Asumió formalmente Guillermo Francos como Jefe de Gabinete y anunció que para julio de este año habrá ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que por ahora tiene media sanción en Diputados.
En el Senado ya tiene “Dictamen” y será considerado en los próximos días, para, con modificaciones, volver a la Cámara de Diputados y se sancione la primera ley del gobierno Milei.
Con el nombre de la ley se intenta asociar al texto clásico de Juan Bautista Alberdi de 1852: “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, fuente teórica y política de la Constitución liberal de 1853. Desde 1860 será la Carta Magna de la República Argentina y desde 1880, lograda la integración territorial y la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires, el “orden liberal” será la base para el desarrollo del capitalismo local. Ese espíritu “liberalizador” es al que aspira asociar la gestión presidencial de Javier Milei.
Poder liberal y plan liberalizador
En el último medio siglo del XIX se configuró y legalizó el poder terrateniente asociado al capital externo, que pretendió restaurarse en cada golpe desde 1930 y bajo regímenes constitucionales en los noventa del Siglo pasado, con Menem y De la Rúa, y bajo el XXI en la gestión Macri.
La restauración opera ahora bajo regímenes constitucionales, lo que supone desarmar toda lógica de poder social ampliado, explicitado en conquistas sociales derivadas de luchas históricas. Remitimos a las del movimiento obrero de fines del Siglo XIX y hasta la sanción de la legislación de contrato de trabajo en 1974, como las de la burguesía local; caso del levantamiento (grito) de Alcorta y la reivindicación de la tierra para el que la trabaje; como la reforma universitaria de 1918.
Todas fueron conquistas asociadas a un tiempo de la lucha por el voto secreto y obligatorio universal masculino establecido en la Ley Sáenz Peña en 1912 y extendido nacionalmente a las mujeres desde 1952. Desde 1976 y especialmente desde 1989 se lleva adelante el desarme del orden económico y social construido en la Argentina bajo regímenes constitucionales.
El proyecto de “Ley Bases” pretende consolidar la reestructuración reaccionaria y avanzar en la reforma regresiva del Estado, desmantelando y privatizando todo lo que se pueda, para que, cuando sea posible, continuar y retirar funciones estatales que aseguren derechos constitucionales y cualquier potencialidad de resolver necesidades sociales desde la función pública.
En ese marco se inscribe la reforma laboral y previsional, en un paso más de la ofensiva contra los derechos individuales, sociales, sindicales y colectivos de trabajadoras y trabajadores, de jubiladas y jubilados.
Con el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, RIGI, se avanza en otorgar privilegios al capital externo o al local asociado a él para potenciar un bloque socio económico en el poder de alta concentración, centralización y transnacionalización del capital actuante en el país.
Se trata de una propuesta integral que excluye a millones de personas, especialmente a los sectores más empobrecidos, una parte de los cuales otorga consenso con expectativa de soluciones a sus problemas de subsistencia. Esto desmiente a quienes sostienen que el gobierno Milei no tiene “Plan”.
El plan es precisamente la restauración del poder concentrado para disciplinar a las clases subalternas e incluso a parte de la burguesía local asociada a una lógica de “industrialización subordinada” y para el abastecimiento del mercado local.
¿Puede pasar el plan?
Se discute si es posible el proyecto restaurador, empobrecedor por definición.
La tendencia por medio siglo, desde 1975/76 remite a un desarrollo empobrecedor de la Argentina, de crecimiento de la desigualdad, por lo que no existe razón para eliminar la posibilidad de profundización de un presente en que el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría se constituya en una norma.
El único freno proviene de la organización social y política resistente ante la ofensiva liberalizadora y extranjerizante, pero que, además, pueda esbozar un proyecto alternativo al liberalizador. Ello supone una lógica a contramano del régimen del capital, centrado en la satisfacción de necesidades sociales de alimentación, salud y educación, entre otros. Son derechos asociados a un orden de producción y de circulación de bienes y servicios a contramano de la lógica de la ganancia y la propiedad privada de los medios de producción.
Mientras desde el gobierno se busca legalizar su “plan” y tapar una gestión que ya muestra corrupción, caso de los alimentos negados a comedores y movimientos sociales para paliar el hambre, la demanda es por construir una propuesta socio económica que entusiasme a millones.
El plan Milei puede ser parado en origen, si se gana consenso en contra de la legalización de la reaccionaria reforma de la Ley Bases, tal como surge de variadas convocatorias sociales y políticas, de antisindicales y multisectoriales, de las Centrales sindicales y coordinaciones de movimientos populares. De lo contrario, la juridicidad que se logre en el disciplinamiento de la burocracia parlamentaria inducirá procesos de legitimación consensual o represiva del conjunto social.
Claro que no alcanza con parar la liberalización en curso, sino que se requiere gestar nuevas “bases de reorganización social” del país en favor de la mayoría que hoy sufre la recesión, la baja del consumo, la explotación y el saqueo de los bienes comunes.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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