El caso del general César Milani, jefe del Ejército ascendido el 18 de diciembre del año pasado, sigue teniendo alto impacto político. Al gobierno nacional y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le han provocado un costo político en un tema donde recoge amplio reconocimiento: el de los derechos humanos. En ese terreno el kirchnerismo […]
El caso del general César Milani, jefe del Ejército ascendido el 18 de diciembre del año pasado, sigue teniendo alto impacto político. Al gobierno nacional y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le han provocado un costo político en un tema donde recoge amplio reconocimiento: el de los derechos humanos.
En ese terreno el kirchnerismo se ha movido con solvencia y prestigio. Desde que recomenzaron los juicios por causas de lesa humanidad se han condenado a 495 represores, con otras 45 sentencias absolutorias (estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales al 21 de marzo de 2014). En países latinoamericanos azotados por golpismo y represión, los juicios y condenados son mínimos, con casos escandalosos de impunidad en Chile, Brasil, Colombia y Guatemala (en cada uno de los dos últimos hubo 200.000 los muertos por la represión).
Esa buena nota sigue. Se están desarrollando en provincias argentinas 16 juicios, por lo que aquella estadística será ampliada. Pero en el medio se cruzó Milani, cuestionado en tres causas judiciales (dos en La Rioja y una en Tucumán) por temas de derechos humanos durante la dictadura, más otra de índole diferente, sobre enriquecimiento ilícito, promovida por legisladores de la oposición sin ningún compromiso con los derechos humanos y deseosos de generarle algún costo extra al gobierno. Este expediente, el de Elisa Carrió y Pino Solanas, debe hacerse a un costado porque no hace al meollo de lo que se discutió en el Senado, los organismos de DDHH y la política: si Milani tenía méritos o no para ser promovido al máximo cargo, casi sanmartiniano, de teniente general.
Esta discusión se planteó en julio pasado, cuando la Comisión de Acuerdos del Senado presidida por Marcelo Guinle comenzó a analizar los pliegos del polémico general y otros militares. Las divergencias fueron grandes y CFK pidió que se postergara hasta diciembre una decisión que ya estaba tomada. Se venían las PASO en agosto y luego las legislativas de diciembre, cuyos resultados fueron adversos para el Frente para la Victoria.
En diciembre se retomó el debate parlamentario y Milani tuvo su inmerecido ascenso. El gobierno, empero, pagó un costo político porque en su frente interno, no digamos ya parlamentario, hubo diferentes apreciaciones. No todos estuvieron de acuerdo con tragarse ese sapo…
Votos y botas
En el bloque presidido por Miguel Pichetto, que respaldó el ascenso, debe haber habido varios integrantes que levantaron la mano por «obediencia debida» o llamada «disciplina partidaria», tal como aclararon cuando votaron a favor del proyecto de nuevo Código Civil y Comercial con tantas concesiones al Vaticano.
En el frente de los derechos humanos, las voces contrarias al general se hicieron oír fuerte. Adolfo Pérez Esquivel, del Serpaj, y Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, fueron enérgicos en el rechazo. Pero tanto o más que ellos fue Horacio Verbitsky, presidente del CELS, que a diferencia de los dos recién nombrados, tiene una larga relación de afinidad con el gobierno de los Kirchner.
Fue esa entidad la que entregó al Senado y al gobierno los últimos antecedentes que había recabado sobre Milani, disponibles supuestamente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que no habían sido entregados a la Comisión presidida por Guinle. La data fue proporcionada antes de la votación y tuvo alto impacto, pero no llegó a torcer la voluntad del bloque oficialista, galvanizado desde Balcarce 50. Ya se sabía que Milani estaba acusado en la justicia de La Rioja y Tucumán por dos hechos: la desaparición en la segunda ciudad del soldado Alberto Ledo en julio de 1976 durante el «Operativo Independencia»; y por la detención ilegal y traslado de dos presos políticos en La Rioja, Pedro A. y Ramón A. Olivera, padre e hijo que sufrieron malos tratos y amenazas.
Eso era conocido, pero entre los papeles aportados por HV estaba algo fundamental: el acta falsa de «deserción» del soldado Ledo había sido labrada por Milani. Ese joven no había desertado sino que había sido desaparecido por sus mandos en Tucumán, por su militancia en la Universidad de Tucumán. Las actas de «deserción» fueron la forma de encubrir los crímenes de los 43 conscriptos sobre los que escribió el capitán José D’Andrea Mohr y recordó Verbitsky.
Después de dormir tantos años en la justicia tucumana, la desaparición de Ledo llevó a la cárcel al superior de Milani, coronel retirado Esteban Sanguinetti, quien había sacado de patrulla al conscripto que no volvió a la base. ¿Sanguinetti preso y Milani promovido al tope del escalafón?
Argumentos falaces
Los argumentos del general y sus defensores del gobierno para justificar su accionar de 1976 y su ascenso de 2013 fueron varios.
El común denominador del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, más los senadores del FPV que votaron en diciembre, fue que Milani no estaba condenado por la justicia y que lo debe beneficiar el principio de inocencia.
En esta columna ya se explicó entonces que ese principio es correcto tratándose de un caso penal, pero que acá era una cuestión política, no judicial: si el general en cuestión tenía cualidades políticas y morales para ser el número 1 del Ejército. Las acusaciones en su contra, si prosperaban, podían terminar con Milani en la cárcel, pero aún cuando no se hubieran comprobado -por lentitud de la justicia- ya acumulaban dudas e indicios que no lo favorecían para ser el jefe máximo de la fuerza. En vez de un artículo del Código Penal acá tenía más cabida el dicho de que «la mujer del César no sólo debe ser honesta sino parecerlo». Y Milani dejaba muchísimas y muy fundadas dudas.
En una nota publicada en Página/12 el titular del CELS se refería a este aspecto: «ya en marzo de 1986, Emilio Mignone le escribía a la Comisión de Acuerdos del Senado que ‘no existe en nuestro ordenamiento jurídico el derecho al ascenso, ni esa expectativa puede constituir nunca un derecho adquirido, del cual sólo se puede ser privado en virtud de sentencia judicial'».
Otro argumento esgrimido por el milanismo fue que en 1976 era un subteniente de 21 años. El cronista escribió entonces que había casos muy notorios, como el de Alfredo Astiz, donde los oficiales jóvenes habían cometido crímenes alevosos. La edad no podía disculparlo ni excusarlo. Lo concreto del caso Ledo es que había escrito las ocho páginas del acta de la fraguada deserción que no fue tal.
Otras falsificaciones quedaron en cueros, como la que decía que no había causas abiertas a su nombre. Sí las había y en todo caso si no se habían tramitado como correspondía eso no era culpa de los familiares y denunciantes de la familia Ledo y Olivera, sino de la justicia mediocre cuando no cómplice que supimos conseguir en democracia.
El último round
El último round de esta pelea, que no ha concluido, se libró en estos días. Primero atacó el CELS, con un comunicado firmado por Verbitsky, cuestionando al fiscal general de La Rioja, Salmán, quien pidió al juez de la causa Ledo que cerrara la acusación contra Milani considerando que no había elementos en su contra y que en todo caso siguiera las investigaciones. Antes de Salmán habían actuado los fiscales Darío Illanes y Marta Kunath, quienes en principio acusaron al general y luego se excusaron, apartándose.
El general contraatacó con un inusual comunicado con sello y firma propia y del Ejército, acusando a Verbitsky de haber omitido las irregularidades que habría sufrido en esa causa riojana. Según Milani no había podido ejercer «de manera real y efectiva el derecho de defensa en juicio» y el CELS habría silenciado esa supuesta injusticia. El afectado juró de nuevo su completa inocencia con argumentos tales como que él por su edad había obedecido órdenes, que en 1976 no se sabía que el traslado de presos políticos constituía delito, etc.
La respuesta institucional del CELS se publicó el 19 de mayo con el impactante título de «El jefe del Ejército invocó la obediencia debida en su respuesta al CELS». Allí se cuestiona: «(el ex preso político) Olivera mencionó a Milani el 29 de junio de 1979 en una denuncia ante el juez federal de La Rioja (Roberto Catalán) y el 8 de julio de 1984 ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja. En las actas de esas dos denuncias Milani está mencionado por su apellido (adjuntamos imagen de las actas)».
De esa manera replicaba dos aspectos de los dichos del general en contra del testigo: de que «ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja mencionó mi nombre» y que las acusaciones de Olivera tenían un tinte político y periodístico.
El CELS destacó el avance de la causa contra Milani en Tucumán y lo contrastó con la deficiente actuación del fiscal Salmán en La Rioja, pero en ninguna está dicha la última palabra. Desde julio pasado hasta hoy los elementos en contra vienen siendo más consistentes que los que pueden jugar a favor de su inocencia. El Ejército tiene un jefe muy poco creíble. Y una institución vertical, como el pescado, se pudre por la cabeza.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/