Milei y Bullrich vienen por los derechos laborales

«Hoy no tengo dudas, y lo digo porque lo veo en mis nietos. Como decimos los catamarqueños, creo que gana en primera vuelta y sin chicote (látigo)», dijo en una entrevista.

«Creo que Milei de acá a octubre está cambiando, la gente que se acerca es gente muy capaz, con experiencia y que sabe. Indudablemente, tendrá que armar los equipos que lo acompañen, pero creo que él tiene hoy una gran responsabilidad y la va a tener, si es presidente, de dialogar con todos», agregó. 

El contenido de la plataforma habla por sí solo: Prohibir el derecho a huelga de los estatales y limitarlo en la actividad privada. Prohibir cortes de calles y rutas. Eliminar indemnizaciones. Flexibilización laboral. Los aportes patronales, pasan a ser aportes de los trabajadores. Sindicatos por empresa. Cierre de las obras sociales sindicales. Jubilación para mujeres a los 65 años. No actualización de jubilaciones. No jubilación sin 30 años de aportes.

En el capítulo “Reforma Laboral” afirma:

“Restituir los valores republicanos en el quehacer político exige una eliminación de la capacidad de extorsión del aparato sindical a través de las huelgas generales y de la ocupación de los espacios públicos. Esta anomalía también se aplica al comportamiento de los representantes de los trabajadores informales y los desempleados.”

“Limitar el derecho de huelga en cualquier actividad, previendo etapas previas de conciliación entre las partes. La ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales que violen las instancias legales con huelgas salvajes u otros medios extorsivos. En cualquier caso, los días de huelgas no serán pagos.”

“Los empleados estatales y de servicios esenciales privatizados, no tendrán derecho a la huelga y la ley preverá la inhabilitación y multa para los dirigentes sindicales estatales que violen las instancias legales con huelgas salvajes.”

“La reforma debe focalizarse principalmente (aunque no exclusivamente) en la modificación de cuatro leyes: Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo (1953), Ley 18.610 de Obras Sociales (1970), Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (1974) y Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales (1988).”

“Se eliminará el régimen de indemnizaciones sin justa causa y se lo reemplazará por un seguro de desempleo.”

“Se flexibilizarán los plazos y modos de contratación; se reconocerá el carácter multifuncional, multiprofesional y polivalente de las tareas; se permitirá una movilidad funcional y de localización”

“Las contribuciones patronales serán eliminadas y reemplazadas en lo inmediato por un aumento de igual recaudación de las contribuciones personales.”

“Una nueva ley democratizará el movimiento sindical, eliminando el unicato, la afiliación obligatoria y la falta de democracia, prohibiendo en este sentido las reelecciones continuas de los representantes, reduciendo la reelección a un máximo de dos mandatos continuos o tres alternados.”

“Se terminará con la figura del sindicato único con poder de centralizar todas las negociaciones de una determinada rama de actividad. Los trabajadores tendrán libertad para afiliarse al sindicato que mejor los represente.”

“Las negociaciones salariales y de condiciones laborales se harán a nivel de empresa. Los convenios colectivos de nivel inferior prevalecerán por sobre los de otro nivel superior sin necesidad de homologación previa. Los delegados sindicales en la empresa tendrán todos los poderes para la realización de negociaciones autónomas, sin injerencias ni directivas del sindicato.”

“La injerencia del sindicalismo en la gestión de la Salud de los afiliados gremiales es una anomalía sin precedentes en el mundo que debe ser terminada, liberando a los afiliados a contratar libremente un seguro de salud, individual o colectivo, ofrecido por el Estado o por prestadores privados”

En el Capítulo “Reforma Previsional”:

“Nadie tendrá derecho en el futuro a recibir una jubilación, por más pequeña que sea, si no ha realizado aportes por un valor actuarial acorde al monto de la jubilación.”

“Con respecto a las jubilaciones ya otorgadas, esta ley de emergencia y quiebra autorizará al Poder Ejecutivo a morigerar las indexaciones automáticas de haberes, fijadas por leyes preexistentes o reguladas por instancias judiciales, hasta que se restituya el equilibrio financiero del sistema.”

“Los beneficios serán concedidos a partir de los 65 años tanto para hombres como para mujeres, pero los aportantes podrán optar por postergar la fecha de la jubilación a su voluntad,”

Mas allá de lo que Barrionuevo y Milei hablen en privado, está claro que destruir el modelo sindical vigente es un objetivo perseguido por las patronales durante décadas.

También Gerardo “Batallón 601” Martínez de la Uocra se reunió con Milei

Fue 1° de setiembre. La conversación reservada que mantuvieron en las últimas horas Javier Milei con Gerardo Martínez, el líder de la Uocra, generó rápidas consecuencias en la CGT, con dirigentes que salieron a desmarcarse del proyecto libertario y elevaron críticas. Hubo dos nombres que entraron en escena: el de José Luis Lingeri, el referente de Obras Sanitarias, y Pablo Moyano, de Camioneros, a pesar de que Martínez aclaró que fue a título personal y no en nombre de la CGT.

Al respecto, Moyano sostuvo: “Ni loco me reuniría con un personaje que permanentemente ataca a los trabajadores, a las organizaciones gremiales, su candidata a vicepresidenta, reivindica a la dictadura militar, la privatización de empresas del Estado, cerrar ministerios. Yo me desligo de esas reuniones. No tengo nada que ver con ese espacio y no me juntaría nunca”, lanzó.

Horas después, Lingeri, un peso pesado de la Central, también aprovechó el momento para dejar claro que con el diputado nacional de LLA solo puede existir distancia.

Aprovechando una declaración polémica de Milei en torno a la contaminación del agua, el dirigente sindical comentó que no se pueden privatizar los servicios públicos como pretende el libertario. Fue la primera crítica explícita al candidato.

“Durante la privatización, solo se amplió el servicio a quienes podían pagar, excluyendo a los sectores vulnerables y desfavorecidos. El agua es un derecho y no una mercancía. Es nuestro deber, como trabajadoras y trabajadores sanitarios, defender ese derecho de la gente. Vamos a cuidar el agua”, dijo.

“Quería interiorizarse de primera mano cómo es el sistema (de indemnizaciones) de la construcción”, explicó Martínez. 

La reunión con el candidato a presidente de La Libertad Avanza sorprendió porque Martínez impulsa la postulación de Sergio Massa. 

Según reveló el gremialista Milei le dejó en claro que “no quiere hacer una reforma laboral». «No es el capítulo que más le interesa; lo que más le interesa es el tema de la macroeconomía y cómo bajar los índices de inflación”, agregó.

Consultado sobre las razones del encuentro, Martínez aseguró que se trató de “una reunión más de las que puedo tener porque hablo con todo el mundo” y aclaró que no modificó su posicionamiento político: “Yo estoy con Sergio Massa y creo que va a ser el candidato que va a ganar las elecciones”.

El sindicalismo peronista: Panqueques o ratas que abandonan el barco

Wado de Pedro lo tuvo como impulsor de su precandidatura presidencial de Unión por la Patria. El sindicalista menemista lo llenó de elogios. Pero en menos de dos meses parece que se cambió de lado. Dijo que “Milei me gusta cada día más” y que “puede ganar en primera vuelta”.

A fines de mayo, Wado de Pedro había lanzado su candidatura presidencial, alentado por Cristina Kirchner. Uno de los primeros en apoyarlo sorprendió a muchos: el sindicalista menemista y millonario Luis Barrionuevo. Fue en el Congreso de Gastronómicos.

Ese día dijo que “es lo mejor y tiene una conciencia de país y de lo que significa lo que es el petróleo, el gas, el campo, la minería, la ganadería, el litio, el oro». Extractivismo a pleno. Wado sonreía. Y Barrionuevo siguió: «en este país necesitamos políticos que piensen en el país y es por eso que vamos a tener la satisfacción y el lujo de tenerlo en el cierre de nuestro congreso al futuro presidente de los argentinos». Aplausos.

Al final Cristina arregló con Massa y Alberto y Wado no fue candidato. Pero Barrionuevo buscó otro candidato. Y parece que lo encontró.

“¿Miedo a Milei? No, cada vez simpatizo más con Milei”, dijo en su llegada a Catamarca. Y cantó retruco: “Creo que va a ganar en primera vuelta”.

Barrionuevo hizo lo de toda su vida: poner fichas en distintas canastas, para estar siempre cerca del poder. Hay otros que dicen que es un emisario de la CGT para negociar con Milei si gana.

No tendría que sorprender tanto la jugada del gastronómico. Fue el principal aliado de Menem en el sindicalismo peronista. Desde la CGT convalidó la flexibilización laboral, las privatizaciones, los despidos y el ajuste. Si Milei ya sumó a parte del equipo económico de Menem (Fernández, Rodríguez, Mondino), puede querer tirar puentes con sectores del peronismo sindical. No nos olvidemos que Gerardo Martínez, los Daer, Cavalieri, Rodríguez y muchos de los actuales dirigentes cegetistas también apoyaron aquel gobierno neoliberal.

Milei apunta a una profunda reforma laboral

Por Alejandro Di Biasi

El candidato de La Libertad Avanza ya adelantó que eliminará el Ministerio de Trabajo y anticipó detalles de su reforma laboral. Tensión en el sindicalismo.

Aunque siga cantando “la casta tiene miedo”, Javier Milei entró en la segunda etapa de la campaña electoral en modo “estadista”, moderando el discurso y con la premisa de calmar a clanes empresariales y, sobre todo, gremiales. Después de su triunfo en las PASO, su celular y el de sus colaboradores más cercanos comenzaron a recibir llamados de sindicalistas ansiosos de conocer sus planes laborales. Pero al mismo tiempo recibió el mensaje de los dirigentes más combativos, en una virtual declaración de guerra si intenta avanzar en una reforma laboral.

En su plataforma, el candidato de La Libertad Avanza propone reducir las cargas patronales y los impuestos al trabajador, promover la libertad de afiliación sindical, limitar los mandatos sindicales y achicar la administración pública con la oferta de retiros voluntarios. Además, pretende limitar el derecho a huelga, declarando servicios esenciales al transporte y la educación, prohibiendo las medidas de fuerza de los gremios estatales.

Algunas de esas medidas son prácticamente impracticables, tanto por el grado de conflictividad que podrían acarrear como la ruptura de la Constitución Nacional; o necesitarían de una ley aprobada por el Congreso. En cuanto al dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), podría generar una serie de reclamos ante la justicia.

Enamorado del fondo de desempleo que rige en el gremio de la Construcción

Lo concreto es que Milei está “enamorado” del fondo de desempleo que tiene la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (UOCRA) con las Cámaras empresariales donde no se pagan indemnizaciones tradicionales como en el resto de las actividades.

Dicho fondo funciona con depósitos que realiza el empleador de manera mensual que salen del salario del trabajador. Este dinero se acumula en una cuenta bancaria que genera intereses, que es inembargable y que también es de libre disponibilidad por parte del beneficiario.

Los depósitos son del 12 % del salario mensual durante el primer año de la relación laboral y el 8 % a partir del segundo año. Algo por lo que se diferencia del pago de un monto cuando se rompe la relación laboral tal como marca la ley en los empleos registrados.

Para el libertario, esta “modernización laboral” permitirá que “los 8.000.000 de argentinos que se encuentran fuera del sistema puedan incorporarse al mismo, con todos los beneficios que ello implica”. Remarca que “la regulación laboral argentina es arcaica, y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo”.

Milei pretende, además, que en esta estructura de pagos anticipados para generar el fondo, se puedan incorporar compañías privadas de seguros, aunque no especificó cómo. Y detalle no menor: para que este modelo se aplique, deberá estar formalizado en el Convenio colectivo de trabajo de cada actividad como sucedió con la UOCRA y los empresarios.

Flexibilización de los contratos y reforma sin ministerio de Trabajo

Asimismo, propone que “la estandarización de los contratos laborales deberá ser muy flexibilizada para adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos y maximizar la productividad para poder competir en el mundo globalizado”.

Abogados laboralistas con vínculos en distintos gremios coincidieron ante que “el problema no es la legislación laboral; ya que con estas leyes se están recuperando los puestos que se perdieron durante la gestión de Juntos por el Cambio” y explicaron que “las distorsiones vienen porque además se está creando empleo no registrado (como en el caso de las aplicaciones) y el salario pierde ante un proceso inflacionario calamitoso”. Añadieron que “los cambios tecnológicos se tienen en cuenta en las discusiones de los convenios colectivos” y como ejemplo pusieron la Ley de Teletrabajo.

Milei insiste en que si llega a ser Presidente sí o sí hará una reforma ministerial, donde Trabajo pasaría a ser secretaría, junto con Educación, Salud y Desarrollo Social, en una especie de súper cartera denominada “Capital Humano”, comandada por Sandra Pettovello, quien carece de relaciones tanto con los sindicalistas como los movimientos sociales y menos aún con el empresariado, aunque también está recibiendo llamadas para tender canales de comunicación.

Elogios de Barrionuevo y reunión con Martínez: ¿pacto de gobernabilidad?

Mientras tanto, Milei recibe elogios del secretario General del gremio Gastronómico, Luis Barrionuevo, y blanquea un encuentro con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, que provocó malestar en el movimiento obrero en general y en ciertos dirigentes de la mesa chica de la CGT, quienes prefirieron no hacer comentarios al respecto.

El giro del líder de LLA fue en torno a las reelecciones indefinidas en los sindicatos. Al respecto, señaló que “es un problema de los trabajadores” y advirtió que no se metería en el tema en caso de llegar a ser Presidente. Amplió: “Yo lo que digo es que en los políticos también tenés eso. Tenés a Gildo Insfrán, tenés a la familia Posse. Entonces, será una cuestión que tendrán que resolver ellos internamente de por qué esto funciona así”.

Agregó que “es un problema que tienen que resolver los sindicalistas, no tengo por qué estar rompiendo yo una institución”, y añadió que “hay un montón de políticos que están hace un montón de años, Bullrich debe llevar como 30 años en el Estado”. Subrayó que “todo el sistema está podrido, entonces miremos todo. Hay partes en las que sí podés intervenir y partes en las que no. Esto es un problema que tendrán que encontrar la solución los trabajadores, no es algo en lo que yo me tengo que meter a estar rompiendo”.

Conocido el encuentro con Milei, Martínez aclaró que sigue apoyando la candidatura presidencial de Sergio Massa y que lo dejó en claro en la reunión, para luego afirmar que Milei “no quiere hacer reforma laboral, no es el capítulo que más le interesa” y planteó que “quería interiorizarse de primera mano cómo es el sistema (de indemnizaciones) de la construcción”.

El titular de la UOCRA manifestó: “Lo que me preocupa del resultado (de las PASO) es cómo garantizamos las tres ‘g’: gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Me parece que es muy endeble, débil, la estructura de este candidato”.

Barrionuevo, por su parte, sostuvo que Milei gana “en primera vuelta” y planteó que deben ayudarlo en caso de que sea presidente, una declaración elogiada por Milei. Manifestó que “las leyes tienen que salir, hay que acompañar porque vivimos en democracia. Así se acompañó a Mauricio Macri y a los distintos gobiernos. Si gana, va a tener minoría en ambas Cámaras y va a tener que dialogar con todo el mundo”. Al respecto, el candidato respondió: “Es interesante lo que dice por todo eso que alientan de la no gobernabilidad. Muestra una posición absolutamente componedora y conciliadora y muy lejos de lo que proponen el Gobierno y Juntos por el Cambio en términos de ser bastantes golpistas”.

Pablo Moyano: “Saldremos a la calle contra cualquier reforma laboral”

Quien se ubica en la vereda de enfrente de estos dos sindicalistas es uno de los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano, que advirtió que ningún encuentro de este tipo es a nombre de la central obrera. Anunció que “los trabajadores vamos a salir a la calle a luchar contra cualquier proyecto de reforma laboral” y subrayó que “vamos a seguir militando para impedir que esta derecha reaccionaria vuelva a gobernar”.

Sostuvo que no tiene claro si Milei es un “showman”, pero alertó que “de ser verdad todo lo que dice, se tratan de medidas anti-obreras” y que no difieren de la postura de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Remarcó que “obviamente que rechazamos las recientes propuestas económicas de Milei, que incluyen una reforma laboral drástica con la eliminación de la indemnización, la caída de los convenios colectivos de trabajo y la quita de la personería gremial como también lo prometió la señora Bullrich” e indicó que su gremio convocó “a plenarios y asambleas con el objetivo de informar y explicar a los trabajadores y trabajadoras por qué es crucial seguir apoyando a un gobierno peronista”.

Fuente: iProfesional

Bullrich propone volver al núcleo flexibilizador de la ley “Banelco”

Por Mariano Martín

Fin de la vigencia de los convenios colectivos, descentralización de las negociaciones y baja en las cargas patronales, entre los planteos de la candidata.

La reforma laboral que impulsa la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich reproduce, en al menos tres de sus ejes centrales, el objetivo flexibilizador contenido en la ley 25.250 que sancionó en 2000 el gobierno de Fernando de la Rúa con un escándalo institucional que derivó en la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez.

Es que al igual que las propuestas de Bullrich, la norma denominada “Banelco” por las sospechas de haber sido facilitada mediante el pago de supuestos sobornos a senadores peronistas, se basaba en el fin de la ultraactividad (la garantía de vigencia de los Convenios de trabajo más allá de su vencimiento formal), la descentralización de las negociaciones colectivas y la reducción de las cargas patronales, entre otros puntos.

El corazón de la iniciativa laboral de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri -y de Trabajo de De la Rúa- lo expuso la propia postulante esta semana en la exposición de la Sociedad Rural en Palermo. En apenas cinco minutos enumeró varios de los ítems coincidentes con la ley que signó el fin de la Alianza en 2000 y abrió un período de desgaste político y represión de las protestas que desembocó en diciembre del año siguiente en la renuncia de aquel gobierno.

Bullrich, además, le añadió otros tópicos no incluidos en aquella norma, pero siempre presentes en el menú de reformas laborales de sesgo antisindical y orientadas a eliminar barreras de protección a los trabajadores. Entre ellos, y coincidentemente con la idea de su competidor en la interna de JXC, Horacio Rodríguez Larreta, planteó la necesidad de “desarmar el sistema de judicialización” laboral, así como “las multas y las tasas de interés que son imposibles” en alusión a las penalidades que se aplican contra los empleadores fuera de norma. También sugirió poner un tope de seis sueldos a la indemnización por despido y extender a otros rubros la modalidad de pago por cese de obra vigente en el gremio de la construcción (Uocra).

Un punto central mencionado por la precandidata fue “terminar con las leyes del 75” en aparente alusión a la mayoría de los Convenios colectivos vigentes desde aquel año, así como con “un sistema vetusto y con el poder de una negociación teniendo la ultraactividad que impide modernizar los Convenios colectivos”.

La ultraactividad es una cláusula que mantiene en vigencia un acuerdo de partes (empleadores y sindicatos) hasta la firma de uno nuevo, y su eventual cese implica la caducidad automática de cualquier mejora en un vínculo laboral con respecto al piso de derechos establecidos en la ley de Contrato de Trabajo. En una negociación salarial implicaría, por caso, la caída de las escalas y la remisión de todos los ingresos a los valores pautados en el salario mínimo, vital y móvil.

La denominada “ley Banelco” establecía en su artículo octavo: “Las partes pueden establecer distintas fechas de vencimiento para las cláusulas del convenio e inclusive otorgarles ultraactividad. Si no ejercieren esa facultad ni hubiere entrado a regir un nuevo convenio, las cláusulas de aquél perderán vigencia en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que una de las partes hubiere denunciado formalmente el convenio”. Es previsible el destino de un Convenio colectivo si una Cámara empresaria tiene resuelto perforar el piso de derechos consagrado y cuenta con un gobierno afín a sus demandas.

Ley “Banelco”: cómo serían las discusiones laborales

En otro tramo Bullrich se refirió a la posibilidad de que las Convenciones colectivas de trabajo se discutan no sólo a nivel nacional, entre las Cámaras patronales de una actividad y el sindicato más representativo de ese rubro, sino “por región o por empresa”. En su artículo 2, la ley 25.250 ponía en un pie de igualdad los convenios “nacional, regional o de otro ámbito territorial” con los de carácter “intersectorial o marco”, los “de actividad”, los “de profesión, oficio o categoría” y los firmados “por empresa o grupo de empresas”. Se trata de un afán histórico de las representaciones patronales de la Argentina de habilitar discusiones de menor escala que la nacional para privar a las representaciones gremiales de un piso de derechos mínimos desde el cual cada unidad de negociaciones pueda pactar mejores condiciones.

La postulante también mencionó la necesidad de “una baja en las cargas sociales y una ley pyme para los que tengan baja cantidad de empleados” de modo tal de fijar “un mínimo no imponible sobre la masa salarial de los trabajadores para que la carga impacte menos sobre la actividad”. El artículo segundo de la “Banelco” mencionaba explícitamente la posibilidad de una rebaja en las contribuciones a la seguridad social para las empresas que produjeran “un incremento neto en su nómina de trabajadores contratados por tiempo indeterminado”.

El abogado laboralista Héctor Recalde, protagonista como asesor de la CGT de las mayores protestas contra la ley 25.250 y luego de su derogación como presidente de la Comisión de Legislación Laboral de Diputados durante el kirchnerismo, le dijo a Tiempo Argentino que “es muy triste que se quiera volver a los contratos basura” y dijo en cambio que Bullrich “debería preocuparse para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas”.

Por su parte, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, apuntó: “la preeminencia de los Convenios colectivos por empresa es un viejo anhelo empresario, porque cuanto menor es el nivel de la negociación, menor es la fuerza de los trabajadores. Por eso nuestro sistema prevé un convenio por actividad como piso, que sólo puede superarse -y no perforarse- mediante negociaciones a nivel de empresas”.

El macrismo quiere terminar con los derechos laborales

Conversamos con Verónica Quinteros y Fernando Almejún, compañeros abogados de Liberpueblo, sobre los proyectos del macrismo de “reforma laboral”.

Quinteros comienza diciendo: “Si hablamos de los candidatos de Juntos por el Cambio, en este aspecto lo que tienen son matices de diferencias. Los dos proponen reforma laboral. Cuando se habla de reforma laboral, siempre lo hacen las clases dominantes. Los trabajadores nunca hablan de reforma laboral”.

“Desde la dictadura de 1976 para acá las reformas siempre han sido en perjuicio de los trabajadores, no hubo una sola reforma a favor. Hubo, en algunos períodos, la recuperación de algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo del 74. Cuando hablamos de reforma laboral hablamos de quita de derechos”.

“A grandes rasgos, ellos tienen dos ofensivas. Una sobre los derechos individuales, es decir dejar sin efecto muchos de los de los derechos que están en la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo, en cuanto a la indemnización por despido. En la Argentina hay un sistema en donde podés despedir a alguien pagándole una indemnización, lo podés despedir sin causa y eso es una cuestión que se ha discutido mucho en cuando se hizo la Ley de Contrato de Trabajo de 1974, en un contexto de pleno empleo. Se le daba mucho valor a lo que regulaban los sindicatos en la negociación colectiva. Muchos Convenios colectivos de trabajo preveían la estabilidad. Luego vino toda la ofensiva patronal con la dictadura y esto se perdió, y quedó la Ley de Contrato de Trabajo con un sistema que permite el despido sin causa”.

“¿A qué quieren ir el sector de Bullrich, y también el de Larreta, aunque tienen matices? Quieren establecer un ‘fondo de cese laboral’, es decir un sistema similar al que tiene el gremio de la construcción. Sin indemnización por despido. Que haya una cuenta en donde se va depositando una suma de dinero y que al final de la relación de trabajo, o sea, cuando quiera el empleador, vos te vayas con ese fondo”.

“Otro de los grandes temas de los proyectos macristas es, con la excusa de la gran informalidad del mercado de trabajo en nuestro país, desmantelar el sistema actual de multas, lo que los abogados llamamos ‘indemnización agravada’, por el que el empleador, si despide a un trabajador que está sin la debida registración laboral tiene que pagarle más dinero. Ya hubo experiencias similares en la Argentina, que no generaron ningún puesto de trabajo”.

“Plantean la falsa contradicción de que el problema de que haya poco empleo, o de la informalidad tiene que ver con las leyes laborales y no con las políticas económicas. Ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo el desmantelamiento del derecho al trabajo generó más empleo. Esto está estudiado. No hay un solo caso un solo país en donde a menor derecho, más empleo”.

“Esta reforma tiene otro aspecto, que es extender el período de prueba a un año, en el que el trabajador no tendría ningún tipo de indemnización en caso de despido”.

Quieren desmantelar el sindicalismo

“El gran objetivo que tienen estos sectores, si vuelven a ser gobierno, es desmantelar el sindicalismo en la Argentina. Desmantelar todas las leyes colectivas de trabajo. Porque hoy el movimiento sindical argentino tiene tres patas: ser reconocidos como sujeto de derecho, lo que tiene mucha importancia en las leyes, desde la Constitución hasta la Ley de Asociaciones Sindicales, que le da un poder muy importante, para la huelga y para la negociación colectiva. Los trabajadores, a través de la negociación colectiva, pueden generar leyes, y pueden recuperar una parte de la plusvalía”.

“Tienen como objetivo desmantelar la huelga como derecho de las y los trabajadores. Para eso vienen implementando lo que llamamos criminalización de la protesta social, es decir que los problemas de los trabajadores no se resuelvan en instancias laborales sino penales. Y de ese modo desmantelar a las direcciones e imposibilitar que los trabajadores y las trabajadoras tengan direcciones en el conflicto”.

“Por ejemplo, Patricia Bullrich hace campaña con haber metido presos a dos dirigentes del gremio de Camioneros en San Nicolás. Quieren que la organización de los trabajadores sea ilegal, como pasaba hace 200 o 300 años atrás. Para ellos, la coalición de trabajadores es por sí peligrosa, con lo cual pasás de ser un sujeto derecho a ser un sujeto delictivo. Quieren eliminar lo que se logró con mucha lucha”.

“En este sentido, está la experiencia de un sector del empresariado que armó una organización que se jacta de perseguir a los sindicalistas, el ‘Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB)’, a los que la Inspección General de Justicia les rechazó la personería jurídica porque consideró que tiene un objeto ilícito. Este MEAB dice abiertamente que uno de sus objetivos es iniciar denuncias penales ante una huelga, es decir perseguir al que lucha, al que ejerce el derecho de huelga”.

“Esto viene de la historia, y en las clases damos ejemplos de la etapa en la que estaban prohibidas las huelgas, con leyes y edictos que vienen de la Revolución Francesa, que prohibían la asociación gremial con el argumento de que el empresario y el trabajador son iguales ante la ley, y si los trabajadores se asocian hacen competencia desleal. Efectivamente, para los intereses de los patrones esta asociación era peligrosa, era un delito. Hoy quieren volver a esto. Retroceder 200 años atrás”.

“Cuanto más débil es la organización sindical, menos posibilidades tienen las y los trabajadores de reclamar”

“Quieren desmantelar el derecho colectivo del trabajo, que es el único que garantiza los derechos individuales del trabajador”, asegura la abogada de Liberpueblo. “Cuanto más débil es la organización sindical, menos posibilidades tienen las y los trabajadores de reclamar que se respeten los horarios y condiciones de trabajo, pelear por aumento salarial, etc.”.

Verónica nos decía que, en lo que hace a los trabajadores rurales y a las empleadas en casas de familia “arrancamos de más atrás con relación a sus derechos. Si bien no tenemos los derechos conquistados por los trabajadores de los grandes gremios industriales, Argentina tiene estatutos para estos sectores que reconocen derechos que tienen en pocas partes del mundo. En países como Honduras, a las empleadas domésticas hasta les cambian el nombre. En los sectores agrarios hubo experiencias muy combativas en otros momentos, y hoy sus direcciones no lo son, por eso también pierden derechos”.

Almejún agrega que “hay un tema con la justicia del trabajo. Si bien el 95% de los casos judiciales que llegan son despidos, y ya estás fuera de la puja distributiva, quieren que la justicia del trabajo sea palabra muerta. Las grandes empresas están estirando los juicios laborales, que en promedio duran cinco años, y no quieren pagar intereses sobre los montos indemnizatorios. Ni siquiera quieren pagar las actualizaciones. Es parte del objetivo de desmantelar la justicia del trabajo, que fue una conquista de los trabajadores”.

Verónica recuerda que cuando se crea la justicia del trabajo, en tiempos del primer gobierno de Perón, “la Corte Suprema no les quiso tomar juramento a los jueces porque los consideraba un fuero inferior”.

La reforma laboral siempre ha sido un objetivo de las clases dominantes

Quinteros afirma que “tanto la reforma laboral como el desmantelamiento de la representación sindical ha sido un objetivo permanente de las clases dominantes. Esto se ve en lo salvaje que fue la dictadura con los trabajadores y sus representantes. Siempre las clases dominantes necesitan eliminar derechos, y esto depende de la correlación de fuerzas, y los auges de lucha en cada momento. Argentina, por lo que fue el peronismo en materia de derechos laborales, es muy de avanzada, con relación a las normas conquistadas.

“Hoy están decididos en avanzar contra estos derechos, y lo dicen abiertamente entendiendo que hay un contexto mundial que los favorece y mucho. Por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, en la que nosotros no creemos mucho, pero sirve para medir la temperatura de cómo viene la discusión en el mundo del trabajo, el sector empresarial viene planteando que la huelga no es un derecho reconocido por el “Convenio 87”. Es decir que hay un contexto internacional para esta embestida contra los derechos laborales.

“Para las clases dominantes es un problema que los trabajadores estén organizados, porque está claro que las y los trabajadores son los que generan la riqueza.

“Estos sectores vienen con el objetivo de desmantelar todos los derechos. Algunos te dicen que para qué te horrorizás tanto, si vivimos con una inflación que no se aguanta, hay despidos de hecho, una informalidad laboral del 50%, etc. A las clases dominantes no les alcanza con eso. Tienen que modificar el derecho. Con la dictadura a la Ley de Contrato de Trabajo se le sacaron aproximadamente 99 artículos de los más importantes. Hoy, más de cuarenta años después, no los pudimos recuperar todos.

“Y en estas elecciones, además de la presidencia, están en juego muchas bancas en el Congreso. Si el macrismo consigue un resultado muy favorable, por lo que se ve en algunas elecciones provinciales, podrían tener mayoría y avanzar con estos objetivos”, alerta Quinteros.

Fuente: Hoy N°1971 26/07/2023

JxC quiere suspender la ultraactividad: «se juegan derechos de millones de trabajadores»

Por Luis Campos (coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma) *.

El equipo de Juntos por el Cambio va precisando lo que entiende por Reforma Laboral. Esta vez fue Dante Sica, asesor de Patricia Bullrich. El eje fue la suspensión de la ultraactividad. Un concepto técnico en el que se juegan derechos de varios millones de trabajadores.

¿Qué es la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo? Básicamente un principio por el cual un CCT mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Hoy está consagrado en el art. 6 de la ley 14.250.

¿Por qué es importante la ultraactividad? Los CCT solo pueden reconocer mayores derechos que los establecidos en la ley (más vacaciones o licencias, menos jornada, más delegados, etc.). Si el CCT se cae, volvemos a los pisos establecidos en la legislación general.

Suspender la ultraactividad implica poner a los sindicatos entre la espada y la pared: o modifican las cláusulas de los CCT incluyendo reclamos de los empleadores, o se cae el convenio y se pierden todos los derechos que estén por encima de la ley.

En un contexto de fortaleza de los trabajadores y trabajadoras (pleno empleo, economía creciendo) esto no sería un problema tan grave. Pero con una actividad estancada como tendencia general de la década un mercado laboral anémico, esto es un problema serio.

¿Algunas cláusulas que se caerían si no se negocia un nuevo CCT? Casi todos los adicionales salariales (antigüedad, zona desfavorable, título, etc.), vacaciones y licencias que están por encima de la ley (cuidados familiares entre otras), cantidad de delegados, entre otras.

¿Antecedentes de esta medida? Los que peinamos canas tenemos muy presente la Ley Banelco, sancionada en 2000. Googleen la renuncia de Chacho Álvarez, sobornos en el Senado, la humanidad de Julio Piumato. El art. 28 de aquella ley repite letra por letra lo que dijo Sica.

Dos argumentos finales. “Los CCT responden a otra etapa del mundo del trabajo, están estancados en 1975”. Falso. Muchos convenios vienen de esa época, pero tuvieron muchísimas modificaciones en estas décadas. Algunos ejemplos: el CCT de Comercio es el 130/75 y eso no impidió que firmaran acuerdos con IBM o Facebook; el CCT de Bancarios es el 18/75 y no parece que le haya impedido a los bancos ganar mucha plata en los últimos años; podría seguir con muchos otros.

“Es necesario actualizar los CCT para mejorar las condiciones laborales de los millones de trabajadores informales”. Falso. Menos derechos para un trabajador petrolero de Chubut no van a mejorar la situación de millones de trabajadoras de casas particulares o del agro.

Celebremos que el debate se empiece a poner blanco sobre negro. Ahora bien, el discurso “modernizador” que hoy explicitó Dante Sica no tiene nada de nuevo (hace 25 años discutíamos lo mismo) y preanuncia tiempos agitados.

* Originalmente publicado como hilo en su cuenta de Twitter por Luis Campos.

La reforma laboral de Cambiemos

Por Juan Manuel Ottaviano (*)

Circula una afirmación capciosa. El programa de Juntos por el Cambio es tan explícito que se explica solo. Facilitar los despidos, aumentar la temporalidad del empleo, suspender la negociación colectiva, congelar los salarios, clasificar como formales a quienes hoy no lo son y encarcelar huelguistas. Sin embargo, cada uno de esos ejes es enunciado como “eliminar las multas”, “crear el fondo de cese”, “extender el período de prueba”, “terminar con la ultraactividad de los convenios”, “fin a los bloqueos”, “nuevo esquema para trabajadores de plataformas”, entre otras.

Un plan con dos fundamentos y dos objetivos que pueden ser compartidos y comunes en todo el arco político y social. La tecnología está transformando profundamente la producción y el trabajo; las protecciones laborales alcanzan a menos personas ocupadas; y como objetivos, es necesario crear trabajo de calidad y reducir la informalidad laboral con políticas innovadoras.

Al analizar los contenidos de las propuestas, son el calco sin remasterizar de reformas laborales tales como las del año 2000 (conocida como Ley Banelco). Esta memoria de las reformas recuerda que lo que ahora se presenta como un plan de modernización empieza por la conversión de la creación de empleo en contratos temporales encadenados, continúa con la eliminación de derechos de los Convenios colectivos y el congelamiento de los salarios, y concluye en un aumento de la desocupación y de la precariedad.

Además de lo malo conocido, la generalización de programas como el abaratamiento (fondo de cese) o la securitización (mochila) de las indemnizaciones, o el levantamiento de las pocas barreras (multas por trabajo no registrado) a la informalidad laboral esconden el objetivo de institucionalizar la precariedad, la inestabilidad, la fragmentación y la insostenibilidad de las relaciones laborales y de la seguridad social. Lo nuevo por conocer es que conllevan al subsidio de la rotación laboral en actividades de baja productividad, al aumento de los costos laborales fijos, al aumento de la litigiosidad y al colapso del sistema previsional. No solo no sirven para crear empleo de calidad, siquiera son útiles para dinamizar la producción.

A falta de evidencia sobre el aumento de la litigiosidad causada por las multas por trabajo no registrado, los debates necesarios como la unificación de las tasas de actualización de créditos laborales o las políticas de formalización económica quedan en el tintero. Es imposible sostener que el problema más grave del mundo del trabajo y la producción es la industria del juicio laboral cuando la tasa de renuncia es 8 veces más grande que la tasa de despido sin causa, o dicho de otra manera, cuando el 60 % de las causas de terminación de los contratos es por renuncia (EIL,MTEySS, 2023), ¿no habría entonces una industria de la renuncia?

El régimen de trabajo independiente o el nuevo esquema para trabajadores de plataformas, así planteados (sin derechos laborales + ART), caen en la falsa, pero efectiva dicotomía entre derechos vs. libertad. El uso de la tecnología como soporte discursivo para que cada quien pague su propia seguridad tiene tanto sentido como cruzar un río en bicicleta, pero con casco.

El encarcelamiento de huelguistas como eje de campaña marca un estado de ánimo más que un rumbo. Este sesgo de hostilidad contra quienes trabajan impide ver sus realidades, debatir sus aspiraciones, representar sus demandas y consensuar nuevas políticas.

Las tecnologías están transformando la producción y el trabajo. El desafío es innovar en las normas para proteger más y mejor a quienes producen y trabajan. Soberanía del tiempo de trabajo, vacaciones elegibles, regulación de la discontinuidad horaria, reducción de impuestos a la producción, reformulación del monotributo, formación profesional, renta universitaria, remuneración de la productividad tecnológica. Cuidar los avances, garantizar derechos donde están vulnerados y crear nuevos donde hay nuevas necesidades.

Fuentes: Página/12, APU, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, PERFIL, Infobae, Tiempo Argentino, www.ambito.com, Hoy, iProfesional

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