Además de incumplir con la fecha prevista por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la dirigente social Milagro Sala -detenida arbitrariamente en la provincia de Jujuy desde enero de 2016- fuera liberada o pasara a prisión domiciliara, el gobierno del oficialista Gerardo Morales y los jueces dependientes decidieron el traslado de la […]
Además de incumplir con la fecha prevista por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la dirigente social Milagro Sala -detenida arbitrariamente en la provincia de Jujuy desde enero de 2016- fuera liberada o pasara a prisión domiciliara, el gobierno del oficialista Gerardo Morales y los jueces dependientes decidieron el traslado de la detenida una casa que no es la suya, y que además está destruida.
Esto provocó una reacción del presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren quien consultado por una radio local, advirtió a la justicia jujeña que pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio, no es prisión domiciliaria. Eso es cambio de una prisión por otra prisión
. Añadió que la prisión domiciliaria debe realizarse en el domicilio donde vive
. Esta decisión de la justicia de Jujuy no cumple con la resolución del organismo internacional y es observada como una estrategia de hostigamiento de la dirigente social
cuya salud está en riesgo.
Pasado el plazo para el traslado, los jueces de Jujuy comenzaron a cumplir lentamente y en forma parcial el fallo de la CIDH y en primera instancia se eligió una casa en las afueras, que fue saqueada, destruida, robada y que era usada por la organización Tupac Amaru. El periodista Horacio Verbitsky dio a conocer el estado en que estaba esta casa destruida, pero otro juez acaba de disponer lo mismo dando un plazo para que se arregle
ese lugar.
La advertencia de la CIDH no puede ser ignorada. Milagro Sala vive en una casa en la capital jujeña y ahí está su esposo y su familia, es allí donde debe volver. Además otras disposiciones son parte de un verdadero hostigamiento contra Sala, quien además es diputada electa del parlamento del Mercado Común del Sur, cargo que no pudo asumir por la persecución montada por el gobernador Morales, quien además trató de burócratas
que viven en Washington y no hacen nada a los funcionarios de la CIDH.
Eguiguren afirmó que están esperando información oficial sobre el cumplimiento de las recomendaciones de ese organismo y de hecho reconoció que lo que se conoce hasta ahora no responde a lo que se falló en este caso.
La situación en el penal de Alto Comedero fue observada por los funcionarios de la CIDH y existen sobrados temores por lo que pueda pasara a Sala, que no tuvo nada que ver con un escrache
donde un grupo le arrojó huevos al entonces senador Morales en 2009, de lo que se acusa sin ninguna prueba a la dirigente. En este caso el único denunciante trabajaba para el gobernador Morales y recibió una abultada cifra por su declaración falsa, lo que fue comprobado.
Han fabricado varias causas contra ella, pero cada vez se les hace más difícil continuar con esto, por la falta de pruebas. Además de que no cumplen enviándola a su casa ponen una serie de condiciones como una tobillera de control electrónico y estará vigilada por la gendarmería nacional, y la policía convirtiendo el hogar de Sala en una cárcel para toda la familia.
Otras disposición es que sólo podrán entrar parientes directos, previo control de documentos y cuatro personas a la vez en el horario de 7 a 19 horas los días martes, jueves y sábados, con un límite máximo de veinte personas por cada día de visita.
Eguiguren sostuvo que ante la grave situación en que encontraron a Sala en la prisión arbitraria
decidieron por su libertad inmediata y como una alternativa la prisión domiciliara, pero no en estas condiciones que impone la justicia jujeña.y sostuvo que seguirán el caso de Sala ya que existe un grave riesgo para su vida e integridad física.
La desaparición de Santiago Maldonado
Esto sucede en momentos en que se ha recurrido también a la CIDH por la desaparición del joven Santiago Maldonado de 28 años, el pasado 1o de agosto en el marco de una represión contra un grupo de mapuches, en Esquel, Chubut.
Por estas horas se han presentado pruebas evidentes de la acción de la Gendarmería, que fue negada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ante el Congreso, como el video presentado en el canal C5N donde se observa la llegada de unos 50 gendarmes o más hasta un lugar donde estaban unos siete mapuches protestando en la carretera contra el imperio Benetton, que quiere quedarse con sus tierras. Los gendarmes avanzan a gritos y órdenes disparando contra la comunidad mapuche que corre hacia un río bajo. Santiago corre con el grupo, pero cuando los mapuches se arrojan al río de escasa profundidad el joven se queda como relatan los testigos que señalan el lugar donde fue detenido por los gendarmes y llevado en una camioneta.
Ese mismo día es denunciada la desaparición del joven. Cuando el juez Guido Otranto ordenó rastrillajes, varios días más tarde, la boina que llevaba el joven apareció en el mismo lugar señalado por los mapuches y luego también encontraron entre ramas un collar que Maldonado usaba.
En realidad los gendarmes llegaron con la orden de cazarlos y en el lugar estaba el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Nocetti, lo que también intentó negar la Ministra, cuya renuncia piden varios organismos. No es la primera vez en que la Gendarmería reprime violentamente bajo este gobierno. La CIDH está siguiendo atentamente la situación y podría expresarse en los próximos días.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/08/20/mundo/024n2mun