Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
La misma semana en que una coalición de activistas mexicanos apeló a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigara por crímenes de guerra al presidente Felipe Calderón, un destacado miembro del movimiento por la paz del país fue asesinado a tiros en el estado septentrional de Sonora. Fuera de las repercusiones en todo el movimiento por la paz, representa un ejemplo más de la frágil seguridad pública en un país en el que ha habido unos 50.000 homicidios desde 2006.
La petición, con 23.000 firmas -la mayor queja ciudadana jamás presentada al CPI- insta a la Corte a que investigue tanto a los jefes del crimen organizado como a los actores estatales por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante los cinco años de la «Guerra de la Droga». Desde diciembre de 2006, el presidente Calderón ha desplegado unos 50.000 soldados y agentes federales por todo el país a fin de tomar medidas contra los narcotraficantes, y desde entonces hace tiempo que la violencia se ha salido de todo control.
El destacado activista por la paz Nepomuceno Moreno Núñez fue asesinado el martes pasado por siete disparos de pistoleros mientras conducía por la ciudad de Hermosillo. Se había unido al movimiento por la paz de base ciudadana «No más sangre» después de la desaparición de su hijo el año pasado. Las autoridades habían negado repetidamente dar protección policial a Moreno a pesar de múltiples amenazas contra su persona y su familia por su papel en la campaña.
Reina la impunidad. Lejos de condenar la ejecución de Moreno, el procurador general de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, simplemente informó en una conferencia de prensa de que la víctima tenía antecedentes criminales: fue arrestado y encarcelado en 2005 por llevar armas de fuego. Murrieta no mencionó que Moreno fue posteriormente liberado de la prisión y absuelto de las acusaciones.
El Movimiento Por la Paz, que se opone a las bandas de la droga y a la política de militarización del gobierno, ganó fuerza en mayo con una marcha de 100.000 manifestantes a la plaza del Zócalo de Ciudad de México. Fue organizada por un poeta llamado Javier Sicilia, quien se ha convertido en el líder simbólico del movimiento desde que su hijo fue asesinado antes este año en un caso aparente de identidad equivocada.
«Su familia está aterrorizada», dijo Sicilia en la televisión nacional en respuesta al asesinato de Moreno. «Esto es colusión con el crimen. De otra manera, no es posible que un hombre sea asesinado de esta manera… No sé dónde termina el Estado y comienza el crimen organizado.»
Irónicamente, Moreno fue uno de varios representantes del movimiento que se reunieron públicamente con el presidente Calderón en julio. Sintiendo el creciente ímpetu de la campaña, el gobierno actuó para cooptarla, complaciendo a Sicilia y sus compañeros con una elegante operación de relaciones públicas en el Castillo Chapultepec de Ciudad de México.
Pero Sicilia y muchos como él no se han apartado de su posición. Desde la marcha inicial en mayo, el movimiento ha organizado «Caravanas por la Paz» que han recorrido México para promover una estrategia alternativa en la «guerra contra la droga».
En Guadalajara la semana pasada, Sicilia propuso una tregua entre las bandas de la droga y las autoridades que dure dos días después de Navidad (24-25 de diciembre) mientras los principales actores reflexionan sobre la destrucción que han causado. Una banda -los Caballeros Templarios del Estado de Michoacán- incluso ha afirmado que respetará el alto el fuego, siempre que el gobierno haga lo mismo.
No solo el grave fracaso de la política de seguridad del gobierno provoca la inquietud de tantos mexicanos, sino también el acopio de evidencia de colusión gubernamental con el crimen organizado. Los dos principales partidos políticos -el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN)- tienen ambos una historia de acuerdos de capa y espada con organizaciones del narcotráfico, respaldando a menudo a un grupo para eliminar a otro. El PAN de Felipe Calderón, en el poder desde el año 2000, ha sido repetidamente vinculado a la mayor organización criminal del país, el Cártel Sinaloa; dirigido por el miembro de la Lista de Ricos de Forbes, Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Como resultado de esta frustración una coalición de activistas, abogados, académicos y periodistas comenzó a recolectar firmas para pedir a la Corte Penal Internacional que investigue a Calderón, junto a otros funcionarios gubernamentales y destacados capos de la droga, por su papel en la violencia. Netzai Sandoval, el abogado que representa la queja, argumenta que ambos lados han sido cómplices en asesinatos, violaciones, desapariciones forzosas, torturas y ataques contra la población civil.
Las estadísticas hablan por sí solas. De unos 50.000 asesinatos registrados desde 2006, las autoridades han investigado menos de un 10% de los casos. Durante el mismo período, más de 4.000 quejas han sido presentadas por civiles contra los militares; y un solo oficial ha sido declarado culpable hasta ahora. En uno de los casos más notorios, los soldados mataron a dos estudiantes universitarios en Monterrey y luego colocaron armas en la escena para que pareciera que se trataba de pistoleros, matices del escándalo de los «falsos positivos» en Colombia.
La Corte Penal Internacional ha investigado hasta ahora a ocho países por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, siete de los cuales son naciones africanas. Tres de estos casos fueron presentados por los Estados en cuestión, dos por el Consejo de Seguridad de la ONU y dos por fiscales de la CPI. La corte solo puede investigar a países que sean parte del Estatuto de Roma que la fundó y, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo puede considerar casos contra individuos, no Estados.
Sandoval presentó a la CPI una lista de nombres involucrados a ambos lados del conflicto de la «Guerra de la Droga» de México, desde Calderón y sus ministros de Seguridad Pública y Defensa a varios destacados capos de la droga, lo que suscita la provocadora, aunque improbable, imagen de Calderón y «El Chapo» Guzmán compartiendo el banquillo de los acusados en La Haya.
La petición también acusa al Estado mexicano de ignorar los derechos de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, que arriesgan a diario secuestros, golpizas, extorsión y muerte mientras transitan por el país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del gobierno informó de 214 casos de secuestros masivos solo en 2010, con un total de 11.333 víctimas. Semejantes abusos se pierden frecuentemente en la bruma de la cobertura noticiosa sobre la violencia relacionada con la droga, aunque ocasionalmente son lo mismo. El espantoso descubrimiento de 193 presuntos migrantes en una fosa común en agosto -una masacre generalmente atribuida al cártel de la droga de los Zetas- llegó a los titulares de todo el mundo.
No obstante, numerosos expertos internacionales en derecho dudan de hasta qué punto tendría éxito una investigación de México por la CPI si, por cierto, la Corte encuentra motivos para procesar en absoluto. Sobre la base de su historia reconocidamente breve, el CPI prefiere investigar una gama específica y limitada de crímenes y se reserva el derecho de rechazar casos que no correspondan a su «umbral de gravedad» (se negó a investigar a las fuerzas de la coalición en Iraq dando ese motivo). La corte recibe hasta 3.000 quejas individuales cada año, y abre investigaciones en no más de doce.
Un profesor de derecho internacional de la Universidad Middlesex de Gran Bretaña dijo al Guardian inglés que: «[Hasta ahora] el fiscal se ha concentrado mucho en África. El modelo es que se mantiene dentro de la zona confortable para EE.UU… el enjuiciamiento de mexicanos por la guerra contra la droga cae fuera de esa zona confortable».
Para ilustrar el punto, la CPI ha estado realizando investigaciones preliminares respecto a Colombia, que tiene el peor historial de derechos humanos en Latinoamérica, desde 2006. Las autoridades estatales han sido acusadas de utilizar la doble guerra contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas como cobertura para todo tipo de abusos contra dirigentes sindicales, movimientos sociales y comunidades marginadas. Como México, sin embargo, Colombia ha recibido miles de millones de dólares de ayuda estadounidense para comprar equipamiento militar y es presentada por Washington como «una de las principales democracias de la región».
El gobierno de Calderón salió a luchar contra las afirmaciones, calificó de «absurda» la petición a la CPI y amenazó con acción legal contra los organizadores. Cuanto más se critica al PAN, más derechista se vuelve. El miércoles pasado en el Senado, el partido argumentó una vez más a favor de una legislación que califique como terroristas a los movimientos sociales que «presionan a las autoridades con sus demandas»; un agregado a anteriores reformas contra el terrorismo. Va más allá de la ironía; el período de seis años de Calderón comenzó con protestas masivas y exigencias de un recuento después de ser acusado de victoria fraudulenta sobre su rival de izquierdas.
Es poco probable que la reforma se imponga sobre los oponentes políticos, pero provoca la pregunta de qué constituye exactamente «terrorismo» en un país en el cual la impunidad, la corrupción y el asesinato son eventos diarios.
PAUL IMISON es un periodista basado en Ciudad de México. Para contactos: [email protected].
rCR