In Memorian. A Rodolfo Oscar Estivill, jubilado suicidado por el ajuste macrista. Un jubilado de 91 años se suicidó en una sede de Anses en Mar del Plata, luego de concurrir a la sucursal para realizar un cambio de domicilio. Rodolfo Oscar Estivill había llegado a la agencia estatal a las diez […]
In Memorian. A Rodolfo Oscar Estivill, jubilado suicidado por el ajuste macrista.
Un jubilado de 91 años se suicidó en una sede de Anses en Mar del Plata, luego de concurrir a la sucursal para realizar un cambio de domicilio. Rodolfo Oscar Estivill había llegado a la agencia estatal a las diez de la mañana junto a sus dos sobrinas para cambiar la dirección de cobro. Antes de irse, les pidió que esperaran en la entrada porque «conocía a alguien del primer piso» que ayudaría. Al bajar de las escaleras, sacó un arma, dijo estar «cansado de luchar» y se disparó ante la mirada de empleados y vecinos que realizaban diligencias. Centenares de marplatenses se reunieron en la puerta de esa sede, en Avenida Independencia y San Lorenzo, para protestar por el recorte a jubilados.
«El suicidio de un jubilado de 91 años en Mar del Plata desnuda la triste realidad que atraviesan los jubilados y jubiladas de todo el país. Las políticas de este Gobierno atentan tanto a su vida como a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras», declararon en conjunto los tres gremios que tienen afiliados a trabajadores de la Anses, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Asociación del Personal de los Organismos de Prevención Social (Apops) y Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi). Los sindicatos decretaron un paro nacional el pasado viernes: denuncian los recortes en jubilaciones, pensiones y en programas como Procrear y Progresar, y aseguran que el Gobierno «va a ir por más: elevar la edad jubilatoria, volver a las AFJP y desguazar todo el sistema de Seguridad Social Público».
«El grado de angustia que cargan los jubilados es increíble, pero lo peor de todo es la indiferencia dirigencial ante ese dolor», aseguró Sandra Mayol, empleada y delegada gremial de Apops en Mar del Plata. Leonardo Fabre, el titular del gremio, dijo que hay un «plan de exterminio» hacia los jubilados y hasta habló de «genocidio».
«Este combinación de violencia y angustia que se vive día a día en la Anses, producto de las medidas actuales del gobierno, me hace recordar a los noventa, cuando los jubilados estaban totalmente desesperados», afirmó Carlos Ortega, secretario general del Secasfpi. También describió los desafíos que transitan actualmente los jubilados, pensionados y discapacitados para mantener sus beneficios: «Hay gente que viaja 200 kilómetros sólo para presentar una fecha de nacimiento o de defunción de su pareja. Acá se hizo todo al revés, en vez de revisar los casos que podrían ser dudosos, se les recortó a todos, sin hacer ninguna evaluación», indicó Ortega y agregó que «estamos en un retroceso notable, similar a los años noventa cuando se crearon las AFJP. Esta gestión vacía el Fondo de Sustentabilidad con la simple excusa de que hay personas que no deben ser beneficiadas. Obviamente con estas revisiones injustas las personas se desesperan».
Mientras, las flores en homenaje a Estivill y los carteles de protesta contra el recorte a los jubilados se multiplicaban cada vez más: «El neoliberalismo mata», «No a la suba de la edad jubilatoria», «Los abuelos no somos descartables», fueron algunos de los mensajes que dejaron los marplatenses en la puerta de la sede de la Anses.
Luego del homicidio político de Mar del Plata, la Administración Nacional de la Seguridad Social suspendió las intimaciones a los pensionados viudos, a quienes obligaba a demostrar su estado civil.
De acuerdo con la circular 15/17, que la Anses solo distribuyó a través de su correo interno, se informó a todas las oficinas de atención al público que «en el día de la fecha (30 de junio de 2017) ha finalizado la etapa de comunicaciones mediante orden de pago previsional (OPP), prevista en el programa de rutina de actualización de datos».
«Los titulares que contaban con algún mensaje de los previstos en este procedimiento (Actualización de datos correspondientes a beneficios de pensión por fallecimiento) podrán corroborar que los mismos no se repetirán en mensuales siguientes», agrega la circular.
El ajuste más anunciado no espera a octubre, ya comenzó
1) La baja masiva de pensiones no contributivas: 170.000 beneficiarios.
2) El Plan Progresar destinado a incentivar el estudio de los jóvenes entre 18 y 24 años sufrió una baja de 904.000 beneficiarios a 558.000, es decir, 346.000 menos. Se trata de una ayuda mensual de $ 900 congelados desde 2015. Las Universidades denuncian una quita del 31,4% del subsidio, de $ 8.147 millones a $ 5.520 millones.
3) El Plan Conectar Igualdad para acortar la brecha digital que entregó 5.3 millones de netbooks entre 2010/5 quedó virtualmente paralizado; solo se entregaron 94.000 durante la administración macrista y el gobierno se ahorró $ 1.200 millones.
4) Plan Remediar. De 74 medicamentos esenciales bajó a 7.
5) SUMAR que brinda cobertura de salud a niños, adolescentes, embarazadas, hombres y mujeres hasta 64 años pasó de $ 2.274 millones en 2016 a $ 1.548 millones.
6) Lucha contra el Sida y ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual): se rebajó en $ 105 millones.
7) Argentina Sonríe de atención odontológica fue dado de baja. Suponía una inversión anual de $ 233 millones.
8) Suspensión de la entrega de 60.000 kits del Programa de Acompañamiento de la Madre y el Recién nacido «Qunita».
9) Restricciones en la cobertura de medicamentos al 100% para jubilados: 200.000 afectados.
10) Cambios en el sistema de facturación en la Obra social de jubilados al sistema de cápitas: $ 1.600 millones.
11) REPRO. Programa de subsidios para proteger los puestos de trabajo. En plena ola de despidos en 2016 se otorgó a 123.056 trabajadores contra 756.487 que lo cobraron el año anterior: $ 814 millones menos.
Un grupo de clubes bonaerenses se reunirá el próximo lunes para analizar cómo proseguir judicialmente el reclamo frente al tarifazo en la factura de electricidad, luego de que la semana pasada recibiera un revés por parte de la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín. El fallo de la Sala habilitó la suba del servicio para el caso de seis instituciones, que habían apelado el incremento en la boleta que alcanzó al 500 % de incremento. Además tendrán que pagar el retroactivo. En el escrito los jueces consideraron suficiente que la demanda quedó abstracta porque hay un nuevo cuadro tarifario que se validó en una audiencia pública. Ahora, bajo el patrocinio de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que conduce Guido Lorenzino, se analizará una presentación basada en la Ley de Defensa al Consumidor. En algunos casos la factura trepó de 6.000 a 30.000 pesos.
Las seis instituciones que presentaron el amparo cuentan en promedio con unos 1.000 socios cada una y cobran cuotas de entre 250 y 300 pesos. Tras conocerse el revés judicial denunciaron que no pueden aumentar las cuotas en proporción porque la gente no las pagaría. Además de atender a sus socios, en los clubes funcionan colonias de verano y hay actividades deportivas para chicos de las escuelas de la zona.
También hay una avanzada del gobierno sobre las cooperativas. La recuperada Cueroflex de San Martín pasó de pagar $ 50.000 de luz a 3.8 millones. La vidriera Vitrofin de Rosario pasó de pagar $ 40.000 de gas mensuales a más de 300.000 pesos, por tal motivo, apagaron el horno durante el verano, a pesar que debe estar prendido las 24 horas todos los días, y los trabajadores bajaron sus retiros en un 50%. A la textil CITA de La Plata le llegaron facturas de $ 50.000 que mediante un convenio con Edelap redujeron a la mitad. No obstante, tuvieron que cortar el turno noche porque en ese horario la luz es más cara. Para la jabonera Cañada Rosquín de Rosario las nuevas facturas significan el 35% del costo de producción, aunque admiten que a otras recuperadas del sector les ha subido hasta un 70%. Otro caso es el de Zanón que el año pasado pasó de pagar $ 1.000.000 a 8.000.000 de gas.
Al respecto, Joaquín Fernández, presidente de la Red Textil, señaló: «Hay una avanzada del gobierno. Ya sea a partir de tarifas exorbitantes o de trabas burocráticas, ya sea de ARBA, AFIP o de la justicia. Buscan trabar la continuidad de las cooperativas y recuperadas». Para la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) esto incluye la baja general del consumo y la apertura de importaciones como parte del modelo.
PepsiCo
Trabajadores de la multinacional Pepsico Argentina reclamaron en contra de los despidos generados por el cierre de la planta Florida, ubicada en el partido bonaerense de Vicente López, durante la previa del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario.
«No a los 600 despidos», «600 familias sin trabajo», «600 familias en la calle», fueron algunos de los mensajes mostrados antes del inicio de la fiesta del astro del Barcelona y el seleccionado argentino.
En la fiesta de Messi la bebida no alcohólica fue de la línea Pepsi, en sus variantes cola, lima (Seven Up) y naranja (Mirinda).
Hace nueve días, la empresa Pepsico Argentina anunció el cierre de su planta de snacks ubicada en Florida, donde trabajaban unos 536 empleados.
Los obreros de PepsiCo, como parte de su plan de lucha, también hicieron el viernes un corte en la Panamerica a la altura de Henry Ford. Fue sorpresivo, burlando a los centenares de gendarmes que día a día están apostados por la mañana en Avenida San Martín y Panamericana cerca de la fábrica. Entre las 6:30 hasta casi las 8 de la mañana, duró esta nueva medida de lucha en reclamo por la reapertura de la fábrica.
Por la tarde, un importante plenario definió medidas en apoyo a la lucha. En la reunión participaron dirigentes de distintos gremios (telefónicos, subte, estatales, docentes, entre otros), referentes políticos y de Derechos Humanos, y numerosas delegaciones obreras de más de 30 gremios.
Tras el saludo de Marcelo Frondizi (Secretario de organización de ATE Capital), Camilo Mones de PepsiCo, resumió la situación del conflicto, denunciando la complicidad del Ministerio de Trabajo y el sindicato de Rodolfo Daer en el brutal cierre que pretende dejar en la calle casi 600 familias. «El lunes pasado en asamblea decidimos ingresar a la fábrica para permanecer allí en defensa de nuestra fuente de trabajo. Pero no queremos encerrarnos. Queremos salir con toda la fuerza hacia afuera, hacer medidas contundentes para que nuestro reclamo se haga público, ganando las calles para que tome nota el gobierno, y afectando los intereses de la multinacional PepsiCo. Nuestro conflicto es parte de un ataque más de conjunto, y queremos sumarlos a todos ustedes a esta pelea contra los despidos, las suspensiones y el ajuste de Macri que viven miles de trabajadores».
Allí destacó las acciones que habían hecho estos días, el bloqueo conjunto con Camioneros y el corte sorpresivo de AU Panamericana. Y planteó entonces las cuatro propuestas iniciales: la primera, jornada nacional de lucha para el día martes 4 de julio, que tendrá como acción central un corte de la Avenida 9 de Julio por la mañana y acciones en otros puntos del país; el impulso a la campaña «No compre productos de PepsiCo» que ya impulsan referentes de Madres de Plaza de Mayo y decenas de personalidades, con afiches y 100.000 stickers; el impulso de un gran fondo de lucha con colectas y bonos, para sostener a los trabajadores; la realización de acciones frente a plantas del gremio de la Alimentación.
Para estas medidas, los trabajadores de PepsiCo pidieron el apoyo «real y contundente de todos los gremios y organizaciones presentes».
El jueves 22 de junio en un plenario de delegados del Sutiaga de Trelew (Chubut) decidieron parar 48 horas en apoyo a la lucha de los despedidos de la Pepsi de esa localidad.
El paro involucró a alrededor de «250-300 trabajadores de Coca Cola, Ivess, el resto de las soderías, incluyendo distribuidoras que también dependen de la misma empresa de Pepsi», detalló Claudio López, delegado de Coca Cola. La conducción del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) y la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga) habían entregado a los 48 trabajadores sin plantear ninguna perspectiva de lucha e incluso acordando con la patronal el pasado 29 de mayo.
Los despedidos se encuentran haciendo un acampe en los portones de la planta desde el martes 20 de junio, en reclamo por el cobro total de las indemnizaciones y para conformar una cooperativa de envasado de agua y soda.
Este lunes tendrán una reunión con miembros del Gobierno provincial, donde discutirán el panorama. Se sabe que el jueves pasado funcionarios de la provincia mantuvieron una reunión con representantes de Cervecería y Maltería Quilmes S. A. donde recibieron la negativa rotunda a ceder en comodato las instalaciones y las maquinarias para el proyecto de cooperativa, y a cambio propusieron pagar lo adeudado en las indemnizaciones y un plus, aunque aún no se conoció la cifra.
La salida parece ser clara y tanto el Gobierno como la oposición en la Legislatura provincial están en condiciones de resolverla: la expropiación sin indemnización de la planta y la maquinaria de la Pepsi, para que los trabajadores conformen la cooperativa y la pongan a producir bajo gestión obrera.
Lejos de bajar los brazos y naturalizar la situación, los trabajadores demuestran que están dispuestos a luchar por cuidar las fuentes laborales. El cierre de la carta que le presentaron al Intendente es clarificador al respecto: «Por eso nos ponemos de pie en esta lucha contra estas políticas neoliberales que solo favorecen a estas mega empresas multinacionales que solo ven en nosotros, la clase obrera, un número detrás de una computadora y no lo que realmente somos».
Más despidos y suspensiones
Ante las medidas que intenta tomar Acindar Navarro (Rosario) como amenazas de suspensiones y continuar con el ajuste, los trabajadores realizarán una manifestación el 4 de julio en la puerta del establecimiento en la calle Perón (ex Godoy) al 8.000 a las 11:30.
Este 30 de junio se cumplieron seis meses del cierre de Chateubriand, la fábrica quesera propiedad de Aldo Muscolini en la localidad de Carmen, Provincia de Santa Fe. Son 17 los trabajadores que perdieron su puesto laboral, algunos con hasta 15 años dentro de fábrica y familia a cargo. Changueando y rebuscándose la vida, la mayoría sostiene el acampe en el predio de la planta para resguardarla. Piden que aquellos sectores políticos que han sido solidarios al principio retomen con fuerzas el reclamo por la reapertura, dado que el cierre no se debió a una crisis del sector sino más bien a desmanejos de Muscolini para deshacerse de una fábrica rentable.
La empresa de cosechadoras santafesina Vassalli Fabril SA sorprendió a su plantel de empleados al ofrecer un centenar de retiros voluntarios para achicar el plantel de más de 500 trabajadores con que cuenta actualmente, lo que la convierte en la principal fuente de empleo a nivel local y regional.
La empresa Cartellone que construye uno de los tramos de la autovía 18, entre Viale y Paraná, en Entre Ríos, suspendió el jueves pasado a 150 empleados, por 20 días sin goce de haberes.
Autobuses Córdoba suspendió a seis delegados que encabezaron la protesta que paralizó el transporte en la Provincia por 10 días. Además les prohíben el ingreso a las instalaciones. Mientras, la empresa Ersa hizo lo propio con otros ocho.
Mediante un comunicado, la Central de trabajadores expresó que «a pocos días de finalizado el paro del transporte urbano de pasajeros en Córdoba, la CGT Regional Córdoba ratifica su reclamo por la reincorporación de los más de 160 trabajadores despedidos», tras el paro que se extendió entre el 5 y el 13 de junio último.
El 40 % de los 160 despidos corresponde a mujeres, cuando ellas equivalen sólo al 6 % de quienes están al frente de un volante del servicio público del transporte de pasajeros. Son 60 trolebuseras despedidas. Una desproporción que ellas atribuyen a la misoginia del Intendente y de los empresarios, y entienden como un castigo por el protagonismo que tuvieron en el conflicto. Por eso presentaron una denuncia en el Inadi, por discriminación, persecución gremial y violencia de género.
La empresa minera cordobesa CEFAS cesanteó a todos los trabajadores de la planta productora de cal ubicada en Canteras Quilpo y ordenó el cierre de la mina. La situación sorprendió a los 70 trabajadores que no sólo dependían de los salarios de la empresa, sino que también vivían en casas que pertenecían a ella.
Con esta última resolución, culminó un proceso de achicamiento que comenzó a fines del año 2016 cuando se produjeron otros 80 despidos.
En horas de la mañana del jueves, trabajadores y dirigentes de varios gremios se concentraron en la esquina de las calles Rivadavia y 9 de Julio, en la localidad de Zárate, ante la llegada de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Durante algunas horas, los trabajadores allí presentes realizaron cantos alusivos a la funcionaria nacional, así como también al presidente Mauricio Macri, en un claro clima de descontento por las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional y la falta de respuestas ante el aumento de la desocupación que golpea a la región.
Ariel Puebla, secretario adjunto de UOCRA Zárate, estuvo presente en la manifestación y manifestó: «Hace dos meses que venimos en estado de alerta y movilización por la situación regional; mañana vamos estar en Baradero con la CGT Regional, cada uno de los sindicatos hermanos tienen dificultades».
Puntualizando en el escenario actual del sector de la construcción, Puebla detalló: «Desde que asumió este gobierno la construcción viene cayendo, perdimos 80.000 puestos de trabajo y no los hemos podido recuperar. Es lamentable lo que estamos pasando, venir acá es hacernos presentes y denunciar todo esto, porque parece que hay oídos sordos. Hemos estado reunidos con Julián Gadano (Subsecretario de Energía Nuclear) y nos ha dicho que por ahora no van a continuar con la obra en la Central Nuclear. Ha sido todo una mentira, una falsa esperanza para los trabajadores, porque la dignidad del trabajador es el reclamo de tener una fuente laboral».
Mientras los obreros de Atucha despedidos protestaban en Zárate lo mismo sucedía en la vecina localidad de Campana por los obreros de Carboclor que fueron despedidos por la empresa química tras anunciar el cierre de su planta.
Según informaron, las desvinculaciones de empleados que trabajan en la línea, que se ubican dentro del convenio firmado por el sindicato químico, ascenderían a 100 y luego hay otras 70 personas del área administrativa y jerárquica.
Néstor Pitrola, candidato a Senador por el Partido Obrero en las listas del Frente de Izquierda de la Provincia de Buenos Aires, recorrió Baradero, San Pedro y San Nicolás, donde se reunió con dirigentes de la Asamblea Ambiental de Ramallo, con la Comisión Directiva del Sindicato de Refinerías que protagonizó una huelga de 35 días en la planta de Ingredion contra despidos masivos, y conversó con dirigentes sindicales que marcharon al Municipio de Baradero contra los despidos en Atucha.
Al culminar su visita en la localidad de San Nicolás se refirió al nuevo aumento de la nafta: «La nafta que aumentará (por quinta vez) casi a $20 y más aún en la Provincia de Buenos Aires, premia a las petroleras que desinvierten porque la producción ha caído un 19% en lo que va del año y motoriza la inflación deteriorando salarios y jubilaciones.»
«Este nuevo aumento otorga un beneficio extraordinario a las petroleras cuando en el trimestre el precio internacional al que compran las refinadoras bajó de 52 a 48 dólares y el costo argentino del barril es un tercio de eso.»
«Rechazamos el naftazo. En defensa de los trabajadores y de una salida para la crisis energética del país, el Frente de Izquierda plantea la nacionalización integral del petróleo y el gas. Es necesario un plan de industrialización nacional dirigido por los trabajadores.», finalizó Pitrola.
A pesar del nuevo tarifazo que desde el domingo aumentó el precio de los combustibles entre 6/7 %, continúan los despidos en la actividad petrolera. La firma de servicios petroleros OPS se desvinculó el miércoles de otros 193 trabajadores sumando en los últimos diez meses un total de 1.308 despidos. Los argumentos que dan desde la empresa son el crítico cuadro económico y financiero que enfrenta toda la actividad.
El titular del gremio petrolero de Chubut, Jorge Ávila, dijo que «a partir del mes que viene están en peligro cerca de 900 puestos de trabajo que las operadoras llaman sobrantes, que están sin una actividad fija y perderán su sustento».
Ávila aseguró que «por ejemplo, la empresa Tecpetrol tiene a 250 trabajadores que mantiene en sus casas o con jornadas reducidas, al igual que YPF que tiene a 350 operarios en esas condiciones».
«Si sumamos a las empresas de servicios que son satélites de las operadoras llegamos a un número cercano a los 900 trabajadores que quedarán en la calle y esto es lisa y llanamente el final de la paz social», advirtió el dirigente gremial.
Ávila explicó que «desde el punto de vista sindical hicimos todo lo que está a nuestro alcance, aceptamos a través de una adenda condiciones especiales para sostener las fuentes de trabajo con plazo hasta fin de año, pero las operadoras nos dicen que aguantan hasta acá».
Recordó que «en el caso de Comodoro Rivadavia más del 90 % de la actividad depende del petróleo y ni hablar de las cuentas públicas que tiene uno de sus principales sustentos en el ingreso por regalías petroleras».
Ávila aseguró que hasta ahora se perdieron «por goteo 1.400 puestos de trabajo en el sector, gente que aceptó retiros voluntarios y acuerdos particulares».
No obstante, las petroleras y empresas de gas recibieron al menos 176.000 millones de pesos desde 2013 de manos del Estado con el objetivo de incrementar la producción de hidrocarburos.
Según un estudio del Centro de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano, estas transferencias se deben a que «nuestro país mantiene una política de precios internos altos artificialmente tanto para el petróleo crudo como para el gas natural».
En el caso del gas, se aplica desde 2013 el plan Gas Plus, por el cual se transfirieron a las empresas del sector, según datos del Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren, ex directivo de Shell, $ 72.500 millones, de los cuales $ 43.073 millones corresponden al 2016. El salto se debe a que el tarifazo del año pasado impulsó los precios del gas, además de dolarizarlos.
Sin embargo, la producción de gas «se ubica en niveles similares al 2013, estamos a fojas cero», señala el informe. Además, cayó la cantidad de pozos en actividad en relación con la cifra del 2012.
En 2016 se subsidió la producción por un monto de U$S 2.900 millones equivalente a toda la inversión anual realizada en la producción de hidrocarburos, incluida Vaca Muerta.
En relación al petróleo, la implementación del llamado «barril criollo» desde 2014, «implicó para los consumidores argentinos pagar los combustibles más caros de la región». Los consumidores transfirieron a las petroleras aproximadamente U$S 6.500 millones entre 2015/6. De todos modos, la producción cayó un 5 % en 2016 en relación al 2013, y en el primer trimestre de 2017 fue un 7 % menor que la del mismo período del 2016.
La destrucción del empleo es parte de la estrategia oficial
Ya lo había adelantado Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, días después de las elecciones de 2015, cuando le confió al presidente electo que «con este nivel de salarios, Argentina es inviable: solo vamos a comenzar a crecer bajándolos al menos un 40%. Y la única forma de negociar una baja real es con un desempleo superior al 15 %».
Según el informe del Indec correspondiente al primer trimestre del corriente año el desempleo alcanza al 9,2 % de la población económicamente activa (PEA), 1.700.000 desocupados, y el 9,9 % se encuentra subocupado, o sea, que trabajan menos de 35 horas. Entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017 se crearon 113.000 empleos en blanco, de los cuales 86.000 son monotributistas y 28.000 ingresaron al sector público. En el sector privado se crearon 2.200 puestos de trabajo, un 0,03%.
Según la consultora Ecolatina la desocupación en el primer trimestre del año habría registrado un aumento de 1,2 puntos que «obedeció tanto a la destrucción neta del empleo -124.000 puestos de trabajo- como a la mayor cantidad de personas -81.000- que ingresaron al mercado laboral esperando conseguir un empleo».
En la Gran Buenos Aires el índice de desocupación trepa al 11,8 % y si se incorporan los subocupados al 23,7 %, casi la cuarta parte de las personas en condiciones de trabajar, lo cual significa que 1.300.000 tienen serias dificultades para llegar a fin de mes.
Allí la pobreza alcanza al 34,6 % de la población, lo cual equivale a más de un tercio de sus habitantes, unas 4.000.000 de personas, mientras la media en todo el país es de 30,3 %.
Además, existen 271.000 hogares con necesidades básicas insatisfechas, que equivale al 25 % de todo el país.
Volviendo al empleo, u n informe del propio Ministerio de Trabajo detalló que en abril los asalariados registrados en el sector privado bajaron un 0,8% comparado con marzo y equivale a que se perdieron 50.600 puestos laborales más. L a situación es particularmente grave entre los jóvenes: ocho de cada diez entre 14 y 29 años carece de trabajo. En la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) el Indec señaló que en el caso de las mujeres hasta 29 años alcanzaba el 20,1 %, mientras que en el caso de los varones llegaba al 17,2 %. El titular del organismo, Jorge Todesca, fue más contundente cuando aseguró el mes pasado que el 60 % de los desempleados tenía menos de 30 años.
Si se agregan los jóvenes que tienen empleo no registrado, contratos a plazo, trabajan en grupos familiares o son asalariados registrados, pero sus ingresos no alcanzan el salario mínimo o forman parte del colectivo de cuentapropistas, lleva a que el 80 % de los jóvenes que conforman la PEA se encuentra en alguna forma de inserción precaria en el mercado laboral.
Es decir, 3.200.000 jóvenes están afectados a esta problemática sobre un universo de 4 millones que son los que trabajan o quieren trabajar y no consiguen empleo.
La economía argentina necesita crear 200.000 puestos de trabajo por año para no aumentar el desempleo. Y para reducir un punto por año la tasa de desocupación, la creación anual de empleo deberá estar en torno a 400.000 puestos.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aprovechó para poner en discusión nuevamente la Ley de Primer Empleo que promueve exenciones en las contribuciones patronales así como subsidios del Estado. Toda una estrategia de reducción de costos laborales.
Una veintena de organizaciones sociales que se movilizaron hasta el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar la puesta en marcha de un plan de infraestructura que vuelva a emplear a los 40.000 cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el último año y medio, fueron brutalmente reprimidos por la Policía de la Ciudad, que los dispersó con gases y balas de goma.
Paritaria docente
La paritaria de los maestros y profesores bonaerenses quedó en cercanías de un acuerdo. La administración de María Eugenia Vidal podría sellar con éxito su estrategia «de mediano plazo» al cumplirse casi el primer semestre del ciclo lectivo. El miércoles pasado, la Provincia mejoró la oferta que llega al 27,4%, la cual incluye la contemplación de la pérdida del poder adquisitivo 2016, al tiempo que se mantienen los descuentos por días de huelga a los docentes. Otra señal que avizora el acuerdo es que tanto los sindicatos como la administración de Cambiemos ya fijaron cronograma para la discusión salarial del año próximo. El martes próximo las organizaciones sindicales darán a conocer su decisión respecto de esta nueva instancia.
El gobierno de Vidal maltrató a los docentes con salarios congelados desde agosto del 2016, lanzando desde febrero provocación tras provocación. El peligro de un reinicio de la lucha, lo obligó a la primera reunión donde dejó de lado las bonificaciones por mérito, el presentismo y la propuesta a 3 años.
Desde Tribuna Docente orientada por Romina del Plá, Secretaria general de La Matanza, adelantaron el rechazo a esta oferta, considerando que han dado un paso al obligar a archivar el presentismo y otros, pero no deben caer en la trampa que les tiende el gobierno con la complicidad de las direcciones sindicales provinciales de un salario bajo la línea de pobreza. De allí que debatirán en asambleas una contrapropuesta a la del gobierno: todo en una cuota, al básico y no menos del 35 %.
Fuentes: Página 12, Clarín, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, www.infogremiales.com.ar , Indymedia Argentina, www.diariolavozdezarate.com , La Capital (Rosario), www.diariobae.com
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