El discurso de Cristina Fernández incentivó la ira de los propietarios del campo que realizan medidas hace ya 15 días contra la implementación del sistema de retenciones móviles. Con el endurecimiento de la protesta en el campo y las protagonizadas por los sectores de las clases medias urbanas en la capital y otras grandes ciudades […]
El discurso de Cristina Fernández incentivó la ira de los propietarios del campo que realizan medidas hace ya 15 días contra la implementación del sistema de retenciones móviles. Con el endurecimiento de la protesta en el campo y las protagonizadas por los sectores de las clases medias urbanas en la capital y otras grandes ciudades (afines a la oposición política burguesa, ya sea de Macri, Carrió o Binner), estamos hoy ante una importante crisis política, a poco más de cumplirse cien días de la asunción del nuevo gobierno.
La hipocresía del discurso gubernamental no tiene límites. La suba de las retenciones no está destinada mejorar la «distribución de la riqueza» en beneficio de los trabajadores como sostiene la presidenta. Los millones de dólares que recaudó el Estado nacional desde que asumieron los Kirchner no fueron para darles leche y alimento a los millones de pibes que están bajo el nivel de pobreza, para un plan nacional de obras públicas al servicio del pueblo pobre, para un seguro universal para todos los desocupados, para darles una remuneración digna a los jubilados, para una salud y educación públicas acordes con las necesidades populares. Hoy, a cinco años de la asunción del gobierno de los Kirchner, más del 40% de los trabajadores que trabajan en negro -muchas veces más de 12 horas diarias- con un salario promedio de 800 pesos.
Gran parte de los miles de millones de dólares recaudados por retenciones el gobierno los tiene en las arcas del Banco Central como garantía para el pago de la fraudulenta deuda externa, que lejos del «desendeudamiento» pregonado por el gobierno ha continuado en aumento. Otros tantos son manejados discrecionalmente para garantizar la pleitesía de intendentes y gobernadores mediante «obras públicas» realizadas por empresarios amigos del poder central y también para subsidios millonarios para lograr la ganancia de los dueños de los transportes colectivos de pasajeros y las concesionarias de los maltrechos ferrocarriles urbanos. Y, no menos importante, para aumentar las ganancias de los grandes industriales. No casualmente la UIA es hoy uno de los principales sostenes de la política gubernamental.
En tanto, es verdad que los grandes terratenientes, junto con los grupos del agro-business (como Los Grobo) y las cerealeras y aceiteras (Aceites General Deheza, Cargill, Bunge, Dreyfuss, etc.) y grandes frigoríficos exportadores, fueron -y son- los más beneficiados en los últimos años, gracias a la política económica de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y en detrimento de las necesidades del pueblo trabajador de la ciudad y el campo. Bajo sus gobiernos continuó el proceso de concentración de la propiedad y la tenencia de la tierra, así como la brutal explotación del peón rural, de los cuales un 75% trabaja en negro.
Lamentablemente, los dirigentes de la Federación Agraria (FAA), la entidad que nuclea a los pequeños productores, se encuentran hoy aliados a los representantes de la gran oligarquía agrupados en la Sociedad Rural Argentina, los mismos que fueron los grandes impulsores del golpe del ’76 y se beneficiaron con la política económica de la dictadura, luego con el menemismo y hoy con la política kichnerista de la devaluación del peso y del salario obrero. Esta oligarquía es socia de las grandes multinacionales agropecuarias como Monsanto o Nidera y de los grupos capitalistas que arriendan los pequeños y medianos campos para explotarlos. Son parte de los pulpos que, en detrimento del pequeño productor, en los últimos quince años se quedaron con la tenencia de casi ocho millones de hectáreas adicionales.
Las expresiones de rechazo a la política del gobierno por parte de los pequeños productores que se están sucediendo por todo el país, al darse tras la consigna indiferenciada de «no a las retenciones» que sostienen en común la FAA, CRA, CONINAGRO y la SRA, favorecen a los grandes terratenientes y los exportadores que aún hoy continúan haciendo su agosto.
Por su parte, como señalamos, esta vez la protesta en el campo y los pueblos del interior se vio acompañada por cacerolazos y manifestaciones que se dieron en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde el reclamo agrario actuó como catalizador del descontento político de sectores de las clases medias urbanas -en particular las más acomodadas.
Los grupos encabezados por Luis D’Elía, Emilio Pérsico y compañía, han dicho que «recuperaron» la Plaza de Mayo contra «los golpistas de Recoleta, Barrio Norte y Belgrano». Lo mismo sucedió con un grupo nucleado en «Libres del Sur» en Rosario. Pero su accionar sostiene una política gubernamental que defiende los intereses de la misma clase social que organizó el golpe militar del 24 de marzo de 1976, cuya continuidad se sufre, entre otras, en la ley que HOY -después de más de cuatro años de estar los Kirchner en el gobierno- rige a los trabajadores rurales, redactada por Videla y Martínez de Hoz. En cinco años, el gobierno K, nunca intentó derogar esta Ley, la 22.248, impuesta por la dictadura genocida.
Los trabajadores tenemos que intervenir
Para la clase trabajadora se trata de aprovechar la actual crisis para ponerse al frente y salir a luchar por sus propias demandas y reclamos. Hay que enfrentar los despidos y apoyar con todo a los que están luchando, como en la textil Mafissa, que ya lleva 120 días de conflicto. Hay que exigir un salario equivalente al costo de la canasta familiar y una cláusula de aumento gatillo según el incremento de la inflación de los productos de la canasta básica, a partir de la medición hecha por los trabajadores del INDEC. Hay que elegir delegados paritarios en asamblea para la discusión de aumentos salariales y terminar con los convenios flexibilizadores impuestos en los ’90. Hay que derogar la nefasta ley del menemismo que implementó las ART y provocó el aumento de las muertes y accidentes en el lugar de trabajo. Hay que terminar con la superexplotación que significa el trabajo en negro.
Al contrario de lo que hace la nefasta burocracia sindical encabezada por Moyano, transformada en fuerza del choque del gobierno, y la dirección de UATRE, que quiere poner a los peones rurales detrás de las demandas de los grandes terratenientes, hay que romper la lógica de un conflicto del «campo» contra la «ciudad» que beneficia a la vez a la oligarquía y al gobierno. Los trabajadores de las ciudades debemos levantar un programa para unirnos en primer lugar con los peones rurales, nuestros hermanos explotados del campo. Y también debemos buscar una alianza con los chacareros pobres, exigiendo a la Federación Agraria la ruptura de su actual alianza con la Sociedad Rural. Para lograr esto demandamos:
• Derogación de la ley videlista 22.248 y toda la normativa que esclaviza a los trabajadores del campo. Plena libertad de organización para los trabajadores.
• No al aumento de las retenciones a los pequeños chacareros. Impuestos progresivos a los grandes propietarios y productores. Expropiación inmediata de los 1000 grandes propietarios agrícolas que poseen en conjunto 35 millones de hectáreas.
• Expropiación de los grandes monopolios exportadores. Monopolio nacional del comercio exterior para evitar que se especulen con los precios internacionales, que los pequeños productores perciban un precio acorde con sus necesidades y que el pueblo trabajador pueda adquirir alimentos a precios accesibles. Estatización bajo control obrero de los puertos privados para terminar con el contrabando y la evasión a las retenciones de los monopolios exportadores.
• Estatización, bajo el control obrero, de semillas, agroquímicos y fertilizantes.
• Expropiación inmediata y sin indemnización de los acaparadores de carne, aceites, harinas y azúcar.
Secretariado Nacional del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas)