Mucho se ha hablado sobre los cortes de ruta que están haciendo los vecinos de Gualeguaychú, Colón y otros puntos; el ahora bloqueo a la empresa BuqueBus para evitar que partan al vecino país y el reciente fallo de la Corte de La Haya reavivó la polémica sobre la legitimidad de las protestas. Las pérdidas […]
Mucho se ha hablado sobre los cortes de ruta que están haciendo los vecinos de Gualeguaychú, Colón y otros puntos; el ahora bloqueo a la empresa BuqueBus para evitar que partan al vecino país y el reciente fallo de la Corte de La Haya reavivó la polémica sobre la legitimidad de las protestas.
Las pérdidas ocasionadas por los cortes al Uruguay son grandes y es probable que pierdan más que lo que ganen con la instalación de las pasteras de celulosa. Hay voces a favor y otras en contra, no entraremos en la discusión si es legal o no, hay especialistas que indican que pueden ser legales y legítimos, otros que no, pero más allá de esto… ¿Que podrían hacer entonces sus pobladores para protestar sin cortes?, para ello es necesario analizar varios aspectos de este conflicto ambiental.
Uruguay vendió su alma a las pasteras
Nuestro hermano país, puede o no aceptar la contaminación que producirán las pasteras, pero el problema de fondo no es este sino económico.
Imaginemos una supuesta puesta en marcha de las plantas de procesamiento de celulosa en Fray Bentos, luego de un tiempo se comprueba efectivamente que están contaminando y los pobladores de Fray Bentos protestan; sus acciones, que pueden ser un bloqueo a la entrada de camiones a las plantas, perjudican a las empresas.
Las pasteras ya se anticiparon y lo pactaron con un contrato: el Estado uruguayo se verá obligado a indemnizar a las plantas de celulosa por sus pérdidas, aunque sean culpables de afectar el ambiente. Así lo establece el Acuerdo de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia, en cuyo artículo 6, sin anestesia, establece que «…los inversores que sufran pérdidas por revueltas, insurrecciones o manifestaciones serán indemnizados en efectivo, en moneda de libre conversión e inmediatamente transferible, con una cifra que se calculará según el criterio que resulte más favorable a los dueños de las empresas.» Así de simple, Jorge Batlle vendió el alma a los capitales privados de un modo más ruin que el propio Menem en los 90 en nuestro país.
Aparte de este aspecto, las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni indirectas (¿que es una «expropiación indirecta»?) y en caso de controversia las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a tribunales internacionales, según les parezca.
Sobre La Haya
La estrategia establecida por el gobierno nacional de recurrir a La Haya es para muchos especialistas ambientales un error garrafal, una contienda que estaba perdida desde un comienzo y que ahora juega en contra. Es muy importante dejar en claro que el tribunal internacional no se expidió sobre el tema de la contaminación de este tipo de industria, hacerlo sería una catástrofe para la industria papelera y es un punto en el cual el mundo capitalista no está dispuesto a ceder. El fallo, en línea general, estableció en primera instancia que Uruguay no violó el tratado del Río Uruguay, y cuestiones menores, pero principalmente es solo esto.
Las papeleras contaminarán si o si
Las empresas tomarán agua del río Uruguay y la devolverán a su cauce tras emplear dióxido de cloro en el proceso de blanqueo con el gran problema de la escala de las empresas, las que producirán un millón y medio de toneladas de celulosa en conjunto según los documentos de la Comisión Binacional.
Estos residuos peligrosos generados contienen dioxinas y furanos, compuestos con muy poca capacidad para biodegradarse, elementos que quedan en la biosfera muchos años después de haber sido liberados y se almacenan en los tejidos de los organismos vivos ya que son liposolubles (se almacenan en grasa), técnicamente se denominan «AOX» (halogenuros orgánicos absorbibles). Los técnicos locales advirtieron que el río Uruguay está limpio, pero es un ecosistema frágil y las concentraciones de AOX en la costa argentina podrían elevarse a 0,024 mg/l, o sea que se elevaría el valor mínimo del río doce veces.
También está el problema del aire ya que una vez que se obtiene la pasta de celulosa, las empresas volcarán los desechos sólidos a un incinerador donde los queman para producir energía. El humo producido podría contener azufre, que en contacto con las nubes genera dióxido de azufre, es decir que la zona se vería afectada por la denominada «lluvia ácida».
Las empresas no colaboran mucho que digamos, en sus informes las firmas se compromete a tratar las aguas residuales «in situ antes de su vertido en el río», pero ninguna detalló cómo. Las respuestas obtenidas por los pedidos de informes son lamentables y hasta provocadoras:
– «Se dispondrá de esta información detallada, por ejemplo del tratamiento de efluentes, en los tiempos correspondientes».
– «En relación con el punto 7 (allí se pedían los manuales de procedimiento con medidas de control y correctivas), ambas empresas disponen de sendas declaraciones de política ambiental, las cuales figuran en sus respectivas páginas Web», y
– «Las preguntas pendientes fueron trasladadas al emprendatario, sin haber recibido aún el retorno correspondiente. La información será remitida a la Delegación Argentina en cuanto esté disponible» (respuesta enviada luego de tres meses de espera).
En definitiva no dicen nada, no en vano se trasladan a países tercermundistas porque en su lugar de origen los están echando por no querer reconvertirse a tecnologías limpias, de esto hay muchos registros de los verdaderos desastres ambientales que han generado en sus países.
Seamos realistas, al Gobierno no le interesa el problema ambiental
El gobierno de Kirchner puede tener muchos aciertos: económicos, sociales, derechos humanos, etc.; pero si hay algo en que hasta ahora falló nuestro gobierno nacional es en el aspecto ambiental.
Si verdaderamente estaría interesado en solucionar los problemas del ambiente nacional actuaría también sobre otras áreas, veamos algunos ejemplos:
– Biodiversidad: Los diputados del Frente para la Victoria de las provincias del norte están demorando por presiones de los terratenientes la sanción de una moratoria a nivel nacional que frene los desmontes en el país.
– Agricultura: Directamente relacionado con lo anterior, la superficie de soja este año volverá a ser record por la destrucción del monte y los bosques nativos, el desplazamiento de aborígenes y el reemplazo de otros cultivos. ¿Es bueno el record de soja? Para unos pocos, un puñado de agricultores y el gobierno que aumenta las tasas de retención a las exportaciones. Mientras tanto estamos absorbiendo millones de litros de agroquímicos y su caótico desmanejo.
– Minería: Cientos de poblaciones afectadas por esta industria contaminante en la cordillera están cansadas de denunciar contaminación, violaciones a los derechos humanos, etc. por parte de estas industrias multinacionales. ¿El gobierno? Ausente, más que ausente, cómplice de las mineras que destruirán para siempre el paisaje cordillerano y envenenará el agua de la región.
– Residuos: La Secretaría de Medio Ambiente sigue con la lamentable tendencia de enterrar todo, que desde un punto de vista ambiental es inviable.
– Nucleares: Cuando Alemania anunció que pararía varias de sus centrales nucleares y el año 2006 marcó una tendencia a nivel mundial de reducción de esta forma de energía peligrosa y contaminante, en Argentina se la impulsa y se ocultan incidentes como la de hace una semana en la Central Nuclear de Embalse.
– Industrias: Hay sectores de Argentina altamente contaminados (y más que lo que ocasionaría las Pasteras). La contaminación del aire, del agua y del suelo en los inmensos parques industriales y su lógico impacto sobre la población en los polos petroquímicos de Bahía Blanca y La Plata, Gran Rosario y Dock Sud y la cuenca del Riachuelo-Matanza, afectando directamente a 5 millones de personas. ¿El Estado? Ausente y sin ningún tipo de control.
La Red Nacional de Acción Ecologista -RENACE- (1) viene luchando para que se declare la emergencia ambiental a nivel nacional; con un completo informe titulado «Solo hay futuro con un ambiente saludable» (2), la Red integradas por decenas de ONGs ambientalistas de Argentina, elevó a distintos órganos gubernamentales el diagnóstico de la situación ambiental del país y su reclamo por un ambiente saludable y para recuperar la Soberanía Alimentaria mediante el fomento de las producciones alternativas; protegiendo la biodiversidad, promoviendo las energías renovables y limpias y modos de producción y consumo que respeten los derechos de los que heredarán este país.
Los puntos enumerados son solo por citar algunos, en definitiva el lector dirá: «Bueno pero no se puede hacer todo de una sola vez!». El problema no es que no pueda hacerle frente, el problema es que está haciendo exactamente lo contrario; Kirchner y su gobierno está incentivando las industrias y las prácticas ambientalmente insostenibles, contaminantes y perjudiciales para la gran parte de la población.
Sobre la legalidad de la protesta entrerriana
A primera vista, todo indicaría que un corte de ruta no es válido y sustentable desde el punto de vista legal ya que se está violando el principio básico de circulación. Tampoco es el objeto de la presente determinar o descartar la legalidad de este accionar, pero es interesante un punto de vista del ex Senador Héctor Maya.
El ex legislador afirma que «el corte de la Ruta Nº 136 es de absoluta legalidad, más aun, es una obligación, ante la fragrante violación de un tratado por parte del Uruguay». Según un trabajo de Maya «la legalidad de los cortes, esta dada por el derecho y obligación que poseen todos los ciudadanos de defender la soberanía y como ordena la Constitución, ante cualquier agresión exterior -violación del tratado del Río Uruguay- concurrir en defensa de la patria. El ejercicio de la representación nacional ante el exterior no es un derecho propio del estado nacional sino una delegación posterior de cada uno de los ciudadanos y las provincias, que ceden el ejercicio, mas no la titularidad de la soberanía.» (SIC)
Más adelante establece que si hay un país originariamente agresor (Uruguay), que no respeta los derechos sobre el Río y que ejecuta acciones inconsultas y de disponibilidad, como si fuera dueño exclusivo y frente a la inacción del Gobierno Nacional que no actúa, entonces serían sus ciudadanos que dentro del marco de paz, recurren al medio mas disponible, efectivo, pacifico y de defensa que poseen: el corte de ruta.
¿Que les queda a los habitantes de Gualeguaychú?
En base a los puntos anteriores, imaginemos un escenario en el cual los pobladores de la provincia entrerriana no hubieran realizado protesta alguna… ¿El gobierno habría tomado cartas en el asunto por iniciativa propia? Por supuesto que no. Lo que le duele a Kirchner no es el problema ambiental y social, lo que le molesta son los cortes y las protestas.
Si el pueblo de Gualeguaychú, Colón y todos los movilizados pararan los cortes, no habría posibilidad de solución a esta problemática, es así de simple. Todo se olvidaría como nos olvidamos de la mayoría de las cosas, el argentino tiene memoria frágil.
Entonces, ¿es legal el acto que están realizando? A lo mejor si o tal vez no, pero es lo único que pueden hacer para salvar su población, por que esperar algo de los gobiernos en este aspecto es pura ilusión, mientras no haya movilización social no se solucionará nada.
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Referencias:
(1) Renace: www.renace.net
(2) Documento completo: http://www.renace.net/dea_doc_dca.doc
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Luis Tuninetti es Director de Eco Sitio
www.eco-sitio.com.ar
[email protected]
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