El Diputado por la Asamblea Nacional y coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, José Alfredo Ureña (Guárico), justificó esta semana una enmienda en la Ley de Semillas N° 37.552 que favorecería la introducción de organismos transgénicos en la República Bolivariana de Venezuela. La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de […]
El Diputado por la Asamblea Nacional y coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, José Alfredo Ureña (Guárico), justificó esta semana una enmienda en la Ley de Semillas N° 37.552 que favorecería la introducción de organismos transgénicos en la República Bolivariana de Venezuela.
La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció querer presentar una nueva ley de semillas dirigida a que «los campesinos dispongan de un tipo de semilla producida en el país y contrarrestar monopolios que mantiene la multinacional Monsanto. Este nuevo instrumento legal sustituiría la Ley de Semillas N° 37.552 de fecha 18 de octubre de 2002». Sin embargo la enmienda está destinada a abrirle la puerta a Monsanto y sus semillas transgénicas.
Según la organización GRAIN, ya en 2007 hubo un intento de Monsanto ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional que había decidido iniciar una evaluación de la viabilidad de la aplicación de esos mecanismos, conjuntamente con especialistas en el área biotecnológica y agrícola, siendo el entonces presidente de la Subcomisión de Industria y Comercio, Jhonny Milano (PSUV), tras escuchar la exposición del representante de Monsanto.
De acuerdo a lo publicado por GRAIN, de las conclusiones de dicho debate puede o no generarse una reforma parcial de la Ley de Semillas, Material para la Reproducción Animal e Insumos (aprobada en octubre de 2002, Gaceta Oficial 37.552), cuyo contenido deja algunos vacíos en este sentido. Esto significa claramente que Monsanto ha logrado por esta vía abrir una puerta para modificar la legislación vigente y lograr así la autorización para cultivar transgénicos en Venezuela, cosa hasta ahora prohibida, afirmó GRAIN.
Ureña logró reunirse el 28 de febrero pasado[i] con representantes de la Gobernación del Estado Aragua, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Defensoría del Pueblo, con el fin de avanzar en la redacción de un primer papel trabajo para la construcción de un anteproyecto de ley de semillas.
Los especialistas señalan que la estrategia de Monsanto repite su esquema histórico que, lamentablemente, ya le ha dado buenos resultados prácticos:
• Buscar aliados dentro de los gobiernos, con organizaciones de agricultores o empresas semilleras para doblegar las resistencias de otros sectores e imponer normas que viabilicen sus pretensiones.
• Fomentar la contaminación con transgénicos imponiéndolos a través de los hechos consumados.
• Asegurarse la ausencia de debate público y democrático, dejando a sus serviles contrapartes dar la voz pública sobre los acuerdos y propuestas encaminadas.
• Presionar a través de la vía jurídica o de contratos privados para mantener el control y sus ganancias por medio del cobro de regalías.
Según Ureña «La ley de Semilla determinará la nueva institucionalidad, calificación de obtentores, fiscalización y certificación de semilla, así como la posibilidad de tener un nuevo segmento de semilla artesanal fiscalizada por el estado venezolano, además de la semilla certificada que se ha venido manejando por años en nuestro país. De igual forma este proyecto de ley debe garantizar el reconocimiento y la protección a la creación, la autoría y propiedad intelectual de los obtentores de semilla donde haya un respeto a las normas ambientales conforme a la CRBV y las leyes.»
Afirmó el diputado, la ley es inaplicable ya que aborda tres elementos diferenciados desde el punto de vista técnico y agronómico.
«Queremos que la asignación de tierras a los productores vaya acompañado con estas políticas para que haya la certeza de que a quien se le asigne la tierra realmente trabaje para producirla», expresó el diputado, durante una entrevista en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
Sostuvo que el financiamiento a los productores a tasas de interés de 13% permite facilidades para que puedan labrar las más de 2,4 millones hectáreas que son cosechadas en el país, cifra que se ha incrementado con respecto a 1998, cuando sólo se trabajaban 1,6 millones de hectáreas en el territorio nacional.
«En el país se ha pasado de producir 17.000 toneladas de alimentos a 24.000 toneladas» en ese tiempo, resaltó.
Detalló además que en 1998 sólo se consumían 10 kilogramos de arroz por persona al año, mientras que en la actualidad la cifra es de 24 kilogramos por persona al año. Respecto al consumo de pollo, precisó que pasó de 12 a 40 los kilogramos que consume cada venezolano anualmente.
En materia de leche, recordó que la producción se incrementó de 3,5 millones de litros de leche diarios a 6 millones de litros diarios. En cuanto a la harina de maíz precocida, detalló que pasó de 40 a 90 los kilogramos anuales por persona, lo que evidencia que se ha pasado de consumir 300 kilogramos a 520 kilogramos de alimentos por persona cada año.
Analistas observan que estos logros fueron alcanzados con la actual Ley que el Diputado José Ureña quiere modificar[ii].
Se afirmó en la reunión del 27 de febrero que la modificación de esta «Ley de Semillas, Materiales para la Reproducción de Animales e Insumos Biológicos» forma parte de la Agenda Legislativa 2013, y nace ante «la necesidad de impulsar un nuevo marco legal que regule -en el ámbito nacional- lo relacionado con la obtención, investigación, producción y comercialización de las semillas; así como para avanzar en la concreción del primer objetivo histórico del Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019».
Estas afirmaciones son contrarias a la posición anteriormente asumida por el Poder Ejecutivo:
el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró en una reunión internacional a principios de mayo de 2004 «que prohibirá el cultivo de semillas modificadas genéticamente en su país». Esto podría significar la cancelación de un contrato con la empresa estadounidense Monsanto para plantar 200.000 hectáreas de soja modificada genéticamente en Venezuela. Al descubrir que se trataba de ese tipo de semillas, Chávez anunció: «Ordené ponerle fin al proyecto»[iii].
[i] http://www.asambleanacional.gov.ve/noticia/show/id/200
[ii] http://urenaenlosmedios.blogspot.com.ar/p/parlamentando-desde-guarico-porque-la.html
[iii] http://old.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=2595
Fuente: http://matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25275