El oficialismo en pleno se ha puesto al servicio de justificar el asesinato por la espalda de un ciudadano que presuntamente robó y acuchilló a un turista norteamericano en el Barrio de La Boca. Es decir, el propio gobierno alienta al fusilamiento de todo aquél que cualquier uniformado considere «asesinable» según su propio criterio, sin […]
El oficialismo en pleno se ha puesto al servicio de justificar el asesinato por la espalda de un ciudadano que presuntamente robó y acuchilló a un turista norteamericano en el Barrio de La Boca. Es decir, el propio gobierno alienta al fusilamiento de todo aquél que cualquier uniformado considere «asesinable» según su propio criterio, sin tener que dar intervención al Poder Judicial. Semejante actitud del macrismo se plasma sin ningún tipo de escrúpulo, a pesar de quedar probado que el ignoto miembro de la fuerza de represión de la ciudad de Avellaneda de apellido Chocobar mintió al declarar que su víctima corría hacia él con un cuchillo en la mano para herirlo, porque esa es su concepción sobre cuál debe ser el accionar de las fuerzas represivas del Estado.
Por eso el propio miembro de la mafia italiana, cuya familia se enriqueció en la Argentina por negociados con la obra pública sobre todo durante la Dictadura Genocida, contrabandista de autopartes y lavador de dinero sucio que ejerce de manera dictatorial la presidencia de la Nación, Mauricio Macri, recibió a Chocobar y lo llamó «héroe», a pesar de haber visto el video donde el uniformado dispara por la espalda al individuo que huía de él: «quiero que todos los policías sean como vos» le dijo al asesino, al tiempo que mandaba su mensaje de «vía libre» para todas las fuerzas de represión y de cuál es el marco en el que deben moverse los jueces.
Por eso el hacendado y súpermercadista patagónico, cuya familia tiene una larga lista de infamias en nuestra historia, desde el exterminio de pueblos originarios patagónicos, pasando por la matanza de obreros rurales en los hechos conocidos como «La Patagonia Rebelde», la complicidad y la corrupción durante la última Dictadura, hasta el nepotismo en el actual gobierno, Marcos Peña Braun, a cargo del aparato de difusión y engaño oficialista, confirmó en un reportaje, sin que se le moviera un músculo de la cara por la vergüenza, que el presidente había visto el video del fusilamiento antes de recibir al asesino Chocobar, y que ésa es la doctrina que se va a imponer desde la Casa Rosada.
Por eso la nefasta emuladora de Himmler, la miembro de la Alianza que el pueblo sacó a patadas en 2001, apropiadora del 13% de las jubilaciones de nuestros viejos, responsable de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, del asesinato de Rafael Nahuel y de toda la represión a la protesta social en el país, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, puede pasear su lumpenizada y fronteriza soberbia afirmando que, a partir del fusilamiento también por la espalda de Nahuel en Bariloche, por parte de un gendarme, se toma como «verdad» la versión que den los uniformados, sin que se tenga en cuenta cualquier investigación que trate de buscar la verdad por parte de cualquier miembro del Poder Judicial.
Lo que se convalida entonces, desde el mismísimo sillón de Rivadavia, es la desaparición del estado de derecho en un país que hizo gala de ello desde la caída de la Dictadura Genocida y fue tomado como ejemplo en el mundo.
Lo que se convalida ahora desde el gobierno es la defunción de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal, lo que fue un inmenso avance aún dentro de la democracia burguesa: a partir de ahora, no sólo la detención de cualquier ciudadano va a depender del criterio de cualquier uniformado, sino también su vida o su muerte.
La «Doctrina Macri-Peña-Bullrich» de aval al gatillo fácil es, lisa y llanamente, el fascismo; abrirle de par en par las puertas al terrorismo de Estado.
¿Se imaginan dejarle semejante poder a quienes siembran pistas falsas a ciudadanos inocentes? ¿a los que liberan zonas para enviar amenazados a los presos con salidas transitorias para robar a su servicio; a los que cobran peaje a los narcos y tratantes (o son parte de ellos); a los que integran bandas que administran desarmaderos de autos o se dedican al pirateo del asfalto?
¿Quién puede estar seguro ahora, si cualquier policía, gendarme o prefecto puede decir que alguien inocente con quien tenga algún conflicto, estaba robando o huyendo para así dispararle impunemente por la espalda?
Vivimos hoy en Argentina el peor periodo respecto del respeto por los DDHH desde la caída de la Dictadura. Para ello, viene bien repasar el informe anual de CORREPI de diciembre pasado, respecto de los asesinados por el aparato represivo estatal desde el gobierno de Raúl Alfonsín hasta la actualidad:
Asesinados por las fuerzas de represión del Estado en cada gobierno desde el retorno de la «democracia»
Alfonsín (1983-89):
Menem, (89-99):
DeLa Rúa (99-2001):
Puerta- Saá – Duhalde (2001-03): 269 – 0,52 casos por día
N.Kirchner (2003-07): 99
CFK: (2007-15):
MACRI: en 721 días de gobierno de Cambiemos, hubo 725 asesinados por el aparato represivo en sus diferentes modalidades.
Un asesinado cada 23hs – 1,01 casos diarios
Total: 5462 asesinados por el Estado desde diciembre de 1983
La alarma en aquellos sectores de la población que sueñan con una sociedad justa de verdad suena más fuerte cuando desde el gobierno intentan -y muchas veces logran- confundir en la población el concepto de «delincuente común» con quienes ejercen el derecho a la protesta política y social. Porque ése es el verdadero fin de la clase cuyos intereses cuida el gobierno fascista: amparándose en el reclamo del sector más intolerante y derechizado de la sociedad, institucionaliza la represión hacia quienes se oponen a las políticas antiobreras y antipopulares que intenta imponer.
Quienes sobrevivimos a la Dictadura fuimos testigos de lo que ocurría no sólo con la libertad, sino con la vida de las personas, cuando esa concepción se impuso a sangre y fuego con las botas en el gobierno llenándole los bolsillos a la casta empresarial que hoy gobierna de la mano del imperialismo globalizado. Somos los mismos que al echar al Proceso Genocida del poder dijimos «Nuca Más» al terrorismo de Estado que la Alianza Cambiemos (PRO-Coalición Cívica-UCR) quiere volver a instaurar.
El gen fascista de quienes apoyaron a los asesinos en los años de plomo se mantuvo latente porque nunca fueron juzgados los civiles que financiaron a los uniformados. El empresariado local, socio menor de la burguesía imperialista, siguió con el poder económico en sus manos y nunca fue puesto en peligro por ninguno de los gobiernos «democráticos» que continuaron hasta el presente. Esa burguesía cipaya permaneció con el control de los recursos estratégicos del país y de los medios de comunicación que formaron opinión en las masas, machacando el consumismo, el individualismo, la entronización de la propiedad privada y el bastardeo y desprecio por los marginados que producía el sistema que les aseguraba sus privilegios. Es ese mismo gen fascista que se manifestó en los caceroleos durante el gobierno anterior y es el núcleo del voto al gobierno en 2015 y 2017. Es el que propicia los linchamientos de personas sin proceso alguno. Son apóstoles de la barbarie. No es más que el 30% de la población, pero ante la debacle del campo popular debido a fuerzas que decían gobernar para el pueblo trabajador pero le llenaban los bolsillos a sus explotadores; y al sistema electoral burgués que permite que una minoría gobierne como si fuese mayoría, ese sector de pensamiento fascista pudo acceder al sillón de Rivadavia por los votos cuando históricamente debió recurrir a las botas.
No es casualidad entonces el discurso y las políticas de Macri, sus ministros y su Cambiemos. Ellos son lo que muestran ante los que se les oponen: bestiales explotadores cuyo modelo de sociedad es una en la que los empresarios ganen fortunas, hagan y deshagan a su antojo y los trabajadores sean sumisos semiesclavos que se conformen con las migajas que aquellos les tiren. Nada de agremiaciones, sindicatos y protestas por bajos salarios o condiciones laborales. Nada de palos en la rueda del «progreso», que para ellos es el progreso de su clase a como dé lugar, a pesar de las penurias que le genere a millones de seres humanos. Están decididos a implementarla y para ello recurren a un terrorismo de Estado cada vez más explícito. No hay errores, no hay excesos: son fascistas los funcionarios del gobierno de Cambiemos.
Derrotar semejante concepción exige de parte de la clase trabajadora, demás explotados y sus organizaciones, la más firme unidad, grandeza, desprendimiento, solidaridad, convencimiento, organización e inteligencia para la lucha. Quien no entienda esa premisa será carne de cañón de los futuros fusiladores del campo popular, lacras uniformadas a las órdenes de Macri, su clase y su gobierno.
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