Desde el 20 de diciembre el movimiento indígena está en estado de alerta y movilización a raíz de las primeras medidas de corte inconstitucional que el gobierno del ultraderechista Javier Milei ha lanzado.
En paralelo al debate que se va sucediendo en el Congreso de la Nación, donde no existe representación indigena, las comunidades a lo largo del territorio se organizan para debatir las modificaciones que afectará a su forma de vida y arman estrategias judiciales y acciones de formación.
Esta semana estuvieron presentes dos referentes indígenas en una reunión informativa para la sociedad civil respecto de temas ambientales del Bloque de Diputados de Unión por la Patria. Lourdes Albornoz, trabajadora social perteneciente a la nación diaguita quien forma parte de la organización Tejido de Profesionales Indígenas y que vive en la provincia de Tucumán, Comunidad El Mollar. También participó Orlando Carriqueo, el Werken (vocero) y autoridad política de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Rio Negro.
Anteriormente, el miércoles 17 de enero Raúl Sajama, de origen Kolla, integrante de la Comunidad Indígena Angosto El Perchel cercano a Tilcara en Jujuy, quien fue parte del Malón de la Paz participó durante la quinta reunión informativa del Plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General donde se encuentra en debate la llamada Ley Ómnibus (más de 600 artículos).
El 12 de enero la abogada quechua Aymara Choque también del Tejido de Profesionales Indigenas participó en una reunión informativa del Bloque UxP por los temas de género y diversidad sexual donde estuvieron algunas representantes del movimiento feminista. Allí la abogada indigena denunció varias situaciones de desalojos violentos en las provincias de Tucuman, Rio Negro y persecución y criminalización de miembros de comunidades indígenas desde Jujuy hasta Los Toldos en la provincia de Buenos Aires (Comunidad Epu Lafken- usurpación de sede comunitaria).
Argentina es un país federal integrado por 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una población total cercana a los 45 millones de personas. Según estimaciones de organizaciones indígenas, habría cerca de 2 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios. (Censo Población 2023- Sin datos de pueblos originarios aún). En lo que respecta a los pueblos originarios las leyes que afectan directamente en el DNU es la Ley contra la Extranjerización de la Tierra, y en el proyecto de la Ley Ómnibus, se modifican la Ley de Protección de Bosques, Ley de Glaciares, Ley de Control de Quemas, Ley de Pesca, Ley de comercialización de fertilizantes y agroquímicos, Leyes Mineras, entre otras.
Actualmente, el 5,23% de las tierras del país está en manos de extranjeros. Se trata de 12.520.826 hectáreas, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR- 2013). A pesar de la voracidad del capital transnacional ninguna provincia argentina supera el 15% que establece la Ley. Aunque hay excepciones como Lago Escondido, que pertenece al magnate Joe Lewis.
Por otro lado, hasta ahora la Ley de Manejo del Fuego establece que las tierras quemadas no podrán venderse, lotear o urbanizarse por 30 o 60 años hasta garantizar su recuperación. Sin Ley de Tierras Rurales podría quedar vía libre para las quemas de los territorios. Respecto de la Minería sin control, en el mega decreto se derogó leyes vinculadas a la actividad minera: la Ley N° 24.523 que creaba el Sistema Nacional de Comercio Minero y la Ley N° 24.695 de creación del Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos.
“El 80% de la biodiversidad global está en resguardo de los pueblos indígenas, somos quienes ofrecemos la vida, por eso también queremos que nuestra palabra se tenga en cuenta para poder decidir”, exigió ayer la trabajadora social del pueblo diaguita el día de ayer ante el Bloque de UxP. Mientras que el Werken Mapuche Orlando Carriqueo indicó que: “la Ley Ómnibus afecta a la democracia, además de afectar a los derechos ambientales, afecta derechos laborales, de sindicalización, por lo cual entendemos que es inconstitucional. El extractivismo ya se viene desarrollando en nuestros territorios y esto afianza el proceso colonizador en todas nuestras comunidades, por lo que creo que no existe posibilidad en términos democráticos de aprobar esta ley, ya que violaría todos los preceptos constitucionales y quebraría el orden de la república”.
Por su parte, Raúl Sajama, el miércoles 17 de enero, ante los legisladores de la Cámara de Diputados manifestó: “El día 11 de enero nos reunimos muchas de las 400 comunidades de Jujuy, ha motivado esa reunión la grave situación institucional que está ocurriendo en el país en relación al DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus que están siendo tratados, de las cuales las comunidades indígenas presentes solicitamos a ambas cámaras el rechazo total de ambas leyes, fundamentamos esa solicitud por cuanto la modificación viola el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, ya que no se ha realizado la consulta indigena que obliga la actual ley vigente”.
También fue enfático al explicar que las leyes y normas de la Ley Ómnibus seguramente van a afectar y dificultar, cuando no impedirán, el relevamiento territorial que se realiza bajo la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas “tradicionalmente por comunidades indígenas originarias” y que sirve de base a los reclamos de la mayoría de las comunidades indígenas. El dirigente indicó que la modificación de la Ley de protección a los glaciares pondría en peligro el agua dulce poniendo en peligro la vida de las personas y también de plantas y animales ante potenciales actividades de las empresas mineras.
El shock, la sobreinformación y las fake news son los principios que manejan desde la campaña electoral de Miei y su gestión presidencial. Esta confusión planificada es funcional al Poder Ejecutivo Nacional, manifestó Veronica Azpiroz Cleñan politóloga e integrante de la comunidad mapuche Epu Lafken de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
Desde la organización Tejido de Profesionales Indígenas han realizado talleres destinados a comunidades indígenas de todo el país para explicar el alcance y efecto negativo que tiene la vigencia del DNU desde el 31 de diciembre y ordenar la estrategia judicial. Esta organización tiene como horizonte el poder presentar un recurso judicial en conjunto con otras comunidades indígenas, pero siendo los propios integrantes de comunidades quienes puedan elaborar las presentaciones judiciales, para dejar de lado los patrocinios o los modos clientelares que muchas veces existen con los sectores más vulnerables.
Hasta el momento se han presentado tres recursos de amparo por parte de abogados no indígenas que patrocinan a tres comunidades: de San Juan, (Huarpe) Rio Negro (mapuche) y Buenos Aires (mapuche). En este orden Azpiroz Cleñan alienta la conformación de fuerza propia indígena tanto sea para la estrategia judicial como para la representación política. En sus palabras: “salir del paternalismo progresista, o de la mirada hippie o trotskista sobre lo indígena es una tarea que hemos asumido como organización. Ya estamos bastante grandecitos como para que una ONG o abogada/o no indígena hable en nombre nuestro, quiera interpretarnos o busque su minuto de gloria, utilizando la causa indígena para hacerse su lugarcito en los medios de comunicación. La colonialidad del poder hay que romperla justo ahora, cuando está en plena crisis todo el sistema político argentino.”
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.