La decisión de expropiar Vicentin fue leída por la oposición en clave de peronismo-populismo-comunismo. Sin embargo, una mirada más atenta revela que tanto el primer peronismo como el kirchnerismo recurrieron a la estatización de empresas de manera selectiva y en el marco de sus respectivos climas de época. Así lo hace también Alberto, en un momento en el que los límites de lo posible se están repensando.
El lunes 8 de junio Argentina pasó de discutir sobre “estar a favor o en contra de la cuarentena” a “estar a favor o en contra de la expropiación”. En efecto, la decisión de Alberto Fernández de intervenir y expropiar la empresa agroalimentaria Vicentin obligó al arco político y empresarial a pronunciarse sobre la pertinencia, el peligro y la legalidad de la expropiación como decisión estatal. Se lanzaron sobre esa palabra enigmática como moscas sobre la miel, en muchos casos apelando linealmente al fantasma: expropiación-peronismo-populismo-estatismo-comunismo como parte de un todo. Se recurrió también a la comparación con Venezuela.
En lugar de descartar la idea de expropiación por poco seria o aplaudirla sin revisarla, nos proponemos pensar aquello que está, a fin de cuentas, en el fondo de la cuestión: la relación entre una democracia profunda y las figuras de la propiedad cuando gobierna el peronismo.
El primer peronismo
Los gobiernos no pueden desentenderse de sus efectos sobre los regímenes de propiedad: pueden propiciar su concentración o su desconcentración, su nacionalización o extranjerización, pero siempre inciden en ellos. En América Latina es difícil rastrear el primer acto expropiatorio, simplemente porque tanto la Conquista como la conformación de los Estados modernos estuvieron edificados en intervenciones sobre la propiedad de la tierra y los bienes. En efecto, los “consensos propietarios” afianzados hacia fines del siglo XIX se construyeron ejerciendo violencia sobre las poblaciones, y no poco han establecido su indiscutible razón en domesticaciones impuestas entre letras y espadas. La genealogía es clara: nuestros Estados republicanos y democráticos reposan sobre expropiaciones.
Los gobiernos populares de mediados del siglo XX, los llamados “populismos clásicos” (Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil, la Revolución Nacional de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y Juan Domingo Perón en Argentina) operaron, en distinta medida, redefiniciones sobre los regímenes de propiedad. Pero no todos aplicaron la expropiación como mecanismo de gobierno de la misma forma ni con la misma intensidad. Cárdenas y Paz Estenssoro, por ejemplo, apelaron a la expropiación en el marco de reformas agrarias que apuntaban a enfrentar los latifundios.
En cambio, la política económica del primer gobierno de Perón tuvo en el sostenimiento de los objetivos políticos –básicamente el pleno empleo, la justicia social y el rol del Estado como mediador estratégico– su horizonte decisivo, relegando lo programático a un segundo plano. En otras palabras, en el mundo cambiante que emergía de la Segunda Guerra, Perón fue tomando medidas con los ojos puestos más en el cumplimiento de estas metas políticas, que en un programa rígido definido de antemano –comunista, desarrollista o lo que fuera–.
Por eso las expropiaciones que concretó en el comienzo de su presidencia se orientaban a nacionalizar un servicio o área estratégica en problemas para evitar su caída en manos de capitales externos. En sus dos primeros años en el poder, entre 1946 y 1948, Perón ejecutó las mayores acciones estructurales en este sentido, pero lo hizo en un momento en el que no era infrecuente ver gobiernos en distintos puntos del mundo recurriendo a las estatizaciones. Hubo expropiaciones y nacionalizaciones rutilantes en Gran Bretaña, Francia o Italia: Charles De Gaulle estatizó la empresa Renault, a la que acusó de colaboracionismo con el enemigo alemán, en los inicios de 1945, en tanto que el gobierno inglés nacionalizó la banca privada. En algunos casos, las expropiaciones estaban vinculadas al conflicto bélico, y de hecho hacia el fin de la guerra ya habían sido expropiados en Argentina bienes y acciones de las potencias del Eje (desde Siemens y Bayer, hasta embarcaciones y materiales marítimos de empresas de capital italiano y alemán).
Pero, quizás para alejar el fantasma de un eventual alineamiento con el emergente bloque soviético, Perón no arremetió en soledad o a gran escala contra el capital privado, aunque sí avanzó en algunas expropiaciones puntuales.
A instancias de Perón, el Banco Central fue nacionalizado por su antecesor, Edelmiro Farrell, junto a todos los depósitos bancarios, pocos días después de que el gobierno británico decidiera lo mismo. Después, para orientar la producción y reducir la dependencia externa, Perón ordenó la estatización de algunos servicios públicos y recursos estratégicos: la distribución de gas; las empresas inglesas de transporte de pasajeros, que luego de un dilatado juicio de expropiación pasaron a formar parte de Transportes de Buenos Aires, y la Compañía Argentina de Navegación Dodero, que abrevaría en la Flota Argentina de Navegación Fluvial. En esa línea, la nacionalización de los puertos, en parte resultado de la nacionalización de los ferrocarriles, resultó decisiva. Todas estas medidas fueron adoptadas pagando indemnizaciones y tras procesos legales. En algunos casos, como en el de la Corporación de la Ciudad de Buenos Aires, las empresas acumulaban grandes deudas con el fisco.
Memoria popular
Perón ordenó también expropiaciones que se mantienen presentes en la memoria colectiva. En primer lugar, por supuesto, los ferrocarriles ingleses, nacionalizados en 1948 (antes se habían nacionalizado los franceses, que no suscitaron mucha discusión). El tema se ha debatido al infinito: política soberana o despilfarro irracional. Pero lo que suele pasarse por alto es el consenso social que la decisión obtuvo en su momento y que perduró durante décadas, a punto tal que fue apoyada y festejada incluso por dirigentes opositores como los radicales Arturo Frondizi y Moisés Lebensohn.
La segunda expropiación que ha perdurado en el recuerdo es la del diario La Prensa, feroz opositor del peronismo, y propiedad de los Gainza Paz, una tradicional familia terratenientes. Paradójicamente, la decisión benefició a Clarín, que le arrebató a su competidor el mercado de los avisos clasificados. Pero lo interesante es que Perón no mantuvo al diario bajo la órbita estatal, sino en manos del máximo órgano de los trabajadores organizados, la CGT. La decisión fue anunciada en un imponente acto público el 1° de mayo de 1951. Para justificarla, Perón apeló al argumento de una “doble defraudación”: una deuda abultada con el fisco y el hostigamiento contra los trabajadores del gremio de repartidores de diarios (canilllitas). En todo caso, la decisión constituyó una inédita experiencia de dirección de un medio masivo por las centrales obreras. Sin embargo, la Revolución Libertadora no dudó en volver a expropiarlo y entregarlo a los Gainza Paz el 3 de febrero de 1956, aniversario de la Batalla de Caseros.
El tercer sector que dejó representaciones perdurables en la memoria popular, aunque la figura de la expropiación no estuvo presente sino selectivamente, es la tierra. Perón se movió, en este punto, de manera oscilante. No realizó, como otros populismos clásicos, una reforma agraria. De hecho, de una primera retórica frontal contra los grandes propietarios de tierras –la “oligarquía terrateniente” –, Perón pasó a un acercamiento al sector rural como un todo, a medida que arreciaba la crisis económica. La estructura de propiedad en el campo se modificó, pero no como consecuencia de expropiaciones compulsivas. Medidas como el congelamiento de los arriendos o el Estatuto del Peón Rural beneficiaron a sectores no propietarios, generando efectos diversos sobre la estructura de propiedad de la tierra, pero no produjeron una trasformación estructural a través de intervenciones directas. La “Ley de expropiaciones” de 1948, punto formal más alto en este camino, que intentó ordenar una “colonización” irregular pero efectiva, quedó luego desdibujada por la nueva táctica dirigida al sector del agro emprendida por Perón cuando la sequía y la crisis golpearon las cuentas públicas a partir de 1949. La “función social de la propiedad”, incluida en la Constitución Nacional reformada ese año, no llegó a producir por sí misma cambios de raíz en la estructura de propiedad del agro.
Kirchnerismo
Lo sucedido durante el kirchnerismo es más conocido. Al igual que en el primer peronismo, las decisiones en materia de expropiación adoptadas durante el período estuvieron marcadas por la necesidad de garantizar el empleo y fortalecer el rol del Estado, en medio de los vaivenes de la coyuntura y en el contexto de ascenso de la izquierda en la región. De hecho, gobiernos como los de Hugo Chávez y Evo Morales impulsaron programas de nacionalización más amplios. La estatización de Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, YPF y las AFJP enajenó parte, o todo, el control de esas empresas al capital financiero internacional. Con resultados y tácticas distintas, que merecen discusiones aparte, el kirchnerismo buscó otorgarle más lugar al capital nacional o al Estado (o ambos, como en YPF).
Sin embargo, el kirchnerismo no avanzó en general en la estatización de empresas de capital nacional, como Perón con La Prensa (el diario La Nación, de hecho, acumulaba una importante deuda con Estado y no fue tomado por este motivo). Las únicas excepciones –el Correo Argentino y el predio de La Rural– apuntaron a empresas privatizadas de forma muy irregular durante el desguace de los noventa y de menor jerarquía o valor simbólico. La oposición quiso ver en la Resolución 125 y el conflicto del campo (que hoy vuelve a la memoria con Vicentin) una línea de continuidad confiscatoria con el primer peronismo. Sin embargo, las retenciones no pueden catalogarse de expropiación, en la medida en que operan sobre flujos y no sobre stocks. En ese sentido, los gobiernos kirchneristas reconfiguraron el accionar estatal en clave reparatoria, ampliando la capacidad de acción del Estado sobre líneas trazadas previamente. En ningún caso avanzaron sobre empresas que no habían sido antes propiedad estatal.
Propiedades democráticas
La expropiación de Vicentin repuso la condición justicialista de Alberto Fernández. La práctica consensualista identificada con la inclinación alfonsinista del presidente dio paso en la mayoría de los análisis a su pertenencia peronista, al tiempo que se activaba el discurso peronismo-expropiación-comunismo. La careta se cayó, y el cordero socialdemócrata habría desnudado finalmente al lobo populista.
Pero esa operación de develamiento encubre ambigüedades no menores, al tiempo que revela el núcleo político central que se está debatiendo hoy. Si Perón no fue un ave solitaria expropiadora, sino parte de una tendencia mundial de la pos-guerra a recurrir al Estado para reconstruir la economía, tampoco fue en esto más arrojado que otros líderes latinoamericanos de su época. Lo que las clases propietarias –antes como ahora– perciben como un peligro quizás no sea la actitud del líder, sea éste Perón, Cristina o Alberto, sino la posibilidad de que el campo popular, recurriendo a memorias sedimentadas y organizadas a lo largo de los años, identifique en la expropiación una herramienta no solo legítima, sino también recurrente.
Invirtiendo la fórmula de Fernando Henrique Cardoso a propósito de Vicentin –“La expropiación está por fuera de la democracia” –, podría decirse que el temor de ciertos sectores es que la expropiación estratégica sea incorporada a la democracia como un instrumento legítimo más. Si la crisis global –para muchos civilizatoria– empuja a respuestas no convencionales, y habilita decisiones impensables hasta hace poco, como el impuesto a las grandes fortunas o el salario universal, la expropiación quizás también podría incorporase, lentamente, al nuevo clima de época. El peronismo prefiere escuchar las circunstancias antes que impulsar un programa rígido concebido de antemano. Como pocas veces en las últimas décadas, no hay verdades inamovibles: estamos en un momento en que es posible ampliar los límites de lo pensable y desplazar lo que se entiende por productivo, por desarrollo y –por qué no– por propiedad. Y que nada quede por fuera de la democracia.
Adriano Peirone. Politólogo (Universidad Nacional de Rosario). Director de la Facultad Libre de Rosario.
Fuente: https://www.eldiplo.org/notas-web/no-es-venezuela-es-peronismo/