M.H.: Vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo porque fuiste uno de los convocantes a una marcha a comienzos de febrero, vinculada a la muerte del fiscal Nisman. Marcha que no tuvo una gran repercusión en los medios aunque fue importante y que de alguna manera tuvo una réplica en la del […]
M.H.: Vamos a ir un poco hacia atrás en el tiempo porque fuiste uno de los convocantes a una marcha a comienzos de febrero, vinculada a la muerte del fiscal Nisman. Marcha que no tuvo una gran repercusión en los medios aunque fue importante y que de alguna manera tuvo una réplica en la del 18F. ¿Qué diferencia hay entre la convocatoria del 4 de febrero y la que se hizo el pasado 18?
J.G.: Hay sustanciales diferencias. Inmediatamente de conocida la muerte de Nisman, un conjunto de organizaciones sociales, políticas y populares nos reunimos en la sede de la CTA autónoma y decidimos un conjunto de iniciativas, entre ellas convocar a una marcha el 4 de febrero, desde el Congreso a Plaza de Mayo, para que resuene en ambos lugares que son los ámbitos del poder Legislativo y el Ejecutivo, una propuesta contra la impunidad. No solo por la muerte de Nisman, sino especialmente contra la impunidad por el atentado a la Mutual judía que había sumado 85 muertes en 1994. Un atentado que está impune pese a que han pasado más de dos décadas.
Al mismo tiempo que planteábamos «basta de impunidad», sosteníamos una propuesta que es la de constituir una Comisión investigadora independiente con presencia de organizaciones populares, dirigentes de los derechos humanos, también de parlamentarios pero en minoría. Una comisión que lleve adelante la investigación a fondo, para lo cual necesita tener acceso a todos los archivos secretos, a todas las investigaciones que se han desplegado en estos últimos 20 años, especialmente la que estaba a cargo de Nisman durante los últimos diez y además disolver los servicios de inteligencia. Todo eso planteado antes de que el poder Ejecutivo planteara su disolución y la creación de la Agencia que acaba de aprobar el Parlamento.
Con todo esto que estoy mencionando, a lo que hay que sumarle la derogación de la Ley antiterrorista y la destitución de Milani, supone una concepción ideológico-política totalmente distinta a la mayoritaria, no solo a la del 18F sino a la propia posición oficial, porque en ambas partes está muy arraigada la idea de que el tema se resuelva en la justicia. Dicho esto hoy que el juez Rafecas acaba de desestimar la presentación del fiscal que planteaba la denuncia que en su momento sustentó Nisman.
La movilización del 4 de febrero planteaba que no hay que esperar absolutamente nada de la justicia, que la justicia no quiere investigar y la propia respuesta de Rafecas da cuenta de que teníamos razón, no hay voluntad de investigación en la justicia. Insisto en marcar esta diferencia, lo nuestro era una propuesta política de que la solución está en una Comisión investigadora independiente, después de tantos años de impunidad respecto del caso AMIA, pero que podemos hacerlo extensivo a otras cuestiones. En el espíritu de esa Comisión investigadora está el que la deuda pública argentina debe ser investigada, por ejemplo, el Parlamento aprobó una ley en septiembre del año pasado que mandata investigar la deuda externa desde la dictadura hasta la actualidad, estamos a fines de febrero y a nadie se le ocurre constituir esa comisión, ni asumir una cuestión formal de cómo tiene que ser convocada.
M.H.: Y en un momento muy especial, porque el tema de la deuda griega ocupa el centro del escenario económico internacional y sería muy oportuno plantear este tema que estás señalando.
J.G.: Por eso la Asamblea por la investigación de la deuda y la suspensión de los pagos y defensa de los bienes comunes, acaba de decidir la convocatoria a una conferencia internacional del 22 al 24 de abril, cuando se cumplen 15 años de la muerte de Alejandro Olmos, aquel patriota que denunció a la dictadura militar y generó una investigación judicial donde se demostraron 477 casos de fraude en la deuda desde la dictadura militar hacia acá. Lo cual demuestra que las investigaciones populares son más que necesarias, y como no se puede esperar que esto se resuelva por vía parlamentaria, hay que hacerlo desde el movimiento popular. Por eso, desde un conjunto de redes del país e internacionales estamos convocando a un debate sobre el tema de la deuda.
El tema de la impunidad hay que asociarlo por supuesto al caso AMIA, pero también al caso de Jorge Julio López, a múltiples casos de gatillo fácil, así como a otros que afectan a los sectores populares, entre ellos el tema del endeudamiento, por eso la marcha del 4 de febrero es muy distinta a la del 18F, porque la motivación original del 18 de febrero fue homenajear al Fiscal Nisman, y nosotros en nuestra declaración originaria decíamos que la investigación de su muerte no estaba asociada al homenaje a un Fiscal que era un hombre estrechamente vinculado a los servicios de inteligencia de la Argentina y del exterior, especialmente a la CIA y al Mossad. Incluso ha tenido intervenciones en contra de los derechos humanos y los intereses populares en causas previas, como la de La Tablada. Muy poca gente sabe que en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia reabrió el caso, a propósito de una intervención de Nisman, que creyó en lo que había manifestado el Ejército sobre desaparecidos que habían sido filmados, fotografiados y mostrados vivos, capturados por las Fuerzas Armadas y de seguridad y que, sin embargo, después desaparecieron y todo se cerró con la intervención de Nisman sin investigar a fondo.
Como verás, a los que convocamos a la marcha del 4 de febrero, no se nos ocurriría plantear un homenaje al fiscal, aunque también vale la pena señalar que se tomó la decisión de no ir al 18F reconociendo que alguna parte de los movilizados podía no estar en sintonía con los objetivos de los que fueron adhiriendo a la marcha o sin conocimiento del currículum de los fiscales convocantes.
El 18F tuvo un claro sentido contra el gobierno y de alentar una posición política determinada, mientras que a nosotros el 4 de febrero nos interesaba darle cauce a una propuesta popular, que signifique ofrecer a la sociedad argentina una propuesta distinta. Por eso no contamos con los medios de comunicación ni de la oposición ni del oficialismo, y fue reflejada discretamente al día siguiente en algún comentario, alguna crónica o reportaje, principalmente porque estaba presente la Central de Trabajadores Autónoma, también APEMIA y su titular Laura Guinsberg , con un discurso muy importante en la puerta del Congreso de la Nación, la presencia de Pérez Esquivel, personalidades muy representativas que le dieron cierta relevancia.
Es importante en esta situación de crisis institucional o política, pensar que no sólo está la lectura que se puede hacer desde el oficialismo o la oposición sistémica, que disputan quién gobierna el capitalismo en Argentina, sino que se puede generar una propuesta que vaya más allá, que no sea K ni anti K en la disputa electoral y que genere condiciones para la acumulación de fuerzas, lo mismo que nos proponemos para esta conferencia internacional sobre la deuda externa.
Hay que discutir en función de qué modelo productivo se realizan los acuerdos con China
M.H.: El convenio con China ha generado críticas por el lado empresario y el sindical, se podría hablar de una relación asimétrica y de una reprimarización de la economía argentina. En varias oportunidades hemos hecho referencia a la relación de Argentina con China, pero ahora ha tomado una mayor envergadura formal e institucional a partir de los convenios firmados por la Presidenta de la Nación que viajó a principios de mes y la subsiguiente aprobación parlamentaria. Me gustaría conocer tu opinión al respecto.
J.G.: El vínculo con China viene creciendo en los últimos diez años, primero como una relación comercial que empezó siendo superhabitaria para Argentina, es decir, Argentina le vendía más de lo que le compraba. En los últimos años la relación comercial ha pasado a ser profundamente deficitaria del orden de los U$S 7.000 millones anuales, con lo cual es un comercio altamente favorable para China y desfavorable para nuestro país. Sin prejuicio de que Argentina exporta productos primarios e importa bienes terminados e incluso bienes de capital. En segunda instancia, en el último tiempo ha crecido un vínculo de inversor externo destacado.
M.H.: Incluso le vamos a comprar aviones de guerra.
J.G.: Además, lo importante es que China empieza a invertir en tierras, en petróleo y en sectores estratégicos más allá de lo que le compramos. Argentina tuvo fábricas de aviones, de vagones y ahora le va a comprar aviones y también vagones y material ferroviario. Al mismo tiempo estamos desmantelando plantas industriales que producen material ferroviario, en un momento en el que hay retracción del empleo industrial.
M.H.: También hay una polémica por una estación satelital que instalaría China en Neuquén.
J.G.: Eso ya está logrado, es parte de los acuerdos, está en pleno desarrollo. Por eso, además del vínculo comercial está la inversión externa directa de China en Argentina. Y el tercer dato es que China ha pasado a ser un prestamista de primera instancia. Argentina no tenía quién le prestara dinero, lo que consiguió el gobierno de Néstor Kirchner fue que el de Venezuela, con tasas de mercado pero con decisión política, le hiciera un préstamo, pero excepto ese vínculo político no tenía quién lo hiciera.
La realidad es que la Argentina firmó un acuerdo con China para recibir recursos equivalentes a U$S 11.000 millones en moneda china, y ya han ingresado U$S 3.500 millones desde septiembre del año pasado, que es lo que permite cierta estabilización de las presiones sobre el tipo de cambio sin perjuicio de acuerdos con las cerealeras para que liquiden recursos. Entonces, Argentina que tiene cerrado el acceso al mercado financiero mundial, encuentra en China un apoyo.
La discusión, más allá de lo señalado, es que las inversiones, el comercio y los préstamos consolidan y ratifican el modelo productivo que en Argentina se viene construyendo en los últimos 40 años. El vínculo con China no cambia el carácter subordinado de la inserción internacional de la Argentina con el mundo, que estemos subordinados a la tecnología de Chevron o a las inversiones petroleras que puedan venir de China, cuando ese país también está asociado a las transnacionales petroleras de Estados Unidos y de Europa, tiene que preocuparnos. Cuál es el destino de los recursos que vienen de China sino a consolidar un modelo productivo de desarrollo subordinado y también en materia de deuda.
Hasta ahora se venía planteando un determinado nivel de desendeudamiento que achica la porción de deuda externa respecto del PBI, se puede demostrar que la Argentina tiene uno de los menores niveles de exposición de su PBI respecto de la deuda, pero ahora empieza un proceso de reendeudamiento. La noticia que se lee en todos los diarios es que se está planteando la aceptación de ofertas para colocar deuda pública externa más allá de que haya acuerdo o no con los fondos buitres. Esa es una forma de tirar la pelota para adelante y trasladar el problema al próximo gobierno, sea quien sea.
Por lo tanto, lo que hay que discutir no es solamente si hay que asociar la inserción internacional a empresas europeas, estadounidenses o chinas, o a tratados o acuerdos con países de la hegemonía capitalista como Inglaterra y Estados Unidos versus China, sino en función de qué modelo productivo y qué necesidades se realizan estos acuerdos.
China necesita tierra y recursos naturales que hay en Argentina, la pregunta es si la sociedad argentina va a seguir siendo tributaria de la exportación de sus bienes comunes, o si tiene que discutir un modelo de soberanía alimentaria, energética e incluso inducir un debate en la región para rescatar un conjunto de iniciativas de integración alternativa que se plantearon, por ejemplo, una política energética para América Latina, partiendo de las enormes ventajas que tienen las reservas petroleras venezolanas, las gasíferas de Bolivia o la potencialidad del Brasil petrolero en función de los descubrimientos del último tiempo.
También abrir un debate en la sociedad argentina acerca de los hidrocarburos no convencionales. Ayer los diarios daban cuenta de un temblor de grado 5 en la escala de Richter en España y la rápida respuesta del movimiento contra el fracking en ese país para avanzar en el mismo sentido en el que lo han hecho en Francia y otros países europeos.
En Argentina tenemos zonas sísmicas en el sector cordillerano, en muchos de los territorios donde se han desarrollado movimientos populares contra el fracking, pero es muy poca la discusión que hay en la sociedad argentina del tema, si hay o no que explotar los hidrocarburos no convencionales, donde la única tecnología posible es la fractura hidráulica. Ni el oficialismo ni la oposición discuten este tema. El ejemplo de Vaca Muerta, de si hay que extraer petróleo con la tecnología que trae Chevrón o las principales petroleras transnacionales que están invirtiendo aún con la baja del precio internacional del petróleo pensando en que se va a revertir la situación a mediano plazo, y siguen pensando en el negocio que significa extraer los recursos que están contenidos en las rocas a 3,5 kilómetros de profundidad en Neuquén y la gran cuenca donde se encuentran esas reservas, eso no se discute. Más allá de lo que ha enervado a una gran cantidad de organizaciones, incluso empresarias, sobre lo que van a representar los acuerdos con China y el impacto que va a tener socialmente en la promoción de la producción externa en desmedro de una producción local.
M.H.: Me quedo con lo que señalaste, que oposición y gobierno coinciden en lo esencial y agrego el entusiasmo que manifestaron los brokers internacionales que ven a los tres presidenciables de la misma manera.
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