No es boliviano, paraguayo ni judío. ¿Quién es?

 

El secretario general del sindicato de árbitros (Sadra), Guillermo Marconi, aseguró el martes pasado que evalúan «suspender los partidos cuando los hinchas insulten al Presidente». Hoy los referís están habilitados para frenar los encuentros cuando aparezcan agresiones o actos de discriminación contra las comunidades de Bolivia y Paraguay. Lo mismo sucede cuando cantan contra la comunidad judía.

Al comienzo Cambiemos supuso que estaban únicamente ligados al fútbol. Pero las voces de las multitudes se expandieron. Primero fueron los repudios en los estadios de River y San Lorenzo. Luego la figura del Presidente fue vituperada en dos recitales: el de Dancing Mood en el Centro Cultural Konex y en el de Los Guasones. Por una interrupción momentánea en la Línea D de subterráneos, un grupo de pasajeros embistió contra Macri en la estación Callao. Se volvieron a repetir en los estadios de Independiente, Chacarita, Gimnasia y Huracán. En este último caso por un corte de luz bastante prolongado. También en Lanús, Unión y en un estadio del ascenso, el del Club Mitre, de Santiago del Estero, del Nacional B.

Entonces, el Gobierno tomó la decisión de habilitar la discusión parlamentaria por la legalización del aborto que provoca millares de muertes evitables. Pero el cálculo político no empaña lo esencial: diputados y senadores finalmente afrontarán una discusión largamente demorada a pesar de la exigencia de la calle. Como seguramente será la del próximo 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tuvo su origen en un hecho de 1857, cuando cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York marcharon contra los bajos salarios.

La jornada terminó con 120 muertas por la brutal represión policial.

Hacia el 8M

Del total de la población relevada por la EPH en el 3° trimestre de 2015, más de la mitad (51,5%) eran mujeres. Sin embargo, a fines de 2015 el 43,6% de las mujeres encuestadas decía estar empleada, en el 3° trimestre de 2 016 ese porcentaje disminuyó al 42,9%. En el caso de las mujeres hasta 29 años, la tasa de empleo caía hasta el 31,3%, es decir que sólo 1 de cada 3 mujeres menores de 30 años tenía empleo.

En términos de desocupación, mientras en el 3° trimestre de 2016 la tasa promedio era de 8,5%, para el caso de las mujeres dicho valor aumentaba a 9,2% y al 20,8% para aquellas menores de 30 años. En comparación con 2015, todos los valores han empeorado, ya que en ese momento la tasa de desocupación femenina en general era del 6,9% (2,3% menos) y, en el caso de las menores de 30 años, era del 14%, es decir, 6,8% menos.

Mientras en 2015 las mujeres percibían un 25% menos de salario que los hombres por igual tarea desempeñada, en 2016 dicha brecha se amplió hasta un 33%, según indica un relevamiento realizado por la consultora de Recursos Humanos Mercer. Esto representa un deterioro del 8% en la relación salarial del hombre y la mujer, en tan sólo un año.

Los valores que se brindan aquí reflejan las consecuencias de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2015 a la fecha que afectaron a la clase trabajadora en su totalidad. Partiendo de una devaluación que alcanzó un pico del 62% en marzo y que ha disparado un proceso inflacionario que sólo en 2016 alcanzó un 36,25%, pasando por la política de despidos y cesantías en el ámbito público y privado que ya se cargó con más de 250.000 puestos de trabajo, hasta los aumentos de tarifas aprobados en estos últimos tiempos que destruyen los salarios -ya insuficientes, de antemano-; son todas políticas que favorecen la concentración económica y repercuten negativamente en la clase trabajadora.

La violencia doméstica también aumenta cuando la plata no alcanza y los hombres descargan sobre los cuerpos de las mujeres las frustraciones e impotencias que la crisis del sistema capitalista genera.

Así también repercuten con más fuerza la desocupación, los despidos y la flexibilización laboral ya que uno de los factores que influyen en la violencia doméstica es la imposibilidad de muchas mujeres de ser independientes en materia económica. Entonces, la reducción del acceso al trabajo -o la pérdida del trabajo- favorecen el establecimiento de relaciones de dependencia de la mujer hacia el hombre, con todas las limitaciones para ellas que esto significa en términos materiales como simbólicos.

No debemos olvidarnos de la ya existente disyuntiva con la que cargan las mujeres entre acceder a un trabajo -o desarrollar una carrera- y la decisión de ser madres. Las insuficientes licencias por maternidad y su inequitativo otorgamiento sólo a las mujeres, la falta de jardines y guarderías en los espacios de trabajo, entre otras razones, son elementos que profundizan el acceso desigual de las mujeres al mercado laboral.

Pero como bien sabemos, no es solamente la decisión de ser o no ser madre la que dificulta la inserción de las mujeres en el mercado laboral, ya que en muchos casos basta con el solo hecho de ser mujer para no ser contratada. Claro está que esto también tiene que ver con la ideología capitalista y patriarcal, según la cual contratar a una mujer significa mayor riesgo, porque no solamente debe someterse a la explotación en el mercado laboral capitalista como los hombres, sino carga, en la mayoría de los casos, con el trabajo no-remunerado e invisibilizado en el ámbito doméstico, asegurando así la reproducción social y el buen funcionamiento del sistema capitalista. Ahora bien, esa doble carga genera que las mujeres, ante cualquier inconveniente en casa, la enfermedad de un/a hijo/a por ejemplo, no puedan ir a trabajar.

Por último, la gestión del Estado que lleva adelante el Gobierno nacional de Mauricio Macri, donde los recursos se orientan no en favor de los derechos de la clase trabajadora sino para garantizar mayores niveles de acumulación a los sectores económicos concentrados, también perjudica con doble fuerza a las mujeres.

La falta de recursos disponibles para implementar eficazmente la Ley N° 26.485 «De Protección Integral de la Mujer», o para llevar adelante políticas de educación sexual o de inclusión laboral, son pruebas de ello.

Por esto, el paro internacional de mujeres y la movilización del 8 de Marzo son imprescindibles para llamar la atención sobre las desigualdades que siguen reproduciendo la opresión de la mujer en el sistema patriarcal y su explotación en el sistema capitalista.  

Ley de Cupo Laboral Trans  

A dos años de aprobada la Ley de cupo trans, y de esperar la reglamentación de una disposición considerada modelo en el mundo, la gobernadora María Eugenia Vidal habría decidido no poner su firma y hacer todo lo necesario para que no se haga efectiva. Las reuniones y conversaciones con organizaciones que luchan por los derechos LGBTIQ no serían más que otra de las estrategias para dilatar la reglamentación de la norma que beneficiaría simbólicamente a una población sojuzgada históricamente.

Se trata de la ley nº 14.783 «Amancay Diana Sacayán» de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires, aprobada por la Legislatura bonaerense el 17 de septiembre de 2015, promulgada un mes más tarde y que no se implementó jamás.

«No voy a contratar a nadie: ni trans ni no trans». Con estas palabras, en octubre del año pasado, en plena campaña electoral y ante la presencia de muy pocos funcionarios de su gabinete, la gobernadora Vidal habría enterrado la implementación concreta de la Ley de Cupo Laboral Trans. Esa reunión privada marcó el final de una estrategia oficial basada en dos años de desgaste. Desde que la Ley fue aprobada en la Legislatura, fueron convocados a consultas decenas de organizaciones LGBTIQ; el último de esos encuentros fue hace un año, en febrero de 2017. Desde ese momento hasta hoy no ha transcendido ningún avance.

La norma obliga a que el Estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, contraten a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal. Según las estadísticas no estaríamos hablando de más de 2.000 puestos laborales.

5 y 6 de marzo: paro nacional de estatales y docentes  

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( Ctera ) paró lunes y martes en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional -que el Gobierno derogó por decreto- y de negociaciones sin techo salarial.

Además, hicieron una movilización   al Congreso nacional y harán un nuevo cese de actividades el jueves   8   en adhesión al Paro Internacional de Mujeres.

Las clases sólo comenzaron en siete provincias, donde hubo acuerdo de actualización salarial: San Luis (40%), Santiago del Estero (20%), Tucumán (17,5%), San Juan (17%), Corrientes (17%), Misiones (15,5%) y Salta (15%). En el resto del país las aulas se encuentran vacías.

El Gobierno que conduce María Eugenia Vidal salió a la ofensiva y adelantó que descontará el presentismo a los docentes que se sumen a la huelga .  

En la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos 7 años la partida para educación ha caído un 8,9 % según el informe elaborado por docentes de la zona sur de la Asamblea Unificada del Distrito 21°, que abarca las escuelas ubicadas en los barrios de Villa Lugano y Villa Riachuelo .

Esta zona es la que precisamente más se vio afectada con la falta de vacantes (12.000).   A esto hay que sumar el anuncio de hace una semana atrás, donde el Gobierno porteño anunció el cierre de 13 sedes del Plan FinEs dejando a 80 docentes sin trabajo y alrededor de 500 estudiantes que no podrán terminar sus estudios secundarios.

También en las últimas horas se conoció el cierre del programa socioeducativo Administradores de Red. El programa existe desde 2012 y se creó como un plan de fomento a las escuelas técnicas. La decisión de darlo de baja afecta a unos 90 trabajadores que se encargan de todo lo que tiene que ver con las redes y la conectividad de las escuelas técnicas, los pisos tecnológicos, etc.

A su vez, mientras se llevaba a cabo la apertura de la sesión legislativa de este año, una movilización de docentes y terciarios se hacía presente en la Legislatura porteña para reclamar por el aumento de salario en las paritarias, y para rechazar la intervención del Ejecutivo en la formación docente.

A pesar de las amenazas de descuentos, el paro se sintió con fuerza y docentes de toda la Provincia se movilizaron masivamente en la Capital jujeña.

Con la adhesión del nivel primario agrupado en el gremio ADEP, secundario y terciario en el CEDEMS, el paro se sintió con fuerza en toda la Provincia de Jujuy, llegando al 90% de acatamiento en el nivel primario, según informaron desde el sindicato.

La Provincia se encuentra cuarta en el ranking de los peores salarios docentes, con un sueldo de $11.861 para la jornada simple en el caso de una maestra con diez años de antigüedad, apenas por encima de Misiones, Formosa y Santiago del Estero.

Por eso, el rechazo al irrisorio aumento del 5% que la Ministra de Educación, Isolda Calsina, y el gobernador, Gerardo Morales, pretenden imponer de hecho sin dar lugar a paritarias libres, como ya hicieron en los dos años anteriores, se sintió con fuerza en la multitudinaria movilización.

En Mendoza, más de 15.000 personas marcharon el lunes 26 de febrero bajo la consigna #MásParaEducación convocadas por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). La movilización concluyó con un acto en Casa de Gobierno.

Sute es el único gremio de la provincia que no aceptó la oferta salarial del 15.7% del Gobierno en tres cuotas. El gobernador Alfredo Cornejo amenazó a los docentes con aplicar el aumento por decreto si no lo aceptan.

«En cada lugar donde haya despidos, hay luchas que van a multiplicarse», aseguró el titular de ATE Nacional, Hugo «Cachorro» Godoy, al anunciar un nuevo paro de 48 horas de los trabajadores estatales de todo el país.  

La medida de fuerza del 5 y 6 de marzo, coincidirá con la huelga que convocó la Ctera a nivel nacional.

Ante los medios y rodeado de otros dirigentes nacionales, provinciales y sectoriales, Godoy explicó: «Los trabajadores en general, y los trabajadores estatales en particular, estamos atravesando los momentos más tremendos de nuestras vidas, nos está pasando lo peor. Ya son más de 3.000 los despedidos y despedidas del Estado Nacional. El Gobierno Nacional no ha dado una sola muestra de intención de generar un espacio de discusión para resolver estos problemas. Están cerrando fábricas, como en FANAZUL, terminando emprendimientos productivos, como la mina y la usina de Río Turbio, transfiriendo funciones del Estado al ámbito privado, como sucede en SENASA y en INTI».

En la misma línea, el secretario general de ATE reclamó la reapertura de paritarias, expresó el rechazo al «techo del 15 % de aumento que pretende imponer el Gobierno» y pidió «la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidos» en el sector público.

De esta manera, los dos gremios mayoritarios de cada una de las CTA, Autónoma y de los Trabajadores, protagonizarán jornadas de lucha que se prevén masivas.    

Luego de la importante movilización y ocupación del hall de CONICET el pasado 20 de febrero, el próximo viernes 9 de marzo los investigadores y científicos volverán al Polo Científico para buscar una solución definitiva a la tanda de despidos que la patronal pretende ejecutar. Se trata de 90 trabajadores del organismo que se quedarían en la calle este mes.

Estos despidos forman parte de un recorte más general que dejó a fines del 2017 a más de 400 científicos y científicas en la calle y otros más de 400 en condición de «pendientes». En este último caso, se trata de investigadores que fueron evaluados sin tener en cuenta lo sancionado a través de la Ley que prohíbe la discriminación por edad en el ingreso a organismos públicos. Hoy aún no saben si se encuentran o no despedidos/as.

Como si esto fuera poco, el lunes 26 de febrero vía mail «al personal de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico y de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación» el CONICET informó que «se descontinuará el pago por presentismo para el personal de ambas carreras». La comunicación llegó con un archivo adjunto de un supuesto dictamen de la «comisión de política salarial» que intenta argumentar la no incumbencia del acta paritaria firmada en mayo de 2017 para los trabajadores del CONICET, que se desempeñan en las Carreras de Investigación y Personal de Apoyo. Según este dictamen la Comisión de política salarial evalúa que dichos trabajadores no deben ser «beneficiarios del premio por presentismo» por la modalidad de sus tareas y objetivos.

Este ataque no llega aislado. El país se encuentra conmovido por los despidos en las dependencias del Estado. El caso del INTI, que lleva un mes de lucha contra la cesantía de 258 trabajadores es el ejemplo más paradigmático. La situación del CONICET no es distinta. El combo desatado por el Gobierno implica tres patas: congelamiento presupuestario, una agresiva reducción de ingresos a las carreras de investigación (que implicó el despido de cientos de becarios los últimos dos años) y con esta última medida se desnuda la tercera pata del ajuste, el congelamiento de los salarios para aquéllos que sí lograron ingresar a las carreras.

Finalmente, los trabajadores de Río Turbio (Santa Cruz), que siguen apostados en la boca de la mina 5 de manera pacífica, denunciaron que el Gobierno nacional ordenó movilizar un escuadrón de 125 gendarmes asentados en Bariloche.

Conflictos privados  

La semana pasada cuando los trabajadores de EFASA en Azul, se presentaron a su lugar de trabajo fueron recibidos en la puerta por integrantes de la empresa, quienes a «dedo» les dijeron quiénes ingresaban y quiénes no a trabajar.

A los despidos, se suma la precariedad laborar a la que están siendo sometidos. Según trascendió los trabajadores estarían trabajado 14 horas diarias por un salario que no cubre la canasta familiar y sin percibir el pago de horas extras.

Las y los trabajadores del Diario Hoy y Red92 se manifestaron en las puertas del Country Abril, donde vive la dueña de ambos medios, Myriam Renée Chávez de Balcedo, para exigir el pago de los salarios adeudados.

La protesta se hizo con palas y cascos de seguridad, y los empleados de la radio y el diario simularon cavar pozos, con la sospecha de que el dinero de los sueldos de enero podría estar enterrado en algún lugar de las inmediaciones de la vivienda. Cabe recordar que el hijo de la dueña y ex director de la empresa, Marcelo Balcedo, quien se encuentra preso en Uruguay e investigado por lavado de dinero, estaba a su vez sospechado de tener billetes enterrados en su mansión uruguaya, el Gran Chaparral.

La familia Balcedo adeuda $ 2.000.000 en sueldos a sus trabajadores e incumple sistemáticamente las conciliaciones dictadas por el Ministerio de Trabajo, que hasta el momento no le efectuó ninguna sanción.

Luego de varias acciones de protesta que lograron visibilizar el conflicto, el Ministerio de Trabajo sentó a las partes y comprometió al grupo empresario a buscar una salida que resguarde los 700 puestos laborales en el Ingenio San Isidro. Se volverán a reunir el próximo jueves.

El martes 6 a las 14:00 realizarán una concentración los trabajadores de la metalúrgica Stockl en Camino de Cintura y Melián, Parque Industrial Burzaco. Después de dos meses de conflicto y estando aún sin respuestas de ningún tipo siguen luchando en defensa de los puestos de trabajo y exigen solución para las 130 familias metalúrgicas.

La Asociación Obrera Textil rechazó la decisión de Companhia de Tecidos Norte Das Minas (Coteminas), de despedir a otros 50 trabajadores de la planta ubicada en La Banda, Santiago del Estero, y denunció el vaciamiento de la fábrica.  

Nueva ofensiva contra los sindicatos  

El bloque de diputados de Cambiemos presentó un proyecto elaborado por el legislador radical Luis Petri que busca modificar algunos artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales y del Código Penal.  

El proyecto exige a los dirigentes gremiales y titulares de obras sociales sindicales que, al asumir cargos en sus organizaciones, realicen declaraciones juradas de sus patrimonios y que lo vuelvan a hacer concluido su mandato.

Además, a nivel penal, los coloca como sujetos de delitos a los que, hasta ahora, están expuestos exclusivamente los funcionarios públicos, como si los fondos sindicales fueran patrimonio público.  

El mismo proyecto fundamenta las modificaciones sobre la base de cuestionar la naturaleza de las organizaciones gremiales considerándolas entes «paraestatales» que manejan fondos de «interés social».  

La iniciativa implica una injerencia indebida del Estado sobre organizaciones que, según la Constitución Nacional y la OIT, tienen un carácter privado más allá del rol mediador que la Ley de Asociaciones Sindicales le confiere al Estado.  

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, reconoció que si bien «toda política del Estado que apunte a la transparencia es saludable, presentado el día después de una movilización masiva (21F), es evidente que se enmarca en la política antisindical del Gobierno».  

Para Omar Plaini, titular del sindicato de Canillitas, «es una barbaridad. Analizando legislación comparada, solo existió en el Gobierno fascista de Mussolini, donde los sindicatos eran un bien común administrado por el Estado». Agregó que «las organizaciones sindicales, como las ONG, tienen sus estatutos. Rendimos cuenta ante los afiliados».  

Una ola de allanamientos a sitios vinculados al gremio de la industria lechera, Atilra, fue desatada el miércoles. Las acciones de la justicia se habrían realizado a partir de una denuncia de un yerno de Héctor «Eitin» Ponce. Por supuesta malversación de fondos fueron allanados el supermercado de ATILRA, la sede del CET del gremio, la clínica «10 de setiembre», más otras reparticiones ligadas a Ponce, secretario general del sindicato.  

Ponce es uno de los gremialistas apuntados por el macrismo y sobre el que cargaron sistemáticamente desde el Gobierno. De hecho, los allanamientos fueron seguidos de fuertes rumores de intervención sobre la organización sindical.  

El Gobierno prepara un nuevo golpe a las finanzas de un sindicato opositor. Será sobre un aporte de los bancos a favor de la Asociación Bancaria, el gremio que lidera Sergio Palazzo, enfrascado en una negociación salarial inconclusa y conflictiva y con una intervención permanente de los funcionarios en el afán de encarrilar el debate en las pautas previstas por el Ejecutivo.  

La medida irá en la misma línea que otra de la cartera laboral, adoptada semanas atrás, que anuló la vigencia del descuento forzoso del 1% sobre los sueldos de los empleados bancarios no afiliados al gremio, denominado «cuota solidaria».

La decisión apunta a dañar a La Bancaria, que aparece como una amenaza a la pauta salarial de 15% sin cláusula gatillo que impulsa el Ejecutivo para la actual ronda de paritarias. Mientras ese parámetro avanza entre gremios alineados con el oficialismo como Obras Sanitarias y los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor, el sindicato bancario y los docentes surgen como los principales obstáculos para asentarlo para el resto de las negociaciones.

La Asociación Bancaria cuenta con un antecedente judicial a su favor. Tras la caída de la «cuota solidaria» y la demora en la firma de un nuevo acuerdo salarial, por la negativa del Gobierno de habilitar una cláusula gatillo, la seccional chaqueña del gremio presentó un pedido de amparo ante la Justicia provincial para sostener la aplicación de esa herramienta de actualización salarial incluso a partir de enero, cuando en teoría ya estaba vencida.

La Justicia de primera instancia de Chaco dictaminó a favor de considerar «ultra activa» esa cláusula y el aporte forzoso de los no afiliados, es decir, por su vigencia hasta tanto el acuerdo vencido no fuese reemplazado por uno nuevo, y otorgó la medida cautelar, lo que mereció una apelación de la cartera laboral.

En paralelo a los cortocircuitos entre el Gobierno Nacional y una porción de la CGT y las CTAs, el Ministerio de Trabajo, Jorge Triaca, dispuso que se modifique la lógica de asignación de recursos de una caja, nada despreciable, de unos mil millones de pesos. Son fondos que se transfieren a los gremios y que están destinados a capacitar trabajadores agremiados para formarlos en distintas especializaciones.

La selección del ministro la componen: Antonio Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (Smata), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Gerardo Martínez (Uocra), Carlos West Ocampo (Sanidad), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Ramón Ayala (Uatre), Roberto Fernández (Uta), Luis Ramón Hlebowicz (Pasteleros) y Armando Cavalieri (Comercio).

La Comisión Directiva del SOMU dio a conocer un comunicado el lunes: «La intervención judicial que sufriera el S.O.M.U (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos), durante 2 años, se normalizará hoy (5/3) cuando se realice el levantamiento definitivo de la intervención judicial , que se producirá en una audiencia en el juzgado Criminal Correccional y Federal número 6, secretaría 11, a cargo del juez Canicoba Corral, en presencia de los 11 secretarios nacionales.

El gremio de marítimos fue intervenido judicialmente por el Juez Canicoba Corral el 18 de febrero del 2016, el cual dejó aproximadamente 4.500 marítimos desocupados y sin cobertura médica, sumada a la pérdida de la vida institucional y sindical.

Después de las elecciones llevadas a cabo el 22 de diciembre del 2017, que dieran como victoriosa a la LISTA 18 VERDE FEDERAL, encabezada por Raúl Durdos como secretario General y Daniel Mereles, como secretario adjunto, se dio comienzo a un gremio de lucha sindical, conducido por trabajadores para los trabajadores».

Los militantes del PRO que desembarcaron en el principal gremio marítimo del país durante la intervención deberán dejar su cargo. Y algunos ya encuentran en otro organismo su próxima parada. Se trata del INTI. En las últimas horas se conoció el listado de los 94 asesores contratados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo que atraviesa un duro conflicto por el despido de 258 profesionales.

En la nómina aparece Fernando Rodeles, ex jefe de prensa del Somu durante el mandato de Gladys González y ahora jefe «de facto» de la comunicación del INTI. Como en el SOMU, el ex fundación Pensar, no llegó solo, sino que lo hizo con un «equipo» de trabajo que se encarga de la «prensa».

Pero la sorpresa del extenso listado, es que apareció Javier Otaola. Otro ex asesor de González en el SOMU, pero con la particularidad de ser hijo de Elena Otaola, ex Directora Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante la gestión de Carlos Tomada.

Elena Otaola fue una funcionaria de extrema confianza de los Independientes Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, dos que como con el kirchnerismo mantienen muy buena relación con Cambiemos.  

Contra los movimientos sociales: Planes sociales por programas de empleo  

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció el desmantelamiento de los últimos programas de empleo que le quedaban sin desfinanciar. El Programa «Argentina Trabaja» y el Programa «Ellas Hacen».  

El Gobierno de Mauricio Macri desde hace dos años ha avanzado en la descooperativización de los programas eliminando el requisito de organización cooperativa al beneficiario del programa de empleo, anulando y suprimiendo matrículas de Cooperativas de trabajo, e impidiendo a las mismas acceder a la obra pública.

El Gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a implementar los planes sociales en la Argentina. Ha creado y masificado un plan social que no tiene contraprestación alguna por parte del beneficiario, que no exige su registración en el monotributo, ni requisito de capacitación alguna a quien lo perciba.  

«Los Movimientos Populares en la Argentina no queremos planes sociales. Pretendemos conservar la capacidad creativa de planificar la organización colectiva del trabajo de las compañeras y compañeros que han quedado excluidos del modelo económico que profundiza el Gobierno de los patrones», señalan en una declaración el Frente Barrial CTA, la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo) y el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala.

Al respecto, el Polo Obrero señala en un comunicado que: » Ante los anuncios de cambios en la modalidad de contra prestación de los beneficiarios de los programas sociales, ‘Argentina Trabaja’, ‘Ellas Hacen’ y ‘desde el Barrio’, el Polo Obrero denuncia que se trata de una medida de ajuste para achicar el gasto social y constituye un ataque contra los trabajadores precarizados.

La nueva modalidad, «hacemos futuro» sugiere que a los desocupados les faltaría capacitación para ingresar en el mercado laboral, pero la realidad es que la falta de oferta laboral está dictada por la crisis económica, el enorme endeudamiento y la especulación con bonos y dólares y la caída del consumo, es decir, por la falta de expectativas que tienen los empresarios en una reactivación de la economía, es lo que explica el fracaso del plan «Empalme» que anunció Macri hace un año.

Por otro lado, durante más de 7 años una mayoría de trabajadores de estos programas realizaron tareas de mantenimiento, limpieza y construcción en municipios y entes estatales, durante los cuales ni este Gobierno ni el anterior regularizó su situación laboral como lo exige la ley, pasándolos a la planta y al convenio correspondiente».

Para finalizar: «Las razones de este ajuste hay que verlas como un ataque, otro más, de un gobierno de ricos contra los trabajadores, pero además son revanchistas porque se producen luego de que los desocupados y sus organizaciones fueran protagonistas, junto a una parte de la clase obrera del proceso de movilización popular contra el ajuste que se viene desarrollando desde el 14 y el 18 de diciembre.

En los próximos días nos reuniremos con el conjunto de las organizaciones piqueteras a las que les propondremos un plan de lucha unificado, con piquetes, cortes de ruta, acampes y bloqueos hasta derrotar esta ataque artero contra los desocupados y sus organizaciones».  

Los trabajadores de la cooperativa de carreros y cartoneros La Esperanza, se movilizaron a la sede del municipio de Córdoba para exigir la continuidad del Programa de Servidores Urbanos, que daba empleo a 250 familias. «Reclamamos el pago del mes de enero y febrero que no fueron realizados y que están impagos. Al subir a la explanada de Municipalidad salió el grupo de Infantería de la Policía y comenzaron a reprimir. Hay una compañera embarazada que recibió un golpe en la cabeza y fue trasladada de urgencia, y le tuvieron que hacer 20 puntos de sutura», dijo Ignacio Andrés, miembro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr).

En este sentido, desde la organización señalan que esta medida unilateral es una respuesta por parte del municipio, afín al Gobierno nacional, a la participación de este sector cooperativo en las movilizaciones de fines del 2017 contra la Reforma Previsional.

Malas noticias  

El déficit financiero o real, tomando en cuenta los intereses de la deuda, fue de $ 29.818 millones. Un año antes, en enero de 2017 fue de $ 5.556. Sin embargo, para el Gobierno, fue superavitario en $ 3.929. Sucede que en consonancia con el modelo instalado por el FMI, mide el resultado de las cuentas públicas asociadas al funcionamiento de la Administración Pública Nacional.  

Bajado a tierra, si hace falta ajustar, hay que meter mano en gastos tales como salarios, inversiones, planes sociales o previsionales. La deuda no se toca.  

Vale la pena cruzar la caída de los subsidios con el volumen de los intereses de la deuda en 2017. Según datos de ASAP, una organización especializada en análisis fiscales, revelan que si por un lado el «ahorro» fue de $ 83.708 millones, por el otro desembolsó $ 314.000 millones.  

Para achicar los subsidios, hubo que aumentar fuerte las tarifas. En el caso del gas cerca del 1.000 % a abril del año pasado y el costo de la electricidad un 867 %.  

En enero la salida de dólares por turismo, fue de U$S 1.567 millones. El neto del año pasado habría rondado U$S 7.900 millones.  

También en enero el déficit comercial fue de U$S 986 millones. Las cifras del INDEC anotaron una suba del 10,7 % a las exportaciones, pero al mismo tiempo las importaciones aumentaron 32,1 %, o sea, tres veces más.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron febrero con una caída de 1,5 % frente a igual mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan una baja anual de 1,3% en los primeros dos meses de 2018.

La consultora Kantar World Panel había revelado que el consumo masivo se contrajo un 2 % en enero, con respecto al mismo mes del 2017.

Según la consultora, el descenso de la canasta se concentró en el Nivel Socio Económico Bajo superior, que representa un tercio de la población Argentina, donde el consumo disminuyó un 11 %.

Federico Filipponi, director comercial, sostuvo que «la evolución de este grupo tiene un impacto directo en el total de la canasta. Estos hogares fueron históricamente el motor de crecimiento y tuvieron un nivel de consumo similar a los niveles altos y medios; incrementos en tarifas en servicios y transporte, inflación en ascenso, y paritarias todavía lejanas y sin claridad sobre ganarle a la inflación impactan directo en las posibilidades y perspectiva de este grupo determinante de la población».

Además se registró una disminución de un 9 % del canal mayorista en enero, que es uno de los sectores que más creció en los últimos años.

Por su parte, sólo crecieron las ventas en el almacén. El director comercial de la consultora explicó que «el crecimiento del almacén sigue proviniendo de los hogares de menores recursos, que tienen al almacén como principal canal para sus compras de bebidas y lácteos».

El sector Lácteos es uno de los sectores en baja, en enero cayó un 7 %, comparado con el mismo mes de 2017. 

 

Fuentes: IEF-CTA(A), www.infogremiales.com.ar , www.ambito.com , La Nación, Tiempo Argentino, Clarín, Resumen Latinoamericano, Anred, Argentina Indymedia, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, www.canalabierto.com.ar , www.ansol.com.ar , Prensa Obrera.

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