Miles de despidos en enero

Mom Sports-Grupo Shanghai desembarcó en Catamarca como una supuesta solución al vaciamiento e intento de cierre de TextilCom, por parte del empresario Carlos Vilariño. El nuevo grupo empresario, perteneciente a Gabriel Corigliano, llegó a la provincia con todos los “incentivos”: obtuvo el predio y las maquinarias de la ex TextilCom, un acuerdo para que el Gobierno provincial subsidie $450.000 para el salario de cada empleado (durante 20 meses) e incluso otro acuerdo por subsidios para comprar nueva maquinaria. Sin embargo, la empresa adeuda desde diciembre salarios, SAC y vacaciones.

Frente a la perspectiva de otro manejo fraudulento y una clara perspectiva de vaciamiento, el Gobierno intervino anulando el acuerdo presentándose como un freno al grupo empresario. Lo cierto es que Jalil y sus funcionarios proponen “soluciones” que parten de aceptar –y que los trabajadores acepten– el cierre definitivo de una textil que llegó a emplear 120 operarios (mayormente mujeres) con una gran capacidad técnica.

De acuerdo a las declaraciones de Jalil, la “solución” del Gobierno consiste en depositar los $450.000 de diciembre y enero (que ya estaban previstos en el acuerdo con la empresa), ofrecer un subsidio por tres meses (sin especificar un monto) y una promesa vaga de ser reubicados en otro trabajo. Esto último se trata de algo anunciado junto a la Unión Industrial, ya que los empresarios que contraten a un trabajador despedido serán beneficiados con un mismo subsidio como el de Mom Sports.

Esta propuesta que no asegura la continuidad laboral y ni llega a cubrir la deuda que la empresa tiene con los trabajadores, es presentada por el Gobierno y también por el sindicato SOIVA, como la mejor en el contexto del fraude de la empresa. Tampoco se explicó qué pasará con el predio, las máquinas ni con el stock que dejó TextilCom.

Una verdadera solución sería que se estatice la planta, para mantener su funcionamiento. Teniendo en cuenta que el gobierno es propietario del predio, de las máquinas y se compromete a pagar una parte de los salarios por 15 meses, es la solución más simple para garantizar la continuidad laboral de las trabajadoras. El no querer hacerlo es solo una decisión política. Demuestra que prefiere romper el símbolo de resistencia y lucha de las trabajadoras que defendieron su trabajo mejor que nadie, por sobre el interés de las familias y el pueblo de Catamarca que podría tener ropa más barata. También quiere mostrar que los empresarios en Catamarca siempre ganan, aunque no cumplan los acuerdos, se lleven millones de la provincia y hagan fraude laboral.

Por eso es importante exigir que el SOIVA rompa con su rol conciliador con el gobierno y rechace cualquier propuesta que no contemple la continuidad del funcionamiento de la textil con todas sus operarias adentro. A los trabajadores nadie nos regaló nada, es momento de reorganizarse y pelear por una salida propia ante el cierre y vaciamiento de la planta.

Cerámica Neuquén en lucha: exigen reconexión eléctrica para poder producir

Las y los obreros de Cerámica Neuquén tuvieron una reunión en Casa de Gobierno el martes 4 con el ministro de gobierno Tobares, porque nuevamente le cortaron la luz en la fábrica, y están preocupados por esta situación, ya que no pueden producir.

Los obreros al salir de la reunión contaron que la factura que llega mensualmente a la fábrica es de 40 millones. El ministro los recibió, le explicaron que justo agarra este corte de luz haciendo un esquema productivo, un plan de inversión en maquinaria para diversificar y duplicar la producción que estaban por poner en marcha en las próximas semanas. Con ese esquema aseguran que pueden regularizar el pago a CALF.

Tobares se comprometió a pedirle una reunión al directorio de Calf, a Marcelo Severini y el resto, para ver la posibilidad de que se destrabe esta semana.

“Nosotros en la reunión con el ministro planteamos toda la situación en general, porque hoy lo más grave es lo de Cerámica Neuquén, pero lo mismo nos pasa en Zanón, igualmente en los convenios de Cutralcó, lo mismo nos pasa a toda la población, porque el cuadro tarifario no se puede pagar, es insoportable, es muy difícil afrontar las altas tarifas”, afirmaron los ceramistas.

“No nos dieron plazo, pero lo que necesitamos es que hagan la conexión nuevamente de energía, ya venimos trabajando con el gobierno, con el esquema de producción, se lo presentamos recién al ministro, ayer tuvimos otra reunión más, y para nosotros sería una salida urgente que conecte energía”, dijo Nicolás Domínguez, el presidente de la Cooperativa de Cerámica Neuquén.

Los ceramistas afirman que en la reunión hablaron de que las tarifas son muy altas, y también de los subsidios. “Ninguna de las empresas de las gestiones obreras de Neuquén tiene subsidios, de ninguna clase, no tenemos subsidios, lo cual anteriormente los antiguos dueños tenían hasta el 90% de subsidios de energía, y nosotros no tenemos subsidios y también lo pusimos en la mesa de hoy”.

SMATA inició medidas de fuerza en la planta de Nissan ante las suspensiones de empleados

El Sindicato de Mecánicos (SMATA) inició una medida de fuerza en la planta cordobesa de la empresa Nissan, que mantiene a 120 de sus 180 operarios suspendidos ante una marcada baja de las ventas y exportaciones de su línea de camionetas Frontier.

Desde el sindicato iniciaron asambleas en la planta y pusieron en marcha un quite de colaboración, al tiempo que denunciaron que la empresa analiza comenzar a importar su modelo pickup desde México, con lo que dejaría de fabricar para pasar a ser una importadora de modelos fabricados en el exterior.

El SMATA se mantiene en alerta y fuentes del gremio dicen que pelearán para que no se toquen los puestos de trabajo, que se verían sensiblemente reducidos si en lugar de producir la firma solo importa vehículos terminados.

Hasta ahora el gremio que lidera Ricardo Pignanelli 

Nissan comparte la planta cordobesa con Renault, producto de un acuerdo a nivel internacional entre ambas compañías, que finaliza el 31 de diciembre de 2025. Fuentes del gremio señalan que la culminación del acuerdo podría implicar el cierre definitivo de la fábrica de Nissan.

Según el SMATA, la decisión de Nissan de dejar de producir y cerrar su planta industrial “está tomada hace tiempo”, pero la empresa japonesa se vio demorada en la ejecución ante los “esfuerzos del gremio por mantener la línea de producción en el país”, dijeron las mismas fuentes.

Nissan ya viene implementando un programa de retiros voluntarios, así como jubilaciones anticipadas, y se prepara para presentar en los próximos días una nueva propuesta para continuar con el proceso de reducción de personal.

El año pasado, en abril, cuando comienza el año fiscal, el CEO de Nissan, Ricardo Flammini, tenía una mirada más positiva: “Somos muy optimistas con respecto a lo que se viene haciendo en la economía en Argentina. La inflación se está desacelerando y el contexto internacional ayuda, por un menor impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Hay demanda de commodities, el agro va a andar bien con una buena cosecha, ya hay una siembra importante para la próxima. Y eso es una buena perspectiva para Nissan porque vende pickups”

General Motors despide a 300 trabajadores

La empresa General Motors despidió a 300 trabajadores, alguno de ellos con más de 20 años de trayectoria. Esta decisión, amparada en la política de ajuste que lleva adelante el gobierno, deja a cientos de familias en la calle y profundiza la crisis social que atraviesa el país.

El anunció de los “retiros voluntarios” llegó hace algunas semanas y comenzaron a efectivarse esta semana.

La pasividad de la dirigencia sindical y su falta de respuesta, que no ha convocado a ninguna medida de lucha, demuestra una vez más su complicidad con la patronal y con el ajuste del gobierno.

En necesario que el SMATA abandone su pasividad absoluta convoque un paro urgente y exija la reincorporación de los cientos de trabajadores despedidos bajo la figura de “retiros voluntarios”.

Despidos sin causa en el Roca

En estos días están llegando telegramas de despido sin causa en el ferrocarril Roca. Como se puede leer en el telegrama de uno de los despidos, utilizan el decreto 526/2024 firmado por Milei: es el decreto con el que se declaró la “Emergencia Ferroviaria” por 24 meses y que ahora utilizan como excusa para despedir sin causa a trabajadores y avanzar en el plan privatizador.

La empresa y seguramente también el sindicato (la Unión Ferroviaria) toman como “excusa” de que los despedidos son compañerxs “con problemas con la empresa”, “que piden médico o ART muy seguido”, y toda una serie de argumentos pro patronales para justificar las bajas y dividir a los compañeros y compañeras, además de flexibilizar más las condiciones para toda la base ferroviaria porque indirectamente dejan el mensaje de que pedir médico o ART puede ser “algo malo”, cuando preservar la salud es un derecho elemental.

Los sindicatos ferroviarios en su momento festejaron este decreto de Milei porque supuestamente habilitaba y liberaba partidas presupuestarias para infraestructura y seguridad, después del choque de trenes en el puente de Palermo del ferrocarril San Martín a principios del 2024. La realidad que vemos ahora es que lo usan para achicar, ajustar y despedir sin causa a decenas de compañeros. Ya vimos el despido de más de 1.000 trabajadores de la ex DECAHF, que también fueron justificados desde la conducción de la Unión Ferroviaria y dónde sólo un puñado de trabajadores fueron reubicados.

Consultando sobre esta situación a referentes de la Agrupación Ferroviaria Naranja plantearon que “para parar los despidos y defender el ferrocarril estatal hay que pelear y organizarse, repudiando que echen compañeros y exigiendo asambleas y plan de lucha a todos los gremios ferroviarios. El plan del gobierno es la destrucción del salario, miles de despidos y entregarles los ferrocarriles a empresarios vaciadores como fue en los 90”.

Finalmente, desde la Naranja explicaron que consideran que “tenemos que hacer una gran campaña de defensa del ferrocarril y de los puestos de trabajo junto a los trabajadores de otros sectores que están siendo atacados (como la refinería de Shell, la autopartista Pilkington y 

Paro de trenes

En medio del conflicto que este martes paralizó los trenes y afectó a miles de usuarios, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, redobló la apuesta al anunciar que el 1° de marzo los conductores afiliados al gremio no prestarán servicio, con motivo del “Día del Ferroviario”.

El líder sindical adelantó que, además del paro del 1° de marzo, la asamblea resolvió dejar abierta la posibilidad de tomar nuevas medidas de fuerza durante febrero, según sea necesario.

Maturano también hizo un llamado al Gobierno para preservar la paz social y convocar a un diálogo con los sectores afectados. “La democracia que consiguieron los trabajadores no se puede rifar, se debe llegar a un diálogo cordial con respeto y humildad”, afirmó.

En un mensaje directo al presidente Javier Milei y su administración, Maturano declaró: “Gobernar es fácil, lo difícil es conducir. En nuestra querida Argentina hay más patriotas que todos los partidos políticos juntos”.

La Unión Ferroviaria no adhirió al paro.

Cinco plantas en huelga en Linde Praxair

Compartimos el comunicado de los trabajadores:

03 de febrero de 2025

ESENCIALES EN PANDEMIA, ¿DESCARTABLES AHORA?

¡NO A LOS DESPIDOS EN LINDE PRAXAIR!

El 31-01, luego de 41 días de tregua, Linde Praxair impidió el ingreso de 6 trabajadores a sus puestos de trabajo reiniciando el conflicto iniciado el 05/12/2024 interrumpido por la tregua firmada el 20/12.

Hoy lunes 3, desde las 6am las y los trabajadores de Linde Praxair Pacheco en asamblea junto a directivos del SPIQyP (CABA y Zonas Adyacentes) decidimos retomar el plan de lucha con retención de tareas. En el mismo momento, las y los trabajadores de Linde Praxair de Pilar, Avellaneda, Ensenada y Lanús se convocaron solidariamente en asamblea permanente con cese de actividades.

Mercado monopólico y prácticas antisindicales de los dueños del aire

Linde Praxair desde su fusión es la empresa de gases más importante del mundo. Esta industria abastece oxígeno, helio, argón, co2, nitrógeno, hidrogeno, acetileno a la industria automotriz, siderúrgica, alimenticia, petrolera, bebidas gaseosas, etc. y oxígeno medicinal a hospitales y clínicas. La producción de gases está monopolizada con tres empresas que controlan el 90% del mercado mundial (Linde Praxair más del 50%, Air Liquid y Air Products-Indura). En Argentina las tres empresas controlan el 90% del mercado. En los últimos años, estas multinacionales fueron multadas en Argentina (2005), España, Holanda, México, Chile, Perú por concertación de precios, reparto del mercado y restricción de la competencia.

Linde y Praxair en Argentina tienen antecedentes de prácticas antisindicales y discriminatorias. En Linde San Martin en 2016 ante los reclamos de la comisión interna cerró el establecimiento y despidió a todos los sindicalizados trasladando a otros establecimientos a los no afiliados al sindicato.

En Praxair Pacheco desde que abrió el establecimiento en 1996 nunca hubo afiliados al sindicato. En 2005 para impedir la sindicalización echó a Maxi Arecco (candidato a delegado). Luego de dos años de lucha y fallos judiciales Arecco fue reincorporado en 2007, pero la patronal llevó el caso Arecco c/Praxair a la Corte Suprema que en 2011 ratificó la reincorporación y exigió a la patronal el cese de su actitud discriminatoria y antisindical. Ahora, en el mismo establecimiento en una actitud revanchista y antisindical, de los 6 despedidos 4 fueron delegados en años anteriores (entre ellos Arecco nuevamente) o activistas desde el origen de la organización.

Esenciales en la pandemia, ¿descartables ahora?

Las y los trabajadores de Linde-Praxair durante la pandemia de coronavirus fuimos esenciales y la producción de oxígeno medicinal se triplicó (más de 320%). Mientras duró la pandemia, fuimos las y los trabajadores de Linde Praxair quienes, en extensas jornadas de trabajo, postergando descansos y vacaciones, poniéndonos en riesgo a nosotros y a nuestras familias, generamos protocolos internos para la prevención del Covid y garantizamos el abastecimiento de oxígeno medicinal a los hospitales, clínicas y a toda la población que lo necesitó mientras los gerentes permanecían en sus casas haciendo cuentas de sus ganancias extraordinarias.

¿Por qué atacan a las y los trabajadores de Linde Praxair Pacheco?

Desde el final de la pandemia que coincidió con la fusión, la patronal en Pacheco empezó a amenazar con despidos y del cierre del establecimiento porque supuestamente somos caros. Paralelamente la empresa aduce una supuesta crisis que no se refleja en sus últimos balances que evidenciaron ganancias extraordinarias.

Estas son excusas y el ataque es porque con la organización en el lugar de trabajo en 2005-2007, las y los trabajadores logramos que se nos reconozcan ítems de convenio que la patronal no pagaba (categorías, título secundario, antigüedad, nocturnidad, rotación, francos), mejorar el salario con adicionales internos (80% encima del convenio), incorporar al convenio químico a tercerizados de limpieza y comedor y mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad y el cuidado de la salud (control temperatura de trabajo, ropa y elementos de protección, por los ritmos de trabajo y movimientos repetitivos muchos sufrimos tendinitis, problemas en muñeca, codo y hombro y cintura por lo que debimos ser operados) logrando que desde 2007 no haya accidentes laborales ni enfermedades profesionales.

Desde la fusión de Linde y Praxair las y los trabajadores de las distintas sucursales nos empezamos a reunir para intercambiar beneficios, derechos, condiciones de trabajo, etc. La patronal se queja de esas reuniones y empezó a plantear que no va a trasladar los derechos y beneficios de Pacheco al resto. Obviamente es este proceso de unión de las y los trabajadores de los distintos establecimientos (que quedó demostrado en estos días de lucha) lo que quiere eliminar la patronal empezando por Pacheco para luego golpear a las sucursales.

Ante esta situación retomamos el plan de lucha y convocamos a organizaciones sindicales, políticas, sociales y vecinales a solidarizarse y visitar el acampe en la puerta del establecimiento y realizar todas las acciones que consideren pertinentes para el triunfo de esta lucha.

UNIDAD DE LOS/AS TRABAJADORES!

Comisión interna y trabajadores/as de Linde Praxair Pacheco (03/02/25)

SanCor en concurso de acreedores

Entre 350 y 500 trabajadores de las plantas de Gálvez, Sunchales, Carlota y Balnearia recibieron notificaciones en las que la firma alegó “razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la compañía, que son de público conocimiento”.

Las mismas razones fueron invocadas en el comunicado con el que SanCor informó que se presentó formalmente en concurso preventivo de acreedores.

El trámite recayó en manos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, provincia de Santa Fe.

La firma insistió en el “público conocimiento” de su crisis y aseguró que se trata de un “proceso destinado a resolver su situación económica y financiera”.

Los problemas de SanCor llegaron a un punto crítico en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri. Entonces inició un proceso de reestructuración con venta y cierre de unidades productivas, comerciales y administrativas, y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo. “Estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la Cooperativa”, narraron desde la empresa.

Durante el intento de recuperación, la cooperativa firmó en 2021 un acuerdo para formar un fideicomiso que le permitió seguir funcionando. Pero la captación de financiamiento fue difícil y el acuerdo se cayó.

“Esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la cooperativa”, relataron desde la firma.

Además, se sumaron las políticas recesivas del gobierno nacional de ultraderecha de Javier Milei, ejecutadas a partir de diciembre de 2023 por Luis Caputo, que empobrecieron a las mayorías y arrasaron con el consumo interno.

“A fines de 2023 hasta agosto de 2024, SanCor por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación”, señalaron diplomáticamente desde la firma.

Antes de la crisis de 2017, la empresa tenía 4 mil empleados. Desde entonces hasta los últimos despidos en sus sedes de Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia, la planta de trabajadores era de 1.500 personas.

Rechazan despidos y vaciamiento en áreas de Derechos Humanos

En el Espacio de Memoria Virrey Cevallos, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras, junto a organizaciones sociales y organismos de DD HH realizaron un abrazo simbólico en defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia. La acción se llevó a cabo como respuesta a los recortes implementados por el gobierno de Javier Milei, que afectan a dependencias clave en la reconstrucción y reparación de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

La protesta expresó un fuerte repudio a los recientes despidos de trabajadores de ese Espacio, más los que se dieron en Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al progresivo vaciamiento de áreas esenciales, que comprometen el trabajo en torno a la Memoria, Verdad y Justicia.

“El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDT) es parte de nuestras conquistas como sociedad”, afirmó Laura Duguine, arqueóloga del ex centro clandestino y Espacio de Memoria Club Atlético, un sitio donde fueron vistos por última vez los padres de la nieta 139, recuperada recientemente. Este Banco constituye un archivo público fundamental, que recopila y preserva material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante el terrorismo de Estado.

También destacó la importancia del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE): “Trabajamos junto a ellos para unificar en un solo listado todos los datos que tenemos sobre desaparecidos, secuestrados, sobrevivientes y los centros clandestinos de detención”. En 2009, comentó, se habían identificado cerca de 500 centros clandestinos de detención, mientras que hoy el número supera los 850. “Estos datos son el resultado de un trabajo arduo y sostenido que hoy está siendo desguazado”, denunció.

En un contexto de despidos masivos y cierre de áreas estratégicas, los trabajadores de los Sitios de Memoria de todo el país organizan jornadas de visibilización para alertar sobre las consecuencias del vaciamiento. Asimismo, planean una manifestación conjunta para el próximo 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que se recuerda a las víctimas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“Desde las mesas y comisiones de cada sitio de memoria se está pensando en una gran actividad en Plaza de Mayo antes del 24 de marzo, ojalá que eso realmente se logre dar y tengamos un gran festival en defensa de los Derechos Humanos”, finalizó Duguine.

Dadse: Falta de medicamentos y despido del 16% del personal

María Teresa Troiano estuvo en tratamiento por cáncer de piel desde 2016, año en que comenzó con inmunoterapia, que tenía garantizada a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Pero en 2023, el mismo 10 de diciembre, cuando su esposo Eduardo fue a retirar la medicación que había sido aprobada, “me citaron para explicarme que quienes habían salido acreedores de la licitación no la iban a entregar”, comentó. Desde ese momento no volvieron a recibir respuestas concretas. El caso de su esposa fue el primero –al menos de los que se hicieron públicos– de una persona cuya salud empeoró y falleció esperando. “A Marité –como le decían– la mataron dos veces”, afirmó al recordar las idas y vueltas entre oficinas esperando que llegara la medicación. “Si bien una donación llegó a nuestras manos, el daño ya era irreparable”. Su caso llegó a la Justicia, pero la orden para que el Gobierno le entregara el tratamiento fue apelada por el ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.

María Teresa empeoró y falleció por no recibir los medicamentos que le daba el Estado

La organización reclama por la falta de concreción de compras y tratamientos. “La situación es aún peor con la decisión de ejecutar en 2025 el mismo presupuesto aprobado en 2023. Todo esto en un contexto en el que los casos de tuberculosis aumentaron casi un 20%, la sífilis continúa en crecimiento exponencial, y las nuevas notificaciones de VIH y la mortalidad por SIDA también están en aumento. Las hepatitis virales continúan siendo de las infecciones con más alta prevalencia en el país”, señalaron. Enfermedades como la tuberculosis, tal como explicó el médico Oscar Atienza, están relacionadas con el empeoramiento de las condiciones sociales. El especialista, miembro de la Mesa Permanente en Defensa de la Salud, afirmó que “tiene una relación directa con la desnutrición y con el hacinamiento, por ejemplo, en personas en situación de calle”.

Esta disposición “forma parte del plan de reestructuración que avanzó con la readecuación de la dotación del Hospital sin modificar las funciones”, ya que “los contratos que no se renovaron responden a la sobredotación que había en el Bonaparte: 326 de sus empleados ingresaron durante el gobierno de Alberto Fernández”, agregaron. Al crecimiento del personal, que el Ministerio considera algo “desmedido” se suma “un mal manejo de los fondos” que “afectó la capacidad de atención y el buen funcionamiento del hospital”. De acuerdo con las fuentes oficiales, se detectaron sobreprecios en algunas prestaciones tercerizadas.

“El despido de 200 trabajadores implica la imposibilidad del funcionamiento del Hospital como tal, ya que se desmantelaron dispositivos asistenciales completos. Esta medida deja sin tratamiento en salud mental a la totalidad de los pacientes del Hospital e impide recibir nuevos pacientes”, afirmaron trabajadores del hospital después del anuncio.

La Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) difundió un documento en el que analiza los principales retrocesos en materia de presupuesto e inversión en salud durante el último año. “Se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-48%), ANMAT (-17%), hospitales nacionales, en el Instituto Nacional del Cáncer (-13%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-15%)”, explicaron.

Entre otras cosas mencionaron también la falta de entrega de medicamentos por parte de la Dadse. “Esta interrupción resultó en la muerte de al menos siete pacientes oncológicos que dependían de la medicación suministrada por este organismo”, explicaron. El informe recordó además el cierre de 50 centros de referencia donde funcionaban delegaciones de esta Dirección.

Por otro lado, “en noviembre de 2024 el Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), suspendió el funcionamiento de 8.588 cooperativas y 673 mutuales tras detectar supuestas irregularidades. Esta medida afectó a numerosas organizaciones que brindaban servicios de salud y asistencia social”.

El documento advirtió también sobre el ajuste y la subejecución presupuestaria en los programas destinados a las personas con discapacidad. “A partir del acceso a pedidos de información pública, el análisis de datos y el desarrollo de informes, se puede determinar una clara decisión de recortes presupuestarios y de servicios en la asistencia integral de los derechos de las personas con discapacidad”.

El informe subrayó también que “la desregulación del servicio de transporte público provocó graves conflictos en el acceso a pasajes gratuitos”. Sobre las pensiones, y después de una auditoría, el Gobierno decidió endurecer los requisitos para las solicitudes.  

Las exigencias para el acceso a la medicación gratuita de PAMI también se volvieron más restrictivas en diciembre de 2024. Además, desde el sindicato de los trabajadores de esta institución denunciaron más de 550 despidos en los últimos 13 meses, 200 de los cuales ocurrieron en la última semana.

Despiden el 40% de la planta de la Dirección de VIH y el 30% de la Dirección de Vacunas

Durante la primera quincena del mes los trabajadores habían advertido que estaban trabajando en condiciones precarias y que el ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei podía alcanzar los puestos de trabajo.

Fundación Huésped denunció el jueves 30 por la noche que el Ministerio de Salud de la Nación “despidió al 40% de la planta de la Dirección de VIH y al 30% de la Dirección de Vacunas”.

A través de un posteo en la red social X advirtió: “Esto afecta gravemente la capacidad y alcance de ambas. Exigimos que se informe cómo se va a garantizar su funcionamiento. Hablamos de la salud de millones de personas”.

La situación fue alertada por los trabajadores de la cartera sanitaria desde comienzos de enero. Al 16 del mes muchos de ellos no sabían nada sobre su continuidad. Incluso, se les habían renovado los contratos solamente por 15 días, hasta el 31 de enero, un dato que los trabajadores habían tomado como indicador de que las autoridades ministeriales estaban preparando un recorte que incluiría despidos.

Después de esa ausencia del personal de Vacunas y VIH en los listados de futuros contratados, los gremios mantuvieron una reunión con la viceministra, María Cecilia Loccisano. Dicha funcionaria libertaria fue echada de la gestión de Cambiemos del ministerio de Salud como consecuencia, en aquel momento, del faltante de antirretrovirales, la medicación vital para que pacientes con VIH no desarrollen el sida y puedan llevar una vida normal.

“Es muy simbólico que las únicas dos direcciones donde no renovaron los contratos sean esas”, dijo un trabajador del ministerio de Salud y expresó su preocupación por el achicamiento de personal.

“El ajuste produce una desprofesionalización del Sistema Salud, precariza la gestión en Salud. Hay países sin política de Salud. El nuestro, hasta ahora, la tiene. En otros países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, la política de salud depende mucho de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), de la OMS (Organización Mundial de la Salud), porque no tienen capacidad técnica. El nuestro sí la tiene. Por eso esta motosierra sin la debida evaluación del caso ataca el corazón de la tradición argentina de salud pública”, dijo un trabajador del Ministerio.

Recortaron cobertura en medicamentos a excombatientes de Malvinas

El Centro de excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro del Veterano excombatientes Islas Malvinas (CEVECIM) de Berisso volvieron a denunciar que desde fines del año pasado el PAMI dejó sin cobertura de medicamentos al 100% a los excombatientes.

En este contexto, el secretario de DD HH del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, señaló que se inició un proceso judicial para pedir información pública y explicaciones a la obra social por esta medida.

“Iniciamos un procedimiento judicial, enviándole como primera medida una carta documento al director ejecutivo de PAMI, que ni siquiera la recibieron, y a partir de allí presentamos un recurso pidiendo una medida cautelar y un amparo. La Justicia federal de La Plata no nos otorgó la cautelar, pero sí está corriendo el amparo y se le solicitó algunas explicaciones al PAMI, que, entiendo, deberá contestar en los primeros días de febrero”, explicó Alonso.

“Hicimos un pedido de información pública que el PAMI recibió y se acogió a la prórroga de 15 días que le pedimos explicación acerca de qué está haciendo con los recursos de los excombatientes”, agregó.

“Nosotros tenemos un universo de 17.000 beneficiarios directos y con grupos familiares, alrededor del país son alrededor de 40.000 beneficiarios. Un programa nacional de atención a veteranos de guerra creado en el 2005”, dijo.

Para Alonso, “está claro que quieren hacer desaparecer la mayor obra social del mundo”. “Dijeron que los excombatientes tenían la cobertura al 100% y eso no es así. Muchos compañeros perdieron la cobertura al 100%”, remarcó.

“Se trata de un genocidio, de una crueldad inconmensurable, cortarle medicación a cualquier persona que está haciendo un tratamiento. Esta motosierra está cortando seres humanos”, advirtió.

Mesa de negociación para frenar los despidos en PAMI

Por Guillermo Lavecchia

La resistencia de las trabajadoras y los trabajadores del PAMI abrió una instancia de negociación para frenar los más de 200 despidos del gobierno en la entidad pública creada en 1971. Después de una semana en la que llevaron adelante distintas acciones -asambleas masivas, estado de alerta, aplausos y denuncias-, el Ministerio de Salud convocó una “mesa técnica de negociación con el fin de tratar la reincorporación de los despedidos”, sostiene el comunicado difundido por ATE, Sutepa y UTI luego de una reunión con distintas autoridades de la cartera sanitaria. 

Desde el lunes, la sede central del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, fue el epicentro de los reclamos. Sin la llegada de telegramas, las autoridades habían echado al personal de planta permanente de distintas áreas -médicas, administrativas, de maestranza y limpieza, entre otras- y algunos servicios quedaron casi vacíos. “En PAMI no sobra nadie”, fue la consigna para agrupar los reclamos por la reincorporación de los más de 200 cesanteados en el organismo a cargo de Esteban Leguízamo. 

Según los gremios, el ajuste y el vaciamiento en áreas sensibles también traerán un impacto directo en las prestaciones para los adultos mayores. Entre los despidos, contaban que había programas que prácticamente quedaban desintegrados. 

Finalmente, las acciones derivaron en una reunión de los representantes gremiales con la jefatura de Gabinete del Ministerio de Salud. De allí, se resolvió conformar “una mesa de trabajo para abordar la problemática de los despidos”, dice el comunicado de UTI, uno de los distintos gremios presentes en el PAMI. 

El nuevo encuentro será el lunes cuando se cumpla una semana de la comunicación de los despidos en la sede central de Corrientes 650. “Reafirmamos nuestro compromiso de representar los intereses de los trabajadores y buscar soluciones efectivas en este contexto”, concluye el texto de la mesa federal-sector PAMI de ATE.

Ordenan la reincorporación de 25 trabajadores despedidos en Entre Ríos

Tras varios meses de lucha, trabajadores de la empresa química Fademi SA, ubicada en Larroque, Entre Ríos, lograron un fallo favorable por parte del Poder Judicial y lograron la reincorporación de 25 personas.

La situación comenzó en junio de 2024, cuando empleados de la empresa de acumuladores y baterías empezaron a reclamar por las condiciones a las que eran sometidos.

Con esta dinámica, explicó Casco, se llegó a la desafección de 36 trabajadores, lo que hizo imperativo recurrir al Gobierno, en primera instancia, para que mediara con la secretaría de Trabajo, y a la Justicia después, para que resolviera la situación.

“En este caso los ministerios están inactivos, no existen. No pudieron sentar a la empresa a una mesa de negociaciones”, explicó el dirigente gremial sobre la falta de gestión del Ejecutivo nacional para afrontar el conflicto.

Pero, finalmente, fue en la Justicia donde encontraron una salida: “No nos quedó otro remedio que ir a la Justicia, que dictaminó en primera instancia que (la empresa) no podía tomar a nadie mientras el conflicto persistía”.

Además, remarcó Casco, al generarse los despidos dentro de un marco de huelga la Cámara de Apelaciones habilitó la feria para que se tratara el tema y ordenó la reincorporación de 25 trabajadores. 

Concentración en apoyo a los despedidos de Shell

Los despidos ilegales y discriminatorios comenzaron a mediados de enero en la refinería de la multinacional Shell ubicada en Avellaneda, en la zona de Dock Sud.

Tanto los trabajadores como los vecinos del barrio Villa Inflamable vienen sufriendo en su salud las consecuencias de las condiciones de producción impuestas por la empresa, que en varios países tiene denuncias por contaminación y persecución sindical.

Los trabajadores que fueron despedidos vienen denunciando numerosos aspectos de la producción, defendiendo sus derechos laborales y proponiendo cambios para mejorar las condiciones socioambientales de los vecinos de la zona. Varios de ellos actuaron durante años como brigadistas en incendios y emergencias, socorriendo a sus compañeros ante graves incidentes y evitando que los daños fueran mayores aún, poniendo en riesgo su integridad física.

Ante los despidos comenzaron una campaña que, apenas iniciada, viene sumando apoyos de personalidades de ámbitos como la cultura y el arte, los derechos humanos, la lucha ambiental, vecinos y asambleas barriales, estudiantes y trabajadores de distintos sectores. También participaron de la resistencia de quienes luchan por sus puestos de trabajo como en los hospitales Bonaparte y Posadas, los espacios de la memoria y empresas como Pilkington en la zona norte. La solidaridad se extiende fuera del país y recibieron el apoyo de trabajadores petroleros de Francia y Brasil.

El viernes 24 de enero convocaron a un amplio arco solidario a acompañarlos en una concentración en el playón frente a la refinería en Dock Sud, en Sargento Ponce y Génova (Avellaneda), a las 17:30.

Compartimos la carta difundida por los trabajadores despedidos de Shell, que puede encontrarse en su cuenta de Instagram.

NO A LOS DESPIDOS EN SHELL-RAIZEN ¡REINCORPORACIÓN YA!

A todas las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, de derechos humanos, políticas, personalidades del arte y la cultura:

En los últimos días la empresa llevó adelante despidos sin ninguna causa. Los despidos son ilegales porque son discriminatorios. Nos despiden porque defendemos nuestros derechos para mejorar las condiciones laborales.

Denunciamos la contaminación de la refinería, que destruye el planeta y afecta gravemente la salud de los trabajadores y vecinos de Villa Inflamable. Entre los despedidos algunos cumplimos funciones de brigadistas en tareas de rescate ante emergencias e incendios graves en la refinería, exponiendo nuestras vidas en esas situaciones.

Queremos volver a trabajar porque como todos saben la situación económica del país es muy difícil. Somos sostenes de nuestra familia, trabajamos para darle un futuro a nuestros hijos. Muchos de nosotros atravesamos graves problemas de salud o estamos en este momento acompañando a familiares con enfermedades delicadas. Recibimos mucho apoyo de nuestros compañeros que nos da fuerza para pelear contra esta injusticia.

La empresa no puede explicar por qué nos despide. Es imposible que demuestre algún tipo de crisis porque no la tiene, al contrario, tienen ganancias multimillonarias. Shell-Raizen nos persigue y despide por defender los derechos de los trabajadores de la refinería, tanto de efectivos como de tercerizados. Son despidos ilegales, arbitrarios y discriminatorios, que van en contra de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la legislación laboral vigente.

Creemos que la intención de la empresa es avanzar sobre las condiciones laborales que hoy tenemos, por eso le pedimos a nuestro sindicato que pelee por nuestra reincorporación para frenar el plan de la empresa.

Vamos a hacer una campaña por nuestra reinstalación, para mostrarle a todo el mundo que Shell discrimina y contamina. Nosotros venimos acompañando la lucha de otros sectores como la salud contra el vaciamiento del hospital Bonaparte, los estatales y los sitios de la memoria y los despedidos de Pilkington, Mondelez y Praxair.

El SUTNA rechaza un nuevo preventivo de crisis trucho

La empresa Bridgestone le solicitó al Gobierno la “ampliación” del Procedimiento Preventivo de Crisis que presentó en 2024 por una supuesta crisis económica. Recordemos que con esa maniobra logró despedir más de 400 trabajadores. Ahora quiere justificar casi 300 despidos.

El Sutna denunció un “fraudulento el pedido patronal”, ya que la crisis “jamás se probó”. “De esta manera Bridgestone que es la mayor importadora de neumáticos de Argentina a pesar de los elevados precios de las cubiertas, pretende reemplazar la mano de obra nacional”, dijo en un comunicado.

Reclama a la Secretaría de Trabajo que no vuelva a jugar a favor de las empresas afectando cientos de familias obreras.

El jueves 23 de enero a las 14:00 realizó un acto en la sede Llavallol del sindicato.

Tras el cierre total en diciembre Dánica reabrirá su planta de Llavallol con menos trabajadores

Luego de un mes cerrada, la planta de la empresa de alimentos Dánica en Llavallol reabrirá sus puertas, luego de la intervención del gobierno bonaerense, según confirmó el el subsecretario de Relaciones del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Reveles, quien afirmó que la noticia es «alentadora». Sin embargo, no se recuperarán los 150 puestos perdidos a finales de diciembre.

Dánica había anunciado el cierre el 26 de diciembre, alegando que había una caída en la rentabilidad que hacía necesario el despido de todos los trabajadores -una planta de 150 empleados- y el fin de su producción en la zona. Sin embargo, tras largas semanas de negociaciones, se logró revertir parcialmente la situación: “En una negociación que hizo el sindicato con la firma se logró un principio de acuerdo”.

Así, ambas partes “pidieron la ayuda de la Provincia de Buenos Aires”. “Kicillof (Axel, el gobernador) y Correa (Walter, ministro de Trabajo) se pusieron en marcha para ofrecer ayuda”.

En concreto, ante el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (Soeia), se comprometió a implementar para el caso una asistencia económica con el objetivo de abonar parte de los salarios de los trabajadores.

“La fábrica va a reabrir el 27 de enero. Hubo alrededor de 150 despidos. La empresa va a reabrir con un sector solo. Que va a emplear a 40 trabajadores. Y el tiempo dirá si se incrementa la planta o no”, dijo sobre el acuerdo firmado.

Si bien no es la totalidad de los trabajadores, es un gran alivio en este panorama: “Y acá nos lleva a la reflexión. Una cosa es lo real y otra lo posible. Si tratamos de que el pueblo reflexione, tal vez lo posible logremos que sea lo ideal”.

“Este es un acuerdo por 18 meses. Y bueno, esperemos que para ese entonces las condiciones sean otras. Que las correlaciones de fuerza sean otras. Y que estemos en la víspera de un proyecto político con los trabajadores como protagonistas”, finalizó. 

Concentración en la puerta de Pilkington para condenar los despidos discriminatorios

En las puertas de la multinacional japonesa ubicada en Munro se realizó, este jueves a las 17 horas, un acto por el cumplimiento del fallo de reinstalación de Jorge Alberto González y contra los nuevos despidos de la empresa.

Viernes 17 de enero 16:45

“Pilkington, número uno en discriminación”, se podía leer en una de las pancartas que acompañaba el acto de denuncia a la multinacional japonesa, que sigue incumpliendo el fallo de reinstalación de Jorge González.

A este despido discriminatorio por persecución sindical, se suman ahora, nuevos telegramas de despido que fueron recibiendo los trabajadores en mitad de sus vacaciones. Entre ellos, fue despedido Rubén Ronal Farías, ni más ni menos, que el testigo clave del juicio de reinstalación de Jorge.

Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar, una gran cantidad de trabajadores y estudiantes de la Zona Norte, sorteando uno de los días más calurosos de lo que va del año, se concentraron en los portones de la fábrica para denunciar los abusos de estas y otras patronales que vienen despidiendo, amparados en la Ley Bases que el gobierno de Milei logró comprar con sobornos y escándalos como el del senador Kueider.

Durante la tarde, fueron tomando la palabra trabajadores en lucha de Shell, Mondelez (ex Kraft Terrabusi), Praxair, Jumbo, Volkswagen, Fate, del Ferrocarril, Madygraf, docentes, jóvenes estudiantes del ISFD 39, secundarios y de las universidades de UNPAZ, UNGS UNSAM, junto a las asambleas vecinales de zona norte y jubilados en lucha.

El acto dio inicio con Jorge González, quién planteó que a pesar de tener un fallo donde la justicia reconoce su despido discriminatorio, la multinacional japonesa no solo no reconoce las leyes argentinas, sino que persigue y despide al principal testigo de su causa.

Por su parte, Rubén Ronal Farias, afirmó que los despidos forman parte de un plan general de la empresa para aumentar sus ganancias a costa de mayor precarización de los trabajadores.

Su despido, representa también, un ataque a los que se organizan, a los que denuncian que hace años la empresa le rompe los cuerpos con los ritmos de producción, jornadas de hasta 12 horas y sueldos cada vez más bajos, mientras el sindicato mira hacia un costado: “gobierne quien gobierne, estas empresas se llenan los bolsillos a costa de los trabajadores. A los sindicatos les preguntamos ¿qué más hace falta para que convoquen a un paro?, en nuestro caso, el sindicato del vidrio responde a Moreno (…), tendrían que estar acá y no detrás de las negociaciones electorales”

Y después agregó que lo peor queda para quiénes están adentro, porque la empresa busca meter miedo para que los trabajadores no puedan reclamar, mientras aumentan los ritmos de producción, pretenden que los trabajadores no puedan decir nada.

“Sabemos que ésta es una pelea difícil, pero a estas patronales las podemos enfrentar con la unidad de las luchas. Este acto que estamos haciendo hoy, nos llena de fuerza, demuestra que no estamos solos y que coordinando, tenemos la fuerza para pelear”.

Los trabajadores que fueron tomando la palabra, contaron cómo se está viviendo en distintas fábricas la persecución de las patronales, pero también que empieza a sentirse la bronca y la unidad como un camino necesario de la lucha.

Por su parte, los estudiantes, hijas e hijos de trabajadores y parte de la juventud precarizada, se solidarizaron y acercaron una carta muy sensible de apoyo a la lucha, planteando llevar a las facultades, terciarios y secundarios una fuerte campaña contra los despidos.

Un informe del ministerio de Sturzenegger registró casi 38.000 despidos en el Estado durante el 2024

Durante el año 2024, el gobierno argentino informó que bajo la administración del presidente Javier Milei, llevó a cabo una reducción significativa en la plantilla estatal, desvinculando a un total de 37.595 empleados públicos. Esta medida formó parte de una estrategia de ajuste en la estructura del Estado, con el objetivo de disminuir el gasto público.

Cabe destacar que, en este marco, un gran sector de la sociedad y de diversas áreas del Estado y la política también han acusado que en muchas ocasiones esta reducción afectó la calidad del servicio y la presencia del Estado en áreas vitales y estratégicas. Es en ese lugar donde se centra hoy el debate público: ¿en dónde ajustar y en dónde mantener o reforzar? Justo hace días se bajaron los impuestos para los autos considerados de lujo, es decir, autos valuados en más de 75 millones de pesos, aunque en paralelo con decisiones antipopulares sobre instituciones como el Hospital Bonaparte de Salud Mental.

Por su parte, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, autor intelectual del mega DNU con el que el gobierno comenzó a administrar el Estado a fines del 2023, detalló que la mayor parte de estas desvinculaciones correspondieron a contratos que no fueron renovados al finalizar su vigencia, lo que, según la cartera, no constituyen despidos en sentido estricto. La distribución de la reducción de personal fue la siguiente:

·         Administración Pública Nacional (APN): 22.302 empleados menos.

·         Empresas estatales: 12.410 puestos eliminados.

·         Fuerzas Armadas y de seguridad: 2.883 efectivos menos.

Estas cifras indican que la dotación de personal en la APN disminuyó de aproximadamente de 205.000 a 183.000 empleados durante el año, mientras que en las empresas estatales la reducción fue de 91.000 a 78.000 trabajadores.

En términos de tipos de contratación, la reducción fue más pronunciada en los contratos bajo la Ley Marco, con una disminución del 18,3%, y en los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOyS), que registraron una caída del 48,7%. Este último tipo de contrato, destinado a monotributistas vinculados al Estado, había sido regulado en 2017 para establecer un plazo máximo de 12 meses.

El ministro Sturzenegger afirmó que esta reducción en la plantilla estatal es esencial para disminuir el gasto público y, de este modo, crear condiciones que permitan una reducción de impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Según las proyecciones oficiales, el ahorro fiscal derivado de estas medidas alcanzaría los USD 4.012 millones, calculado mediante la técnica de «Valor Actual», que estima el ahorro futuro descontando el valor de los salarios que ya no se abonarán.

Estas acciones se enmarcan en la política de ajuste del Estado promovida por la administración de Milei, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sector público y reducir el gasto estatal.

Intentarían compensar la baja de retenciones al campo con un nuevo recorte del 30% sobre el Estado

Conocida la información de que el Gobierno de Javier Milei pretende compensar los 800 millones de dólares por la baja en las retenciones al campo con un achique del Estado en un 30%, principalmente eliminando y fusionando entes descentralizados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió rápidamente en su rechazo.

Al respecto, el Secretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, enfatizó: “La pretensión del Gobierno de achicar un 30% el Estado, aunque se trate de los entes descentralizados, es imposible. Si esa medida se llevara adelante, los servicios básicos y esenciales no estarían garantizados”, y agregó: “Los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos. Eso necesariamente tendrá una repercusión social absolutamente negativa”.

“Si no lo frenamos a Milei ahora, después será demasiado tarde. El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario en nuestro país”, denunció Aguiar.

El recorte impulsado desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger proyecta sustituir así los ingresos por la baja de las retenciones al campo confirmada por el ministerio de Economía días atrás. A fuerza de recortar y no observar derechos esenciales, en 2024 el Gobierno redujo el gasto público en un 30% y anuncia continuar en la misma línea durante el año en curso. En este sentido, se anticipó el cierre de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA) que depende del ministerio de Defensa.

Sobre las próximas acciones del sindicato de los estatales, Aguiar adelantó: “Desde ATE definiremos esta semana la convocatoria a nuestras instancias orgánicas. La sola convocatoria a paritarias para definir un incremento salarial no alcanza. Aquí está en debate el modelo de Estado y el rol que tiene que cumplir. No podemos seguir aceptando que sea reducido a su mínima expresión”.

Finalmente, en referencia a las expresiones que el presidente Javier Milei profirió en el Foro Económico Mundial de Davos y otros ámbitos internacionales Aguiar sentenció: “Si tenemos en consideración el discurso que el presidente expresó fuera de nuestro país, la que está en riesgo es la democracia misma. Tenemos que ponerle límites a este Gobierno. Un Gobierno que fue elegido por el voto popular, pero que se está transformando en una tiranía. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario. Todos estamos en peligro y la peor opción es la resignación”.

En el sector público perdieron más de 3.000.000 de pesos de ingresos

El MATE publicó un informe que muestra que “las obras sociales perdieron 1,7 billones de pesos y los sindicatos 377.000 millones de pesos”.

El Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) publicó un informe que muestra que “la evolución del salario en lo que va del mandato de Milei generó una transferencia de 27,3 billones de pesos, de los cuales 19,2 salieron del bolsillo de los asalariados de forma directa”.

Según los investigadores rosarinos, “el Estado dejó de percibir 6 billones de pesos por aportes y contribuciones, las obras sociales perdieron 1,7 billones de pesos y los sindicatos 377.000 millones de pesos”.

El trabajo realizado con datos del SIPA, el INDEC y ARCA (ex AFIP), sostiene que, a pesar de la recuperación parcial del segundo trimestre del año, que “casi permitió recuperar el nivel de noviembre de 2023, la caída del poder de compra registrada desde que asumió Milei implicó una pérdida de ingresos, en promedio, de 1.099.769 pesos para cada trabajador del sector privado”.

En el caso de los trabajadores del sector público la pérdida es mucho mayor. “En los primeros 11 meses de gobierno, cada asalariado estatal perdió 3.314.736 pesos en promedio”.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, FARCO, Indymedia Argentina, Perfil, Tiempo Argentino, Página/12, La Izquierda Diario

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