Con el fuerte respaldo obtenido en las elecciones de medio término, el Gobierno nacional volvió a impulsar en el Congreso la reforma laboral bajo el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. La iniciativa, encabezada por la diputada Romina Diez y acompañada por legisladores de distintos bloques, retoma el texto base del Concejo de Mayo y busca actualizar la legislación laboral argentina con criterios de flexibilidad, incentivos fiscales y digitalización administrativa.
El nuevo proyecto apunta a una modernización integral del sistema de trabajo, en línea con los principios de la Ley Bases. Entre los cambios más destacados figuran la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de Convenios colectivos, la posibilidad de indemnizaciones en cuotas y una redefinición del principio de irrenunciabilidad, que ampliará las facultades del empleador para modificar modalidades de trabajo sin vulnerar derechos esenciales.
La propuesta también busca simplificar los mecanismos de sanción y apelación laboral. El trabajador podrá cuestionar una sanción dentro de los 30 días de notificada, con la intervención de la secretaría de Trabajo en caso de conflicto o verificación médica.
Indemnizaciones y licencias
Uno de los capítulos más debatidos es el de indemnizaciones, donde se permite a micro, pequeñas y medianas empresas pagar las sumas en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. Además, se limita el pacto de cuota litis en juicios laborales al 20%, y se fija una nueva fórmula para calcular los intereses, atados al IPC más una tasa pura del 3% anual.
En materia de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de 3 o 6 meses según la antigüedad, pero se amplían a 6 o 12 meses para quienes tengan carga de familia. El proyecto habilita además la verificación médica oficial a través del ministerio de Capital Humano, que podrá repetir estudios y sancionar irregularidades profesionales.
Vacaciones, beneficios sociales y trabajo digital
El texto flexibiliza el otorgamiento de vacaciones, que podrán fraccionarse en períodos mínimos de una semana, garantizando al menos un período en verano cada dos años. Los trabajadores que compartan vínculo matrimonial o familiar podrán solicitar vacaciones conjuntas.
También se redefine el concepto de beneficios sociales no remunerativos, incluyendo desde almuerzos y útiles escolares hasta el pago de telefonía móvil o internet para el trabajador y su familia. Estos beneficios no integrarán la remuneración, salvo excepciones expresas.
En paralelo, el proyecto autoriza la instrumentación electrónica de los recibos de sueldo, una medida alineada con la digitalización administrativa y la transparencia fiscal.
Incentivos al empleo y apoyo a las PyMEs
La iniciativa incorpora un sistema de bonos de crédito fiscal para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo en los primeros 18 meses de la ley. El beneficio será del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías, aplicable durante un año. Este incentivo busca impulsar la formalidad y el empleo privado, especialmente en sectores productivos con alta informalidad.
El oficialismo considera que esta reforma permitirá reducir la litigiosidad, aumentar la productividad y atraer inversiones en un contexto económico donde la competitividad es prioridad. “Se trata de institucionalizar un modelo económico moderno que equilibre los derechos del trabajador con la necesidad de crear empleo genuino”, sostienen desde el bloque de Romina Diez, acompañada por legisladores como Villaverde, Bornoroni, Llano, Lemoine, Espert, Mayoraz y Benegas Lynch, entre otros.
La reforma laboral 2025 promete convertirse en el nuevo eje del debate político y sindical en Argentina, en un escenario donde la generación de empleo formal y la reducción del costo laboral aparecen como los grandes desafíos del Gobierno.
Salarios “dinámicos”, más bajos que nunca
El gobierno de ultraderecha instaló la Reforma Laboral en el tramo final de la campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese contexto, el secretario de Trabajo Julio Cordero, hombre del Grupo Techint, anunció que trabajan en un proyecto de Reforma Laboral para flexibilizar los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) y correr el eje de la negociación a Convenios regionales o por empresa, un viejo anhelo de las patronales.
En el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el pasado miércoles 22 de octubre, que preside el ultraneoliberal Alberto “Bertie” Tiburcio Benegas Lynch tras la salida por sus vínculos narcos del también oficialista José Luis Espert, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, habló de la propuesta del Gobierno nacional para continuar flexibilizando el mercado laboral.
Mientras los diputados opositores criticaron la gestión gubernamental y señalaron las estadísticas de cierre de empresas, el incremento de la informalidad laboral, la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado en general y el industrial en particular, Cordero replicó que, como supuesta solución, “desde hace dos meses” su Secretaría trabaja en una Reforma Laboral que se buscará implementar en la segunda mitad de la administración de Milei.
Cordero dijo que la Secretaría que comanda “trabaja en los convenios por empresa, que permitirían una situación distinta porque podrían negociar con el sindicato si la paritaria nacional quedó muy por encima” y agregó que esa negociación, que según él determinadas empresas no pueden cubrir, “generan un diferencial salarial siempre hacia arriba”.
“Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando desde hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo. Como la inflación baja, ahora la negociación es otra cosa. Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, consideró, en su particular vision de la realidad.
¿Vuelven los tickets canasta?
Uno de los puntos más polémicos del proyecto de reforma laboral que trascendió es el posible regreso de los Ticket Canasta, un símbolo de la flexibilización laboral de los 90.
La iniciativa contempla que el empleador pueda pagar una parte del salario en prestaciones no dinerarias tales como vales de comida o canastas de alimentos, según el borrador publicado por La Nación.
El sistema aplicado en la presidencia de Carlos Saúl Menem era «no retributivo» por lo que los vales no eran contabilizados a la hora de calcular aportes jubilatorios ni aguinaldos, y además se dejaban de percibir durante las vacaciones y durante las licencias por enfermedad.
Y en caso de tener derecho a percibir una indemnización (ya sea por despido o por incapacidad) en su cálculo no se tomaba en consideración el valor de los tickets.
En la década del 90 se conocieron bajo distintas denominaciones como «Ticket Restaurant, Canasta, o Luncheon» y fueron establecidos por el artículo 103 bis de la ley de Contrato de Trabajo (LCT) que regulaba los «beneficios sociales no remunerativos».
El Congreso de la Nación derogó su utilización en 2007 mediante un proyecto de ley impulsado por el abogado laboralista Héctor Recalde.
En 2005, unas 5.000 empresas que operaban en el país incorporaron a los tickets como medio de pago, los percibía el 15% (1.500.000) de los trabajadores registrados y representaban el 13% de la remuneración.
En el uso cotidiano en aquellos años había un sistema de negocios y establecimientos comerciales que los recibía por su totalidad, por lo que no se podía dar vuelto en dinero. Los vales tenían una fecha de vencimiento para su utilización.
Así ante la existencia de eventuales diferencias había que optar por saldarlas en dinero en efectivo o en que esa diferencia quedará para el comercio.
En síntesis era un sistema que a veces provocaba muchos inconvenientes en su puesta en funcionamiento y que obviamente no lograba reemplazar con eficacia a la prestación dineraria.
Ahora con el nuevo proyecto de reforma laboral se despierta el mismo interrogante sobre esta polémica modalidad de pago.
Empresarios de la construcción piden pisar el acelerador
Luego de las elecciones de medio término, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar con tres importantes reformas en el plano laboral, impositivo y previsional. En este escenario, sectores vinculados al mundo gremial alzaron la voz advirtiendo posibles retrocesos en los derechos. En tanto, empresarios manifestaron optimismo sobre una modernización que consideran necesaria.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), aseguró que “sin entrar en los detalles finos” de las reformas que aún no se conocen, cree que “en términos generales” el país “tiene un serio problema laboral” con un 40 % de los trabajadores en la informalidad.
En tanto, sobre los otros dos frentes, introdujo: “Tenemos un problema grave con los impuestos que afectan a las industrias. Haciendo que el precio final sea mayor al que debería ser en condiciones de menor presión impositiva. Y el tema previsional es un tema en todo el mundo. La gente vive muchos años más y los trabajadores formales no pueden sostener”.
En este sentido, Weiss dijo: “Son temas que hay que debatir. Y bueno, se llegará a una solución de consenso entre todos los actores. Los trabajadores tienen que ser actores fundamentales de las discusiones”.
Ante la consulta de si la situación laboral no está más vinculada a la actualidad económica del país que al marco legislativo, el empresario respondió: “Si uno hace un análisis, vemos que Argentina fue paulatinamente incrementando sus problemas. No es un problema de este Gobierno, hablo de 50 años sin encontrar un camino de desarrollo sostenido”.
“De lo que yo tengo presente, el proceso de decadencia más profundo, fue el Rodrigazo. A partir de ahí, nunca más se encontró el rumbo. A partir de ahí, paulatinamente, se fue perdiendo el rumbo. Los factores son múltiples. En promedio, la situación fue en una caída permanente”.
Sin embargo, sobre la situación actual del sector, dijo: “La construcción tuvo una caída muy fuerte entre junio del 2023 y junio del 2024. A partir de ahí se estabilizó en un nivel 25 % inferior al 2023. Despedimos 125.000 trabajadores y se mantuvo estable. La actividad está estabilizada en una meseta baja”.
“No veo hoy que haya un cambio. La construcción se divide en pública y privada. La privada tiene que ver con la economía. Cuando la economía crece, la actividad anda bien. La obra pública depende de fondos del Gobierno. Cuando son más, también hay más”, afirmó.
Y terminó: “Si no hay un cambio de política económica que tienda a pensar más en desarrollos vinculados a la actividad económica, que el país crezca y se pueda volcar más dinero, vamos a seguir estables en niveles bajos”.
¿Cómo serán las vacaciones?
El proyecto de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo» impulsado por el Gobierno de Javier Milei, modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), incluyendo un cambio sustancial en cómo y cuándo se podrán tomar las vacaciones los empleados.
El artículo 10 del proyecto sustituye al artículo 154 de la LCT, estableciendo nuevas reglas para el otorgamiento del descanso anual.
Se podrán fraccionar: Este es el cambio más disruptivo. La ley permitirá que las vacaciones «se otorguen en forma fragmentada».
Período mínimo de una semana: El fraccionamiento no será totalmente libre. Los períodos de descanso no podrán ser «inferiores a UNA (1) semana».
En cualquier momento del año: El empleador tendrá mayor flexibilidad para definir las fechas, ya que «deberá conceder el goce de las vacaciones en cualquier momento del año».
Aviso con 21 días: La fecha de inicio de las vacaciones deberá ser comunicada por escrito al trabajador con una anticipación «no menor de VEINTIÚN (21) días».
Verano «cada dos períodos»: La ley mantiene una protección para el descanso en temporada alta, pero la flexibiliza. El empleador deberá garantizar al trabajador «el goce total de las mismas, por lo menos en una temporada de verano, cada DOS (2) períodos». Sin embargo, la ley aclara que esto será así, «salvo que el trabajador opte en contrario».
Parejas en la misma empresa: Este derecho se mantiene intacto. Si trabajadores casados o en unión familiar trabajan para el mismo empleador, «las vacaciones deben otorgarse en forma conjunta y simultánea cuando así lo requieran los trabajadores».
Un selecto grupo de empresas podrán pagar las indemnizaciones en 12 cuotas
El proyecto de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo» impulsado por el Gobierno de Javier Milei establece un beneficio exclusivo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): la posibilidad de pagar en cuotas las indemnizaciones u otras condenas monetarias derivadas de un juicio laboral.
El ARTÍCULO 17 del proyecto modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establece que solo las PyMEs que enfrenten una «sentencia judicial condenatoria» podrán acogerse al beneficio.
El beneficio consiste en la posibilidad de pagar el total de la sentencia en «hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales consecutivas».
El proyecto aclara que esas cuotas no serán fijas, sino que serán ajustadas. El mecanismo de ajuste será el establecido en el artículo 276 de la misma ley: el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del TRES POR CIENTO (3%) anual.
Esta medida no aplica para las grandes empresas, que deberán abonar las sentencias en un solo pago.
Milei buscará que la informalidad sea la nueva formalidad
Por Rodrigo Núñez
Ahora propulsado por las elecciones, Milei va por la legalización de condiciones laborales que el mercado ya aplica en el amplio universo de la informalidad, donde buena parte de su base electoral, la juventud, ya se desempeña hace años.
La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales motoriza la reforma laboral que el presidente Javier Milei buscará imponer en el Congreso y cuyas bases apuntan a que el nuevo empleo registrado se parezca lo más posible a la informalidad en sus formas actuales. Bajo el espíritu de una negociación libre ficticia entre las partes, la nueva legislación es regresiva sobre los derechos adquiridos de los trabajadores registrados y de quienes formarán parte del mercado de trabajo hacia adelante.
La informalidad laboral es uno de los principales problemas del mercado laboral. La tasa de informalidad laboral en Argentina escaló al 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), lo que significa que cuatro de cada diez trabajadores operan fuera del marco legal en materia laboral, impositiva o de seguridad social. Este indicador representa un aumento interanual de 1,6 puntos porcentuales y marca el nivel más elevado desde 2008, con la excepción del segundo trimestre de 2022.
El camino para que este universo de trabajadores se ubique en el umbral registrado no sería el tradicional, que implica encuadrarlos correctamente bajo una relación de dependencia y, de este modo, reconocerles el conjunto de derechos que son propios de esa relación (salario definido por paritarias, protección contra el despido arbitrario, aguinaldo, licencias o vacaciones pagas). Por el contrario, la reforma de Milei busca legalizar la situación de esos trabajadores a través del monotributo.
En consecuencia, se empezaría a considerar que un trabajador está correctamente registrado si, en lugar de percibir un recibo de sueldo, todos los meses emite su factura como monotributista. Se celebraría entonces la reducción de la informalidad, pero se consolidará la situación precaria de los empleados en las empresas más chicas, que ya no tendrían ninguna herramienta legal para obtener el reconocimiento de sus derechos. Además, aquellos trabajadores que están correctamente registrados en unidades de hasta cinco empleados podrían ser despedidos y recontratados como independientes.
Adicionalmente, la reforma también incluye beneficios que se extienden a las empresas de mayor tamaño. En efecto, se reducirían las sanciones para quienes contratan de manera informal, dado que con la aprobación de esta norma ya no estarían obligados a pagar una indemnización agravada a los trabajadores.
La trampa de la informalidad como pretexto
El alto nivel de informalidad, que Milei profundizó, es el pretexto que utiliza el Gobierno para fundamentar que la legislación actual es la que frena la registración de los trabajadores. Pero a las empresas no las asfixian las leyes, las asfixia la crisis. Un empleador no contrata o deja de contratar trabajadores por las características del marco normativo sino en función de la situación económica.
De acuerdo a un documento del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, los mercados de trabajo más flexibles no son los que generan más empleo, son los más inestables. Promueven relaciones laborales a corto plazo, con altos niveles de rotación y con altos niveles de imprevisibilidad para los trabajadores.
«El mercado laboral en nuestro país acarrea serios inconvenientes y precisa de transformaciones urgentes. Sin embargo, los contenidos de la reforma no permitirán solucionar los problemas. Ni tampoco modernizan el marco normativo, sino que lo retrotraen a situaciones previas (de los ’90, de los ’70 y, en algunos casos, de comienzos del siglo XX)«, remarcó el texto. Y profundizó: «Un mundo del trabajo con menos derechos no le abre la puerta a los informales para que entren. Es un mundo que diluye los límites entre la formalidad y la informalidad, y que va a provocar que el sector formal se parezca cada vez al informal«.
La nueva formalidad que quiere Milei
Aún sin detalles, las propuestas que deslizó La Libertad Avanza desde que instaló la idea de una reforma laboral se asemejan a otros intentos del pasado. Una de las más controversiales es la eliminación de todas las multas por trabajo, que, al contrario de lo buscado, aumenta la litigiosidad: ante la falta de sanción, la Justicia puede ordenar el pago de todos los salarios adeudados y no registrados. Se inspira en el modelo anterior a 1991.
También se plantea la duplicación del período de prueba (despido sin indemnización) de tres a seis meses para todas las relaciones laborales. La medida favorece la alta rotación, sobre todo en actividades con alta participación de los jóvenes. Se inspira en la Ley de reforma laboral de 2000.
Por otra parte, a través de acuerdo colectivo, los sectores podrían utilizar el fondo de cese para pagar la indemnización por despido. Otros proyectos del panoficialismo buscaban imponer este sistema, que incrementa sustancialmente los costos laborales fijos de los empleadores y crea cajas de administración de recursos, a todas las actividades. Se inspira en el modelo de la industria de la construcción de 1967.
Otra ventaja en favor de la patronal permitiría a los empleadores no usuarios (empresas tercerizadas) de las relaciones de trabajo a registrar los contratos laborales de las empresas usuarias. Esto limita la responsabilidad de las empresas no usuarias y favorece la tercerización laboral, especialmente la fraudulenta. Se inspira en el modelo de 1976.
Bajo el concepto del emprendedurismo, se crearía la figura del trabajador independiente con colaboradores. Es decir, independientes (hoy empleadores) que contratan hasta cinco trabajadores (hoy empleados) como independientes. Así, se legalizaría la contratación laboral informal en microempresas. Es un modelo anterior a las leyes laborales del siglo XX.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, ya avisó cómo se llegarían a definir los aumentos salariales: «Necesitamos encontrar, en cada actividad, elementos objetivos que muestren la eficiencia de cada trabajador. Se necesita un salario que se incremente de manera dinámica, que haya un incremento salarial que permita beneficiar en una porción al trabajador que le pone más entusiasmo, e incrementarlo mucho más al que da todo de sí por distintas razones». Es decir, sueldos por productividad sin fundamentos objetivos.
Ahora propulsado por las elecciones, Milei va por la legalización de condiciones laborales que el mercado ya aplica en el amplio universo de la informalidad, donde buena parte de su base electoral, la juventud, ya se desempeña hace años.
Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Perfil, Página/12, El Ciudadano, Resumen Latinoamericano, El Destape
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