Juana Gómez era una joven chaqueña de 15 años. En 2013, fue encontrada muerta atada a un árbol en Quitilipi, medio desnuda, mostrando señales de graves heridas y de haber sido violada. En otra ciudad del Chaco argentino, la quechua Reina Maraz fue detenida durante un año en un centro penitenciario, sacada de su país […]
Juana Gómez era una joven chaqueña de 15 años. En 2013, fue encontrada muerta atada a un árbol en Quitilipi, medio desnuda, mostrando señales de graves heridas y de haber sido violada. En otra ciudad del Chaco argentino, la quechua Reina Maraz fue detenida durante un año en un centro penitenciario, sacada de su país natal, Bolivia, y acusada de matar a su marido. No hablaba español y casi no entendía lo que le decían. Dio a luz a un hijo solo dentro de la cárcel. Las diferentes historias reúnen discriminaciones que sufren históricamente: por ser mujeres, pobres y amerindias.
Ambos casos dejan evidentes las múltiples violencias que sufren las mujeres indígenas, actualmente. Invisivilizadas por siglos de opresión – de clases, género y étnica–sus historias alertan a la sociedad para que abra bien los ojos e interpele a las autoridades y demás sujetos que tengan poder para intervenir en la situación.
«Estamos luchando para el caso de Juana no quede impune como muchos otros que han ocurrido en la provincia», dice Elizabeth González, amerindia gom, representante del Chaco en el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y miembro de la Multisectorial de Mujer de Resistencia. «Vivimos diariamente esta violación, no sólo porque somos mujeres, sino porque somos mujeres indígenas y mujeres pobres. Hay fuertes barreras en el acceso a la justicia», señala.
La situación de violencia de género vivida en el Chaco es alarmante. Sólo este año, cuatro mujeres han sido asesinadas en la región: Nancy Adelaida Molina, Eliana Mabel Almirón, Yamile Gómez y Cecilia Gómez. «La situación de los derechos humanos de las mujeres aborígenes en el Chaco continúa siendo de absoluta vulnerabilidad», dice Silvina Canteros, abogada de la Dirección Provincial de la Mujer. Según ella, el gobierno provincial ha mostrado «gestos políticos importantes» por la causa, pero aún insuficientes para abordar la problemática de fondo.
Silvina reconoce que, incluso desde la Dirección de la Mujer, que tiene jurisdicción provincial, es poco lo que pueden hacer en el interior y áreas rurales, que es donde vive la mayor concentración de la población amerindia. La falta de recursos económicos y humanos capacitados y sensibilizados a la temática se manifiesta como la principal carencia.
Andrea Charole, presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), institución gubernamental muy cuestionada por los movimientos sociales y femeninos, hace hincapié en que la falta de acceso a la justicia está marcada principalmente por las barreras del idioma y la discriminación de clase. «El gran problema de las mujeres indígenas es el tema de la traducción. Una mujer que va a una comisaría de policía para hacer una denuncia a menudo no puede hacerlo debido a la falta de intérpretes, lo que se suma a los malos tratos», expresa.
El Chaco es una de las provincias más pobres de Argentina. En su territorio, habitan por lo menos 20 mil indígenas toba, 8 mil wichis y 10 mil mocovíes.
La mayoría vive en zonas rurales, donde sufren falta de acceso a servicios básicos como agua potable, gas y electricidad. La situación de las mujeres indígenas se agrava por su condición de extrema pobreza, contexto alarmante en todo el noroeste del país.
Con informaciones de: Comunicar Igualdad.
Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?boletim=1&lang=ES&cod=80614