La Corte derivó el expediente a la Cámara de Apelaciones de Rafaela
La composición de la Corte Suprema de Justicia que todavía perdura hasta que se haga efectiva la renovación activada por Maximiliano Pullaro dejó como despedida un fallo que sacudió el tablero del mega default de la cerealera Vicentín y sus consecuencias: por 4 votos a 1, derribó el plan de pagos a acreedores que había propuesto el directorio con la venia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista, y dejó la salida del entuerto en manos de un tribunal menos cercano al influjo del pool exportador en su pago chico: la Cámara de Apelaciones de Rafaela.
El tironeo viene desde junio de 2024, y en el marco del ajetreado concurso de acreedores iniciado tras el default en diciembre de 2019. Vicentín propuso un plan de pagos que la mayoría de los acreedores aceptó. Commodities SA y otros acreedores lo rechazaron porque entendían que a ellos la propuesta del directorio implicaba una quita de hasta el 80 % de la deuda en default. Así fue que el juez de primera instancia Fabián Lorenzini rechazó la homologación del concurso. Entonces la empresa con base en Avellaneda apeló a la Cámara de Reconquista y obtuvo el OK. La acreedora acudió a la Corte, y así llegó este martes 18 el fallo que derriba de manera definitiva la chance unilateral de Vicentín.
El fallo convalida el planteo de quienes impugnaron la propuesta de la empresa. Entiende que «Vicentín ofreció un pago igualitario de U$S 30.000 a todos los acreedores sin distinción» y que estos, «con sumas idénticas o inferiores al monto referido conseguirían la satisfacción de la totalidad de sus créditos en un único pago; mientras que aquellos que cuentan con acreencias mayores padecerían una quita sustancial, percibiendo (en cuotas) en muchos casos no más del 15 % (quince por ciento) neto en doce años». Y consideró, además, que la propuesta del directorio era injusta para los de mayores acreencias. «Existe una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre aquellos acreedores que no percibirían el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 días de la homologación del acuerdo», observó.
Gracias a la Ley de Blanqueo de Milei sobreseyeron a directivos de Vicentín
Sin alternativas frente a la ley de blanqueo de capitales impulsada por Javier Milei y sancionada por el Congreso hace ocho meses, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, debió declarar el fin de la acción penal contra 14 directivos de Vicentín a los que había procesado por apoderarse de reintegros de IVA con maniobras fraudulentas durante tres años consecutivos por 143 millones de pesos. Les dictó el sobreseimiento y por tanto no responderán por ese delito.
La obligada decisión del magistrado viene impuesta por el capítulo de moratoria de la ley sancionada el año pasado. Uno de los procesados, Herman Vicentín, se había acogido a la ley para blanquear fondos no declarados. Con ello solicitó a la AFIP (hoy ARCA) un plan de pagos para afrontar los tributos de IVA que la empresa había obtenido con facturas truchas a contribuyentes inexistentes.
Una vez que cumplió con el plan de pagos ante ARCA el abogado del ex directivo, José María Figuerero, elevó al juzgado federal el último recibo por 158.252.179,68 pesos. Era la tercera cuota por un total de 469.899.346,12 pesos. Con eso avisó que su cliente quedaba en situación de reclamar la extinción de la acción penal en su contra y de los otros 13 directivos que junto a él estaban procesados de manera firme como coautores responsables de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales.
El fiscal federal que los había investigado, Roberto Salum, había dictaminado que según la ley que los desvincularan a todos de la causa correspondía. El fiscal, que había investigado durante tres años a los directores de la agroexportadora, manifiesta: “Más allá del desacuerdo personal con los términos y los alcances de la ley en cuanto a la salida que propone en casos como el presente, lo cierto es que la voluntad de los legisladores está claramente plasmada en su texto y corresponde en consecuencia su aplicación”.
Un apartado de la ley de blanqueo indica justamente que al pagar la moratoria la causa penal por delitos penales tributarios se extingue a condición de que las personas implicadas no sean reincidentes en ningún delito.
En esas condiciones, todos obtuvieron el sobreseimiento. Según la resolución son Daniel Néstor Buyatti, DNI 14.336.109; Alberto Julián Macua, DNI 12.616.666; Roberto Alejandro Gazze, DNI 12.181.798; Máximo Javier Padoan, DNI 21.106.719; Cristian Andrés Padoan, DNI 23.751.814; Martín Sebastián Colombo, DNI 28.581.032; Sergio Roberto Vicentín, DNI 17.285.275; Pedro Germán Vicentín, DNI 25.672.130; Roberto Oscar Vicentín, DNI 22.125.253; Yanina Boschi, DNI 31.486.899; Herman Roberto Vicentín, L.E. Nº 6.340.489; Oscar Silvio Vicentín, LE 6.353.098; Rubén Darío Vicentín, LE 7.878.698; Norma Susana Vicentín, LC 6.242.550 (fallecida); y la propia empresa Vicentín SAIC, CUIT 30-50095962-9. Ya que en este caso las personas jurídicas responden técnicamente por los delitos atribuidos.
La investigación judicial, con el impulso administrativo y probatorio de la ex AFIP que actuó como querellante, definió que todos ellos contribuyeron para que la cerealera percibiera indebidamente reintegros fiscales por IVA que nunca pagaron. La denuncia contra ellos fue formulada por AFIP el 21 de agosto de 2020. Los procesamientos fueron dictados por el propio Alurralde el 7 de mayo de 2024. Las penas preveían una escala que va de los tres a nueve años de prisión por lo que a los directivos podría haber correspondido prisión efectiva ya que la figura llevaba como agravante la participación de dos o más personas.
Dos meses después del procesamiento el Congreso sancionó la ley 27.743 que salvó a todos los imputados. La norma dispone un “Régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social”. En el Título II establece un sistema de “blanqueo”, denominado “Régimen de Regularización de Activos”. El artículo 5° dispone que “El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal” y agrega que eso ocurre “cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa”.
Para redondear el beneficio, la ley indica que la cancelación de la deuda tributaria “producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.
Concluye el juez Alurralde: “El propio legislador ha puesto límites infranqueables a la posibilidad de persecución penal”.
El mismo magistrado había procesado a los 14 integrantes de la Comisión directiva de Vicentín por la maniobra que describe en la misma resolución donde quedó obligado a despegarlos. Sostiene que lo hicieron con diferentes solicitudes presentadas sobre cuantiosos reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por operaciones de exportación, mediante la utilización, registración y presentación de facturas apócrifas emitidas por más de 50 proveedores en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
La ex AFIP informó que Vicentín incluyó en sus solicitudes de reintegro de IVA operaciones efectuadas con 54 proveedores apócrifos. “En razón de ello, en un primer momento, la AFIP estimó que el crédito fiscal improcedente -atribuible a las operaciones de exportación realizadas entre los meses de enero 2016 y octubre 2018 –ascendía a la suma total de $111.637.479 ,64 que la firma percibió en los períodos fiscales 2016 a 2019”, sostuvo el juez.
Fuentes judiciales habían dicho en relación a la forzada determinación de perdón legal que la norma prácticamente elimina la persecución de delitos tributarios en Argentina para quien no tenga antecedentes condenatorios previos y tenga la suficiente solvencia como para afrontar un plan de pagos ante la agencia de recaudación nacional. “Es como si la ley la hubieran escrito los abogados de la empresa”, deslizaron.
Fuente: Hernán Lascano – Suma Política
Un poco de historia
Reproducimos artículo del diputado provincial santafesino Carlos del Frade
Vicentín, cinco años después
Los gobiernos de Macri, Fernández y Milei fueron cómplices de maniobras que muestran la matriz del capitalismo argentino: usar el Estado a su favor, trasladar sus deudas al pueblo, avalar persecuciones contra trabajadores y manipular la desesperación de las familias trabajadoras, dejar de lado la producción y formar parte de la filosofía del casino.
El lunes 10 de febrero se cumplieron cinco años del inicio del Concurso Preventivo de Acreedores de la entonces primera exportadora de cereales y derivados de la Argentina.
Media década después, el principal negocio del país, la comercialización de granos está en manos extranjeras de los entonces socios e interesados de Vicentin, como Viterra que antes se llamaba Glencore, Bunge y ACA, al mismo tiempo que Cargill y Cofco, Estados Unidos y China, tienen el dominio absoluto de lo que se va por los puertos del Paraná. Extranjerización del principal flujo de riquezas que debería estar en manos del pueblo argentino y que genera, entonces, mayor pobreza.
El director independiente de Vicentín, Estanislao Bougain, dijo a principios de 2025: “Desde hace meses venimos advirtiendo que nos quedaríamos sin caja, y como la vida empresaria es dinámica, dependemos de los contratos de fason que dábamos por asegurados. Nuestros propios clientes dejaron de ofrecernos los contratos que teníamos antes, lo que alteró por completo la visibilidad del futuro de la compañía… Vicentín es una de las principales procesadoras de girasol, antes recibíamos 450 camiones por día y hoy estamos en cero… Vicentín necesita cuatro millones de dólares para continuar, como lo había dicho el ministro Báscolo. Y con este nivel de obligaciones y sin actividad, la administración no resiste…”
“No hay quien sostenga el pago de las remuneraciones mensuales si la empresa no trabaja. No se trata sólo de pensar de dónde saldrá el dinero, porque no es mágico. Si la compañía no opera, no hay ingresos… Si la Justicia sigue dilatando los tiempos, la situación llevará a la catástrofe de Vicentín… Si juegan un partido distinto y el pato de la boda termina siendo Vicentín, el desenlace será dramático para todos”, dijo el abogado.
Por otro lado, en estos crepusculares días de principios de año, en tiempos de furibundo neofascismo y depredadora dependencia, “la investigación al ex director regional de la AFIP Rosario Carlos Andrés Vaudagna expone cómo un funcionario jerárquico de un órgano de control fiscal hace todo lo contrario de lo que le pide su función. Vaudagna se compra dos mutuales para facturar a contribuyentes que no pueden justificar gastos, adquiere campos, empresas lácteas, presta asesoramiento para que allegados abran cuentas en paraísos fiscales y se relaciona con sectores del establishment político y empresarial”, publicó el reconocido periodista de investigación Hernán Lascano.
Agrega que “lo que ponen al descubierto todos estos hechos es, precisamente, un servicio que le presta al presidente de una de las empresas más fuertes de la Argentina. Omar Scarel, titular del directorio de Vicentin, ya estaba en aprietos por el default multimillonario de la agroexportadora. Pero mientras lo investigaban precisamente por fraude surgen los indicios de una nueva maniobra. Los fiscales habían encontrado en una caja de seguridad bancaria a nombre de su hijo 160 mil dólares. Ese dinero Omar Scarel no lo podía justificar”.
Media década después del concurso preventivo de la que fue la primera exportadora de cereales de la Argentina, esos delincuentes de guante blanco que formaron parte del directorio de Vicentin, hoy en libertad por pagar una caución de 10 millones de dólares, estaban liderados por Omar Scarel y todavía no trajeron un solo peso de los 791 millones de dólares que fugaron entre agosto de 2019 y enero de 2020.
Los gobiernos nacionales de Macri, Fernández y Milei fueron cómplices de estas maniobras que muestran la matriz del capitalismo argentino de los últimos cien años: usar al estado a su favor, trasladar sus deudas al pueblo a través de funcionarios cómplices, avalar persecuciones contra trabajadores y manipular la desesperación de las familias trabajadoras a favor de la financiarización de la economía, dejar de lado la producción y formar parte de la filosofía del casino, multiplicar el dinero con el dinero.
Estafas, lavado de dinero, fuga de capitales y puertos de donde salieron cientos de kilogramos de cocaína también forman parte de estos cinco años atravesados por una estridente e irritativa impunidad de los nichos corruptos del poder económico.
Síntesis de la por ahora invencible voracidad de las minorías, nacionales y mundiales.
Fuentes: https://pelotadetrapo.org.ar/vicentin-cinco-anos-despues/, Página/12, Perfil
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