Este jueves 15 de octubre se desarrolló una nueva jornada de lucha de los trabajadores de la salud bonaerenses que incluyó manifestaciones con aplausos, cortes de calles, semaforazos en hospitales y centros de salud, en reclamo de un aumento salarial actualizado por inflación, nombramientos y regularización de la carrera, licencia de grupos de riesgo y únicos cuidadores y presupuesto de emergencia.
El gobierno bonaerense convocó para el lunes 19 de octubre a una reunión paritaria con el sector, pendiente desde abril: “Luego del cierre de la Paritaria General del Estado con un escaso incremento salarial del 14% (10% en setiembre, 2% más en octubre y otro 2% en noviembre, más reapertura en diciembre), se abre el turno de nuestro sector. Con el objetivo de superar esa valla establecida por el magro aumento estatal, volveremos a tomar como referencia para el salario inicial el valor de la canasta básica publicada por la Junta Interna de ATE/INDEC, unos 72.000 pesos”, afirmaron desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP).
En este sentido, expresaron que, si bien lo salarial tiene un rol central en la próxima paritaria, otros temas son igualmente importantes y resaltaron la necesidad de avanzar en la toma de las licencias ordinarias (anual, complementaria) pese a la extensión de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran los trabajadores que vienen sosteniendo desde el primer día la asistencia durante la pandemia. Desde CICOP, explicaron que también está pendiente el otorgamiento de las licencias al personal que pertenece a los grupos de riesgo, así como a los progenitores con hijos a cargo.
“La incorporación de buena parte de lxs residentes egresadxs en 2020 a la Carrera Profesional, producto de nuestra pelea, es un muy buen paso adelante, considerando el requerimiento de profesionales que tiene el sistema para completar planteles en los establecimientos. La decisión deberá complementarse con un aumento salarial que permita que lxs ingresantes no duden en quedarse. Pero ha quedado sin resolver aún la implementación de un nuevo Reglamento para las Residencias, que debió haber empezado con la nueva camada de residentes que comenzaron el 1° de octubre y que todavía tiene varias indefiniciones que deben concretarse rápidamente”, agregaron desde CICOP y advirtieron que aún hay centenares de trámites de designaciones de cargos y funciones que subsisten sin resolución definitiva.
Otra cuestión a tratar y definir con las autoridades bonaerenses está relacionada con la situación previsional de los trabajadores: “El reclamo de una aplicación correcta del Decreto de Desgaste Laboral, con un largo tiempo de retraso, también debe incluir la resolución del valor del aporte que venimos realizando, un 2 % adicional, que tendría que ser considerado al momento de contabilizar los años necesarios para la jubilación. A la vez, hay temáticas que quedaron pendientes de abordaje en su momento, tales como las guardias de 12 horas y el pase de guardia a planta luego de determinado tiempo en la misma, lo que debiera ser retomado”.
Este jueves 15 de octubre enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires iniciaron acampes en reclamo por el reclamo de reconocimiento profesional, aumento de sueldos, entre otras demandas. Las acciones se llevarán adelante en el Congreso Nacional y frente a la Jefatura de Gobierno porteño, ubicada en Uspallata 3160.
Paritarias de docentes bonaerenses
El viernes se realizó una nueva reunión de la mesa técnica salarial docente en la provincia de Buenos Aires. El ofrecimiento del gobierno es un aumento del 15 % escalonado a diciembre. La oferta de incremento es del 6,5 en septiembre y 8,5 en diciembre.
Según se informa en un comunicado del Frente de Unidad Docente Bonaerense: “Se recepcionó la oferta de un aumento salarial en dos tramos, a efectivizarse en los meses de septiembre y diciembre. El incremento correspondiente al primer tramo se percibirá en forma retroactiva con el sueldo de octubre. De este modo, el salario inicial de maestro de grado se eleva a $ 33.000 en septiembre y 36.003 en diciembre”.
Cabe recordar que el aumento acordado en marzo había sido de un 16,66% en dos cuotas (marzo –junio).
Tengamos en cuenta que, durante el mes de agosto, se calculó que en 12 meses se acumuló un 40,7 % de inflación según el Indec, y en el mes de septiembre informaron que se necesitó ingresos por $ 45.478 para no ser pobre y $ 18.792 para no caer por debajo de la línea de la indigencia.
Para el 14 de octubre, desde las seccionales Multicolores se convocó a una Jornada Provincial de Lucha en Defensa de la Escuela Pública. Por $ 44.000 de inicial, aumento del 40% en camino a la canasta básica familiar. El salario no es ganancia, eliminación del Impuesto a las ganancias a los salarios. Igual salario por igual trabajo, no a la modalidad FONID. Aumento de las asignaciones familiares. Por Salario de Emergencia de $ 30.000. No al ATR por precarizador del empleo y de la educación”, son algunas de las demandas difundidas por las seccionales Multicolor.
Mientras tanto, el dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, aseguró que, si están dadas las condiciones sanitarias y se cumplen con los protocolos adecuados, “por supuesto que la vuelta a clases es una posibilidad.”
En este sentido agregó que siempre su postura fue la misma sobre las clases presenciales “es la que mantuvimos siempre”. “Son las autoridades sanitarias las que deben decidir si hay condiciones sanitarias y epidemiológicas para la vuelta presencial.”
Por otra parte, el dirigente gremial dijo que “si no se hubiera interrumpido el programa Conectar Igualdad en el año 2016 hoy la mayoría de los chicos hubiera estado en mejores condiciones.”
Declaración de ADEMYS frente a la apertura de escuelas en CABA
Con más de 850.000 casos confirmados, y un promedio de 15.454 casos diarios, Argentina es el séptimo país en el ranking mundial de cantidad de contagios, detrás de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Colombia y España. Nuestro país ocupa trágicamente el puesto número 17 -también a nivel mundial- de cantidad de muertos por millón de habitantes, con 510 fallecidos por cada millón de habitantes, cerca de Italia, que tiene 594 muertes por cada millón. En la Ciudad de Buenos Aires el promedio semanal de contagios es de más de 1.000 personas diarias. El total de fallecidos en nuestro país hasta ahora es de 22.710 personas (al 09/10/2020).
Estos datos, que parece que hemos comenzado a naturalizar como fríos números, representan a padres, madres, abuelas y abuelos, amigos y amigas, hijos e hijas, personas que la pandemia va matando. Y esto incluye a los menores de 20 años.
En Argentina se llevan contabilizados 56.064 casos confirmados de COVID-19 en menores de 18 años – siendo 13.697 de menores de 5 años, 11.857 de niñes entre 5 y 9 años y 31.160 entre 15 y 19 años, según datos del Ministerio de Salud Nacional. 52 de esos chicos y chicas murieron.
Pero sin importar el número de muertos y contagiados, sin importar el riesgo para la salud y la vida de miles estudiantes y sus familias, los gobiernos profundizan su política aperturista respondiendo a las presiones empresariales y el lobby mediático. Está claro que, a diferencia de los discursos que planteaban la prioridad de la salud de la población frente al lucro y al interés por las ganancias, hoy, nuestras vidas, las de nuestra familia, y de toda la comunidad, no son lo más importantes.
Como venimos sosteniendo en base a los informes de organismos como la Organización Panamericana de la Salud y como lo demuestran los resultados de las experiencias negativas que ha tenido la apertura de escuelas en Francia, España, Israel (3 países en los que se han vuelto a cerrar las escuelas por la disparada de casos que generó), Estados Unidos, o en provincias como San Juan, no se debe volver a la escuela presencial hasta que deje de haber circulación comunitaria del virus.
Lo contrario implica una multiplicación de casos que los ya colapsados sistemas de salud no podrían soportar, generando un incremento en la cantidad de muertos.
Los y las docentes, directivos, supervisores, quienes sí nos preocupamos y ocupamos cotidianamente no sólo por el aprendizaje sino por la salud y las vidas de nuestres estudiantes y sus familias, sostenemos que en este contexto no podemos de ninguna manera volver a las actividades presenciales. No podemos correr el riesgo de perder la vida de nadie. No hay lugar para el juego de la prueba y el error con nuestros pibes y pibas, con nosotres y nuestras familias.
¿Podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos dicen que hay que ver cómo evoluciona? ¿Por qué son siempre las vidas de los más pobres las que se ponen en juego? Las de quienes no podrán ir a clínicas privadas, las de quienes no pueden tener alimentación suficiente para fortalecer su sistema inmunológico, las quienes vienen con cuerpos ya deteriorados por la miseria que no resistirán el impacto del virus. No podemos permitirlo.
Desde Ademys rechazamos la política aperturista de escuelas de Trotta y Acuña. Seguimos insistiendo en que haya dispositivos y conectividad gratuita para todos y todas.
Mientras siga la pandemia, mientras siga habiendo circulación comunitaria del virus, no volvemos a la escuela presencial ni a ningún tipo de actividad presencial.
Martes 13 y miércoles 14 de octubre PARO DE TODA LA DOCENCIA
En una reunión imprevista a la que se nos convocó el mismo día dos horas antes a los sindicatos, sin realizar ningún tipo de consulta ni abrir la posibilidad de debate o diálogo, el gobierno de la Ciudad se remitió a informar a los sindicatos lo ya resuelto:
– El martes 13/10 volverían a actividades presenciales los/as estudiantes de 6° año de algunas escuelas técnicas en «espacios al aire libre o amplios -pero cerrados- tipo SUM».
– El miércoles 14/10 se incorporarían más escuelas técnicas y «quizás» estudiantes de 5° año de algunas escuelas medias.
– El cronograma de avance en la presencialidad incluirá también al nivel primario. El 26/10 se incorporarían estudiantes de 7° grado.
– La asistencia de les estudiantes sería voluntaria.
– El gobierno No garantiza el transporte siendo que el uso del transporte público es uno de los problemas señalados como más graves por todos los especialistas que plantean que es uno de los mayores espacios de contagio y dispersión del virus. Sólo se planteó la posibilidad de que se habilite el subte y el pedido a Nación para que habilite el transporte público para les estudiantes que se convoque.
– Se trabajaría con grupos de 10 alumnos/as en turnos entre 2 y 4 veces por semana, en jornadas de entre una hora y media hasta cuatro horas de duración. Con turno. No se especificó cómo se establecerían esos turnos ni las convocatorias, con lo cual no es posible prever cómo se evitaría que lleguen el martes 50 o 100 estudiantes al mismo tiempo.
– Se planteó el desarrollo de la Modalidad «burbuja» con grupos de estudiantes que se mantienen, no pudiendo ingresar nadie nuevo, ni mezclarse grupos, sin especificar cómo garantizaría que no se mezclen los y las docentes o personal a cargo, que sí sería vector de contagio entre distintos grupos.
– La «responsabilidad» tanto de organizar y convocar como de controlar todo el procedimiento es de las conducciones.
También deben las conducciones designar a una «persona responsable de hacer el control» de ingreso de todas las personas que entran a la escuela: tomar la temperatura y realizar un relevamiento de síntomas compatibles con Covid 19.
– No hay ningún tipo de definición respecto de si las/los docentes convocado/as deberán sostener, además, la virtualidad, con todo el desgaste y cantidad de horas extra de trabajo que viene significando para toda la docencia, quedando esto a criterio de las conducciones.
– Serian eximidos/as de asistir los/as docentes que sean personas de riesgo, embarazadas y mayores de 60. Deberán solicitar el permiso especial. Pero quedó en un terreno incierto el caso de compañeros/as con hijos/as menores de 14 a cargo.
– Se conformaría una Comisión mixta de monitoreo con funcionamiento semanal.
– Se van a habilitar 5 puntos (en toda la Ciudad) de testeo gratuito y voluntario para docentes, cuando los especialistas recomiendan que sea testeada toda la población escolar en caso de vuelta a presencialidad.
– No se hizo referencia a los/as 6.500 estudiantes «desconectados/as», más que una breve respuesta de que «van a parques de a 20 y ya lo están tomando», cuando se consultó específicamente.
Ademys denuncia que es una absoluta irresponsabilidad la política que se lleva adelante; que el grado de indefinición y vaguedad de las medidas refleja que no hay ninguna preocupación por la seguridad y la salud de docentes y estudiantes.
Además señala que no puede recaer sobre las conducciones escolares la responsabilidad de llevar este procedimiento adelante y que es gravísimo que ni siquiera se garantice que sean eximidos/as quienes tienen niños/as a cargo o conviven con personas de riesgo.
Siguen sosteniendo que no hay condiciones para la vuelta a la presencialidad.
Exigen:
– No a la vuelta a la presencialidad hasta que deje de haber circulación comunitaria del virus
– Equipos y conectividad gratuita para docentes y estudiantes
– Exámenes virtuales para el Concurso Básico Ascenso
– Reapertura de la mesa salarial y cumplimiento de los aumentos pautados en acta paritaria de marzo
– Ingreso de emergencia para docentes sin cargo
– Transparencia en el acceso a cargos
– Rechazamos y denunciamos el sumario iniciado a Carlos Di Franco supervisor del DE 19 que expresa una medida disciplinadora a toda la docencia.
Docentes universitarios
Paran los docentes universitarios. Será este miércoles 14 y jueves 15 de octubre e incluirá apagón y desconexión total por 48 horas. Es ante la falta de respuestas satisfactorias a las demandas salariales y laborales que viene planteando el sector en el marco de la paritaria.
Los docentes universitarios exigen inmediata recomposición salarial no inferior a la inflación acumulada (12,8% a la fecha), compensación de gastos ocasionados por la virtualidad educativa y resolución de la precarización laboral de docentes interinos, contratados y ad honorem. Asimismo, demandan que cualquier pretensión de retorno a la presencialidad debe contemplar estrictas garantías sanitarias en acuerdo con los gremios, rechazando cualquier situación que suponga un retorno forzado o la permanencia indefinida en la virtualidad, que es una modalidad transitoria.
Los trabajadores científicos del CONICET
El Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) ocupa el lugar más alto en lo que refiere a la Ciencia y Técnica del país e incluso, recientemente, fue galardonado como la mejor institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica, sobre un total de setenta instituciones según el Ranking SCImago 2020. Pero, en el seno del organismo se viene arrastrando un reclamo, fruto de los años de macrismo: lxs investigadorxs perdieron, entre noviembre de 2015 y diciembre de 2019, un 49,5% real (descontando la inflación) de su salario.
Lxs cientificxs no tienen un Convenio colectivo de trabajo (CCT) que regule la relación entre ellxs y su empleador que es el Estado.
Un CCT permitiría, por ejemplo, especificar las tareas propias de quienes integran la carrera de investigación en sus distintos escalafones, y además establecer con más claridad criterios de ingreso, promoción y permanencia en la Carrera del Investigador, indicar las condiciones de trabajo y los derechos en tal sentido, pautar las formas de participación en la institución (en comisiones de evaluación, por ejemplo) y las pautas vinculadas a las licencias y derechos básicos como trabajadorxs de la ciencia”.
Lxs investigadorxs vienen realizando una multiplicidad de acciones para visibilizar su reclamo, tales como juntada de firmas, cartas abiertas, twittazos, paros con performances frente a oficinas del CONICET y el MINCYT en todo el país. Recientemente, se anunció un incremento del 10% a partir de noviembre, solución que claramente no cumple las expectativas mínimas. Vienen trabajando en asambleas periódicas para ir definiendo las acciones de lucha, y además conforman comisiones de trabajo para debatir con sus empleadores y legisladores en torno a las características del futuro Convenio colectivo de trabajo y la Ley de financiamiento de la Ciencia y la Técnica.
La lucha que llevan adelante lxs investigarxs cuenta con amplio apoyo, más aún, el 29 de septiembre referentes de la comunidad científica internacional hicieron llegar una carta a las autoridades nacionales de Argentina en solidaridad con el reclamo salarial y presupuestario del CONICET, situación similar había sucedido durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019), cuyas políticas fueron especialmente gravosas para el sector científico. En esta ocasión, encabezan las adhesiones figuras de reconocida trayectoria en Ciencias políticas como Carole Pateman y Alex Callinicos; Sociología, Raewyn Connell y Ana Dinerstein, Michell Gollac y Göran Therborn; Filosofía, Silvia Federici, Patrice Vermeren y George Caffentzis; Física, Peter Zoller, Economía, Jacques Freyssinet y Thomas Coutrot, Paleontología Eric Buffetaut, entre otros (ver la carta).
El 6 de octubre hubo una caravana en rechazo del 7% con el que cerró la paritaria UPCN, decisión impulsada por autoconvocadxs y algunas líneas internas de ATE.
Estatales rechazan aumento
La presidenta de la Fesprosa, María Fernanda Boriotti, encabezó la delegación de trabajadores de la salud en la caravana y acto en el Congreso de la Nación como parte de la Jornada Nacional de Lucha junto a ATE y CONADU Histórica, en rechazo al aumento del 7% otorgado por el Gobierno nacional.
La presidenta de FeSProSa-CTAA sostuvo: “Tenemos que exigir garantizar que tengamos trabajadores con buenos salarios, en blanco, y el fin de la precarización laboral. Los ejemplos ominosos como el del Posadas y San Luis tienen que terminar, así como el pluriempleo que nos está matando. En esta nuestra sexta Jornada Nacional mandamos un abrazo fraterno y solidario a nuestros compañeros de Chubut”.
Para finalizar, Boriotti agregó: “Por todo esto decimos que el barbijo no es mordaza. Lo que logramos en estos meses lo hicimos con movilización, nunca dejamos la calle. Y así seguiremos en unidad de acción en defensa de los trabajadores sanitarios y el sistema público de salud”.
Paritarias
El secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi, confirmó que el gremio que conduce aceptó la propuesta salarial ofrecida por el gobierno bonaerense para los trabajadores de la Ley 10.430. Lo mismo hicieron los demás sindicatos por lo que, la provincia dará por cerrada la negociación paritaria estatal.
“La propuesta realizada por la Provincia establece un aumento del 10% en septiembre, un 2% en octubre, y un 2% en noviembre. Habrá un incremento del 30% en las asignaciones familiares y modificaciones en algunas bonificaciones en sectores rezagados como auxiliares docentes”, explicó de Isasi.
Y agregó: “Se prioriza a los sectores más bajos en materia salarial, ha sido consignado que sea una paritaria corta hasta diciembre para discutir salarios del 2020, las recategorizaciones y asignaciones familiares y en 2021 a discutir aumento para reparar la pérdida de los 4 años de Vidal”.
El acuerdo incluye el pago de un bono de 2.000 pesos con los salarios de noviembre para aquellos trabajadores que cobren menos de 33.750 pesos, el equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil.
Los gremios que integran la FEGEPPBA resolvieron “por unanimidad” aceptar la oferta salarial porque incrementa los sueldos básicos, “procura una mejora a los trabajadores más postergados, deja abierta la posibilidad de volver a discutir salarios en diciembre y además menciona que el gobierno “se comprometió a recomponer la pérdida producida durante el año pasado”.
En tanto, desde UPCN también confirmaron la aceptación de la propuesta y remarcaron que “prevé una garantía salarial de 30.000 pesos para todos los trabajadores del sector”.
La Federación de Empleados de Comercio (Faecys), que encabeza Armando Cavalieri, firmó con las tres Cámaras empresarias del rubro: desde septiembre pasarán a formar parte de los sueldos básicos de la actividad los $ 4.000 decretados por el Gobierno a principios de año y los 2.000 que la propia paritaria sectorial había agregado como parte de la revisión de la paritaria 2019, y desde este mes se pagará un aporte extraordinario y no remunerativo total de 30.000 pesos dividido en seis cuotas de 5.000 mil pesos cada una, hasta marzo de 2021. Además, se convino prorrogar el mecanismo de suspensiones con sueldos reducidos al 75% para los trabajadores eximidos de concurrir a sus tareas por efectos de la pandemia.
En el único rubro en que serán remunerativos los pagos es en los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores a la obra social del gremio (Osecac). La entidad de salud también continuará con la percepción de 100 pesos por cada empleado que serán descontados de su salario.
Similar al acuerdo de Comercio resultó el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que lidera Antonio Caló, con cinco pagos no remunerativos de $ 6.000 cada uno de agosto a diciembre.
Otros gremios que habían tenido subas en línea con la inflación acumulada en 2019 lograron este año actualizar sus escalas con alguna referencia a la evolución prevista del costo de vida. La Federación de Aceiteros fue pionera a fin de abril, en las primeras semanas de la cuarentena, con un arreglo de 25% hasta diciembre y con cláusula de revisión. Le siguieron la Asociación Bancaria, con 26% de aumento anual, el gremio de Camioneros, de Hugo Moyano, con 30% en cuotas, y el sindicato del neumático (Sutna), a cargo del dirigente de izquierda, Alejandro Crespo, con el récord hasta ahora de 37 %. También renovaron sus escalas sindicatos como Sanidad y Alimentación. En el capítulo de los pendientes se destaca la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), uno de los rubros más golpeados por la falta de actividad.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina comenzó el martes una huelga general ante la negativa de las Cámaras empresariales a la revisión de la escala salarial prevista para el mes de agosto pasado. Por su parte el Ministerio de Trabajo, dictó la Conciliación Obligatoria por 15 días hábiles.
Según estudios basados en la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la suma necesaria para asegurar el acceso a los derechos esenciales es, al 31 de agosto de 2020, de $ 81.670. Hoy el salario inicial del Convenio Colectivo de los Aceiteros es de $ 68.678, es decir, inferior al necesario para asegurar esos derechos esenciales.
Ante la negativa de otorgar aumentos por parte de las patronales el sindicato lanzó un plan de lucha: “Estas empresas, históricas ganadoras del modelo agroexportador, han sido recientemente beneficiadas con las medidas del gobierno nacional, percibiendo una transferencia de cientos de millones de dólares que se suma a su ya extraordinaria rentabilidad. Pero en vez de dar el ejemplo, aumentando salarios para reactivar la economía, se niegan a negociar”, plantea la organización gremial.
Hay que remarcar que esta huelga se da en el marco de la firma de un Compromiso de Unidad en la Acción entre Aceiteros y URGARA (Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina), hecho que fortalece la organización de los trabajadores.
Desde la conducción gremial se aseguró que ha sido una huelga contundente. “Saludamos la gran demostración de lucha y solidaridad obrera que hemos llevado adelante en cada planta y sector de trabajo. Con esta misma convicción, las obreras y obreros aceiteros continuaremos avanzando por cada uno de nuestros derechos y por el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición legal con conciencia del valor de la fuerza de trabajo”.
Los trabajadores de Dánica enviaron cartas documentos individuales y una colectiva afirmando su deseo de continuar en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 que rige su actividad en la planta. El sindicato de Aceiteros llevó copias de esa documentación al ministerio encabezado por Mara Malec Ruiz: «El planteo de la empresa de que era el sindicato malvado el que atrapaba a los trabajadores, quienes en realidad entendían la situación de la pobre empresa y aceptaban que les rebajen salvajemente el salario (40%), se cae con estas cartas documento».
El ministerio ya le advirtió al Grupo Beltrán que no le corresponde elegir en qué Convenio están encuadrados sus trabajadores pero la empresa insiste. Desde el sindicato remarcan la dificultad de negociar con una empresa que no tiene argumentos ni acepta razones: «Esas cartas que le han hecho firmar a algunos por miedo no tienen validez. En la legislación argentina un obrero individualmente no puede pedir un acuerdo peor que el que tiene colectivamente. Eso es para evitar situaciones como esta.»
Mientras tanto, la decisión de hacer un lock out patronal siendo servicio esencial y en medio de una pandemia en el que ha incurrido nuevamente la empresa dueña de Dánica, deja al Grupo Beltrán completamente fuera de lugar.
Los empleados agrupados en el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) de Santiago del Estero, denunciaron el actual CCT que los rige y reclaman no solamente ser integrados a otro convenio, sino un aumento del 12% y que se incorpore al básico la suma de 4.000 pesos del Decreto presidencial de principios de año.
Los sindicalistas a través del delegado provincial, Ricardo Juárez, amenazan con tomar los establecimientos y el presidente de la Cámara, Pedro Llorvandi, denunció que “el sindicato no quiere negociar, sino que busca imponer su posición ante una situación de emergencia económica y sanitaria, en donde las ventas del sector decayeron más del 60%”, dijo.
Finalizó con escándalo una nueva reunión paritaria para definir un incremento salarial para los petroleros. Las Cámaras aceptaron reconocer el 16,2% adeudado a marzo de 2020, pero ningún monto adicional. Incluso, manifestaron que «habría un excedente de trabajadores en los yacimientos», lo que generó malestar de los representantes sindicales, que abandonaron el recinto.
Claudio Vidal, el secretario General del Sindicato Petrolero manifestó que las negociaciones fueron «durísimas», y no se vislumbran grandes expectativas de llegar a un acuerdo antes del viernes, cuando vence la prórroga de la conciliación obligatoria.
Cabe recordar que, desde mediados de septiembre, se vienen llevando a cabo negociaciones entre sindicatos y Cámaras en forma privada y ante el Ministerio de Trabajo vía teleconferencia. Sin embargo, al no encontrar un punto de acuerdo, la autoridad laboral solicitó la presencia de ambas partes, en el edificio de calle Callao, en Capital Federal.
Junto al gremio liderado por Claudio Vidal, estuvieron presentes el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, Petroleros Privados de Chubut, la Federación Argentina de Hidrocarburos, y sindicatos Jerárquicos de Cuyo, Neuquén y Salta.
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en su visita a la localidad de Venado Tuerto, recibió reclamos de trabajadores docentes y municipales, que le pidieron respuestas ante atrasos salariales.
Los/as Municipales nucleados en ATE seccional Rosario mediante un grupo de delegadas/os se concentraremos frente a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público en reclamo de la reincorporación de tres trabajadores/as despedidos y por el fin de la precarización laboral.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en la negociación paritaria entre la Unión Tranviaria Automotor y las Cámaras empresarias del sector. Por ahora, queda desactivada el paro de 48 horas que había anunciado el gremio para los choferes de corta y media distancia. Se volverán a reunir el próximo martes 20 de octubre. Desde las redes sociales, la UTA anunció que “mientras se dirime la actualización definitiva de los haberes, se logró el compromiso de pago de una suma de $ 10.000 a cuenta de la futura escala. Este monto fijo deberá ser abonado por las empresas en los primeros 4 días hábiles de noviembre”.
“Realmente me siento defraudado junto con todos mis compañeros trabajadores. Este acuerdo es una vergüenza. Espero que todos los dirigentes tengan un poco más de respeto por los trabajadores si es que todavía sienten algo. Nos subestiman, nos están tomando el pelo. ¿Cómo van a poner una conciliación obligatoria si todavía no hicimos nada? “, planteó un delegado general de una línea clave en la Ciudad de Buenos Aires.
La situación está sumamente tensa porque a la UTA aún le falta cerrar el último período de la paritaria 2019/2020 y avanzar con la negociación 2020/2021. Es decir que hay un atraso significativo, con salarios que han quedado muy desfasados en relación a la inflación.
Por su lado, la respuesta de las Cámaras empresarias es que no cuentan con los recursos para afrontar el incremento de sueldos por lo cual piden que se sienten en la mesa de negociación los gobiernos nacional y provinciales. Básicamente piden un incremento en los subsidios frente a un panorama donde han bajado sensiblemente la cantidad de pasajeros a raíz de la pandemia y donde se han congelado las tarifas.
En el marco del paro de transporte que transcurre su día número 51 en el año, trabajadores de distintas líneas y empresas confluyeron el martes en el parque 9 de Julio de la ciudad de Tucumán, desde donde partieron hacia el puente Lucas Córdoba con un mismo reclamo: que los empresarios paguen los salarios adeudados.
La convocatoria fue a través de las redes sociales e impulsada por un sector de trabajadores autoconvocados, que exigen que la conducción de la UTA se ponga a la cabeza de las movilizaciones.
A pesar de haber acreditado los subsidios provinciales para cancelar la deuda salarial de agosto, los empresarios desviaron parte de esos subsidios. Empresas como La Nueva Fournier (del vocero de los empresarios, Jorge Berreta), El Corcel (del empresario Guillermo Carceller), El Rayo Bus (del empresario Miguel Mitre), El Provincial y otras, siguen sin completar el pago de los salarios de agosto y deben la totalidad del mes de septiembre.
Además,varias de estas empresas tienen suspendido el pago a las obras sociales desde junio y en plena pandemia muchos trabajadores quedaron sin cobertura médica; además denuncian que las patronales retienen de manera fraudulenta las pensiones familiares, que es el sustento para los niños de padres separados, a pesar de que las descuentan de los recibos de sueldo. La semana pasada ex esposas de trabajadores de la línea 8 acompañaron la protesta denunciando que la empresa adeuda cuatro meses de pensiones familiares. «Todos los meses tenemos el mismo problema y la justificación de los empresarios es que no llegan los subsidios, pero realmente no sabemos si llegan, o no. No podemos comprobarlo. Se tiran la pelota entre ellos. Nosotros lo que queremos es la tranquilidad de saber que vamos a percibir nuestro salario por el mes trabajado», afirmó un trabajador de la 102.
Otro trabajador sostuvo que «esta es la única alternativa que tenemos los trabajadores, para ver si las autoridades gubernamentales dan una solución para el transporte público de pasajeros, tanto a la sociedad como a los trabajadores. Acá somos todos trabajadores afiliados a la UTA, lo que estamos reclamando es que la conducción del sindicato esté a la altura de los reclamos que estamos haciendo».
La UTA pone el foco del reclamo sobre los subsidios. Al unísono con las patronales reclaman porque el AMBA recibe más subsidios que el interior y además aseguran que se acreditan con demora.
Sin embargo, la crisis del transporte empezó mucho antes que la pandemia. Si bien el AMBA recibe el 85% de los subsidios, el boleto cuesta 18 pesos, mientras que en Tucumán por los tarifazos del gobierno de Manzur el boleto mínimo es de 30 pesos.
Funcionarios del gobierno reconocieron que con 210 de los 230 millones de pesos que reciben mensualmente, las empresas cubren la totalidad del costo salarial. Todo lo demás se lo embolsan. Además, acaban de conseguir del Senado de la Nación un aumento de los subsidios por 10.500 millones de pesos para las empresas del interior hasta diciembre.
Trabajadores de la fábrica de alimentos Demarty realizaron este miércoles una concentración en Plaza Cobo, ubicada en Santiago del Estero y F. Moreno de la Ciudad de Mendoza, y luego una conferencia de prensa en la puerta de la fábrica, para exigir respuesta a sus reclamos. Desde enero la empresa les adeuda sus salarios y ahora se les ha negado la posibilidad de continuar con su trabajo.
Consejo del Salario
El Gobierno logró imponer un aumento de 28% en el salario mínimo, en tres cuotas, bajo la condición de renegociar a partir de marzo a la luz de la evolución inflacionaria. Se trata del acuerdo que dejará plasmado el plenario del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que delibera en el Ministerio de Trabajo con la participación de la CGT, las dos CTA y las principales cámaras empresarias.
El ajuste en el piso de ingresos formales tendrá impacto en unos 300.000 trabajadores no alcanzados por Convenios colectivos, y también en 580.000 planes sociales y alrededor de 2.000.000 de subsidios salariales ATP anclados a la misma variable.
La suba se dará en tres etapas: el 12% con los sueldos de octubre, 10% con los de diciembre y el 6% restante, en marzo. Así el piso salarial aumentará de los actuales 16.875 pesos a $ 18.900, a $ 20.587,50, y a 21.600 pesos al final del proceso.
Será la primera vez, desde que se reanudó la institución del Consejo del Salario en el mandato de Néstor Kirchner, que el acuerdo queda sujeto a una revisión con vistas al segundo semestre de aplicación. Fue el mecanismo que encontró la administración de Alberto Fernández para que los gremios aceptaran un ajuste por debajo de la inflación interanual de los últimos doce meses (de hecho, entre 2018 y 2019 el salario mínimo acumuló un desfasaje de 40 puntos porcentuales) y también de la variación prevista del costo de vida hasta fin de año.
Varias organizaciones sociales del Frente de lucha territorial marcharon este miércoles desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo, como parte de una Jornada nacional de lucha. El reclamo fue la urgente apertura de programas de empleo y el pago inmediato a los y las trabajadoras que ingresaron al programa Potenciar Trabajo.
A pesar del contexto recesivo, el miércoles el Indec publicó el índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre confirmando una suba de 2,8 % en el mes de septiembre, y del 36,6 % en los últimos 12 meses.
Desde enero la inflación acumulada es de un 22,3%. Los ítems con subas por encima del promedio fueron Prendas de vestir y calzado, con un alza del 5,8%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento del 4,3%. Esto se replicó en la mayoría de las regiones del país.
El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas marcaron un incremento de 3% y fue el de «mayor incidencia» en el resultado final de la medición, explicó el organismo.
A nivel nacional, las regiones con subas por encima del promedio en septiembre fueron: 3,4% en la región Noreste, y del 6,3% en Cuyo.
A pesar de la profunda recesión que transita la economía del país, los precios mantienen una tendencia alcista desgastando a su paso el poder de compra de los salarios. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realizó el Banco Central espera una inflación de 36,9 % hacia fin de año y de 47,5% hacia finales de 2021. Entre abril y julio los salarios ya perdieron casi el 5 % de poder de compra. Con la inflación creciendo y las paritarias con aumentos que promedian el 20%, la situación es cada vez más grave.
Mientras, se acordó una suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil del 28 % que lo lleva a $21.600. ¿A cuánto debería ascender el salario para garantizar el acceso a una canasta de consumos necesarios? La Junta Interna de ATE-Indec realiza una estimación propia y sostuvo que para el mes de agosto ningún trabajador debería ganar menos de $ 72.700.
Entrevista a Esteban del FPDS
La discusión del Consejo del salario no puede quedar en un escritorio
M.H.: Hoy (14/10) junto a otras organizaciones el FPDS va a participar de una Jornada nacional de lucha vinculada a la reunión del Consejo del salario, convocan a las 13:00 en el Obelisco y a las 14:00 frente al Ministerio de Trabajo. Recordemos que el Consejo del salario tratará el salario mínimo vital y móvil (SMVM) que no se actualiza desde agosto 2019. Actualmente está en la suma de $ 16.875. ¿Por qué motivo convocan junto al FOL, el MTD Aníbal Verón, el Movimiento de los pueblos y otras organizaciones a esta jornada de lucha?
E.: Creemos que la discusión del Consejo del salario no es una discusión solamente de escritorio, sino que tiene que ver con la realidad que está viviendo la mayoría del pueblo trabajador, la gente que vive de su trabajo en la Argentina. Hoy el Consejo del salario si bien estipula el salario mínimo, eso impacta en todos los que trabajan y en todos los que cobran algún plan social. Por eso nosotros entendemos que no es una discusión que puede quedar en un escritorio, sino que de esa discusión tiene que formar parte la mayoría de la sociedad porque hace un año que el salario mínimo no aumenta en nuestro país mientras que tenemos niveles de inflación altísimos.
En ese sentido es que estamos haciendo la movida en todo el país, para plantear que el salario mínimo tiene que ir en relación a la canasta básica. La discusión lamentablemente por lo que sabemos no viene por ese carril. Lo que se deja entrever es que el salario mínimo aumentaría a alrededor de los 20.000 pesos con lo cual tendríamos un salario mínimo en nuestro país que no llegaría ni a la mitad de la canasta básica. Eso quiere decir que ni siquiera trabajando 8 horas en un trabajo formal alcanza para vivir. Lo que nos parece que expresa un nivel de crisis del capitalismo gravísimo, porque ya ni dentro de sus propias reglas de trabajo alcanza para vivir.
M.H.: Ustedes llevan en esta Jornada nacional de lucha otras reivindicaciones.
E.: Sí. Son reivindicaciones que tienen que ver con lo que nosotros entendemos que está pasando en nuestro país, con la tierra, con accesos a determinados programas. Para nosotros la discusión que está sobre la mesa es que la pandemia lo que vino a evidenciar es un nivel de crisis social que nosotros venimos señalando hace tiempo. La cuestión es cómo se sale de esa crisis. Nosotros tenemos claridad en cuanto a eso, se sale con que los que más tienen pongan más. En ese sentido la agenda que estamos planteando hoy tiene que ver con reivindicaciones en función de eso. Para nosotros salir de la crisis significa que los ricos pongan plata, no que la gente pobre y trabajadora sea la que más pone. Los que más tienen empiezen a poner para que todos podamos vivir un poco mejor.
Aeronáuticos
Los trabajadores aeronáuticos le bajaron el pulgar a la intención del gobierno nacional de retomar los vuelos en octubre.
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) advirtió que los trabajadores de la actividad “no están en condiciones de cumplir sus tareas”.
Señalan desconocer los protocolos sobre los cuales no fueron consultados, a pesar de que “el sindicato constituyó comités mixtos de higiene y seguridad con varias empresas” del sector.
Edgardo Llano, titular de la APA, alertó sobre “los graves riesgos para la salud de pasajeros y trabajadores que significa la enorme presión para volver a volar de las compañías sobre las autoridades aeronáuticas”.
“Los trabajadores aeronáuticos de la APA asisten azorados a ciertas definiciones oficiales, no obstante haber adherido a este Gobierno desde un principio. El propio ministro de Transporte, Mario Meoni, consideró que la realidad sanitaria continúa siendo compleja y que excede los protocolos, pero ahora sostiene que esos instrumentos están definidos en cada empresa y aeropuerto y que cada actor está listo para empezar a volar”, resaltó.
Llano reclamó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, “la asunción de un rol político y de regulación laboral de la cartera” a su cargo, y ejemplificó con los casos de LAN Argentina, Avian, Andes y otras empresas, en las cuales “se perdieron centenares de empleos”.
El dirigente ratificó el compromiso del gremio con “los puestos de trabajo de calidad, con las mejores condiciones laborales y salariales y con una política aérea al servicio del país “, y remarcó que Latam transnacional “despreció la legislación del trabajo argentina”.
“Sus directivos se negaron a participar en las audiencias laborales y esquivaron la obligación de mantener los empleos y/o abonar doble indemnización a través de retiros voluntarios que, en verdad, fueron despidos encubiertos. En el caso de Avian -vinculada al Grupo Macri- el personal no percibe salarios desde hace un año y medio y tampoco está cubierto por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)”, concluyó Llano.
Entrevista a Agustín Lecchi del SiPreBA
Hay un modelo de negocio periodístico donde las empresas buscan que sea cada vez más barato a costa de los periodistas
M.H.: Hay novedades respecto de la situación salarial de varias empresas periodísticas ¿qué nos podés comentar al respecto?
A.L.: Lo primero que hay que comentar es que en prensa escrita tenemos paritarias congeladas desde 2019. La paritaria de toda la actividad. Mientras que la FATPREN cerró dos aumentos este año, uno de 9% y otro de 18%, en el caso de CABA donde están los medios más grandes, como no discute SiPreBA, la paritaria general todavía no se cerró.
Lo bueno es que por primera vez nos citaron a SiPreBA al ministerio de Trabajo, donde la parte empresarial se ausentó. Tenemos una nueva convocatoria, pero, de todos modos, la presión y el plan de lucha que fuimos llevando adelante a lo largo de todos estos meses de pandemia permitieron en algunas empresas conseguir algunos resultados parciales, que para nosotros son insuficientes porque el deterioro salarial en la actividad es muy grande. Pero que son importantes. Sobre todo, con este problema que tenemos que es que los empresarios eligen discutir con un sindicato fantasma que no tiene ningún tipo de representatividad.
Así que, en Clarín, Ámbito Financiero, La Nación, Infobae, El Cronista comercial, en Página 12 pudimos obtener algún tipo de aumento, algunos entre el 10 y el 20%, según el caso. En Telefé Noticias y América TV también y en Artear. En Artear un 27%, en Telefé Noticias parecido, en América un poquito menos.
Nosotros no reivindicamos tener que estar discutiendo por empresas. Nosotros queremos una paritaria de toda la actividad, pero es la situación a la que nos llevan las empresas, el ministerio de Trabajo por primera vez nos convocó a una audiencia con las Cámaras y ahí trataremos de garantizar un piso que pueda recomponer el salario de una actividad que está muy castigada.
M.H.: Una actividad muy golpeada, tengo entendido con más de 4.500 despidos durante la administración macrista.
A.L.: Sí. Y eso también se reflejó en la pérdida del poder adquisitivo de casi un 50% de nuestro salario. Y la consecuencia que trae cuando hay tantos despidos, un disciplinamiento general y un avance en la precarización laboral, porque son puestos laborales que se perdieron bajo convenio, regulados. Hoy todos esos compañeros y compañeras, algunos están en otras actividades o directamente desempleados, pero otros changuean en los mismos medios de comunicación que los empleaban formalmente y hoy los tienen absolutamente precarizados.
Entonces el problema no es solo el salario sino cómo se trabaja en la actividad. Los empresarios buscan que el periodismo sea un hobby o que uno tenga que tener tres o cuatro trabajos para llegar a fin de mes, absolutamente flexibilizados. Así que contra eso también estamos peleando, contra el modelo de negocios de la comunicación que para nosotros es un derecho y el rol de los y las trabajadoras de prensa es garantizar ese derecho humano.
Pero hay un modelo de negocio en el que las empresas buscan que ese servicio sea cada vez más barato a costa del trabajo de los periodistas.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
A.L.: Que vamos a seguir peleando para tener una paritaria y para eso es muy importante que en los medios de comunicación haya una afiliación masiva al SiPreBA, que por suerte viene resultando. Tenemos Comisiones internas en casi todos los medios de comunicación de la CABA y ese es el reflejo de la lucha en general. Así que vamos a seguir en ese camino de pelea.
Lxs trabajadorxs de Ámbito Financiero y @Ambitocom realizaron un quite de firmas el viernes pasado, acción que reiteraron este martes; además de una retención de tareas de una hora por turno ante la negativa de la empresa de negociar una recomposición salarial acorde a la inflación.
“Con un alza interanual que, hasta agosto, según el Indec, acumuló un 40,7%, la empresa concedió unilateralmente un aumento del 10% a cuenta de paritarias, no remunerativo, no retroactivo y sin contemplar el aumento de 4.000 pesos que dio por decreto el Gobierno en febrero. Lxs trabajadorxs de prensa aguardamos desde octubre del 2019 la reapertura de paritarias que nunca llega y que, en consecuencia, condena a compañerxs a un salario por debajo de la canasta básica total, situación inadmisible para quienes somos consideradxs esenciales en pandemia. A esto se suma que en los últimos 4 años perdimos casi un 50% de poder adquisitivo por paritarias a la baja. Por estos motivos, le exigimos a las autoridades empresarias retomar la senda del diálogo genuino y de la negociación con lxs legítimos representantes de lxs trabajadorxs, tal como lo establecen nuestros convenios y estatutos vigentes”, afirman.
En tanto, los trabajadores y trabajadoras de El Cronista realizaron este miércoles el quinto paro general de 24 horas: “Reclamamos que la empresa se siente a negociar un verdadero aumento salarial y no los acuerdos ridículos entre AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires) y UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires)”. Advierten que sus salarios están congelados desde octubre de 2019, y que la empresa no cubre los puestos vacantes realizando un vaciamiento profesional del medio.
Finalmente, los trabajadores y trabajadoras de Perfil denuncian que en el marco de una audiencia en la cartera laboral la empresa les “ofreció” pagarles el medio aguinaldo adeudado, correspondiente a junio, a cambio de suspender a “40 o 50” empleados.
“La empresa informó que podía recaudar dos millones de pesos adicionales para el pago del aguinaldo (que ni siquiera completaría la nómina), pero a cambio de que se suspendiera a 40 o 50 personas a través del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese artículo, que se concreta de común acuerdo entre la parte patronal y la sindical, prevé suspensiones de distinto grado. El artilugio de Perfil era suspender pagando el 100% del sueldo, pero evitando el pago de los aportes. De esa manera, eludía sus obligaciones con el Estado y utilizaba ese dinero para el pago de aguinaldos que debería haber abonado en junio”, explicó la Comisión Gremial Interna, al tiempo que aclaró que desde un primer momento la propuesta les resultó inaceptable.
“Desde la Comisión Gremial Interna no podemos convalidar ningún tipo de suspensión, por más que la empresa se empeñara en decir que era un mero trámite administrativo y que sería por octubre, noviembre y diciembre. (Segundo) Si había 50 suspensiones, el trabajo que hacen esas personas lo iban a tener que hacer otros compañeros y otras compañeras. (Tercero) aunque la suspensión en principio no implicaba rebaja salarial, afectaría en otros planos (psicológico, emocional, etc.) a las personas elegidas”, advierten. Ante el rechazo de la propuesta, se convocó a una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo que se desarrollará este viernes 16.
“Es importante saberlo: En lo que va de este 2020, Perfil recibió 46,6 millones de pesos de pauta publicitaria del gobierno nacional, fue beneficiado con seis ATPs y obtuvo una licitación por 27 millones de pesos para imprimir cuadernillos del ministerio de Educación. A eso hay que sumarle la publicidad de otros Estados, que es muchísima: la empresa recibe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las distintas provincias y de empresas de carácter estatal como YPF”, señalan los trabajadores y trabajadoras quienes en las últimas horas resolvieron en asamblea virtual continuar en estado de alerta y mantener la retención de tareas, entre otras medidas de fuerza.
Empresarios neuquinos amenazan con despidos y piden represión contra los cortes de ruta y las tomas
La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines (Acipan) emitió un comunicado ni bien se publicó el decreto que establece la vuelta a la fase de aislamiento hasta el 26 de octubre. “Nos encontraremos con una crisis de la actividad económica que va a derivar en cierre de empresas y más desempleo”. En tono amenazante exhortó al Gobierno provincial a modificar las medidas adoptadas para “evitar situaciones conflictivas”.
Por otra parte, los comerciantes del Cluster Pymes Neuquinos, que agrupa a 186 empresas realizaron caravanas y bocinazos, en Centenario adelantaron que no acatarán las medidas dispuestas por el decreto provincial.
A través de una nota al ministro de Producción e Industria, López Raggi, pidieron “acciones concretas y urgentes”, no directamente para el sector sino contra la protesta social.
La primera acción que proponen es “una reunión con responsables de la Policía y de la Justicia para confeccionar un protocolo que autorice y le dé poder a la policía a garantizar la libre circulación según lo establece la Constitución Nacional. Un corte no debería durar más de 5 minutos desde que arriban las fuerzas del orden”.
También, los comerciantes se expidieron sobre la necesidad de confeccionar un protocolo para que, “en caso de tomas de terrenos, las fuerzas de seguridad no demoren más de 10 minutos en intimar y desalojar los predios, con todo el peso de la ley que les corresponde a los ocupantes, a los instigadores y a los autores intelectuales del hecho”.
El decreto de prohibición de los despidos no tuvo ningún efecto real. La desocupación en Neuquén superó la media nacional y llegó al 13,5 %. En un año se perdieron 35.000 empleos. A esto se suma que 104.000 personas cobran el Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 pesos, la gran mayoría trabajadores y trabajadoras informales que se quedaron sin trabajo en medio de la pandemia.
Empleo
El desempleo llegó a casi el 20% en el Gran Córdoba en el segundo trimestre de 2020, superando la media nacional. El dato fue difundido por el INDEC y días después, el organismo presentó el indicador de personas bajo la línea de pobreza que llegó al 40% a nivel nacional. Con particular incidencia en las infancias.
Sin embargo, el desempleo no afecta a toda la población por igual. El 87% de la disminución del empleo nacional es explicada por caídas en el sector informal.
El cambio de enfoque productivo tiene implicancias directas sobre el trabajo en Córdoba. El sector agropecuario, enmarcado en las prácticas del agronegocio actual, no tiene la misma capacidad de generación de empleo que ofrece la industria. Es por esto que si evaluamos el producto total cordobés para el año 2018 (último registro estadístico), se observa que si bien la actividad agropecuaria explica el 17% de la producción, sólo participa del 5% del empleo. Mientras, la industria es responsable del 15% del producto y participa del empleo en 20%. En síntesis, la relación empleo/producción es muy superior en la industria que en la actividad agropecuaria.
Sin embargo, en términos presupuestarios se destaca que gran parte de los subsidios económicos son dirigidos a esa actividad. Hacia 2010 el gasto en servicios económicos destinados al sector agropecuario era 3 veces superior a los que iban hacia la industria; para finales de la década esa diferencia se amplió a 10 veces. También existen diferentes fondos que permiten mejorar la infraestructura necesaria para la producción y circulación de bienes ligados al sector agropecuario. El Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario y el fortalecimiento de la cadena de valor agroalimentaria que es financiado con el 60% del impuesto inmobiliario rural es la muestra más cabal de esto. Los productores pagan el impuesto inmobiliario (dicho sea de paso, el monto de este impuesto está desactualizado hace años) y parte de eso vuelve a esos mismos productores en obras de infraestructura.
Desde hace semanas se asiste a cada vez más muestras de hartazgos en diferentes sectores de la población cordobesa por la situación general. Las manifestaciones de pequeños propietarios de locales gastronómicos, de empleados de aerolíneas, transportistas, etc., se cruzan con reclamos por el cese de los incendios en zonas rojas de bosque nativo y la salud, así como la vida, sigue estando en el centro de las miradas.
Convocatoria
El Taller de Estudios Laborales (TEL), junto a la Fundación Rosa Luxemburgo (FRL) organizaron un ciclo de formación que tiene como propósito establecer un ámbito de reflexión y debate entre trabajadores y activistas sindicales con la perspectiva de construir saberes colectivos para la acción sindical.
Serán cuatro encuentros, donde se discutirán las temáticas planteadas en los siguientes ejes conforme al siguiente cronograma:
- Crisis y transformaciones globales (jueves 15 de octubre, 18:00).
- Situación en Argentina (jueves 29 de octubre, 18:00).
- Respuestas Sindicales (jueves 12 de noviembre, 18:00).
- Final (jueves 26 de noviembre, 18:00).
Contacto: (11) 155 599 8995
Fuentes: Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Anred, Tiempo Argentino, Clarín, argentina.indymedia, APU, Otro Viento, Infogremiales, www.agenciacta.org, www.ambito.com, Radio Gráfica, La Izquierda Diario.