Milei, estados alterados

“No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”, dijo Milei en su discurso, que comenzó con una condena al intento de asesinato contra el presidente estadounidense Donald Trump, su gran aliado y sostén.
“Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo del mundo libre que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en la urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley”, lanzó.
Luego opinó que “los liberales” cometieron “un gran error después de la caída del Muro de Berlín” que fue, según Milei, “creer que con la mera evidencia alcanzaba”. “Lo que hizo el Marxismo fue reconstruir y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad”, dijo.
“Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no la izquierda”, dijo el mandatario y se lanzó a enumerar los supuestos éxitos de su gestión. Dijo que “es mentira que se destruyen puestos de trabajo” y aseguró que “los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público”.
Todos los datos lo contradicen. Por ejemplo, el mismo 27 se conocieron estimaciones del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos que muestran que la industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados desde la asunción de Milei en diciembre de 2023.
Para responder a ese punto, el mandatario consideró que la generación de empleo en el sector privado “está prácticamente empatada”. “Los no registrados vienen ganando por goleada, por eso crece”, explicó y consideró que “es deshonesto omitir el dato de los no registrados cuando son más de la mitad de los que trabajan”.
Milei también consideró que el consumo está en un “pico histórico” porque “cambió la forma en que se consume”. Ayer, el último informe que dio a conocer la consultora Scentia mostró que de los 27 meses que el libertario lleva en el poder, sólo en 3 creció marginalmente el gasto de los hogares en consumos básicos de supermercados y barrios.
Sobre la inflación, sostuvo que hasta la elección de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo de 2025, se estaba desplomando. Pero luego justificó que hubo una suba por “la política, que jugó muy fuerte”. “Fue un sabotaje ya que se combinaron empresaurios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso, para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa”, dijo elevando el tono de voz.
Para el Presidente, de acuerdo al EMAE, “la economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia. Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico. Y la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%”.
“Somos los únicos que sacamos una ley de reforma laboral, somos los únicos que generamos trabajo. Yo soy el único que no se modificó el sueño desde que asumió, soy el Presidente que menos gana en América. El ajuste lo pagó la casta”, lanzó.
Pese al discurso del Presidente, la confianza en su gobierno volvió a retroceder en abril: se hundió 12,1 % y cayó a su nivel más bajo desde septiembre del año pasado según el índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella.
Para cerrar su exposición, volvió a mencionar que la inflación va a bajar. “Vamos a derrotar la inflación, la demanda de dinero está subiendo, se está recomponiendo. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación, vamos a ser el país más libre del mundo, el liberalismo va a salir adelante”.

Javier Milei habló en el cierre de la Expo EFI

El presidente de la Nación aterrizó en la 13º edición de la Expo EFI para defender el plan económico y dar definiciones sobre el futuro de la economía. La presentación se dio en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
La expo EFI es la exposición de economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina. Aquí, economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado comparten un análisis estratégico sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina y el contexto internacional, abordando temas clave vinculados a las finanzas, las inversiones y el desarrollo productivo.
Al comienzo de su discurso, el mandatario agradeció a los organizadores del evento —al que definió como un espacio donde “los economistas nos sentimos a gusto”— y enmarcó su presentación dentro de una serie de tres charlas que dio durante la semana, centradas en “estabilización, reformas y crecimiento”.
Milei sostuvo que los resultados de su gestión deben analizarse en perspectiva histórica. “Esto no pasó nunca en 123 años”, afirmó, y aseguró que existe “una discrepancia inédita entre los datos reales y lo que dicen los medios”. En ese sentido, cuestionó las críticas a su gobierno y señaló que, aunque pueda no ser querido, lo relevante es “el legado histórico”.
Uno de los ejes más duros del discurso fue su ataque a las ideas de John Maynard Keynes. Milei afirmó que la obra más influyente del economista, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, propone un esquema comparable al de los regímenes fascistas y nazis.
Frente a eso, reivindicó el liberalismo como marco ideológico de su gobierno. “Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, explicó. También sostuvo que quienes estudian a autores liberales “no vuelven atrás” y puso como ejemplo a Friedrich Hayek, a quien definió como un ex socialista que cambió de postura tras formarse con Ludwig von Mises.
El Presidente también dedicó varios pasajes a criticar a periodistas y dirigentes opositores, a quienes acusó de difundir “mentiras, calumnias e injurias”, y defendió su estilo confrontativo al sostener que responde dentro del “principio de no agresión”.
En un tramo más técnico de su exposición, Milei se enfocó en el concepto de “transición” económica, diferenciando entre modelos de corto y largo plazo. Explicó que, mientras los modelos macroeconómicos tradicionales analizan el equilibrio en términos estáticos, el crecimiento implica dinámicas más complejas, con distintas visiones según el enfoque teórico.
En ese marco, planteó que Argentina partía de una situación inicial crítica que hacía imprescindible un programa de estabilización. “La economía no crecía desde 2011, el PBI per cápita cayó más de 13% y la inflación viajaba al 1,5% diario cuando llegamos”, describió.
Según detalló, el país enfrentaba un escenario de fuerte desequilibrio: reservas negativas, alta deuda en pesos, controles de precios y capitales, y una brecha cambiaria cercana al 200%. “Era una economía a punto de explotar”, afirmó, y recordó que la pobreza llegó a niveles del 57% en la medición mensual.
Milei destacó que la estabilización se logró a través de un fuerte ajuste fiscal y monetario, sin recurrir a defaults ni reestructuraciones compulsivas. “Se respetó el derecho de propiedad a rajatabla”, subrayó, y agregó que su administración también avanzó en una reducción de impuestos (a los ricos), algo que calificó como inédito.
“La clave fue cortar con la emisión monetaria”, sostuvo, al tiempo que aseguró que el escenario heredado podría haber derivado en una hiperinflación de hasta 17.000% anual (sic).
En ese marco, el Presidente sostuvo que las condiciones para el crecimiento parten de haber evitado una hiperinflación y de haber iniciado un proceso de desaceleración sostenida de los precios, incluso en un contexto que describió como de “ataque especulativo” en la segunda mitad del año pasado.
Otro eje central fue la eliminación del déficit fiscal y cuasi fiscal, que —según indicó— se logró en los primeros meses de gestión. Esto, sostuvo, incrementó el ahorro del sector público y liberó recursos que antes absorbía el Estado. Como consecuencia, afirmó que el crédito al sector privado pasó de representar entre 3 y 4 puntos del PBI a alrededor de 12%, lo que habilita tanto mayor consumo como inversión (sic).
Milei también destacó la fuerte baja del riesgo país, desde niveles cercanos a los 3.000 puntos básicos al inicio de su mandato hasta la zona de 550 en la actualidad. Según explicó, esta reducción disminuye el costo del capital y mejora la rentabilidad esperada de los proyectos, lo que amplía las oportunidades de inversión. “Al bajar el costo de oportunidad, aumenta la capacidad de generar valor”, sintetizó.
En cuanto a la actividad, aseguró que la economía ya muestra signos de recuperación: afirmó que el nivel de actividad se ubica cerca de 8% por encima del momento en que asumió, y que, corregidos factores puntuales como la menor cantidad de días hábiles en febrero, podría volver a máximos. En paralelo, defendió el ajuste fiscal —que estimó en unos 15 puntos del PBI— al asegurar que permitió “devolverle a los argentinos 100.000 millones de dólares” (para pagar la deuda).
También vinculó estas mejoras con una caída de la pobreza al 28% y con la salida de millones de personas de esa condición, al tiempo que rechazó la idea de que el ajuste sea contractivo si se concentra en el sector público.
En materia de empleo, sostuvo que hubo una recomposición con crecimiento del trabajo independiente, y defendió las reformas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la modernización laboral y cambios en el régimen fiscal que, según dijo, revirtieron la lógica de “culpabilidad” del contribuyente frente al Estado.
Sobre el crecimiento de largo plazo, el Presidente insistió en la importancia de la apertura económica, el capital humano y la innovación. Retomando ideas clásicas, explicó que ampliar el tamaño del mercado permite profundizar la división del trabajo y la especialización, lo que mejora la productividad.
En esa línea, señaló que el desarrollo implica procesos de “destrucción creadora” (Schumpetter), donde surgen nuevas actividades mientras otras desaparecen, y defendió la necesidad de adaptarse a esos cambios. También planteó que los países con mayor libertad económica logran mejores resultados en términos de ingresos y reducción de la pobreza.
A su vez, destacó el proceso de desregulación llevado adelante por su gestión, al afirmar que ya se implementaron más de 15.000 reformas. En tono irónico, describió el área encargada de estas medidas como un “Ministerio de los rendimientos crecientes”, y aseguró que se trata del gobierno “más reformista de la historia”.
Milei puso el foco en la velocidad de las reformas y aseguró que su gobierno avanza “a un ritmo de 17 regulaciones por día”, al punto de ironizar con que durante el transcurso de una charla pueden eliminarse nuevas normas. Según afirmó, ese proceso ya tiene impacto concreto: “Argentina saltó 40 puestos en libertad económica en el último año”, tras haber estado en niveles que describió como “hiper reprimidos”.
El Presidente remarcó que se trata de un cambio inédito en términos históricos, comparable —según dijo— solo con países que atravesaron guerras o crisis extremas. En esa línea, destacó la magnitud del ajuste del gasto público y del Banco Central, y aseguró que, a contramano de las críticas iniciales, la economía creció cerca de 10% y permitió sacar a millones de personas de la pobreza.
En materia de crecimiento, insistió en que la desregulación impulsa los “rendimientos crecientes”, al liberar trabas que —según explicó— potencian la actividad económica. También subrayó la estrategia de apertura comercial, con negociaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, y una redefinición del rol de las embajadas, orientadas a generar negocios y atraer inversiones.
Destacó medidas fiscales como la baja de impuestos y el impulso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que —según indicó— ya generó compromisos por unos US$100.000 millones (sic). A eso sumó la proyección de exportaciones por un monto similar, y aseguró que esa dinámica permitirá consolidar un sendero de crecimiento sostenido y convertir al país “en una potencia”.
Por último, llamó a enfrentar ese proceso sin resistencias. “Si aceptamos el desafío del cambio, volveremos a ser grandes. Si no, vamos a repetir los errores del pasado”, advirtió, antes de cerrar su discurso con una consigna habitual: “Que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la libertad, carajo”.

En enero de 2026 cerraron 70 pymes por día

La crisis de la producción nacional volvió a mostrar números que contradicen el relato oficial. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en enero se cerraron 1.572 empresas, lo que equivale a unas 70 pymes menos por día laborable.
La SRT releva unidades productivas, entre las que considera a “entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios”. En otras palabras, empleos con personal registrado.
Y, según sus registros, el universo de empleadores pasó de 500.141, en diciembre de 2024, a 488.177, en enero de 2026.
Se trata de una caída sostenida que, en una comparación interanual (contra enero de 2025), contabiliza 11.194 unidades productivas menos: un ritmo que ronda los 1.000 cierres por mes.
El fenómeno no es nuevo, pero se aceleró en la coyuntura actual. Si se toma como punto de partida noviembre de 2023, cuando el sistema registraba 512.357 empleadores, el descenso hasta enero de 2026 deja un saldo de 24.180 empresas menos desde que asumió Javier Milei.
Según expresa el portal especializado Mundo empresarial, una parte importante de los cierres corresponde a empresas con menos de 3 años de antigüedad, que “no pudieron hacer frente a los costos de las inversiones y gastos iniciales en un contexto de caída del consumo”.
Otro factor es el desplome en la natalidad empresarial: la tasa de aperturas de nuevas empresas es menor a la de los períodos anteriores.
Por otro lado, muchas unidades productivas pasaron de fabricar a comercializar bienes importados, lo que repercute en el empleo.
De hecho, la SRT contabilizó una caída en la cantidad de trabajadores cubiertos ante riesgos laborales: de 9.857.173 en noviembre de 2023 cayeron a 9.567.050 en enero de 2026, lo que implica 290.123 trabajadores menos dentro del sistema formal.
En paralelo, los datos muestran que la dinámica del empleo también cambió. Así, mientras caen las empresas y el empleo registrado, crecen modalidades por fuera del sistema, como el monotributo, que no están alcanzadas por esta cobertura.

YPF aumentó el precio de sus combustibles

El pasado 1º de abril, Horacio Marín, presidente de YPF anunció que no habría aumentos en los combustibles por 45 días, sin embargo, acaba de producirse un nuevo incremento, lo que sorprendió a los consumidores, que reaccionaron en las redes sociales ante esta medida inesperada convirtiendo el tema en tendencia.
Los nuevos precios, para la nafta y el GNC, dados a conocer el 28 de abril son los siguientes:
– Súper: 2062 pesos.
– Infinia: 2197 pesos.
– Infinia Diésel: 2339 pesos.
– Diésel 500: 2219 pesos.
– GNC: 895 pesos.
Es importante poner la situación en contexto, para entender lo ocurrido. Todo comenzó cuando Horacio Marín, presidente de YPF, declaró el pasado miércoles 1 de abril que la petrolera estabilizaría los aumentos de la nafta por 45 días, motivo por el cual el surtidor no se vería afectado, directamente, por los cambios en el barril Brent.
Las principales petroleras que trabajan en la Argentina aceptaron sumarse a esta estrategia de YPF al día siguiente de conocerse esta noticia.
“A partir de hoy, en YPF hemos decidido crear un buffer (amortiguador) de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días. Nosotros nos debemos a los consumidores porque los consumidores son los que nos hacen facturar 12.000 millones de dólares”, dijo Horacio Marín, presidente de YPF, el pasado 1º de abril.
Y agregó: “Estuvimos viendo que hace una semana la demanda comenzó a ser elástica, eso significa que con aumento de precios cae el consumo. Entonces tenemos que crear un buffer para que el consumo no baje y, de esa forma, poder pasar este periodo transitorio”.
Marín aclaró que “no es un tope de precio. Significa que vamos a dejar el precio hasta 45 días aproximadamente constante. El precio del barril en Argentina es precio libre y seguirá siendo libre».
Y sumó: «En este periodo de buffer -que significa un amortiguador-, yo ahora al consumidor le digo: ‘YPF te va a ayudar, te va a mantener el precio estable durante estos 45 días, pero después vos me vas a tener que ayudar para recuperar lo que yo te ayudé’. Esto es a partir de hoy mismo. Después vamos a ir viendo…”.
El funcionario afirmó que: “Nuestro acuerdo con la gente es un acuerdo honesto y moral (sic). Si lo hacemos de esa forma no hay juego con la especulación”.

Caputo no ejecuta más de $ 6 billones recaudados pese a estar obligado por ley
Por Ezequiel Orlando. Editor de Economía

Casi 150 intendentes de todo el país le exigieron al ministro de Economía, Luis Caputo, que retrotrajera el precio de los combustibles al 1° de marzo. A través de un documento firmado en conjunto, también le solicitaron lleve adelante las obras públicas que corresponden por ley con lo recaudado a través del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y reclamaron por el recorte de fondos nacionales a las provincias y los municipios.
En lo que va de la gestión de Javier Milei, Nación acumuló recaudación por $ 6,1 billones con destino específico para obras de infraestructura que no fueron ejecutadas. El monto se compone de $ 3,1 billones del ex impuesto PAIS y de $ 3 billones derivados del ICL, de acuerdo al cálculo del Instituto Argentina Grande.
Por el otro lado, en estos más de dos años no construyó un kilómetro de rutas ni se les realizó mantenimiento. Desde diciembre de 2023, en Buenos Aires fueron paralizadas cerca de mil obras, mientras que a nivel nacional son más de 2 mil.
Los jefes comunales se organizaron a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por Fernando Espinoza (La Matanza), con el acompañamiento de los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos Bianco, y de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunieron con ellos y se los consideró claves para estructurar este movimiento de más de un centenar de intendentes de diversos partidos.
“Nosotros somos el primer escalón de la democracia, los que recibimos de primera mano al vecino. En el último mes y medio es catastrófica la caída de los índices de la realidad: los aumentos de los alimentos, de las tarifas”, dijo Espinoza a PERFIL. El titular de la FAM señaló que Nación “recaudó $ 3 billones del impuesto a los combustibles y se los están guardando. Con ese dinero podríamos bajar el precio de la nafta, que está generando más inflación”.
“Fue una jornada más que positiva”, evaluó Dante Velázquez, mandatario de la localidad jujeña de La Quiaca. “Exigimos que se empiece a respetar lo que el pueblo ya decidió, que es que todo lo que se está recaudando a nivel nacional tenga que volver a las provincias”, reclamó.
El mandatario de La Plata, Julio Alak, esgrimió: “Nosotros queremos un nuevo pacto fiscal, que contribuya al sostenimiento de las estructuras provinciales y municipales para hacer frente al requerimiento que nos hacen nuestros ciudadanos, que son obras, alimentos y medicamentos”. “Se ve que hay una caída fuerte del consumo producto de este modelo económico, que asfixia fiscalmente a todas las provincias y municipios”, analizó.
Mariel Fernández, intendenta de Moreno, aclaró a este medio: “No solo no contamos con el acompañamiento de Nación, sino que nos estamos haciendo cargo de las cosas que ellos no resuelven, como temas de discapacidad, las pymes que cierran, insumos para la salud. La situación es muy angustiante porque no damos abasto”.
“Planteamos tener alguna interlocución y, por otro lado, también cuestiones en relación con los fondos no distribuidos por seguridad, educación, que se siguen reteniendo, mientras que la demanda de la ciudadanía hacia los municipios es cada vez mayor”, explicó Lucas Ghi, de Morón.
Por Quilmes participó la intendenta interina, Eva Mieri. Mayra Mendoza, que tiene licencia por su actual rol como diputada provincial, es una de las principales figuras que cruzan a Caputo por la discusión de las tasas municipales.
Tras la entrega del petitorio a Economía, los jefes comunales se reunieron con Kicillof y Quintela en la sede de la FAM. Allí, el gobernador bonaerense describió: “En nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”. El mandamás de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó: “Como dirigentes, tenemos la responsabilidad de construir una propuesta capaz de poner al país de pie, reactivar las economías regionales y garantizar el bienestar de todos y todas”. “Estamos trabajando para que el peronismo lidere un frente amplio que reúna a quienes defienden la Argentina y se oponen a la entrega de nuestro futuro”, adelantó el riojano.

Aumentos en mayo 2026

El mes de mayo de 2026 llega con nuevos aumentos en servicios esenciales que volverán a golpear el bolsillo de los argentinos. Transporte, medicina prepaga, agua y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) encabezan los incrementos, en un contexto en el que la inflación muestra señales de desaceleración, pero aún se mantiene en niveles elevados.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de abril se ubicaría en torno al 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo. Sin embargo, los ajustes tarifarios continúan siendo un factor clave de presión sobre los precios en el corto plazo.
En el caso del servicio de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno decidió limitar los aumentos al 3% mensual entre mayo y agosto, buscando moderar el impacto inflacionario.
La medida se da tras un 2025 con subas contenidas y apunta a corregir el atraso tarifario. En mayo, la factura promedio sin impuestos rondará los $29.967, con variaciones según la zona, mientras se mantienen beneficios como la Tarifa Social.
Por su parte, las empresas de medicina prepaga aplicarán incrementos de entre 3% y 3,9%, incluyendo copagos. Aunque algunos ajustes quedan por debajo del índice de inflación reciente, otros lo superan.
Esto consolida a la salud privada como uno de los rubros con mayor presión sobre el gasto familiar en el corto plazo.
El transporte público también registra un nuevo aumento. Desde el 1° de mayo, colectivos, subtes y peajes en el AMBA suben un 5,4%, en línea con el esquema que combina inflación más un adicional del 2%.
Con este ajuste, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires supera los $750, mientras que en la provincia se acerca a los $920. El subte, en tanto, alcanza los $1.490 con tarjeta SUBE registrada.
En telecomunicaciones, la empresa Movistar anunció un incremento del 3,5% en sus planes móviles.
Además, se esperan definiciones sobre nuevos cuadros tarifarios para luz, gas e internet en las próximas semanas.
Uno de los incrementos más significativos del mes se da en la Ciudad de Buenos Aires con la VTV, que subió un 28%.
El costo del trámite para autos pasó a casi $97.000, mientras que para motos supera los $36.000. La actualización responde al aumento de costos del servicio y se enmarca en el mecanismo de revisión tarifaria previsto para las concesionarias.
Además, el Gobierno porteño avanza en la actualización del estacionamiento medido, mientras a nivel nacional se analiza una reforma del sistema de VTV que podría extender los plazos de control y habilitar a talleres privados.
En conjunto, estos incrementos reflejan un escenario en el que, pese a la desaceleración inflacionaria, los precios regulados siguen ajustándose y condicionan la evolución del costo de vida.
Para los hogares, el impacto se siente especialmente en servicios básicos, lo que limita la recuperación del poder adquisitivo en el corto plazo.

El cierre de la producción propia de Tía Maruca en su planta de Albardón, San Juan

La empresa dejará de fabricar en instalaciones propias y pasará a un esquema de producción tercerizada, conocido como “a façón”, en un intento por sostener su operación en un contexto de caída del consumo y restricciones de financiamiento.

La quiebra de Garbarino

Avanza hacia su etapa final tras el cierre de sus últimos locales y el inicio del proceso de liquidación de bienes dispuesto por la Justicia. La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, luego de que la empresa no lograra renegociar su deuda ni conseguir inversores en un último intento por salir a flote.
D’Alessandro, ordenó el mes pasado el desarme de la mínima estructura que conservó la compañía, inmersa en una crisis desde hace años. En ese marco, se concretó la liquidación de parte del stock remanente y el cierre de las tres últimas sucursales que permanecían abiertas, ubicadas en la ciudad de Buenos Aires.
Las últimas sucursales que cerraron son las de Avenida Cabildo, casi Juramento, en el barrio porteño de Belgrano; el de la calle Uruguay, frente a Tribunales; y el outlet de Almagro.
En paralelo, comenzó la transferencia de los bienes de la empresa a la sindicatura, que tendrá a su cargo la administración y posterior liquidación de los activos para afrontar el pago de las deudas.
Hasta el 24 de junio, los acreedores podrán presentar sus reclamos en el proceso de verificación del pasivo, que incluye a entidades bancarias, proveedores y exempleados.
La medida se enmarca en la inhibición general de bienes y la prohibición de continuar con la actividad comercial.
Entre los activos a liquidar figuran las plantas industriales Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, que se encontraban paralizadas. Estos establecimientos no lograron venderse en instancias previas y ahora integran el conjunto de bienes a subastar.
¿Cómo se concretó la caída de Garbarino?
Fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la empresa creció hasta convertirse en uno de los grandes jugadores del retail argentino. Su modelo de negocio se apoyó en la venta de electrodomésticos en cuotas, una estrategia clave en un país con alta inflación y restricciones al crédito.
Durante su etapa de mayor expansión, llegó a contar con más de 240 sucursales además de emplear a 4.500 personas, llegando a tener el 25% del mercado minorista.
En un contexto de fuerte expansión, en 2005 lanzó su proyecto industrial en Tierra del Fuego (donde se ensamblaban aires acondicionados, televisores, etc.). Entre 2007 y 2012 abrió unas 35 nuevas sucursales, consolidando su liderazgo.
A partir del año 2016 la firma comenzó un proceso de caída y deterioro evidente respecto de sus años de auge. La devaluación efectuada en 2018, junto con la elevada inflación y las altas tasas de interés afectaron la demanda de los consumidores.
De hecho, entre 2016 y 2019 las ventas internas del sector cayeron casi un 50%. En 2019 la crisis económica se reflejó en los números de Garbarino: la empresa tuvo ingresos por $28.359 millones y terminó con una pérdida de $8.665 millones. Para ese entonces, mostraba un patrimonio neto negativo de $5.365 millones.
En diciembre de ese año, la compañía tenía una deuda bancaria que superaba los 3.600 millones de pesos. En paralelo, la firma tenía una deuda de $7.000 millones con sus proveedores.
Frente a dicho contexto, en 2020 la empresa cambió de manos. El empresario Carlos Rosales, presidente de la aseguradora Prof se convirtió en el propietario y presidente del grupo. El empresario se hizo cargo de las deudas de la empresa y se comprometió a pagar los salarios atrasados.
Tras la llegada de la pandemia COVID-19, las ventas de electrodomésticos cayeron hasta un 75%, agravando el desequilibrio financiero de la empresa.
El plan de la nueva gestión fue recortar locales, pasando de 246 tiendas a tan solo 60, como también enfocarse en logística y comercio electrónico. Con las siguientes cuarentenas, la situación empeoró.
A fines de 2021 la crisis se hizo irreversible: en noviembre la firma despidió 1.800 empleados y anunció el cierre definitivo de casi todas sus sucursales.
Finalmente, Garbarino ingresó en concurso preventivo de acreedores el 17 de noviembre de 2021. A lo largo de 2022-2025 se sucedieron negociaciones judiciales sin éxito. En agosto de 2025 la Justicia habilitó un proceso de salvataje conocido como «cramdown» para que terceros ofrecieran un rescate definitivo.
Solo dos interesados se anotaron: la financiera Vlinder y, en un giro insólito, la propia controlante Rosales, que propuso quedársela a sí mismo mediante un nuevo esquema de quitas. Sin embargo, ninguna oferta consiguió los avales legales necesarios y los plazos vencieron sin acuerdos.
Con el concurso estancado y solo tres tiendas abiertas, en marzo de 2026 el Juzgado Comercial Nº7 decretó la quiebra definitiva de Garbarino.

Presupuesto ambiental: Incrementan subsidios a las empresas hidrocarburíferas en detrimento del manejo del fuego y la conservación de los Bosques Nativos

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) elaboró un documento en el que compara el presupuesto nacional destinado al área ambiental en los últimos años.
Compartimos un resumen del análisis de FARN
El Presupuesto nacional 2025 sufrió un ajuste real del 28,8% en comparación con 2023. Al igual que durante 2024, el Presupuesto nacional se ejecutó sin la aprobación de una nueva ley presupuestaria, otorgando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) amplias facultades para modificar la asignación de recursos mediante Decretos de Necesidad y Urgencia y Decisiones Administrativas.
El resultado fue la consolidación de un proceso de ajuste, con impactos particularmente severos en el financiamiento de políticas ambientales, que en algunos casos registraron caídas reales cercanas al 95%, como sucedió con el Fondo Nacional para la Conservación y Enriquecimiento de los Bosques Nativos.
A su vez, durante el 2025 se profundizó el debilitamiento institucional y financiero en materia ambiental que se había iniciado el año anterior. La reducción sostenida del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente, junto con los recortes en programas estratégicos vinculados a la evaluación y control ambiental, la conservación de bosques nativos, la prevención y manejo del fuego, la protección de áreas marinas y la promoción de energías renovables, evidencia un proceso de retracción de las capacidades estatales para planificar, regular y monitorear políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente.
La consolidación del ajuste de las políticas ambientales
-En 2025, la Subsecretaría de Ambiente ejecutó el presupuesto más bajo de los últimos 9 años. Para 2026 se espera una caída real del 79,6% con respecto al 2023.
-La Administración de Parques Nacionales (APN) subejecutó su presupuesto en 2025, dejando $13.720 millones sin utilizar. De esta manera, la APN presentó una caída real del 39,3% de sus fondos en comparación con 2023.
-El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) ejecutó $2.383 millones, 155 veces menos que los $368.633 millones que debería haber ejecutado para cumplir con la Ley 26.331. Para el 2026 el FNECBN cuenta con apenas $17.468 millones.
-En 2025, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ejecutó el 75,7% de sus fondos, dejando sin utilizar $19.300 millones. El 38% de sus fondos se ejecutaron en el mes de diciembre, lo que permite inferir una falta de planificación preventiva para la gestión integral del fuego. En el presupuesto de 2026, el SNMF vuelve a presentar una fuerte caída real: 69,2% en comparación con 2023.
-En 2025, las partidas destinadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo ejecutaron $66.988 millones. Esto equivale a una caída real del 87,7% en comparación con 2023. Para el 2026, este presupuesto se reduce aún más: un 92,2% menos que hace tres años.
-Las partidas destinadas al fomento de energías renovables y eficiencia energética ejecutaron $9.190 millones, lo que representó una caída real del 64% en comparación con lo ejecutado en 2023.
-Los subsidios destinados a empresas hidrocarburíferas ($377.824 millones) representaron 41,5 veces más que lo destinado al fomento de energías renovables y eficiencia energética. Estos subsidios serán de $651.600 millones en 2026.
-En 2025, el presupuesto destinado a subsidiar empresas hidrocarburíferas representó más de 6 veces el importe ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y 158 veces el monto destinado al Fondo de Bosques.
-Según estimaciones de la Oficina Nacional de Presupuesto, durante 2025 el Estado habría dejado de recaudar $508.954 millones como gasto tributario por el régimen de exenciones de la Ley de Inversiones Mineras. Este monto equivale a 8,5 veces el presupuesto ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y a 213 veces el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
El análisis del presupuesto nacional evidencia que las partidas destinadas a la política ambiental continúan ocupando un lugar marginal dentro de las prioridades del gasto público. La persistencia de recortes y subejecuciones presupuestarias reflejan no sólo una reducción del financiamiento ambiental, sino también la materialización del desguace estatal y la ausencia de un diseño integral de políticas públicas que permita abordar de manera estratégica los desafíos socioambientales que enfrenta el país.
El deterioro del financiamiento ambiental tampoco puede analizarse de manera aislada del funcionamiento estructural de la economía argentina. La persistente dependencia del endeudamiento externo genera presiones para obtener divisas destinadas al pago de los servicios de la deuda pública, incentivando el desarrollo de sectores exportadores altamente extractivos. Este esquema no sólo profundiza impactos socioambientales, sino que también tensiona la asignación del gasto público, obligando al Estado a destinar recursos crecientes al cumplimiento de compromisos financieros por sobre la garantía de derechos económicos, sociales y culturales.

Imputan a empresas mineras

La Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, informó a través de un comunicado que la fiscalía resolvió imputar a las mineras Agua Rica y Alumbrera en la causa que investiga el proyecto integrado MARA por posibles hechos de corrupción y que ya cuenta con ocho funcionarios procesados.
Compartimos comunicado de la Asamblea
El Ministerio Público Fiscal solicitó la imputación de las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, en el marco de una causa que ya tiene a ocho funcionarios procesados por avalar la fusión empresarial a sabiendas de la existencia de glaciares y ambiente periglacial protegido, en la zona que pretenden explotar. Además, Fiscalía pidió ampliar la investigación por posibles delitos de corrupción en esta causa que investiga el aval al proyecto integrado MARA.
En su dictamen, el fiscal Guillermo Marijuan advierte que las conductas denunciadas “podrían encuadrar en alguna de las figuras del artículo 1° de la Ley 27.401”, que penaliza entre otros los delitos de cohecho, tráfico de influencias nacional y transnacional, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, etc. Así, la investigación alcanzará a las empresas mineras por su posible responsabilidad, además de los ocho funcionarios que ya se encuentran con imputaciones firmes.
Recordamos los nombres de estos funcionarios. Como integrantes de la empresa interestatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) se encuentran Luis De Miguel y Ángel de Jesús Mercado (presidente y vicepresidente, respectivamente), Justo Daniel Barros (director titular en representación de la provincia de Catamarca), Alfredo Grau y Domingo Mario Marchese (directores en representación de la Universidad Nacional de Tucumán). También están imputados Eduardo Bautto, quien era funcionario de la Secretaría de Política Minera, e Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavala, como funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Entre otros puntos, llamó la atención de la Fiscalía que la empresa minera no sólo formuló planteos defensivos, sino que además articuló recursos en favor de los funcionarios imputados. Además, en el marco de esta causa, el Juzgado ordenó que se convoque a declaración testimonial a integrantes del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como así también a otros testigos requeridos por la querella. Como informamos semanas atrás, la decana de la Facultad de Derecho de la UNT había manifestado, en su declaración testimonial, que las empresas mineras habían impuesto términos contractuales que resultaban ruinosos (perjudiciales) para la universidad (que es parte de YMAD).
Con su dictamen, la Fiscalía avaló el pedido de un centenar de vecinas y vecinos de Andalgalá, constituidos en parte querellante y representada por la abogada de nuestra Asamblea, Mariana Katz, y el abogado Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. La causa se tramita con el número de expediente 7997/2019 en el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.
Este nuevo paso judicial avala lo que venimos denunciando desde hace años: no hay megaminería sin un entramado de corrupción que la permita. Desde nuestra Asamblea vamos a continuar luchando en las calles y en los tribunales hasta que sea justicia y se paralice este proyecto que atenta contra nuestra agua y la vida digna de los andalgalenses.
Asamblea El Algarrobo
Andalgalá- Catamarca

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página 12, Perfil, Canal Abierto

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