Néstor Kirchner se enfrenta al peronismo ortodoxo

Para quienes siguen de cerca y desapasionadamente la evolución de la crisis argentina, el enfrentamiento entre el presidente Néstor Kirchner y el aparato caudillesco-clientelístico del Partido Justicialista no representa sorpresa alguna. En esta misma columna (1) se había advertido que el conflicto era una mera cuestión de tiempo, a menos que Kirchner se decidiera a hacer las concesiones que reclama el entramado de corte mafioso del peronismo político y sindical.

El problema para Kirchner -y por supuesto para cualquier dirigente que se hiciese cargo hoy del gobierno en Argentina- es que ni el aparato productivo, ni la mayoría de la sociedad, están en condiciones de seguir soportando el costo económico y social de mantener a una dirigencia depredadora y parasitaria -no sólo peronista, por supuesto- a menos que se acuda al recurso de la represión sistemática. En otras palabras, hacer de Argentina «un país en serio» como promete el Presidente, supone el reemplazo de la mayoría de esos dirigentes en todos los niveles, desde los tres poderes del Estado, pasando por las gobernaciones, municipios, partidos políticos, sindicatos, etc., y de las reglas de juego -si es que se las puede llamar así- que ellos imponen.

Supone, como está ocurriendo, el reemplazo de los jueces más corruptos y serviles ubicados por el ex presidente peronista Carlos Menem en la Corte Suprema de Justicia y una reforma estructural del sistema judicial. Supone asimismo una reforma política (según todos los indicios, el gobierno está preparando una); supone la democratización de la actividad sindical y corporativa en general, la depuración de las fuerzas militares y de seguridad, una reforma financiera. En suma, la vida institucional, política y económica argentina debe ser reformulada por completo.

Pero aun gradual y democrático (los cargos electivos sólo pueden ser reemplazados cuando corresponde constitucionalmente), este proceso es ferozmente resistido. De un modo u otro, y al margen de contadas excepciones, los enfrentamientos internos constituyen el pan cotidiano de la política argentina, pero el peronismo es la máquina de poder más ávida del país y las disputas en su seno han sido tradicionalmente sangrientas. Basta recordar la creación de la siniestra Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), cuya cabeza fue el secretario privado del propio Juan Perón, los asesinatos entre las diversas facciones, o la masacre de Ezeiza (2), para comprender que cuando se trata de dirimir disputas por el poder, el peronismo viola todas las normas democráticas y acude a los recursos más extremos.

Durante el período que comenzó en 1976 con la dictadura militar y se prolonga desde 1983 hasta nuestros días en democracia, el entramado mafioso de la política argentina no hizo más que afianzarse y consolidarse. Por una parte, los aparatos judicial y de seguridad interna establecieron lazos horizontales con los dos principales partidos populistas de Argentina (el peronismo y el radicalismo; entre ambos el 80% del electorado) y éstos, a su vez, ingresaron en una etapa de componendas políticas de la cual el Pacto de Olivos, firmado a principios de los ’90 por el ex presidente radical Raúl Alfonsín y el entonces presidente peronista Carlos Menem, resulta la máxima expresión. Después de haberse enfrentado en las urnas o apoyado alternativamente todos los golpes de Estado, las dirigencias de los partidos radical y peronista acabaron por comprender que eran más fuertes los intereses que los unían que la retórica política que los había separado durante décadas.

Así, lo que hasta antes de 1976 era un mapa político pasablemente tradicional, populista, corrupto y antidemocrático, pero distinguible en sus partes, devino un magma de intereses cruzados, una macro corporación que dirige y orienta la política y la economía del país en función de sus intereses y en contra de los de la ciudadanía. Hace un par de semanas, el presidente Kirchner, enterado de una reunión conspirativa de varias decensa de dirigentes, militares, radicales y peronistas, que se estaba realizando en un cuartel militar (!) envió por sorpresa a su ministro de Defensa, José Pampuro, quien fue recibido por uno de los máximos dirigentes radicales, Enrique Nosiglia, con la advertencia: «¡Ojo, que no estamos conspirando!», a lo que el ministro respondió: «Esto que me decís, prueba que sí». (3).

Ahora, a medida que Kirchner avanza en sus declaraciones y medidas de reforma, el establishment tradicional, y no sólo el peronismo, da cada vez mayores muestras de inquietud.

Pero liquidado el radicalismo en términos electorales, la verdadera batalla presidencial es contra la maquinaria de su propio partido, en particular la de la provincia de Buenos Aires, cuyo caudillo es el ex presidente Eduardo Duhalde. Justamente, después de un año de entendimiento cordial, este último enfrentó a Kirchner a propósito de la disputa por los fondos federales destinados a las provincias, uno de los aspectos de la necesaria reforma institucional más sensibles para los dirigentes. En cualquier caso, es previsible que este tipo de controversias se repita y agudice en la medida en que Kirchner avance en sus propósitos.

Para el Presidente el dilema es de hierro, porque si cede deberá enfrentar a la sociedad, que le quitaría su apoyo -su única base de sustentación, en la medida en que el establishment lo enfrenta- y se convertiría en una marioneta de las corporaciones y de su propio partido. Por ahora, Kirchner ha dejado trascender que dará pelea (4) y da variadas muestras de que está decidido a llevar las cosas hasta donde sea necesario. Que lo logre depende de muchas cosas:

la marcha de la economía, la habilidad con que sepa manejar los conflictos de intereses en el establishment para dividirlo, etc.

Pero fundamentalmente, dependerá de que consiga mantener el apoyo de la sociedad y, más que eso, concientizarla y llegado el caso movilizarla contra las corporaciones. Aquí es donde puede encontrarse el talón de Aquiles del gobierno, porque los medios de comunicación, en su abrumadora mayoría en manos del establishment, han comenzado un sostenido proceso de deterioro de su imagen. Con su propio partido y los medios en contra, a Kirchner le costará mantener el diálogo y el apoyo que hasta ahora ha logrado de la ciudadanía.

No puede decirse que se encuentre aislado, porque en casi todos los sectores políticos e institucionales -y por supuesto en el peronismo- se destacan importantes grupos que lo apoyan, lo que ha dado lugar a la idea de que estaría cuajando una «transversalidad» de apoyo a la política oficial. Pero esto es por ahora embrionario e insuficiente.

* Director de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.

1 «La hora de la verdad para el gobierno de Néstor Kirchner», Informe-Dipló del 12-04-04. El mismo artículo, ampliado, puede leerse en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2004.

2 El 20 de junio de 1973, mientras una enorme multitud se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, para recibir a Perón al cabo de sus 18 años de exilio, un grupo militar- sindical de matones, comandado por el coronel peronista Jorge Osinde, disparó a mansalva sobre la columna de jóvenes de la Juventud Peronista y Montoneros (la izquierda del partido), provocando numerosos muertos y heridos. Perón, en cuyo avión venían personajes como José López Rega (su secretario personal y jefe de la famosa Triple A) y el jefe máximo de la Logia P2, Licio Gelli, avaló la matanza. El gobierno peronista de entonces impidió una investigación seria y no hubo condenas. Nunca se supo exactamente cuántos muertos hubo ese día.

3 Horacio Verbistky, «Castagnazos», Página/12, Buenos Aires, 23-05-04.