónica jornada, ni aparece en el Boletín Oficial. Requiere de otros insumos, aparte de licencias y una antena. Supone otras voluntades, otros medios.
Hemos visto en el gobierno la persistente voluntad de interpelar a los sectores medios. ¿Existe la voluntad de interpelar a las otras mayorías, a los trabajadores fuera de convenio, a los sectores pauperizados, a los desocupados, a los excluidos, etc.?
El primer peronismo, referencia obligada de críticos y adeptos, moda perversa de este inicio de siglo, no fue sólo la universalización de un puñado de derechos en el marco de un programa nacional – popular: comportó, también, una estética de masas, a la medida de su sociedad. Ahora bien, un componente no hubiese funcionado sin el otro, y esa observación sigue siendo válida. La actual distancia entre el gobierno y el electorado no ha de revertirse sin enchastrar las patas en el barro.
Para los peronistas, estén donde estén, hay sólo una madre de todas las batallas, que se resume en dos palabras, maltratadas pero vigentes, a saber: justicia social. Bueno es recordar eso, especialmente un 16 de septiembre.
Fuente original: http://ezequielmeler.