El último Informe del CELS sobre los Derechos Humanos en Argentina repasa los avances y las deudas de una agenda tan imprescindible como delicada. Marcha dialogó con Gastón Chillier, Director Ejecutivo, sobre algunos de los temas más importantes. Luciano Arruga, Mariano Ferreyra, Parque Indoamericano, política inmigratoria, Servicio Penitenciario, autonomía policial, ley antiterrorista, aborto. El decimoséptimo […]
El último Informe del CELS sobre los Derechos Humanos en Argentina repasa los avances y las deudas de una agenda tan imprescindible como delicada. Marcha dialogó con Gastón Chillier, Director Ejecutivo, sobre algunos de los temas más importantes.
Luciano Arruga, Mariano Ferreyra, Parque Indoamericano, política inmigratoria, Servicio Penitenciario, autonomía policial, ley antiterrorista, aborto. El decimoséptimo Informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) sobre los Derechos Humanos en Argentina repasa estos temas, entre otros igual de importantes, y propone una reflexión y análisis sobre los avances y falencias «en materia de calidad institucional e inclusión social que tuvieron lugar durante 2011».
«El recorrido por la situación de los derechos humanos en Argentina a lo largo de 2011 arroja luces, como la sentencia condenatoria en el caso ESMA, y sombras, como la sanción de la llamada Ley Antiterrorista», escribió el Director Ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, en el prólogo del Informe.
-El informe abre con un capítulo sobre los diez años de la nulidad de las leyes de impunidad. ¿Cuál es su balance?
-Por un lado, nuestro balance, mirado retrospectivamente, es positivo. En el sentido que nosotros, en el 2006, 2007 decíamos que no había habido una estrategia de política criminal para perseguir estos casos. A diferencia de la administración de Alfonsín con el Juicio a las Juntas que había una estrategia, mala o buena, de persecución penal. Hoy se podría decir que hay una estrategia. Hay juicios en casi todas las jurisdicciones, más de 200 condenas. Pero, si uno mira los números gruesos, por un lado no llegamos ni a la mitad de las causas que están abiertas. Y una cosa que sí nos preocupa y planteamos en el informe, es que todavía hay como cierta deuda de la Corte Suprema en el sentido de confirmar las sentencias que no están confirmadas, que son la mayoría digamos. Hay muy pocas sentencias firmes.
-Sin embargo, hay una clara voluntad política para juzgar a los genocidas. Pero esa voluntad parece no aplicarse en casos actuales, como las desapariciones de Jorge Julio López o Luciano Arruga. ¿Por qué cree usted?
-Desde el CELS, siempre planteamos que tenía que haber una consistencia entre una agenda de derechos humanos del pasado con una del presente. Creo que eso parte, por un lado, de una falta de comprensión de que las violaciones a los DD HH pueden ocurrir en dictaduras salvajemente, en forma estructural, cometidas desde el vértice del Estado hasta abajo, o en democracia, sin esas características de estructuralidad y masividad, pero con mismos niveles de responsabilidad estatales. En el sentido de que si es un policía el que desaparece a Julio López, a Arruga, o el que mata lo hace con aquiescencia policial -como fue el caso del asesinato de Mariano Ferreyra-, también el Estado es responsable y debería impulsar con la misma avidez las mismas investigaciones.
-Usted planteó dos contrastes. Mientras la investigación del asesinato de Ferreyra avanzó casi en tiempo récord -con procesamientos, detenciones y un juicio que está al caer- la causa por la desaparición de Arruga sigue estancada y los oficiales sospechados, libres.
-Creo que el caso de Ferreyra marca, también, cuándo hay un mensaje político. Y el Poder Judicial es muy permeable a esos mensajes. Si el mensaje político es que no tiene que haber impunidad, probablemente no la haya. En el caso de Arruga, los mensajes son por demás ambiguos. En su momento, no solo la administración de la Provincia de Buenos Aires se negaba a recibir a la familia, sino que, ocho de los policías sospechados que fueron suspendidos, después fueron reincorporados.
-El caso de López y Arruga ponen la lupa sobre la Policía Bonaerense.
-El informe analiza tres modelos en relación con el gobierno de la seguridad. El de la Provincia de Buenos Aires es básicamente el modelo tradicional de la plena autonomía de la policía, sin control real. Es un modelo muy remanido en su fracaso. Una de las principales deudas del sistema democrático en la Argentina fue, justamente, no haber asumido la seguridad como un tema propio y habérselo delegado a la policía. La consecuencia de ese modelo son tres y son muy claras: altos niveles de violencia, corrupción e ineficiencia. No es una policía profesionalizada, no es bien paga, es una policía a la que inclusive se le violan sus propios derechos, pero es muy corrupta y violenta. Y en este caso, incomprensiblemente, el gobernador Daniel Scioli, en vez de profundizar las políticas de reforma del gobierno de (Felipe) Solá comandada por (León) Arslanian, planteó, sobre la base de un discurso duro y vacío de contenido, volver al viejo modelo que fue el que, en definitiva, generó el asesinato de José Luis Cabezas y tantos hechos de violencia y corrupción. Pero no solo la Bonaerense, también la Federal. Los niveles de violencia tienen que ver con que las reformas de las fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática. Así como fueron las fuerzas armadas, nadie se ocupó de las fuerzas de seguridad.
-Otro modelo que analiza el informe es el de la Policía Federal y la Metropolitana.
En la Federal sí hay una clara voluntad de asumir, con el nuevo Ministerio de Seguridad, el control político civil de las fuerzas y las políticas de seguridad. Muchas medidas que van en el sentido de quitarle poder y autonomía a la policía, desde la cuestión de los pasaportes, las seccionales, un ejercicio de supervisión de los ascensos. Lo que nosotros planteamos que está faltando, ya pasado un año, es un nivel de regulación marco normativo que le de sustento a reformas estructurales.
Y en el caso del Gobierno de la Ciudad, es una cosa mixta. Es una fuerza de seguridad nacida hace poco con todas las posibilidades de ser una fuerza de seguridad democrática, diferente, pero a pesar de todo eso, ha funcionado y funciona básicamente con el viejo modelo de delegación.
–Este control que se intenta aplicar a la policía, ¿está previsto también para el sistema penitenciario argentino?
El servicio penitenciario es todavía más difícil, porque a diferencia de la policía, lo que pasa adentro de las cárceles no lo ve nadie, solo lo sufren los presos. Por un lado es todavía más difícil generar consenso y voluntad política, más que en los temas de la policía. Por supuesto hay herramientas y experiencias exitosas como el sistema penitenciario de España, que fue reformado de una manera exitosa. En el caso de la Provincia de Buenos Aires las condiciones de sobrepoblación carcelaria son un problema grave y el acceso a otros derechos como salud y educación también.
-¿Por qué no se establece un consenso en la clase política?
Es muy buena pregunta, pero no sé si tiene una respuesta tan fácil, tan simple. Porque, creo, el tema carcelario no es un tema que venda, los presos no le interesan a nadie, socialmente no generan empatía y me parece que la clase política se desentiende del problema porque no sabe, no tiene elementos para resolverlo. No los tiene o no los provee o no los procura, pero me parece que es algo que está lejos.
-Dentro de un contexto de propuestas de cambio o legislaciones progresistas, ¿cómo se enmarca la llegada de la Ley Antiterrorista en Argentina?
Desde el CELS creemos que fue un severo retroceso en materia de protección de los derechos humanos por distintas razones. Por cómo quedo legislada, con una formulación muy vaga, abierta, que va en contra de lo que es un principio fundamental de los DD.HH. que es el principio de legalidad, en la que tiene que haber descripciones muy claras y precisas de lo que está prohibido. También, porque su formulación tal cual esta hecha puede ser utilizada para aplicársela a lideres sociales, sindicales y, de alguna manera, utilizarla como herramienta en contra de la protesta social. Después, por la forma en que fue sancionada: pocos días antes de fin de año sin un debate apropiado. Y, en cuarto lugar, porque creo que tiene un vicio de origen que es su legitimidad, que tiene que ver completamente con cumplir con un organismo internacional como es el GAFI y que no tiene ningún tipo de racionalidad de política criminal con lo que pasa en Argentina.
-Uno de los últimos capítulos es sobre el aborto. ¿Cuál es el panorama para el 2012?
La buena noticia del aborto, por lo menos en la agenda de mínima, en términos de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, es el fallo de la Corte que despejó cualquier duda que hubiera sobre la constitucionalidad y legalidad del aborto terapéutico. Fue una interpretación amplia y una directiva muy clara a los ministerios de Salud, provinciales o federales, para actuar en casos de ese tipo. A pesar del fallo, algunas provincias están poniendo obstáculos. Afortunadamente, el candidato a Procurador (Daniel) Reposo, que tenía una postura absolutamente retrógrada al respecto, finalmente renunció a su candidatura. Su posición era, inclusive, contraria al fallo de la Corte; era más regresiva que cualquiera de las posiciones conservadoras. Me parece que hay un largo trecho por recorrer en materia de orden terapéutico. Todavía hay bastante masa crítica en el Congreso para que los proyectos de legalización del aborto se discutan. Y ahí creo que nadie tiene muy en claro qué va a suceder porque no está claro ni cómo se alinea el oficialismo.
-¿Cómo se explica la inacción del Estado cuando debería ser, como dice el CELS, «respetuoso, protector y garante de los DD.HH de su población»?
Hay una falta de entendimiento de que, también en estos casos, se tratan de problemas relacionados con la violación a los derechos humanos. Los derechos de las mujeres son parte de la agenda de los derechos humanos y las obligaciones del Estado. Y, de alguna manera, en estos casos, lamentablemente, siempre mete la cola una visión religiosa o moralista del problema; que, en definitiva, es un problema de salud pública. El índice de mortalidad materno en este caso es altísimo. La religión no tiene nada que hacer en esta discusión. La respuesta tiene que ser de una política publica sobre salud.
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